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España

Ruptura de consensos en el debate fiscal

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Ciudadanos ante una oficina de Hacienda para realizar la declaración de la renta.
Ciudadanos ante una oficina de Hacienda para realizar la declaración de la renta.Manuel Casamayón

Tras las elecciones madrileñas de 2019, las primeras en las que Vox consiguió representación en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, su cabeza de lista, hizo unas declaraciones en las que anunció las condiciones de su partido para apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta: “Tenemos como prioridad evitar las políticas del consenso socialdemócrata de cualquier partido”. Las palabras iban dirigidas a los partidos de derecha y centro-derecha a los que se les acusaba, muy especialmente al PP, de haber asumido como suyas las políticas redistributivas propias de la socialdemocracia, tradicionalmente defendidas por los partidos socialistas.

¿Qué hay de cierto en estas acusaciones? Pese a que el PP sea un partido conservador, he defendido muchas veces que sus votantes son, o más bien eran, socialdemócratas. Con ello, pretendía ilustrar un dato que siempre me ha llamado la atención: cuando en las encuestas se preguntaba si se prefiere pagar más impuestos para obtener mejores servicios públicos, las respuestas de los votantes del PP se situaban siempre en posiciones sorprendentemente cercanas a las de los votantes del PSOE: por término medio, tanto unos como otros estaban dispuestos a aceptar más carga fiscal a cambio de mayores prestaciones sociales. El consenso ciudadano en torno a la redistribución, por tanto, fue característico del periodo del bipartidismo, empujando a los partidos, especialmente al PP, a dar la batalla en asuntos ajenos a los puramente redistributivos (sobre todo el terrorismo de ETA y la cuestión territorial).

Con el surgimiento de Vox y Podemos, el debate en torno a la fiscalidad se ha polarizado, como bien han mostrado los politólogos Luis Miller y Mariano Torcal. Por un lado, los nuevos partidos ocupan posiciones más extremas y, por otro, la presencia de nuevos partidos supone una presión importante para los dos grandes, que tratan de neutralizar a los competidores alejándose de las posiciones centrales, es decir, moviéndose hacia posiciones ligeramente más redistributivas el PSOE y marcadamente más liberales el PP. Esta es la fotografía que retrata la encuesta de 40dB. para El PAÍS y Cadena SER. Si en 2016, según datos del CIS, en una escala de 0 a 10 sobre impuestos y servicios sociales, los votantes de las dos principales fuerzas políticas se distanciaban de media tan solo 0,25 décimas, ahora les separa casi 1,2 puntos. En buena medida, el consenso socialdemócrata en torno a la fiscalidad se ha roto.

El estudio que hoy se presenta deja además algunos datos preocupantes. Hemos querido preguntar por los comportamientos de los entrevistados con respecto a la fiscalidad: si en la vida cotidiana cometen fraude o si conocen a personas más o menos cercanas que lo hagan. Pues bien, de los siete ítems contemplados, los votantes de Vox se distinguen del resto de electores, incluidos los del PP, en cinco de ellos: confiesan en mayor medida comprar o contratar productos o servicios sin pagar el IVA, pagar en negro a empleados para ahorrarse la seguridad social, alquilar o subarrendar a alguien un inmueble sin contrato, simular un cambio de residencia a otra comunidad autónoma para pagar menos impuestos y comprar productos piratas o descargarlos gratuitamente (en este último, también los de Unidas Podemos).

Por supuesto, no se puede descartar que los electores de Vox no sean en realidad más defraudadores: podría ser que fuesen solo más sinceros que los de otros partidos políticos. Sin embargo, ya sea porque los votantes de Vox cometan más fraude fiscal o porque tengan menos reparo en confesar lo que en realidad otros hacen sin decirlo, lo cierto es que sus respuestas muestran que en sus círculos sociales no está tan mal visto defraudar a Hacienda.

