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Un carácter de acero bajo la eterna sonrisa

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Manolo Veiga se casó el 20 de marzo de 1971. No tuvo luna de miel, ni luz eléctrica ni agua corriente en su noche de bodas. Él y su esposa fueron los primeros inquilinos de las 384 viviendas baratas en régimen de cooperativa que se levantaron en el barrio de San Valentín para los trabajadores de Astano, un astillero de la ría de Ferrol que por aquella época construía petroleros de hasta 300.000 toneladas y daba trabajo a más de 5.000 personas. “Las viviendas se fueron ocupando rápidamente”, recuerda Veiga, “también los bajos comerciales. Aquí teníamos de todo, supermercados, sucursales bancarias, farmacias, un estanco… Apenas unas semanas después de que el barrio se empezara a llenar nació la primera niña, Yolanda Díaz”.

Fue el 6 de mayo de 1971. Manolo Veiga y el padre de la recién nacida, Suso Díaz, no solo eran vecinos. También compartían militancia clandestina en el Partido Comunista de España (PCE) y en Comisiones Obreras (CC OO); gente dura, forjada con el acero de los barcos, capaces —cuando llegaron los momentos difíciles de la reconversión del Gobierno de Felipe González— de quedarse meses enteros sin cobrar con tal de alcanzar un convenio justo. “Las pasamos canutas, incluso un hijo mío que iba a estudiar”, confía Veiga mientras se emociona y golpea la mesa con los nudillos, “me dijo que se pondría a trabajar para ayudar en casa, y le respondí: tú estudias, aunque yo tenga que robar”. Veiga recuerda con afecto a la mujer de Suso, Carmela Meizoso.

Manolo Veiga, trabajador de Astano en Ferrol, delante de un mural de los astilleros.
Manolo Veiga, trabajador de Astano en Ferrol, delante de un mural de los astilleros.ÓSCAR CORRAL

—Yolanda ha heredado de su padre la dureza y de su madre lo meloso.

La frase es de Suso Basterrechea, un artista de Ferrol que parece el dueño del café El Marqués, porque todo el que entra o sale lo saluda. Basterrechea, que en la actualidad es concejal de Ferrol en Común, fue testigo de los primeros pasos de Yolanda Díaz en la política, cuando, en 2007, el PSOE y Esquerda Unida firmaron un pacto para gobernar la ciudad. El socialista Vicente Irisarri se hizo con la alcaldía y la comunista Yolanda Díaz fue la primera teniente de alcalde. Él, ingeniero naval, tenía entonces 56 años. Ella, abogada laboralista, 36. En la legislatura anterior había gobernado el PP y ahora tenían la oportunidad de consolidar juntos una alternativa duradera de izquierdas en una ciudad en la que, según la convención popular, o eres militar o trabajador de astilleros. Los buenos propósitos duraron exactamente 17 meses. El alcalde Irisarri se sintió enseguida traicionado por la concejala Díaz —que se ausentó del recibimiento oficial a la reina Sofía, que quería cobrarle el IBI a Defensa por las propiedades de Navantia, que si esto o que si aquello—, rompió el pacto y siguió gobernando solo.

“Se podría decir”, explica Suso Basterrechea, “que lo que está sucediendo ahora en la política nacional ya lo vivió Yolanda a pequeña escala aquí en Ferrol con Vicente Irisarri y luego a nivel autonómico con Xosé Manuel Beiras. Hubo gente que creyó que la podía manejar. Creo que el problema fue más de ellos, que confundieron lealtad con sumisión, amabilidad con debilidad, y ella es todo menos una mujer débil. Supo ser la segunda hasta que de forma natural eso cambió porque trabajó más que nadie —y eso te lo dirá cualquiera que la conozca, amigo o enemigo— y reclamó su lugar. Lo que estáis viendo ahora en la política nacional no es artificial, no es una pose. Yolanda no necesita demostrar que es muy de izquierdas. Ya nació con eso. Pertenece a una tradición de izquierdas, de una época en la que la gente de su estirpe lo pasaba muy mal y desde los partidos, desde los sindicatos, tenías que mimarla, que cuidarla. ¿Has hablado con Sari Alabau? Habla con ella. Te lo va a contar mejor que nadie”.

