España
“Bruja”, “furcia”, “mujer de”: la otra cara de la paridad


Al borde de las lágrimas, Jacinda Ardern, de 42 años, anunció el pasado 19 de enero que renunciaba a su cargo de primera ministra de Nueva Zelanda sin más planes en el horizonte que “pasar más tiempo con la familia”. “Sé lo que se necesita para hacer este trabajo, y sé que ya no tengo la suficiente energía para hacerlo bien. Es así de sencillo”, dijo. ¿Lo es? El feminismo, ha afirmado la filósofa Celia Amorós, no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, sino los motivos. Helen Clark, primera ministra neozelandesa entre 1999 y 2008, ha asegurado que Ardern afrontó “un nivel de odio y veneno sin precedentes” durante su mandato. “La gente quiere una primera ministra, no una modelo”, explicó un hombre de 66 años que inició una campaña en redes contra ella. “Demuestra que eres más que un lápiz labial en un cerdo”, le pidió públicamente un economista. ¿Se fue Jacinda Ardern o la expulsaron? Sus expectativas electorales no eran buenas. ¿La empujó el partido? ¿Su entorno? ¿Pronunciaría un hombre un discurso similar?
Cualquier renuncia al poder despierta curiosidad, sospechas. En el caso de Ardern, quien en 2017, con 37 años, se convirtió en la mujer más joven en dirigir un Estado, abre, además, un debate: ¿Es más duro ser política que político? ¿Reciben ellas el mismo trato que sus colegas hombres? Los datos afirman que en España se ha avanzado hacia la paridad —hoy hay 14 ministras (60,87%) en el Gobierno; cuatro presidentas (21,05%) y 94 consejeras autonómicas (48,7%); 149 diputadas (42,69%); 82 senadoras (39,42%) y 1.806 alcaldesas (22,26%)— pero no tanto en igualdad. Si logran un acuerdo, a veces se dice que están liadas con su interlocutor. Solo ellas pueden ir demasiado bien vestidas o poco arregladas. Solo ellas engordan. Solo ellas pierden el apellido —Soraya, Maleni, Yolanda…— cuando entran en política. El método es viejo —el socialista Alfonso Guerra llamó a Soledad Becerril, primera ministra desde la II República, “Carlos II vestido de Mariquita Pérez”; la primera vez que Carmen Alborch, fallecida en 2018, entró en el hemiciclo, un grupo de diputados silbó como si acabara de pasar por delante de una obra—, pero sigue vigente. Políticas de diferentes épocas, ámbitos territoriales y partidos revelan a EL PAÍS ejemplos diarios de esa diferente vara de medir que a veces las ha llevado a pensar en tirar la toalla como acaba de hacer la primera ministra de Nueva Zelanda.

Yolanda Díaz (vicepresidenta del Gobierno por Unidas Podemos y líder de la plataforma Sumar). “A todas nos han hecho titulares sobre nuestro físico. Es agotador”. Iba con su hija cuando un grupo de hombres del sector taurino aporreó su coche en julio de 2020 y le gritó: “¡Golfa de mierda!”. Un medio de comunicación decidió recientemente que una foto suya haciéndose la pedicura era noticia. “A todas las mujeres políticas nos han hecho titulares sobre nuestro aspecto físico, nuestra ropa, nuestros hijos, nuestro moreno, nuestras uñas… A mí me han llamado fea, rubia…, han dicho que saco adelante los acuerdos porque era pareja de uno, me han tratado con condescendencia, sobre todo al principio, e incluso ahora constantemente me dicen lo que tengo que hacer. Es agotador”, explica la vicepresidenta segunda del Gobierno, de 51 años. Preguntada por cómo le afectan esos ataques y si alguna vez pensó en dejarlo, afirma: “No es debilidad asumir que la política es difícil y más cuando te juzgan por cuestiones que nada tienen que ver con tu trabajo, pero estas cosas dan más fuerzas para seguir, para cambiar este mundo y seguir abriendo caminos, como los abrieron otras mujeres por nosotras”.
«Cerda», «golfa» y «roja de mierda» gritan mientras golpean salvajemente el coche de la ministra @Yolanda_Diaz_.