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A mi modo de ver, esta es la peor noticia que trae este barómetro. La polarización en torno al debate fiscal no es necesariamente incompatible con ciertos niveles de redistribución: se puede diferir en los planteamientos ideológicos y llegar a acuerdos en las políticas. Sin embargo, la confesión, sin complejos, del fraude fiscal es reflejo o bien de que no se cree en la solidaridad o bien de que no se cree en la capacidad del Estado para hacer justicia social. Ya sea por insolidaridad o por puro cinismo político, la ruptura del consenso socialdemócrata en torno a la fiscalidad nos hace, como sociedad, peores.

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Los nuevos ministros de Industria y Sanidad toman posesión de sus cargos este martes

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Los nuevos titulares de Industria, Héctor Gómez, y de Sanidad, José Manuel Miñones, han tomado este martes posesión de sus carteras en el palacio de La Zarzuela. En el acto, previsto para las nueve de la mañana, Gómez y Miñones han prometido su cargo ante el Rey, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Justicia, Pilar Llop, también notaria mayor del Reino.

A las 9.45, está previsto que se celebre el acto de intercambio de carteras entre José Manuel Miñones y la ministra saliente, Carolina Darias, en la sede del Ministerio de Sanidad, al que han anunciado que asistirán la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Justicia; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Después, a las 10.30, intercambiarán sus carteras el nuevo ministro de Industria con su predecesora. Al acto de Héctor Gómez y Reyes Montoro asistirán los mismos miembros del Ejecutivo que al de Sanidad, salvo Yolanda Díaz, y se sumará el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Más tarde, Gómez y Miñones asistirán a su primera reunión del Consejo de Ministros, en el palacio de La Moncloa, que está previsto que comience a las 11.30.

El nuevo ministro de  Sanidad, Consumo y Bienestar, José Manuel Miñones, jura o promete su cargo ante el rey Felipe en un acto celebrado este martes en el Palacio de La Zarzuela.
El nuevo ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar, José Manuel Miñones, jura o promete su cargo ante el rey Felipe en un acto celebrado este martes en el Palacio de La Zarzuela. Chema Moya (EFE)

Héctor Gómez, nuevo titular de Sanidad, es la figura más conocida de las dos nuevas incorporaciones al Ejecutivo por haber sido, aunque por un tiempo que no llegó al año, el portavoz del grupo socialista en el Congreso hasta su sustitución por Patxi López en julio de 2022. Antes de su paso por la portavocía, el político tinerfeño, de 45 años, fue director de Turespaña, el organismo encargado de la promoción en el exterior de España como destino, entre 2018 y 2019.

Menos conocido en el ámbito nacional es el nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, de 50 años, que era hasta ahora delegado del Gobierno en Galicia. Licenciado en Farmacia, ejerció de docente de química física en su lugar natal, Santiago de Compostela, escribe novelas y fue alcalde del municipio coruñés de Ames (32.000 habitantes). Miñones se significó a favor de Pedro Sánchez ya desde la época en que el presidente del Gobierno aspiraba a liderar el partido en España.

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Las ministras cesan por sus candidaturas al Ayuntamiento de Madrid y el de Las Palmas en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

La candidatura de Reyes Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 49 años) al Ayuntamiento de Madrid se conoció el pasado 14 de noviembre, tras confirmarlo fuentes socialistas a EL PAÍS. Maroto está muy vinculada a la federación socialista madrileña desde hace casi una década y su nombre se manejaba como el más probable desde días antes de conocerse que encabezaría las listas a las municipales por la capital de España. Su nombramiento responde a la intención de Ferraz y La Moncloa de presentar “un proyecto serio y comprometido con la ciudad para los próximos 10 años”, según fuentes del PSOE. Madrid no ha tenido ningún alcalde socialista desde 1989.

Días después de conocerse la candidatura de Maroto se anunció que Carolina Darias (Las Palmas de Gran Canaria, 57 años) sería la candidata del PSOE a la alcaldía de su ciudad natal, donde empezó su carrera política, como concejala, en 1999. El actual regidor de la ciudad grancanaria, Augusto Hidalgo, está en el cargo desde 2015 y en las elecciones del 28 de mayo, en la que también se dirime la composición de los cabildos insultares, optará a presidir el de Gran Canaria. Darias ya ocupó la cartera de Política Territorial, hasta que Pedro Sánchez le dio la cartera de Sanidad tras la marcha de su predecesor en Sanidad, Salvador Illa, que concurrió a las elecciones catalanas de febrero de 2021 como candidato por el PSC.