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Suso Basterrechea, artista vinculado a movimientos sociales en una calle del barrio de la Magdalena de Ferrol.
Suso Basterrechea, artista vinculado a movimientos sociales en una calle del barrio de la Magdalena de Ferrol. ÓSCAR CORRAL

Es el consejo de Suso. Pero también el de la periodista Lorena Bustabad en la barra del bodegón Bacoriño y el de Ángel Mato, el actual alcalde socialista de Ferrol, en el salón de plenos, mientras explica de forma gráfica y con un punto de emoción que esta ciudad —que durante un tiempo tuvo el apellido “del Caudillo” en honor al dictador, que nació allí— también sigue manteniendo con orgullo un vínculo muy vivo de compromiso con quienes se mantuvieron leales a la democracia. “Mira”, dice señalando los retratos de los antiguos regidores, “Jaime Quintanilla Martínez, médico de profesión, fue el último alcalde de la República. Fue detenido y fusilado. Su hijo —que nació después de que su padre fuera asesinado—, se llamó Jaime Quintanilla Ulla, también fue médico y se convirtió en el primer alcalde de la democracia. Yo también tengo experiencias de ese tipo en mi familia. Esa es la realidad de esta ciudad, tal vez la razón de por qué te metiste en política, la convicción de que hay que entregar algo de vuelta”. El alcalde coge una llave, baja las escaleras y abre una puerta pequeña, discreta, situada justo detrás de la entrada principal del edificio consistorial:

—Por ahí llegarás antes a tu cita con Sari Alabau. Es allí donde se ve aquel árbol grande, al final de la calle.

Ángel Mato, alcalde de Ferrol (PSOE), delante del Ayuntamiento.
Ángel Mato, alcalde de Ferrol (PSOE), delante del Ayuntamiento. ÓSCAR CORRAL

Alabau nació en Valencia, estudió en un colegió de monjas, en 1966 se matriculó en la facultad de Ciencias, en el 67 se afilió al PCE y en el 69 ya fue detenida durante las protestas por el asesinato de Enrique Ruano, un estudiante de Derecho que había sido detenido en Madrid por la Brigada Político-Social. Poco después, ya en Ferrol, contactó con las células del partido, pero la clandestinidad le duró poco. “Se puede decir”, explica con una sonrisa que no la abandona en toda la conversación, “que a los comunistas de aquí nos presentó en sociedad la policía, porque algunos nos conocíamos y otros no, pero cuando nos detuvieron a todos en 1972 —tras la represión brutal de las protestas por el despido de trabajadores de Bazán— ya no hacía falta disimular. A Yolanda la conozco desde que tenía cinco o seis años. Es muy capaz y muy trabajadora. Y también tiene mucho carácter, no te recomiendo que te enfrentes con ella. Recuerdo una vez, cuando estaba de delegada municipal de Cultura, que entró un contratista y le dijo algo así como: ‘Concédame a mí las obras y yo me encargaré de que no se arrepienta…’. Se oían los gritos de Yolanda desde fuera. Es una gente muy íntegra, como su padre, que podía llegar a tener un carácter fuerte, pero con principios y voluntad de acuerdo…”.

La vieja luchadora antifranquista llama la atención sobre ese cóctel —los principios y la voluntad de acuerdo— que a veces a la izquierda le cuesta tanto combinar. Dice Sari Alabau que a ella le molestan quienes hablan con desprecio del régimen del 78. “Mira, yo estuve en el comité central del PCE en Roma en 1976, y un año después, ya en Madrid, en el que votamos la aceptación de la bandera nacional. Lo hicimos con lágrimas en los ojos, pero había que hacerlo. Venimos de una cultura de la aproximación, de la complicidad, del pacto, y no del ordeno y mando. Lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí a Yolanda no le hubiera sucedido, primero porque es muy trabajadora y luego porque, en vez del choque, busca el acuerdo”.

Sari Alabau, luchadora antifranquista, en Ferrol.
Sari Alabau, luchadora antifranquista, en Ferrol.ÓSCAR CORRAL

El ascenso en la política de Yolanda Díaz está jalonado por tres grandes desencuentros, los tres con hombres que le ofrecieron compartir un proyecto y que luego, por unas razones u otras, terminaron arrepintiéndose. El primer conflicto fue el ya citado con Vicente Irisarri, el alcalde socialista de Ferrol. El segundo, con Xosé Manuel Beiras, el carismático líder del Bloque Nacionalista Gallego, quien compartió con Díaz un proyecto electoral de izquierdas y luego se sintió traicionado. La política gallega tiene más matices que tonos de verde sus bosques, pero en aquel desencuentro —según un líder político de izquierdas que lo presenció en primera fila— influyó de forma decisiva el carácter del líder gallego.