Todo nuestro apoyo a Yolanda ante los insultos, amenazas y ataques sufridos hoy en Toledo por parte de la ultraderecha. pic.twitter.com/cGP107RjI9
— Podemos (@PODEMOS) July 24, 2020
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Díaz siente “total empatía” por Ardern. Ve en su renuncia “un reconocimiento de vulnerabilidad”, pero también “un mensaje valiente a la sociedad”. “No conozco ningún primer ministro que haya dimitido por ese motivo, y creo que un hombre en esas circunstancias nunca habría recibido los comentarios que ella recibió. Seguramente se hablaría de responsabilidad o de conflicto de poder. Eso demuestra que queda mucho por avanzar en feminismo en política y que los hombres se pierden muchas cosas”, dice. Cree que no solo hay un diferente trato, sino distintos estilos. “Las políticas feministas huyen del lenguaje bélico. Buscamos alianzas en lugar de competir por todo y se avanza mucho más así. Curiosamente, esto le ha pasado a Ardern en pandemia por dirigir con un estilo diferente. Nos rebelamos ante la idea de que no se pueda ser las dos cosas a la vez: empáticas y fuertes”.
Para Díaz, los ataques son más frecuentes y más duros cuando las políticas abordan asuntos relacionados con la igualdad: “Es evidente que el feminismo genera una especial reacción virulenta en la extrema derecha. Incluso se niegan problemas de máxima gravedad como la violencia machista o se exige la eliminación de un ministerio específico. No hay una receta única ni infalible para combatir todo esto, pero contar su programa oculto [el de la extrema derecha] es destapar su verdadera cara”. Mirando atrás, la vicepresidenta opina que se ha “mejorado” pero “queda mucho por hacer”. “Me gustaría ver más feminismo en los discursos y en las políticas, más aliados. Ver a una mujer feminista como presidenta y a más mujeres en los cargos de representación pública”.
Inés Arrimadas (diputada y expresidenta de Ciudadanos). “Me desearon una violación en grupo”. “Empatizo completamente con la primera ministra de Nueva Zelanda, me pongo en su piel”, afirma la expresidenta de Ciudadanos, de 41 años. Y añade: “Llega un momento en que no se puede con todo. Ella ha sido madre durante el mandato y se habrá sentido culpable muchas veces. La entiendo perfectamente y, sinceramente, no me imagino a un hombre en esa situación. A ellos nunca les preguntan qué baja se van a coger cuando son padres ni cómo se apañan para ser padres y políticos. Yo me cogí dos bajas de maternidad de seis semanas y algunos me echaron en cara no haber estado más presente en el Congreso y otros que era muy poco tiempo de baja y que eso lanzaba un mensaje muy malo a la sociedad. Es imposible acertar. Te van a juzgar siempre y por todo”.
“A mí me han llamado puta y una mujer llegó a desear que me violaran en grupo en un mensaje de Facebook que tuvo muchos likes —la autora del mensaje fue condenada a cuatro meses de cárcel—”. Preguntada por cómo se siente ante ese tipo de ataques, responde que le dan, sobre todo, “pena y rabia” y que no han tenido que ver en su renuncia a la presidencia de Ciudadanos.
Arrimadas no cree que las mujeres tengan un estilo propio de hacer política y advierte contra los discursos que considera contraproducentes. “Por supuesto que hay que alzar la voz y decir que no recibimos el mismo trato, pero no todas las críticas a mujeres son machismo. No es lo mismo que te llamen incompetente a que te llamen puta. Y me molesta mucho la doble vara de medir. Hablar del marido de Irene Montero es ‘violencia política’, pero su marido decía que Ana Botella estaba ahí por ser mujer de Aznar. Y eso es dinamita para los avances del feminismo. Intentar patrimonializarlo, también. A mí, el PSOE y Podemos intentaron expulsarme de la manifestación del 8-M. Cuando se cae en eso, retrocedemos, porque esa gente a la que hay que convencer, de repente, lo único que ve es sectarismo. El feminismo no tiene que ser una ideología, sino un principio transversal”. Para combatir el machismo en la política, Arrimadas considera que lo primero que hay que hacer es aumentar la presencia de las mujeres: “Que se nos vea, que se normalice el poder femenino, ir haciendo conquistas por consolidación, demostrando que se puede ser madre y liderar un proyecto, por ejemplo”.

Soledad Murillo (ex secretaria de Estado de Igualdad). “Los partidos tienen estructuras cainitas”. “¿Dónde estaba el Partido Laborista cuando atacaban a Ardern? Su dimisión es un fracaso del partido”, afirma esta socióloga y secretaria de Estado de Igualdad entre 2018 y 2020. “Personalmente, ha sido muy valiente, se ha puesto a salvo. Políticamente, la imagen que se da de las mujeres en política es que no aguantan. Pero lo que hay que poner en duda cuando se expulsa a una política innovadora, empática y nada sectaria como Ardern es la estructura cainita de los partidos políticos, que hace que una viva en un carro de combate. Todos los políticos están muy expuestos, pero las armas de destrucción son distintas: no se ataca a los hombres por su vida personal o su aspecto físico. A las mujeres sí y eso hace mucho más daño: cuántos hijos tienes, cuántos kilos de más, por qué estás ahí…”. “Yo no hubiera usado el concepto de familia como lo empleó la primera ministra de Nueva Zelanda”, añade Murillo, de 66 años,“porque refuerza la idea de que la munición que usaron contra ella estaba bien elegida”. “No hay que elegir, hay que señalar la estructura política que te obliga a hacerlo”.