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Ángel Corpa: “Decir que hay la misma censura que con Franco es una estupidez”

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Ángel Corpa, fundador del grupo Jarcha, con el que interpretó algunos de los himnos de la Transición, como Libertad sin ira, ha decidido, a los 70 años, dar el salto a la política para presentarse a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo por una de las candidaturas de la plataforma de la España Vaciada, Cuenca ahora. Tras cuatro décadas trabajando y viviendo en Andalucía, en 2009 decidió volver a su pueblo, Barajas de Melo, para acompañar a su madre en sus últimos años de vida. La localidad conquense tenía en los cincuenta casi 2.500 habitantes y hoy son menos de mil.

Pregunta. La política atraviesa una crisis de reputación: quienes deberían aportar soluciones aparecen periódicamente señalados en el CIS como uno de los principales problemas del país. ¿Se lo ha pensado bien?

Respuesta. Se ha perdido el sentido común y la búsqueda del bien común ha pasado a un segundo plano porque en muchas ocasiones los políticos están mucho más a buscar su continuidad que a resolver los problemas reales. El lenguaje que emplean, las actitudes… tampoco ayudan a generar un ámbito de sosiego para encarar codo con codo los problemas. Si cada uno tira de un lado, lo rompemos.

P. ¿Y cómo le convencieron? ¿Le costó decir que sí?

R. Aquí querían instalar una macrogranja de cerdos y creamos una asociación de vecinos, pusimos dinero para contratar a un abogado y tratamos de paralizarlo. Entendíamos que la gente se iría, las tierras y las casas se devaluarían, y se seguiría vaciando la España vaciada. Ahí empezó la política. En un pleno del Ayuntamiento nos dimos cuenta de que nadie defendía nuestra postura y nos planteamos hacer una candidatura alternativa, una agrupación de electores. Para eso necesitábamos que 15 personas del pueblo dieran la cara, pero solo encontramos ocho. Nadie quería significarse y a mí eso me puso los pelos de punta. Entonces apareció en nuestras vidas Cuenca Ahora, que nos dio el paraguas que necesitábamos. Hace unos meses nos reunimos en Tarancón, me explicaron que eran un partido transversal, sin ideología, más allá de defender lo nuestro, nutrir a la España vaciada, que haya las mismas oportunidades, ya que pagamos los mismos impuestos que todos. Me dijeron que mi perfil podía aglutinar a gente, me lo pensé unos meses y al final, animado por mi hijo, dije que sí. Mi trabajo tenía algo que ver con el servicio, he tenido ese privilegio. La música es tratar de hacer feliz a la gente.

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P. ¿Ya tiene Twitter?

R. Ni tengo ni pienso tener. Sé que los políticos tienen una serie de rutinas, pero no quiero entrar en ellas. La vida es otra cosa.

P. Dejó Jarcha en 1997, después de 25 años, porque, según explicó en una entrevista en EL PAÍS, “con el tiempo se fue apartando de sus postulados iniciales”. ¿Son más cainitas los grupos musicales o los partidos políticos?

R. Los grupos no son una balsa de aceite, pero creo que hay mucho más cainismo en los partidos políticos. El último año de Jarcha fue muy feo en cuanto a relaciones, egos, se ponía en cuestión cada cosa… Si empezamos a discutirlo todo, que es lo que le pasa a los políticos, no avanzamos.

P. Ya tiene entonces esa mili hecha.

R. A mí no me gusta perder el tiempo. Yo viví en primera persona la Transición, que me parece un éxito, porque las mejores cabezas de este país tiraron del carro y le dieron la vuelta: de la dictadura pasamos a una democracia con un gobierno socialista. Luego hubo un éxodo: el abogado volvió a su bufete, el ingeniero, a su estudio… y en política se quedó mucha gente que no tenía dónde ir. Eso se ha ido acrecentando con el tiempo. En el Parlamento hay mucha gente que se ha criado en la política y el entretenimiento está suplantando a la cultura.