—Beiras tiene un perfil político y humano que a veces es difícil de gestionar. En aquel momento, además, no quiso o no pudo ocupar el espacio político, de tal forma que Yolanda se erigió como la verdadera oposición a Alberto Núñez Feijóo en el Parlamento de Galicia. Aquello provocó sus diferencias, y a eso hay que añadir que Beiras es como Saturno: ha devorado a cuanto hijo ha tenido en política, pero se le atragantó Yolanda, que es mala de comer y de matar.

El tercer desencuentro fue con Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, quien en 2021 la nombró a dedo su sucesora y en 2022 ya hizo públicas sus dudas, iniciando un distanciamiento que todavía dura y que por las circunstancias personales —llegaron a ser muy amigos, hasta el punto de que la hija de Díaz lo llamaba “tío Pablo”— es el más difícil de desenredar. Los dos primeros enfrentamientos ya se conjugan en pasado, pero del resultado del tercero depende en buena parte el futuro inmediato de la izquierda española. Ni Vicente Irisarri ni Xosé Manuel Beiras han querido dar su opinión sobre ella para el reportaje. La hemeroteca guarda el rastro de sus enfados respectivos con ella, pero ahora prefieren elegantemente dejar quieto el pasado y solo añadir, por persona interpuesta, que “Yolanda en el Gobierno lo está haciendo bien”. También Pablo Iglesias ha preferido guardar silencio.

Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se abrazan en Ferrol, en mayo de 2019. Detrás, Antón Gómez-Reino.
Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se abrazan en Ferrol, en mayo de 2019. Detrás, Antón Gómez-Reino. Europa Press News (Europa Press via Getty Images)

Si hay un testigo privilegiado de los últimos años de Yolanda Díaz en Galicia, de su amistad primera con Pablo Iglesias, de su desembarco en la política nacional y también de las fuertes turbulencias que están rodeando el aterrizaje de Sumar —sobre todo en lo que respecta a su encaje con Podemos— es Antón Gómez-Reino. El diputado gallego confirma algo de la personalidad de Yolanda Díaz que no recogen las cámaras, pero que sí —de una forma o de otra, con más o menos cariño según quién hable— destacan todos los que conocen bien a la líder de Sumar: su carácter de acero bajo la eterna sonrisa.

—Son cosas que no son antagónicas en su forma de ser. Ella es muy cariñosa, muy leal con sus amigos y con la gente que tiene alrededor, pero también es muy exigente consigo misma y con los demás. Y en lo que tiene que ver con la negociación… hace llorar al más duro de los negociadores. Esto lo he visto yo con mis propios ojos. Es muy firme, aunque también es cierto que sabe medir muy bien —por la propia cultura política que tiene y por su olfato— cuál es el punto en el que hay que parar y hacer una síntesis en una negociación.

Gómez-Reino recuerda que, en 2016, nada más llegar al grupo parlamentario se hizo evidente que destacaba entre los demás: “Tiene un talento natural para el liderazgo, pero sobre todo porque es extremadamente trabajadora y estudiosa. Vive la política con mucha pasión y con mucho rigor. Creo que en varias generaciones surgen pocas personas así. Tiene un enorme olfato para saber dónde está la sociedad, dónde las necesidades de la gente común”. Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), ya había coincido con ella alguna vez en Bilbao, pero en los últimos años ha tenido motivos de sobra para tratarla y observarla de cerca: “Es una mujer bastante pragmática, pero sin perder nunca la orientación de lo que quiere hacer. Es muy hábil para conciliar las dos cosas. No es pragmática hasta el punto de devaluar lo que hace, sino que es ambiciosa y yo creo que ha leído muy bien el momento político, y el papel de los sindicatos le ha venido muy bien en el mejor de los sentidos. Ha podido hacer bandera política de planteamientos que son históricamente sindicales, que han dado grandes resultados y que ha sabido utilizar políticamente, como la reforma laboral o el SMI. Ha entendido el momento que se vivía y lo ha sabido aprovechar. Ha salido fortalecida. Y su gran aportación ha sido dotar de una escenografía, de una empatía a la política que se agradece. Y sí, es verdad que trabaja y que se conoce los asuntos que trata. No toca de oído”.