Cuando Murillo trabajaba en la ley de violencia de género, la acusaron de formar parte de una secta. “Me gasté 6.000 euros en denunciar a los responsables y me encontré muy sola”, recuerda. “La agenda feminista genera más sospechas y ataques. Es más fácil estar en Economía que en el Ministerio de Igualdad”, subraya. “Me criticaban las cuotas y yo les decía: pero vamos a ver, si aquí siempre ha habido cuotas, pero territoriales, es decir, intercambio de favores entre varones y barones”. “Todas las mujeres que hemos pasado por la política hemos vivido situaciones de las que habríamos querido prescindir, pero tenemos que entender que decir qué hay que mejorar no es deslealtad al partido. Lo ideal sería generar alianzas entre distintas formaciones y reflexionar en común sobre todo esto, como el edadismo con las mujeres: la experiencia no te salva. O que el poder no soporte la emancipación, el hecho de que no reconozcas permanentemente la deuda contraída. Yolanda Díaz está siendo hostigada por quien la nombró. Se defiende muy bien. Ha recuperado una feminidad que parecía vetada en la política de izquierdas y se ha ganado el respeto porque trabaja mucho”.

Andrea Levy (concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid). “Intentaba parecer mayor”. Levy resta importancia a la renuncia de Ardern: “Las responsabilidades políticas son algo pasajero y a ella se la va a juzgar por el tiempo que estuvo en el poder, no por renunciar a él”, afirma. Sin embargo, no se imagina a un hombre haciendo un discurso como el de la neozelandesa. “Hay un escrutinio diferente hacia las mujeres políticas y en general. Cuando me nombraron vicesecretaria del PP [en 2015, entonces tenía 31 años] no podía poner un pie en la calle sin que comentaran qué novios tenía, cómo vestía, cuánto salía… Importaba mucho más mi vida personal que lo que decía. Durante el procés, sacaron una foto mía un día que estaba muy cansada y otra maquillada en la tele dos días después para decir que me había operado. En mi equipo eran todos chicos y a ninguno lo fiscalizaban como a mí. Se juntaba que era mujer, joven…Yo intentaba modular mi imagen para rellenar esa carencia de algo que no podía ser: mayor. Muchas veces me dolía, pero con el tiempo aprendí a relativizar“. Levy no cree que las mujeres tengan un estilo diferente a la hora de hacer política y subraya que en ocasiones no se ayudan entre ellas. “A veces, entre nosotras tenemos menos empatía”.

Laura Berja (diputada del PSOE). “Cuando me llamaron bruja en el Congreso me quedé impactada”. “A todas nos pasa lo mismo y la gente no es consciente de la gravedad del problema porque el machismo se ha encargado de grabar a fuego la desconfianza en los testimonios de las mujeres”, dice la diputada socialista, de 36 años. “Me dio mucha tristeza ver el discurso de Ardern, la pérdida de tanto capital político. Ese ‘estoy cansada’, ese ‘soy humana’ mostraba un agotamiento muy común en las mujeres políticas, que no dimiten por los mismos motivos que los hombres. El camino para llegar es hostil porque el machismo está muy arraigado en la sociedad y en la política. Nosotras tenemos que hacer renuncias constantemente, hacer el doble para que se nos valore la mitad, y los ataques son tremendos. Cuando el diputado de Vox [Javier Sánchez García] me llamó bruja en mitad del Congreso mientras yo defendía el derecho al aborto desde la tribuna, no me lo podía creer, me quedé impactada. Pero hay ejemplos a diario. Buscan el descrédito personal para inhabilitarnos políticamente. Se cuestiona cómo hemos llegado al puesto, aducen relaciones sexuales para justificar un ascenso, nos hacen sentir como invitadas, como impostoras. Lo que se valora en un político, como la ambición, por ejemplo, en la mujer tiene connotaciones negativas. Y sí, hay días, momentos en que piensas en tirar la toalla porque es agotador. Luego te das cuenta de que es imprescindible que las mujeres estemos ahí para cambiar todo esto y para que la democracia sea verdaderamente representativa”.