P. ¿Siguió la moción de censura? ¿Le sorprendió que Ramón Tamames, uno de los personajes de la Transición, fichara por Vox?

R. Me ha parecido un circo. Que Tamames, con el prestigio que tenía, viniendo de donde venía, tirara todo por tierra y blanqueara a un partido como Vox me parece tremendamente patético. Creo, además, que el Parlamento no está para eso.

P. Antes de los conciertos tenían que entregar sus letras a la censura. Recientemente, han sido muy polémicas unas declaraciones de Mario Vaquerizo comparando la situación actual con el franquismo. Dijo: “Me siento identificado con mis abuelos, no puedes decir lo que piensas”. ¿Lo comparte?

R. No sé quién es Mario Vaquerizo.

P. Un cantante, marido de Alaska…

R. A nosotros nos han prohibido canciones, nos han prohibido actuar, nos han puesto multas… No creo que hoy corras esos riesgos en España por decir lo que piensas. No sé por qué dicen eso, ellos sabrán. Me parecen estupideces.

Ángel Corpa, en el estudio de su casa de Barajas de Melo (Cuenca).
Ángel Corpa, en el estudio de su casa de Barajas de Melo (Cuenca). Luis Sevillano

P. Al principio, el Régimen censuró Libertad sin ira, aunque luego rectificaron.

R. Sí, cuando salió la canción se prohibió, supongo que por cierta inercia, porque salía la palabra libertad, que seguramente les sonaba mal. La canción vertebraba la campaña de lanzamiento de Diario 16, que imagino que movería sus contactos y a las dos semanas nos llamaron de TVE para que fuéramos a cantarla en el telediario, delante del ministro de Trabajo, Fernando Suárez, como dando fe que había sido un error burocrático. Aquella canción tenía el mensaje justo en el momento justo, por eso tuvo tanto éxito, que es algo que se ve a posteriori. Sirvió para expresar todo lo que bullía en las cabezas de la inmensa mayoría del pueblo español. Y fue muy emocionante cuando, 21 años después, de manera espontánea, la gente empezó a cantarla en las manifestaciones por Miguel Ángel Blanco. De todo lo que he hecho en 50 años, más de 4.500 conciertos, contribuir a que una canción ocupe el puesto que ocupó Libertad sin ira es lo más extraordinario. Por eso me fastidia mucho que ahora, por ejemplo, la pongan en actos de Vox. No tienen vergüenza. Colonizan todo lo que pillan.

P. ¿Qué sentía cuando les prohibían una canción?

R. Era muy frustrante. Teníamos que llevar las letras a la Dirección General de Información y Turismo. El censor iba tachando versos, y de una canción de 40 podía quitar 10. Después, nosotros decidíamos cantarla igual y asumir las consecuencias o quitarla entera y hacer otra. Una vez nos prohibieron cantar Nuestra Andalucía en un concierto en Puertollano y lo que hicimos fue imprimir la letra, repartirla entre el público y que ellos la cantaran mientras nosotros tocábamos. Fue muy bonito.

P. Abandonó Jarcha, pero continuó en la música. ¿Fue difícil mantenerse?

R. En muchos momentos he pensado: ¿para qué me he metido yo aquí? Ha habido bajones, momentos de carencia, de pasarlo muy mal económicamente, pero al final han sido grandes lecciones porque cuando los superas encuentras más sentido a lo que haces. Yo llevo 50 años en esto y me sigo sorprendiendo, me voy a morir aprendiendo.

