El almirante general Antonio Martorell Lacave, jefe del Estado Mayor de la Armada, ha fallecido este viernes en Madrid, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Martorell, de 62 años, ha fallecido en el Hospital Militar Gómez Ulla, donde era tratado de una grave enfermedad. En julio de 2021, fue nombrado máximo responsable de la Marina de Guerra, en sustitución del almirante general Teodoro López Calderón, quien relevó como jefe del Estado Mayor de Defensa al general Miguel Ángel Villarroya, que dimitió a raíz del escándalo provocado por su prematura vacunación de la covid.

Nacido en Bilbao el 22 de agosto de 1960, era el más joven y nuevo de los miembros de la actual cúpula militar. Ingresó en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) en 1979, recibiendo el despacho de alférez de navío en 1984. A lo largo de sus 39 años de carrera, ha sido comandante del dragaminas Miño y del cazaminas Turia, ha estado al frente de la primera escuadrilla de Medidas Contraminas (MCM), de la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas nº 2 de la OTAN y del buque de asalto anfibio Castilla.

Entre sus destinos en tierra, ha sido profesor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, jefe del Taller de Torpedos del Arsenal de Cartagena (Madrid) y ha estado destinado en tres ocasiones en el Estado Mayor de la Armada, además de dirigir el área de la UE dentro de la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio y la Sección de Ejercicios en el Cuartel General Conjunto de la OTAN en Nápoles. Diplomado en Estado Mayor y especialista en Armas Submarinas, ha realizado numerosos cursos tanto en España como en la UE y la OTAN.

Entre marzo y octubre de 2019 dirigió la Operación Atalanta de la UE de lucha contra la piratería en el Índico y, a continuación, tomó el mando del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad. En mayo de 2020 fue nombrado almirante de la Flota. Posee la gran cruz del Mérito Naval y la de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y otras doce condecoraciones militares nacionales y extranjeras.

“Es un día muy triste para el Ministerio de Defensa, para la Armada y para todas las Fuerzas Armadas”, ha indicado una portavoz de Defensa, quien ha añadido que la ministra Margarita Robles ha dado ya el pésame a los familiares del almirante. El súbito fallecimiento del jefe de la Armada obligará a la ministra a buscarle un sustituto, retocando una cúpula militar que pensaba mantener hasta el final de la legislatura.

Una cuadrilla de 12 hombres se deslomaba día tras día en los viñedos de Villanueva de Duero (Valladolid, 1.200 habitantes), una localidad cercana al río Duero que vive de las uvas. Al frente del grupo, un hombre que ha sido detenido por explotar laboralmente al equipo en jornadas “maratonianas sin horario establecido” y “a destajo”, según ha informado la Policía Nacional. Tanto los trabajadores como el arrestado son de nacionalidad rumana y, al contrario que en muchos de estos casos de abuso laboral sobre extranjeros, los jornaleros tenían los papeles en regla. El jefe fingía ser un empresario, aunque no tenía ningún tipo de documentación como empresario o autónomo, para proporcionar mano de obra en el campo y ejercer como intermediario entre agricultores locales y los empleados que tenía en pésimas condiciones.

La actuación policial se ha denominado “Operación Panas” y se ha organizado entre la Policía Nacional de Valladolid y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las pesquisas se iniciaron en septiembre del año pasado y se ha saldado con esta detención por un delito contra los derechos de los trabajadores desde la falsa posición de intermediario de “prestación de servicios agrícolas”, tal y como ha informado la Policía en nota de prensa. El 14 de septiembre una inspección en un viñedo de Villanueva de Duero sirvió para localizar e identificar a la docena de jornaleros “faenando bajo las órdenes de un empresario de origen rumano, quien actuaba de intermediario entre agricultores y trabajadores para proporcionar mano de obra en el campo”. Pronto descubrieron que era una falsa coartada y que no estaba dado de alta en el sistema de empleo así que ni cotizaba ni pagaba a la Seguridad Social.

El sujeto se hallaba en el lugar de la intervención policial y primero admitió ser “encargado y responsable” de la plantilla, que también carecía de contrato ni presencia en la Seguridad Social. Tras esta primera versión, dijo ser un trabajador más y apuntó al propietario de las tierras y trató de hacer creer que normalmente esta persona “contrataba directamente a los jornaleros” pero que en esta ocasión “debido a las circunstancias climatológicas precisó mano de obra de manera inmediata, lo que le llevó a contactar con él como intermediario”.

Los 12 hombres identificados también son rumanos. En contra de lo habitual en esta clase de operaciones, sí tenían en regla su permiso de residencia y empleo en España. Por tanto, “no existía ningún impedimento legal para su contratación y tramitar su alta como trabajadores en el sistema de la Seguridad Social”. Además de mantenerlos de forma irregular, el grupo no tenía horarios, trabajaba “a destajo” en “jornadas maratonianas” e iba siendo desplazado por distintas zonas agrarias para trabajar casi sin descanso. El supuesto empresario, que ha quedado en libertad con cargos, también les daba alojamiento en un municipio de la provincia vallisoletana del que la policía no ha dado más detalles y allí les daba un pírrico salario, dado que les recortaba gastos de vivienda, suministros, manutención y de transporte al lugar donde tuvieran que desempeñarse durante la jornada.