Pilar Díaz, exalcaldesa de Mugardos, delante de la ría de Ferrol.
Pilar Díaz, exalcaldesa de Mugardos, delante de la ría de Ferrol.ÓSCAR CORRAL

Al otro lado de la ría, en Mugardos (A Coruña), Pilar Díaz cocina un arroz con berberechos con la misma paciencia que dedica a la política. Ha sido alcaldesa de su pueblo por Esquerda Unida y quiere volver a serlo, pero hasta entonces se encarga de la cocina de su restaurante, O Escabeche. No tiene vínculos familiares con la vicepresidenta, pero sí políticos y de amistad, incluso llegó a pasar alguna temporada en el piso que Yolanda compartía en Santiago con su madre. De su boca no sale una mala palabra sobre su vieja amiga, pero observa con cierta perplejidad el teatro de la política nacional, las declaraciones que solo llevan aire dentro, los proyectos sin una organización que los soporten:

—Un partido político no es una ONG. A veces, para sacar adelante tus ideas tienes que dejar a gente en el camino, y eso no tiene nada que ver con las relaciones personales. Me preocupa el liderazgo comunicativo, porque no crea organización, sino que la destruye. La experiencia me dice que un proyecto de izquierdas sin una organización detrás no existe. Y en la izquierda hemos cambiado demasiado de nombre en los últimos tiempos. Eso despista a los nuestros. Los hace desconfiar.

En el barrio de San Valentín, Manolo Veiga, el viejo trabajador de Astano, se para antes de llegar a la entrevista y echa mano de su teléfono móvil. Durante unos minutos, pasea arriba y abajo mientras habla. Luego cuelga y saluda con un apretón de manos:

—He llamado a Suso, el padre de Yolanda. Antes de quedar contigo quería asegurarme de que a él no le importaba que hablara de su hija con la prensa.

Las cartas bocarriba. Los viejos códigos. El sindicato. El partido. Los meses sin cobrar y que no se note el hambre. El “tú estudias, aunque yo tenga que robar”. La épica de la familia. La última esperanza, que la hija de Suso y Carmela, la primera niña que nació en el barrio, no les defraude.

Barrio de San Valentín (Fene), en las viviendas donde nació Yolanda Díaz, con el astillero de Astano en el horizonte.
Barrio de San Valentín (Fene), en las viviendas donde nació Yolanda Díaz, con el astillero de Astano en el horizonte. ÓSCAR CORRAL

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El PP “intentará hasta el final” evitar Gobiernos conjuntos con Vox, pero no los descarta

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El portavoz del PP, Borja Sémper, este lunes en la sede nacional del partido.
El portavoz del PP, Borja Sémper, este lunes en la sede nacional del partido.Marta Fernández Jara (Europa Press)

El PP pretende conformar Gobiernos en solitario en las cinco comunidades autónomas y la treintena de capitales de provincia en las que Vox tiene la llave tras el resultado de las elecciones del 28 de mayo, según ha precisado este lunes de forma contundente el portavoz popular, Borja Sémper. La dirección popular se ha marcado ese objetivo en los Ejecutivos de Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Murcia, aunque al mismo tiempo no es capaz de descartar de forma expresa que vaya a suceder así ni lo define como una línea roja. “Vamos a intentar hasta el final conformar Gobiernos también en las comunidades solo por el PP. Este es nuestro compromiso y nuestra decisión”, ha manifestado Sémper en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP. La cúpula popular se desentiende de los acuerdos hasta que no estén cerrados con el argumento de que la “iniciativa” corresponde a sus direcciones regionales.

A 48 días de las generales, los populares marcan distancias con Vox, un socio incómodo que lastra su objetivo de pescar en el electorado más moderado. “En las comunidades autónomas y en el Gobierno de España no vamos a renunciar a Gobiernos que den estabilidad. Es nuestro objetivo y creemos que es más que factible y no nos vamos a desviar de ese objetivo”, ha manifestado Sémper extendiendo el propósito también a un Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, preguntado sobre si la dirección del PP descartaba en todo caso los Ejecutivos conjuntos con Vox en las comunidades autónomas, no lo ha hecho, optando por la fórmula de que “intentarán hasta el final” evitarlo.