Para Berja, los ataques se recrudecen cuando la mujer política habla de determinados temas. “Defender temas de igualdad es muy costoso, te penaliza mucho. A veces parece que están esperando que te calles para hablar de lo que se supone que es relevante, lo que ellos ponen sobre la mesa”. Cree que la única forma de combatir ese machismo es “con políticas públicas y protocolos antiacoso, como el que incluye la ley de libertad sexual para organizaciones sociales y partidos políticos”.
Gloria Martín (concejal de IU-V en Lorca, Murcia). “Tuve que explicarles a mis hijos que un hombre me había llamado tiparraca gorda”. Los ataques machistas no se producen solo en el Congreso o en Madrid. Trascienden partidos y territorios. Hace un año, tras el asalto al pleno de Lorca (Murcia) por un grupo de ganaderos, un camionero compartió en WhatsApp un audio en el que decía que Gloria Martín era “una tiparraca gorda como un tejón”. “Esa es la que de verdad puede explicar cómo funcionan las granjas de engorde de cerdos porque debe de andar por los 200 kilos”, añadía. Antes de que les llegara al móvil, la concejal decidió contárselo a sus hijos. Después localizó al camionero y le llamó. “Le invité a tomar un café, pero nunca se presentó”.
Martín, de 47 años, admite que más de una vez ha pensado en renunciar. “Seguramente, a la primera ministra de Nueva Zelanda no le faltó energía, sino apoyo. La sensación más triste que he tenido en política como mujer es la soledad. Y cuando no te sientes respaldada, te planteas si merece la pena robarle tiempo a tus hijos, enfrascarse en una batalla en la que un día das un paso pequeño y al siguiente retrocedes dos”. También cree que los ataques son peores al hablar de igualdad. “Algunos nos llaman locas. Pero incluso a veces, con mis propios compañeros, noto que el género es un debate que no les interesa tanto”. La concejal, politóloga de formación, aporta una solución: “Llenar la política hasta que los más reticentes aprendan a trabajar con nosotras y a respetarnos; tejer redes de apoyo entre nosotras e involucrar a los jóvenes”.
Elena Candía (candidata a la alcaldía de Lugo por el PP). “Recibí muestras de apoyo tímidas, en privado, de políticas del PSOE”. Abril de 2021, rueda de prensa del presidente de la diputación de Lugo, José Tomé (PSOE). Dice: “Por lo que respecta a la señora Candía, por su vestimenta, con el aspecto de leopardo que llevaba ayer, sinceramente, daba la imagen del vaquero americano que entró en el Capitolio en Estados Unidos”. Fue, recuerda, ella, “muy poco elegante, por ser políticamente correcta”. “Más que un comportamiento machista, para mí pesaba la falta de respeto e incluso de educación, porque leyó un discurso con ese texto, lo que permite interpretar que no era fruto de un debate espontaneo”, apunta. En señal de protesta por lo ocurrido, las diputadas del PP en el Parlamento de Galicia acudieron al siguiente pleno vestidas con estampados de leopardo. Preguntada por si alguna política socialista se había solidarizado con ella, Candia recuerda: “Hubo alguna muestra de apoyo tímida de políticas del PSOE, en privado y sin dejar constancia, lo que quizá evidenciaba temor a represalias”.
Para la gallega, de 44 años, la renuncia de la primera ministra de Nueva Zelanda debe “hacer reflexionar sobre la presión que conlleva la política y cómo acaba afectando física y emocionalmente. Somos seres humanos con familia y sentimientos aunque parezca que se olvida”. Candía cree que “probablemente” un hombre no habría recibido los mismos comentarios que Ardern en su dimisión, aunque afirma que es necesario “hacer un análisis objetivo de las realidades, sea hombre o mujer”. “Yo sigo pensando que los comportamientos son de las personas, las oportunidades, los problemas…. independientemente del género”. Preguntada por si las mujeres que hablan de igualdad o feminismo reciben más ataques, Candía responde: “Todos debemos implicarnos para que no sucedan, reprobarlos con dureza y apostar por un trato igualitario independientemente del sexo, la raza, la opinión o circunstancia social. Son pilares de nuestro Estado de derecho que aplico y defiendo”. Mirando atrás, cree que “se ha avanzado mucho” y que la forma de combatir ese tipo de agresiones es “con educación y oportunidades para que la igualdad sea real y efectiva”.