La Audiencia de Almería ha condenado a cinco años y tres meses de prisión a Juan Enciso, quien fue alcalde de El Ejido (Almería, 87.500 habitantes) durante 20 años, por el caso Poniente, una trama de corrupción que esquilmó las arcas municipales en favor de intereses privados. Enciso, quien gobernó el municipio entre 1991 y 2011, cuando fue detenido por este caso, ha sido hallado culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, según la sentencia hecha pública este viernes. El tribunal ha condenado a 32 de los 47 enjuiciados. Entre ellos se encuentra José Alemán, exinterventor municipal, quien ha recibido una pena de siete años y medio por malversación y cohecho. La decisión judicial, contra la que cabe recurso ante el Supremo, llega casi 16 años después de la denuncia por corrupción presentada por IU-Los Verdes. El tribunal ha determinado que el municipio sufrió un perjuicio económico de 58,8 millones entre julio de 1999 y enero de 2009.

Los magistrados han considerado probado que el exalcalde y el interventor municipal, autorizaban contratos entre el Ayuntamiento y la empresa público-privada de servicios municipales Elsur, a precios desorbitados y abusivos a sabiendas y “haciendo caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control de los fondos públicos”. Elsur estaba participada por el Ayuntamiento al 30% y por una filial de Abengoa en el 70% restante.

El fallo subraya que, como alcalde y miembro del consejo de administración de Elsur, Enciso fue “perfecto conocedor” de las actividades ilícitas y de los entramados empresariales que se beneficiaban de la empresa mixta y del “lucro ilícito obtenido por el socio privado” por “ficticios servicios de apoyo a la gestión por los que facturaban ingentes cantidades”, en “connivencia” con Alemán, entonces interventor municipal.

Un ejemplo de esos abusos, narra la sentencia, es el canon anual que el Ayuntamiento debía abonar a Elsur por hacerse cargo de la conservación del pavimento, alcantarillado, distribución de agua y su depuración, alumbrado, conservación de parques, jardines y zonas verdes entre otras funciones. La previsión de ese canon para el periodo 1996 a 2008 era de 47,9 millones de euros, pero, según el tribunal, acabó multiplicada por 3,5 hasta alcanzar los 171,6 millones. También otros servicios que se facturaban aparte tenían un factor de multiplicación desmedido. La previsión de obras y servicios, por ejemplo, entre los años 2002 y 2008 era de casi 21 millones de euros, pero Elsur acabó facturando casi 39 millones. Estas diferencias entre lo previsto y lo finalmente facturado al Ayuntamiento es lo que el tribunal valora en 58,8 millones de euros de perjuicio. Parte de ese dinero, explican los magistrados, salía del consistorio para volver a los ahora condenados.

Enciso llegó a la alcaldía con el PP, pero lo abandonó la víspera de su expulsión y creó su propia formación, el PAL (Partido de Almería) en 2005. La policía registró el Ayuntamiento de El Ejido y la sede del PAL en octubre de 2009. El regidor del PAL pasó ocho meses en prisión provisional antes de quedar libre bajo fianza. El actual alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP) ha señalado que harán todo lo posible por recuperar “la mayor parte posible” de los 58 millones que estima la resolución judicial, informa Efe.

Con respecto al interventor municipal, la sentencia considera que “no solo hizo dejación de funciones”, sino que “permitió, a cambio de grandes prebendas económicas, que los hechos enjuiciados tuvieran lugar”. José Alemán, según el tribunal, “constituyó” directamente o por medio de familiares empresas con las que lucrarse “ilícitamente y así obtener fuertes ingresos” que han sido invertidos en crear “un importante patrimonio inmobiliario”, además de vehículos de alta gama, valores mobiliarios y gastos de lujo. De esta manera, según la resolución, llegó a percibir por diferentes vías cerca de 7,5 millones de euros. La esposa del exfuncionario también ha sido condenada a tres años y ocho meses de prisión, además de una multa de 431.00 euros por blanqueo de capitales.

El exalcalde, indica la sentencia, creó una sociedad en la que ingresaron 671.000 euros, aunque “no se ha acreditado que dichos pagos encubrieran donaciones o comisiones ilícitas” en su condición de regidor municipal y tampoco “se ha conseguido prueba suficiente del enriquecimiento personal”.

El jefe del Área de Parques, Jardines y Edificios Públicos entre 1996 y 2003, que luego se convirtió en director de Explotación y Producción de Elsur, José Amate, ha sido condenado a cinco años de prisión y multa de 58.000 euros por cohecho. La resolución recoge que aprovechó su cargo para subcontratar servicios que Elsur debía prestar directamente. Según el tribunal, acudió a empresas que estaban dirigidas por su familia, como yernos y otras personas de confianza. Estos tejemanejes, dice la sentencia, permitieron a Amate ingresar más de 24 millones de euros. Su mujer, sus tres hijos y sus dos yernos también han sido condenados por malversación a 3 años y 4 meses de prisión y 9 de inhabilitación cada uno.

Casi 14 años después de la entrada de la policía en el ayuntamiento de El Ejido, todas las cifras se han visto reducidas, tanto las reclamaciones de penas, como la estimación de dinero desviado. Al comienzo del juicio, en enero de 2020, la Fiscalía solicitaba penas de cárcel que sumaban 1.545 años para el casi medio centenar de procesados y multas por 884 millones de euros. La petición para el exalcalde y el exinterventor era de 64 años de prisión para cada uno y se han quedado en algo más de cinco y de siete respectivamente. La mayor petición de pena era para José Amate, antes responsable de jardines y luego directivo de Elsur, para quien se solicitaban 97 años y que han quedado en cinco. El dinero defraudado se estimaba al inicio del juicio en 71 millones y finalmente han sido 12 menos.