La estrategia de la cúpula del PP es doble para evitar que los pactos con Vox perjudiquen sus expectativas electorales en julio. Primero, intentar dormir los acuerdos y postergarlos todo lo posible para tratar de que se cierren tras las generales. Y después, quitarse de en medio y dejar las negociaciones en manos de sus direcciones regionales. “Cuando haya acuerdos fijaremos posición. La iniciativa la tienen que llevar nuestros compañeros en las comunidades. Feijóo confía en sus presidentes autonómicos”, ha subrayado este lunes el portavoz del PP.

El problema para el PP es que, por un lado, el calendario va a hacer inevitable que se visualicen algunos de esos acuerdos porque a mediados de junio se celebran las constituciones de los Ayuntamientos y de las asambleas autonómicas. Y, por otro, la última palabra la tiene Vox, y el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, presiona para negociar antes de las generales. “Los españoles tienen urgencias”, ha defendido hoy sugiriendo que su partido no pretende transigir con los tiempos del PP. “Nosotros somos responsables en la construcción de esa alternativa. Seguimos con paciencia esperando, con la mano tendida y con la única línea roja de respeto a los votantes de Vox”, ha remachado Abascal.

El portavoz del PP, Borja Sémper, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 5 de junio de 2023, en Madrid (España).
El portavoz del PP, Borja Sémper, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 5 de junio de 2023, en Madrid (España). Marta Fernández Jara (Europa Press)

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El intento del PP de separarse de la extrema derecha en plena precampaña para las elecciones generales del 23 de julio se ha hecho patente también en que Sémper ha llamado “ultra” por primera vez al partido de Abascal, aunque ha extendido ese calificativo también a Bildu y a ERC para tratar de desgastar al presidente del Gobierno. “Entre Sánchez y Feijóo, el único que no quiere pactar con ningún ultra de ningún tipo y condición es Feijóo”, ha defendido el portavoz, que sostiene que Sánchez sí es capaz de “pactar con ultras”. “¿O es que Bildu no es un partido ultra? ¿O es que ERC no es ultra?”, se ha preguntado. “¿Dónde está el listón en virtud del cual uno es ultra y otro no lo es? ¿Cómo ha saltado todo por los aires, la racionalidad o el sentido común?”, ha interpelado de forma retórica. En la dirección popular defienden en privado que penalizan más los acuerdos con Bildu y ERC que con Vox, y esa va a ser una de sus líneas de ataque contra Sánchez, pero a pesar de ello también tratan de evitar asociar su imagen a la extrema derecha.

La intención de la cúpula del PP ya está chocando con la de Vox en algunos territorios, como en Baleares. En esa comunidad, el candidato de la extrema derecha, Jorge Campos, ha advertido este lunes a los populares que tendrán “mano firme” para representar a sus votantes y su “modelo” es el de la coalición de Gobierno de Castilla y León, que considera “un modelo beneficioso para la mayoría”. En Aragón, el candidato del PP, Jorge Azcón, ha pedido a Vox que se abstenga en su investidura.

En la cúpula popular preocupan sobre todo dos territorios: Extremadura, porque la líder popular extremeña, María Guardiola, ha salido muy fuerte a la negociación con un órdago para que la voten sin entrar en su Gobierno, pese a que necesita su voto a favor para salir investida. Y en el PP temen que no le salga la jugada. Y la Comunidad Valenciana, porque el aspirante de Vox a vicepresidente, un exmilitante de Fuerza Nueva, fue condenado por violencia machista. Preguntado al respecto, Sémper ha evitado responder a la pregunta de si el perfil de este candidato supone una línea roja para la dirección del PP.

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El primer atentado con ‘bici-bomba’ de ETA se salda con una condenada 33 años después

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Una sesión del juicio contra Oscar Abad Palacios, José Ramón Martínez y Carmen Guisasola, en la Audiencia Nacional, en diciembre de 2022.
Una sesión del juicio contra Oscar Abad Palacios, José Ramón Martínez y Carmen Guisasola, en la Audiencia Nacional, en diciembre de 2022.FERNANDO ALVARADO ((EPA) EFE)

Como tenía por costumbre, el policía Ignacio Pérez Álvarez había acudido el 30 de enero de 1990 al bar Los Claveles, Galdácano (Bizkaia, 29.285 habitantes), a tomar el aperitivo. A la salida, pocos minutos antes de las tres de la tarde, ETA lo estaba esperando. Para matarlo. El agente tenía 39 años, esposa y tres hijos menores de edad.