Ángel Corpa, el pasado viernes en la ruta de Donace, en Barajas de Melo (Cuenca).
Ángel Corpa, el pasado viernes en la ruta de Donace, en Barajas de Melo (Cuenca). Luis Sevillano

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Los vocales progresistas estudian si su dimisión provocaría la parálisis del Poder Judicial

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Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están estudiando si una eventual renuncia colectiva a sus cargos supondría una paralización efectiva del órgano de gobierno de los jueces. Lo van a debatir este martes, en la reunión que tienen preparada para la tarde, con objeto de analizar cómo orientar sus pasos ante el pleno convocado para el próximo jueves. La posibilidad de una dimisión en bloque sigue estando en el aire y de hecho no se ha tratado a fondo entre ellos. Los contactos de estos días previos a dicho pleno han de servir para comprobar si existe realmente una posibilidad de que la marcha de ocho integrantes del Consejo —los que suma el grupo progresista, contando a Enrique Lucas, que algunas veces se ha desmarcado— iba a generar una situación que obligase al PSOE y al PP a retomar sus negociaciones, para no dejar al Poder Judicial sin gobierno y a la deriva.

La renuncia de la vocal Concepción Sáez, nombrada a propuesta de IU, abrió la posibilidad de que hubiera otras dimisiones en el grupo progresista del Consejo. El vocal Álvaro Cuesta, designado a iniciativa del PSOE, se mostró partidario de explorar esta posibilidad. Pero se trata de una hipótesis que sigue sobre la mesa sin que haya avanzado en los últimos días. El único compromiso entre los miembros del citado sector es el de reunirse este martes y estudiar las consecuencias de una medida de este tipo. Hay vocales progresistas que a priori no ven en una salida colectiva solución alguna para el bloqueo que sigue planteado para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Pero todos se han dado garantías de su disposición a discutir el asunto. Ello incluye a los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas y Enrique Lucas, en principio contrarios a dichas renuncias.

En todo caso, en los contactos previos a la reunión de hoy ha perdido cierta fuerza la idea de la dimisión en bloque. El propio Álvaro Cuesta ha hablado de que una renuncia es por su propia naturaleza una decisión individual. Y además, tiene que ser aceptada por el presidente suplente del Consejo, Rafael Mozo. No basta, por tanto, con presentarla. De ahí que se subraye la hipótesis de dimisiones individuales, sin necesidad de definir esas renuncias como una estrategia de bloque. Ahora bien, para que las renuncias tuvieran alguna consecuencia y efectividad sería preciso que el número de salidas del órgano de gobierno de los jueces hiciera inviable la reunión de su pleno, que requiere un quórum de 11 vocales.

De ahí que la discusión esté centrada ahora en cómo explicar las dimisiones, si se producen, y en cómo conseguir que puedan conducir realmente a la renovación del Consejo del Poder Judicial. Esta es la cuestión esencial y puede acabar frenando las renuncias. Entre los vocales progresistas hay quienes están convencidos de que su marcha sólo iba a favorecer que el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces se hiciera con las riendas de la institución. Y que desde esa posición permaneciera a la espera de que una hipotética victoria del PP en las próximas elecciones generales condujera a la derogación de la reforma legal que prohibió los nombramientos de altos cargos judiciales, para efectuarlos eligiendo a jueces más o menos afines.

La idea de la dimisión en bloque, por tanto, tampoco gana terreno por este lado. Al mismo tiempo, entre los vocales progresistas también hay quien está convencido de que un Consejo que mantuviera sólo los diez vocales de procedencia conservadora no podría desarrollar ni las mínimas funciones, lo que conduciría indefectiblemente a que el Parlamento tuviera que tomar medidas ante una situación de emergencia. Pero de momento no hay seguridad sobre qué camino tomar y cómo resolver el dilema. El objetivo común en dicho grupo no es poner en práctica la opción del “cuanto peor, mejor”, sino comprobar si hay margen para desatascar la situación del Consejo y evitar que esta legislatura pase a la historia como aquella en que fue imposible renovar el órgano de gobierno de los jueces. En paralelo, entre los conservadores también existe debate, porque algunos vocales de este signo son partidarios de que el Consejo efectúe los nombramientos de magistrados que podrían ocupar plazas del Supremo que fueron convocadas antes de que entrara en vigor la reforma legal para prohibirlos. Un dato este que también actúa como freno para los vocales progresistas partidarios de la renuncia de todos los integrantes de este grupo, por temor a que una decisión de este tipo se volviera contra sus propios objetivos e intereses.

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