Marruecos insiste en cuestionar al vicepresidente de la Comisión Europea responsable de inmigración, Margaritis Schinas, por defender que Ceuta y Melilla son fronteras españolas y de la Unión Europea. El portavoz del Gobierno de Rabat, Mustafa Baitas, ha asegurado este jueves tras la reunión del Consejo de Ministros que la queja diplomática presentada por su país el pasado 17 de mayo, en la que se criticaba la postura de Schinas, fue una “clarificación necesaria al patinazo ocurrido” por sus sucesivas declaraciones durante los dos últimos años sobre la españolidad de ambas ciudades autónomas norteafricanas.

Baitas dio a entender que la posición de Marruecos sobre Ceuta y Melilla es “inevitable” a pesar del buen entendimiento que existe con España, de acuerdo con el portal digital marroquí Hespress. Según ha informado la agencia Efe, el portavoz hizo la afirmación sobre el “patinazo” de Schinas al ser preguntado por la nota verbal remitida a la Embajada de Rabat en Madrid por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la que se informó el miércoles. En este escrito diplomático se rechazaba “categóricamente” el lenguaje utilizado por Marruecos para referirse como “marroquíes” a las dos plazas de soberanía del norte de África, según fuentes gubernamentales, que recalcaron que “las fronteras españolas, incluidas Ceuta y Melilla, están internacionalmente reconocidas”.

El nuevo roce diplomático entre Madrid y Rabat se produce después de que el Ministerio de Exteriores de Marruecos sostuviera la marroquinidad de Ceuta y Melilla en el documento enviado a la Comisión Europea para cuestionar al vicepresidente responsable de Inmigración. En el anexo de la nota verbal trasladada a la Delegación (Embajada) de la UE en Rabat se recopilaba una decena de declaraciones de Schinas calificadas como “hostiles” sobre Marruecos y, añadía textualmente, “las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla”. La petición de ampliación de información dirigida este jueves por EL PAÍS al Ministerio de Exteriores marroquí no obtuvo respuesta.

El portavoz del Gobierno marroquí se ha abstenido de responder directamente a la queja diplomática presentada por España y ha asegurado, en contrapartida, que las relaciones bilaterales entre ambos países están basadas en “la confianza, coordinación conjunta y respeto mutuo”, de acuerdo con una declaración citada por Efe. “Afirmo una vez más que Marruecos se enorgullece y mantiene una importante cooperación con la vecina España, basada en la confianza y en la implicación conjunta para afrontar los distintos retos, ya sean económicos o sociales”, precisó Baitar al referirse a la “nueva etapa” de los lazos entre ambos países.

Marruecos parece seguir sin atenerse formalmente al compromiso adquirido con España de “evitar todo aquello que ofende a la otra parte, especialmente, en lo que afecta a las respectivas esferas de soberanía”, según anunció el 2 de febrero en Rabat el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en alusión al Sáhara Occidental, de un lado, y a Ceuta y Melilla, de otro. Empañada por la demora en la apertura de aduanas comerciales en las fronteras terrestres comunes, la Reunión de Alto Nivel, en la que los gobiernos de Madrid y Rabat oficializaron su reencuentro hace tres meses en la capital marroquí, enfatizó la cuestión clave de la soberanía. Hasta ahora, las declaraciones reivindicando la marroquinidad de Ceuta y Melilla se habían producido por parte de políticos situados fuera del Gobierno, como el presidente del Senado, y habían sido desautorizadas por el Ejecutivo.

Desde Bruselas, la Comisión Europea ha mostrado este jueves su apoyo a Schinas. La portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, ha defendido la importancia de la protección de las fronteras exteriores europeas como parte de un enfoque global, según informa Europa Press. “Este es el sentido de las declaraciones del vicepresidente Schinas relativas a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla”, puntualizó la portavoz.

En la Unión Europea ha llamado la atención, con una mezcla de “sorpresa y malestar”, que Marruecos haya presentado la nota verbal en la Delegación de la UE en Rabat contra Schinas dos años después de que se pronunciara por primera vez sobre la españolidad de Ceuta y Melilla. Sucedió poco después de que más de 10.000 personas irrumpieran en España a través de la frontera ceutí del Tarajal, en medio de la pasividad de las autoridades marroquíes.

Los partidos de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la exsecretaria general del grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona, se enfrentan a una carrera contra reloj para poder presentarse a las elecciones generales del próximo 23 de julio. La primera inscribió este martes el Movimiento Sumar en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, mientras que la segunda registró el miércoles su Caminando Juntos.

Ambas lo hicieron 24 y 48 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara por sorpresa la disolución de las Cortes. Aunque es un movimiento que ya tenían planeado (los estatutos de un partido no se improvisan), lo precipitaron ante la convocatoria electoral.

Para que una formación política adquiera personalidad jurídica y pueda presentarse a las elecciones tiene que estar inscrita en el registro de partidos y esta inscripción solo se produce una vez que los funcionarios del mismo han comprobado que la documentación presentada se ajusta a lo previsto por la ley; entre otros requisitos, que la denominación del nuevo partido no pueda confundirse con la de otro ya existente o que se trate de continuar un partido disuelto.

Según la Ley de Partidos Políticos, de 2002, el Ministerio del Interior procederá a la inscripción de los nuevos partidos “dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la documentación”. En el caso de Sumar, el de Yolanda Díaz, eso lleva el límite al 19 de este mes; y en el de Caminando Juntos, el de Macarena Olona, al 20. El plazo para presentar las candidaturas a las próximas elecciones generales concluye justamente el día 19.

Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que no hay por qué apurar el plazo y que es habitual que en vísperas de los procesos electorales se inscriban nuevos partidos. En esos casos, agregan, se aceleran al máximo los trámites para que un requisito burocrático no prive de ejercer un derecho fundamental, como es el de participación política. Otra cosa es que los responsables del registro aprecien alguna deficiencia formal en la documentación presentada (acta fundacional y estatutos). En ese supuesto, se suspende el plazo de 20 días y se devuelve a los promotores para que la subsanen. Si fuera así, ni Sumar ni Caminando Juntos llegarían a tiempo para la cita electoral.

La alternativa, en el caso de no fuera posible concurrir como partido político, sería presentar una agrupación de electores, pero, según la ley electoral, esta debe venir avalada por al menos el 1% del censo de la circunscripción electoral de que se trate. En el caso de la provincia de Madrid, más de 49.000 firmas.

Si los estatutos de ambos partidos cumplen todos los requisitos y se inscriben a tiempo no por ello el camino queda totalmente despejado. Los partidos que no tuvieron representación en la anterior legislatura también deben presentar firmas, aunque 10 veces menos: las del 0,1% de los electores de la circunscripción; en el caso de Madrid, algo más de 4.900.

Para superar esta carrera contra reloj, Yolanda Díaz cuenta con todos los grupos políticos que la apoyan —Izquierda Unida, Compromís, Más País, En Comú o Podemos, si finalmente llegan a un acuerdo—, mientras que Olona dispone de la estructura de su fundación (Igualdad Iberoamericana) y de la red que ha tejido por toda España para recoger las 500.000 firmas necesarias para tramitar su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de reforma de la Ley de Violencia de Género. El objetivo de la exdirigente de Vox es presentarse en una decena de provincias como Granada (donde ella misma encabezará la lista), Valencia, Alicante, Albacete, Guadalajara, Soria, Almería, Madrid o Murcia. El menor de sus problemas será confeccionar las listas, precisamente el mayor quebradero de cabeza de Yolanda Díaz.

La mesa del Parlamento catalán ha dado la puntilla política a Laura Borràs. En una reunión convocada de urgencia este jueves por la tarde se ha acordado retirarle el escaño de diputada, una decisión que responde a la orden dictada hace un mes por la Junta Electoral Central (JEC), a raíz de la condena judicial por corrupción que pesa sobre la también presidenta de Junts per Catalunya. A finales de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso a Borràs una pena de cuatro años y medio de cárcel y otros 13 de inhabilitación por trocear contratos públicos para beneficiar a un amigo. Ella se había negado a ceder el escaño, y figuraba como presidenta suspendida de la Cámara catalana, una condición que no le confería autoridad ni funciones. La decisión tomada este jueves por la mesa marca un punto y aparte en la situación de interinidad que había al frente del Parlament.

Será menester decidir en un pleno, convocado para el 9 de junio, el nombre de la persona que ocupe a partir de ahora la presidencia del Parlament. Pese al enfrentamiento que mantienen, Junts, ERC y la CUP coinciden en que el cargo debe quedar en manos del independentismo. El nombre de Anna Erra, exalcaldesa de Vic por Junts, ha sonado mucho como posible relevo de Borràs. También el de Marta Madrenas, quien fue sucesora de Carles Puigdemont al frente del Ayuntamiento de Girona. Por lo pronto, la decisión de la mesa da carpetazo a un caso que lleva meses coleando.

La mayoría independentista del Parlament trató inicialmente de esquivar el mandato de la Junta Electoral, presentando un recurso ante el Tribunal Supremo en el que se pedía la suspensión cautelar del acuerdo que tomó la JEC el pasado 3 de mayo. Se intentó, sin éxito, mantener la condición de diputada de Borràs, hasta que sea firme la condena por prevaricación. Pese a ese aparente frente común en la cámara catalana, el caso Borràs había enfangado las relaciones entre todos los partidos catalanes. En la mesa tienen representación ERC, PSC, la CUP y Junts. Los tres primeros han decidido este jueves en una reunión extraordinaria certificar el cese de Borràs.

Junts había hasta ahora evitado nombrar un nuevo diputado para sustituir a su presidenta, mientras el resto de grupos habían mantenido reiteradamente que Borràs se dedicaba a limar la reputación de la institución a costa de hacerse fuerte en un cargo que no podía seguir ostentando. Ella alega que su condena judicial por prevaricación responde a un caso de lawfare, una instrumentalización de la justicia para fines torticeros. “No he podido tener un juicio justo y, por tanto, no he podido tener una sentencia justa”, denunció Borràs en marzo, para acusar al Tribunal Superior catalán de “parcial”, “politizado” y dedicado únicamente a “defender la unidad de España”. Junts trató de hacer equilibrios para gestionar el asunto, evitando que la condena por prevaricación de su jefa salpicara a la campaña por las municipales.

En su sentencia condenatoria por prevaricación y falsedad, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solicitó al Gobierno que le conceda un indulto parcial para que no ingrese en prisión. Una propuesta de ese calado no es ni mucho menos habitual, aunque el Código Penal prevé que los propios tribunales que dictan sentencia puedan solicitar la medida de gracia cuando, en función del “mal causado” y de las circunstancias personales del condenado, la pena resulte “notablemente excesiva”.

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