El PP pretende conformar Gobiernos en solitario en las cinco comunidades autónomas y la treintena de capitales de provincia en las que Vox tiene la llave tras el resultado de las elecciones del 28 de mayo, según ha precisado este lunes de forma contundente el portavoz popular, Borja Sémper. La dirección popular se ha marcado ese objetivo en los Ejecutivos de Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Murcia, aunque al mismo tiempo no es capaz de descartar de forma expresa que vaya a suceder así ni lo define como una línea roja. “Vamos a intentar hasta el final conformar Gobiernos también en las comunidades solo por el PP. Este es nuestro compromiso y nuestra decisión”, ha manifestado Sémper en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP. La cúpula popular se desentiende de los acuerdos hasta que no estén cerrados con el argumento de que la “iniciativa” corresponde a sus direcciones regionales.

A 48 días de las generales, los populares marcan distancias con Vox, un socio incómodo que lastra su objetivo de pescar en el electorado más moderado. “En las comunidades autónomas y en el Gobierno de España no vamos a renunciar a Gobiernos que den estabilidad. Es nuestro objetivo y creemos que es más que factible y no nos vamos a desviar de ese objetivo”, ha manifestado Sémper extendiendo el propósito también a un Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, preguntado sobre si la dirección del PP descartaba en todo caso los Ejecutivos conjuntos con Vox en las comunidades autónomas, no lo ha hecho, optando por la fórmula de que “intentarán hasta el final” evitarlo.

La estrategia de la cúpula del PP es doble para evitar que los pactos con Vox perjudiquen sus expectativas electorales en julio. Primero, intentar dormir los acuerdos y postergarlos todo lo posible para tratar de que se cierren tras las generales. Y después, quitarse de en medio y dejar las negociaciones en manos de sus direcciones regionales. “Cuando haya acuerdos fijaremos posición. La iniciativa la tienen que llevar nuestros compañeros en las comunidades. Feijóo confía en sus presidentes autonómicos”, ha subrayado este lunes el portavoz del PP.

El problema para el PP es que, por un lado, el calendario va a hacer inevitable que se visualicen algunos de esos acuerdos porque a mediados de junio se celebran las constituciones de los Ayuntamientos y de las asambleas autonómicas. Y, por otro, la última palabra la tiene Vox, y el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, presiona para negociar antes de las generales. “Los españoles tienen urgencias”, ha defendido hoy sugiriendo que su partido no pretende transigir con los tiempos del PP. “Nosotros somos responsables en la construcción de esa alternativa. Seguimos con paciencia esperando, con la mano tendida y con la única línea roja de respeto a los votantes de Vox”, ha remachado Abascal.

El intento del PP de separarse de la extrema derecha en plena precampaña para las elecciones generales del 23 de julio se ha hecho patente también en que Sémper ha llamado “ultra” por primera vez al partido de Abascal, aunque ha extendido ese calificativo también a Bildu y a ERC para tratar de desgastar al presidente del Gobierno. “Entre Sánchez y Feijóo, el único que no quiere pactar con ningún ultra de ningún tipo y condición es Feijóo”, ha defendido el portavoz, que sostiene que Sánchez sí es capaz de “pactar con ultras”. “¿O es que Bildu no es un partido ultra? ¿O es que ERC no es ultra?”, se ha preguntado. “¿Dónde está el listón en virtud del cual uno es ultra y otro no lo es? ¿Cómo ha saltado todo por los aires, la racionalidad o el sentido común?”, ha interpelado de forma retórica. En la dirección popular defienden en privado que penalizan más los acuerdos con Bildu y ERC que con Vox, y esa va a ser una de sus líneas de ataque contra Sánchez, pero a pesar de ello también tratan de evitar asociar su imagen a la extrema derecha.

La intención de la cúpula del PP ya está chocando con la de Vox en algunos territorios, como en Baleares. En esa comunidad, el candidato de la extrema derecha, Jorge Campos, ha advertido este lunes a los populares que tendrán “mano firme” para representar a sus votantes y su “modelo” es el de la coalición de Gobierno de Castilla y León, que considera “un modelo beneficioso para la mayoría”. En Aragón, el candidato del PP, Jorge Azcón, ha pedido a Vox que se abstenga en su investidura.