Ese crimen —en el que la banda usó una bicicleta bomba por primera vez— ha engrosado el listado de atentados sin resolver durante más de tres décadas. Pero, este 1 de junio, la Audiencia Nacional ha condenado a uno de los integrantes del comando Vizcaya, Carmen Guisasola, por su implicación en el asesinato. El tribunal le ha impuesto 20 años de cárcel al considerar probado que fabricó y proporcionó el explosivo que los autores materiales ocultaron en una alforja de la bici-bomba, que dejaron apoyada en un edificio junto al coche de la víctima. Un dispositivo que activaron por radio control cuando Ignacio Pérez abrió la puerta de su Seat 124 para subirse. “[La etarra] intervino decisiva y determinantemente en la acción mortal de Galdácano más allá de toda duda razonable”, subrayan los magistrados.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha absuelto a Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez, a los que la Fiscalía acusaba como autores materiales del crimen. El tribunal ha concluido que no existen pruebas suficientes para condenarlos, además de descartar que puedan utilizarse contra ellos las declaraciones autoinculpatorias que hicieron en sede policial tras su arresto y que después negaron ante el juez.

“Aunque la condena es por ordenar el atentado y se absuelve a los autores materiales, por fin algo de luz sobre este atentado que estaba sin resolver”, ha comentado esta lunes Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la mayoritaria AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), poco después de conocerse la sentencia. Durante la vista oral, Abad y Martínez negaron su implicación en el atentado. Por su parte, Guisasola “se mantuvo en silencio”, pese a que hace años que repudió a la banda —de hecho, fue uno de los miembros de la organización que se acogió a la vía Nanclares cuando la organización terrorista aún permanecía viva—.

En 2020, la Audiencia Nacional ya absolvió a los tres imputados (Guisasola, Abad y Martínez) al considerar que los hechos habían prescrito. Pero, en julio de 2022, el Tribunal Supremo rechazó esa decisión y ordenó que se repitiera el juicio contra los tres. Una vista oral que se celebró en diciembre del pasado año.

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“Vigilancia de los hábitos”

El comando Vizcaya decidió atentar contra el policía Ignacio Pérez en las “primeras semanas del año 1990”, según subrayan los jueces de la Audiencia Nacional. Los terroristas lo habían “vigilado” durante un tiempo de forma directa, para conocer al detalle sus hábitos. “Guisasola resolvió acabar con su vida, como acción de la organización terrorista ETA, a la que pertenecía”, insiste el tribunal, que enumera las pruebas recabadas contra ella. Entre otras, que se encontró una de sus huellas dactilares en la vivienda de Bilbao donde “se hallaron materiales con los que se podía fabricar el artefacto explosivo utilizado” en el crimen.

Nacido en Villagatón (León, 650 habitantes), Ignacio Pérez había sido destinado al País Vasco en 1979. En el momento del atentado, formaba parte de la sección de automoción del cuartel de Basauri. Tenía esposa y tres hijos —de 14, 10 y 5 años—. Según declaró la viuda en el juicio, uno de sus hijos todavía “no se siente capaz de regresar a su tierra, que es Galdácano, por no soportar los recuerdos”. Ella sí ha vuelto, “pero después de pasar 15 años fuera”.

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La justicia y el Gobierno impiden la relajación de controles de tuberculosis en las vacas de Castilla y León

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha atendido el recurso del Ministerio de Agricultura contra una normativa de Castilla y León que flexibiliza los controles de la tuberculosis bovina. El Gobierno ya limitó la semana pasada el movimiento del ganado de este territorio “para evitar poner en riesgo el nivel sanitario de la cabaña ganadera española y comunitaria”. La Abogacía del Estado fundamentó su petición en que la norma de la Junta infringe la normativa europea y nacional porque relaja la inspección y seguimiento de esta enfermedad contagiosa en las reses. Castilla y León, dirigida por PP y Vox en coalición, no se ha opuesto a la medida cautelar, por lo que acepta suspender su propia legislación inicialmente encaminada a flexibilizar el saneamiento ganadero.