En la cúpula popular preocupan sobre todo dos territorios: Extremadura, porque la líder popular extremeña, María Guardiola, ha salido muy fuerte a la negociación con un órdago para que la voten sin entrar en su Gobierno, pese a que necesita su voto a favor para salir investida. Y en el PP temen que no le salga la jugada. Y la Comunidad Valenciana, porque el aspirante de Vox a vicepresidente, un exmilitante de Fuerza Nueva, fue condenado por violencia machista. Preguntado al respecto, Sémper ha evitado responder a la pregunta de si el perfil de este candidato supone una línea roja para la dirección del PP.

Como tenía por costumbre, el policía Ignacio Pérez Álvarez había acudido el 30 de enero de 1990 al bar Los Claveles, Galdácano (Bizkaia, 29.285 habitantes), a tomar el aperitivo. A la salida, pocos minutos antes de las tres de la tarde, ETA lo estaba esperando. Para matarlo. El agente tenía 39 años, esposa y tres hijos menores de edad.

Ese crimen —en el que la banda usó una bicicleta bomba por primera vez— ha engrosado el listado de atentados sin resolver durante más de tres décadas. Pero, este 1 de junio, la Audiencia Nacional ha condenado a uno de los integrantes del comando Vizcaya, Carmen Guisasola, por su implicación en el asesinato. El tribunal le ha impuesto 20 años de cárcel al considerar probado que fabricó y proporcionó el explosivo que los autores materiales ocultaron en una alforja de la bici-bomba, que dejaron apoyada en un edificio junto al coche de la víctima. Un dispositivo que activaron por radio control cuando Ignacio Pérez abrió la puerta de su Seat 124 para subirse. “[La etarra] intervino decisiva y determinantemente en la acción mortal de Galdácano más allá de toda duda razonable”, subrayan los magistrados.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha absuelto a Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez, a los que la Fiscalía acusaba como autores materiales del crimen. El tribunal ha concluido que no existen pruebas suficientes para condenarlos, además de descartar que puedan utilizarse contra ellos las declaraciones autoinculpatorias que hicieron en sede policial tras su arresto y que después negaron ante el juez.

“Aunque la condena es por ordenar el atentado y se absuelve a los autores materiales, por fin algo de luz sobre este atentado que estaba sin resolver”, ha comentado esta lunes Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la mayoritaria AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), poco después de conocerse la sentencia. Durante la vista oral, Abad y Martínez negaron su implicación en el atentado. Por su parte, Guisasola “se mantuvo en silencio”, pese a que hace años que repudió a la banda —de hecho, fue uno de los miembros de la organización que se acogió a la vía Nanclares cuando la organización terrorista aún permanecía viva—.

En 2020, la Audiencia Nacional ya absolvió a los tres imputados (Guisasola, Abad y Martínez) al considerar que los hechos habían prescrito. Pero, en julio de 2022, el Tribunal Supremo rechazó esa decisión y ordenó que se repitiera el juicio contra los tres. Una vista oral que se celebró en diciembre del pasado año.

“Vigilancia de los hábitos”

El comando Vizcaya decidió atentar contra el policía Ignacio Pérez en las “primeras semanas del año 1990”, según subrayan los jueces de la Audiencia Nacional. Los terroristas lo habían “vigilado” durante un tiempo de forma directa, para conocer al detalle sus hábitos. “Guisasola resolvió acabar con su vida, como acción de la organización terrorista ETA, a la que pertenecía”, insiste el tribunal, que enumera las pruebas recabadas contra ella. Entre otras, que se encontró una de sus huellas dactilares en la vivienda de Bilbao donde “se hallaron materiales con los que se podía fabricar el artefacto explosivo utilizado” en el crimen.

Nacido en Villagatón (León, 650 habitantes), Ignacio Pérez había sido destinado al País Vasco en 1979. En el momento del atentado, formaba parte de la sección de automoción del cuartel de Basauri. Tenía esposa y tres hijos —de 14, 10 y 5 años—. Según declaró la viuda en el juicio, uno de sus hijos todavía “no se siente capaz de regresar a su tierra, que es Galdácano, por no soportar los recuerdos”. Ella sí ha vuelto, “pero después de pasar 15 años fuera”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha atendido el recurso del Ministerio de Agricultura contra una normativa de Castilla y León que flexibiliza los controles de la tuberculosis bovina. El Gobierno ya limitó la semana pasada el movimiento del ganado de este territorio “para evitar poner en riesgo el nivel sanitario de la cabaña ganadera española y comunitaria”. La Abogacía del Estado fundamentó su petición en que la norma de la Junta infringe la normativa europea y nacional porque relaja la inspección y seguimiento de esta enfermedad contagiosa en las reses. Castilla y León, dirigida por PP y Vox en coalición, no se ha opuesto a la medida cautelar, por lo que acepta suspender su propia legislación inicialmente encaminada a flexibilizar el saneamiento ganadero.