Los ganaderos han reaccionado con indignación ante estos movimientos y en la mañana de este lunes han tenido que ser contenidos cuando intentaban tomar la delegación territorial de la Junta en Salamanca. Los antidisturbios han detenido a una persona tras la embestida de un grupo, empujando a vallas y agentes y lanzando huevos o bengalas. La convocatoria la ha efectuado la Unión por la ganadería, una asociación que congrega a varios colectivos rurales salmantinos y reclamaba “el cese inmediato del jefe de Sanidad Animal de Salamanca, de la jefa de Sanidad Animal de Castilla y León y del director general de Sanidad del Ministerio”.

La controvertida orden autonómica, que emana de la consejería de Agricultura, comandada por Gerardo Dueñas (Vox), mengua los requisitos exigidos para que una explotación ganadera afectada por la tuberculosis bovina pueda volver a la normalidad. Esta enfermedad (Complejo mycobacterium tuberculosis) es muy contagiosa y la Comisión Europea ordena a los países a un estricto seguimiento para que sea erradicada. Esta tuberculosis es transmisible al ser humano y puede convertirse en un “problema de salud pública”, según el ministerio de Agricultura, liderado por Luis Planas. La normativa de Castilla y León, que deberá ser suspendida “a la mayor brevedad” según el dictamen judicial, rebajaba los controles para la concesión, mantenimiento, suspensión, retirada y recuperación del estatus de explotación libre de tuberculosis bovina. Así, propiciaría que animales potencialmente enfermos o cuya salud no quedara garantizada por proceder de entornos con presencia de esta bacteria pudieran acabar en otras provincias o naciones, extendiendo así la bacteria.

El ministerio emitió esa instrucción porque consideraba que la relajación de la vigilancia suponía “eximir a las explotaciones de las pruebas de movimiento obligatorias para evitar que la enfermedad se propague”, “permitir salidas desde explotaciones, con la calificación sanitaria suspendida o retirada, según la normativa comunitaria, a explotaciones calificadas como libres de la enfermedad” o “relajar los requisitos de las explotaciones afectadas por esta enfermedad animal infecciosa para la obtención de la calificación sanitaria de libre de tuberculosis bovina”. Solo León, Burgos y Valladolid se encuentran al margen, en Castilla y León, de esas instrucciones legales por considerarse lugares sin tuberculosis bovina. Estas tres provincias se unen a Asturias, Canarias, Galicia, Islas Baleares, Cataluña, Murcia y País Vasco como territorios donde no hay casos detectados de esa enfermedad animal.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recogió el pasado 15 de mayo la resolución de 10 de mayo de 2023 de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, donde se explica la suavización de los exámenes a las ganaderías. El texto admite que la Comisión busca erradicar la enfermedad para 2030 y no superar el 0,1% de tasa de incidencia en un país. La Junta detalló entonces que en siete de las provincias hay menos de un 1% de casos y que solo Salamanca y Ávila, que aglutinan el 55% de la cabaña bovina autonómica, superan ese límite. Castilla y León es la comunidad española con más vacas, según un informe del ministerio de Agricultura y Ganadería en 2021. La autonomía contaba entonces con 589.699 rumiantes de este tipo, una vaca por cada cuatro habitantes, el 27% del total nacional.

La no oposición de la Junta a esta medida supone que acepta la suspensión de su propia normativa. El portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), así lo anticipó hace unos días: “Queremos que finalice lo más rápidamente posible esa restricción [la limitación de movimiento bovino] establecida por la orden ministerial”. Carriedo rechazó en esa comparecencia la instrucción gubernamental, ahora ratificada por la justicia, amparó la medida en “defender los intereses de Castilla y León y atender al interés de la salud del ganado” y añadió que sería bueno para su comunidad impedir la orden ministerial de paralizar el movimiento de las vacas. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), publicó al respecto un vídeo en 2022 con música épica y un ambiente bucólico de vacas en León acompañado del mensaje: “Los controles sanitarios son compatibles con el principio de proporcionalidad. No vamos a matar moscas a cañonazos”. Un año después, el Gobierno que codirige aprobó esa normativa rechazada por el Ejecutivo central y la justicia.

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