Los ganaderos han reaccionado con indignación ante estos movimientos y en la mañana de este lunes han tenido que ser contenidos cuando intentaban tomar la delegación territorial de la Junta en Salamanca. Los antidisturbios han detenido a una persona tras la embestida de un grupo, empujando a vallas y agentes y lanzando huevos o bengalas. La convocatoria la ha efectuado la Unión por la ganadería, una asociación que congrega a varios colectivos rurales salmantinos y reclamaba “el cese inmediato del jefe de Sanidad Animal de Salamanca, de la jefa de Sanidad Animal de Castilla y León y del director general de Sanidad del Ministerio”.

La controvertida orden autonómica, que emana de la consejería de Agricultura, comandada por Gerardo Dueñas (Vox), mengua los requisitos exigidos para que una explotación ganadera afectada por la tuberculosis bovina pueda volver a la normalidad. Esta enfermedad (Complejo mycobacterium tuberculosis) es muy contagiosa y la Comisión Europea ordena a los países a un estricto seguimiento para que sea erradicada. Esta tuberculosis es transmisible al ser humano y puede convertirse en un “problema de salud pública”, según el ministerio de Agricultura, liderado por Luis Planas. La normativa de Castilla y León, que deberá ser suspendida “a la mayor brevedad” según el dictamen judicial, rebajaba los controles para la concesión, mantenimiento, suspensión, retirada y recuperación del estatus de explotación libre de tuberculosis bovina. Así, propiciaría que animales potencialmente enfermos o cuya salud no quedara garantizada por proceder de entornos con presencia de esta bacteria pudieran acabar en otras provincias o naciones, extendiendo así la bacteria.

El ministerio emitió esa instrucción porque consideraba que la relajación de la vigilancia suponía “eximir a las explotaciones de las pruebas de movimiento obligatorias para evitar que la enfermedad se propague”, “permitir salidas desde explotaciones, con la calificación sanitaria suspendida o retirada, según la normativa comunitaria, a explotaciones calificadas como libres de la enfermedad” o “relajar los requisitos de las explotaciones afectadas por esta enfermedad animal infecciosa para la obtención de la calificación sanitaria de libre de tuberculosis bovina”. Solo León, Burgos y Valladolid se encuentran al margen, en Castilla y León, de esas instrucciones legales por considerarse lugares sin tuberculosis bovina. Estas tres provincias se unen a Asturias, Canarias, Galicia, Islas Baleares, Cataluña, Murcia y País Vasco como territorios donde no hay casos detectados de esa enfermedad animal.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recogió el pasado 15 de mayo la resolución de 10 de mayo de 2023 de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, donde se explica la suavización de los exámenes a las ganaderías. El texto admite que la Comisión busca erradicar la enfermedad para 2030 y no superar el 0,1% de tasa de incidencia en un país. La Junta detalló entonces que en siete de las provincias hay menos de un 1% de casos y que solo Salamanca y Ávila, que aglutinan el 55% de la cabaña bovina autonómica, superan ese límite. Castilla y León es la comunidad española con más vacas, según un informe del ministerio de Agricultura y Ganadería en 2021. La autonomía contaba entonces con 589.699 rumiantes de este tipo, una vaca por cada cuatro habitantes, el 27% del total nacional.

La no oposición de la Junta a esta medida supone que acepta la suspensión de su propia normativa. El portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), así lo anticipó hace unos días: “Queremos que finalice lo más rápidamente posible esa restricción [la limitación de movimiento bovino] establecida por la orden ministerial”. Carriedo rechazó en esa comparecencia la instrucción gubernamental, ahora ratificada por la justicia, amparó la medida en “defender los intereses de Castilla y León y atender al interés de la salud del ganado” y añadió que sería bueno para su comunidad impedir la orden ministerial de paralizar el movimiento de las vacas. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), publicó al respecto un vídeo en 2022 con música épica y un ambiente bucólico de vacas en León acompañado del mensaje: “Los controles sanitarios son compatibles con el principio de proporcionalidad. No vamos a matar moscas a cañonazos”. Un año después, el Gobierno que codirige aprobó esa normativa rechazada por el Ejecutivo central y la justicia.