Carmela Silva (presidenta de la Diputación de Pontevedra, del PSOE). “Todas hemos pensado en tirar la toalla alguna vez”. La veterana socialista, de 62 años, afirma que ha sufrido ataques por ser mujer desde que puso un pie en política e “incluso dentro del partido”. Ha llevado a los juzgados al exconcejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Moraña, Jorge Caldas, del PP, quien la llamó “mala zorra, furcia e hija de puta”-y dimitió- y a un alcalde, Gonzalo Durán, también del PP, que dijo que era “la chacha para todo de Abel Caballero [alcalde de Vigo]”. “Lo denuncié para que mujeres jóvenes no tuvieran que pasar por esto, pero debería haber un tipo penal específico para este tipo de insultos”, dice. En el primer caso, una juez sobreseyó la causa alegando que, “aunque son expresiones soeces, no tienen otro alcance que el de poner de manifiesto la disconformidad”, pero posteriormente otro juzgado lo condenó a un mes de multa. En el segundo, el regidor recibió idéntica sanción por “falta de respeto o menosprecio hacia el principio de autoridad representado por la presidenta de la Diputación de Pontevedra, que excede el normal ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión”.
“Mentiría si dijera que no he pensado en tirar la toalla”, afirma Silva, “creo que todas las mujeres que se dedican a la política lo han pensado en algún momento, pero luego siempre decido que no nos podemos rendir”. “Ardern lleva años sufriendo un acoso sin precedentes con ese tipo de insultos que solo oímos las mujeres. Estamos siempre bajo sospecha y es comprensible que ella no esté dispuesta a sufrir todo eso y a esos horarios interminables, porque las mujeres tienen sentimiento de culpa y ellos no”. Cree que, aunque “no se puede generalizar”, en general, las políticas son “más empáticas que los políticos” y “trabajan mejor en equipo”, y que la única forma de combatir el machismo es “con un discurso diario, políticas públicas y educación”.
[El periódico ha intentado, sin éxito, incluir en el reportaje la opinión de Irene Montero. La ministra de Igualdad ha declinado hacerlo por estar inmersa en la negociación de la reforma de la ley del solo sí es sí].
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España
Interior refuerza a partir del viernes las medidas antiterroristas por la Semana Santa

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El Ministerio del Interior ha anunciado este martes el refuerzo de “las medidas de prevención, protección y respuesta antiterrorista” ante el próximo inicio de la Semana Santa. Según ha detallado el departamento de Fernando Grande-Marlaska en una nota, el operativo se iniciará a las 00:00 horas del próximo 31 de marzo y se extenderán hasta las 24:00 horas del 10 de abril. Interior justifica la medida en “las especiales circunstancias que se dan en Semana Santa” y que se traduce en un “gran número de desplazamientos por todo el territorio nacional y una importante y numerosa participación y presencia de ciudadanos en eventos y actos relacionados con esta celebración”. La iniciativa no es nueva. Es habitual que Interior refuerce el nivel 4 de alerta antiterrorista, “riesgo alto”, sobre los cinco existentes ―en vigor desde junio de 2015― en fechas señaladas, como estas o las Navidades.
El operativo ha sido acordado en la reunión extraordinaria que han celebrado este martes la Mesa de Evaluación de la Amenaza Terrorista, presidida por Grande-Marlaska y se ha plasmado en una orden del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Esta ha sido remitido a las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil, así como a todas las delegaciones del Gobierno donde existan policías autonómicas, para que se las hagan llegar a sus responsables, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que la difusión alcance a los policías locales. También se ha comunicado a las empresas de seguridad privada para que estas también refuercen sus servicios en esas fechas.
El refuerzo se plasmará en un aumento de “la vigilancia y protección de los lugares, espacios y medios de transporte, acontecimientos religiosos, de ocio o lúdicos en general, con alta concentración de personas, así como la vigilancia y protección de los objetivos estratégicos que son imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana”, en referencia a las centrales energéticas, aeropuertos, hospitales y sistemas de suministro de agua, entre otros.
Para ello, Interior ha ordenado aumentar “las medidas preventivas y de vigilancia y de respuesta antiterrorista, así como los controles aleatorios de vehículos y personas, en todos aquellos lugares en los que pueda tener lugar una alta presencia o tránsito de personas, tales como plazas, paseos y grandes vías comerciales”. Idénticas medidas se adoptaran en “acontecimientos de ocio, deportivos o religiosos; edificios, centros o instalaciones emblemáticas con gran presencia de visitantes, y en general todos aquellos lugares o edificios en los que se prevea vayan a producirse especiales concentraciones de ciudadanos”. Estos dispositivos preventivos se intensificarán también “en los grandes centros, infraestructuras e intercambiadores de transportes aéreo, terrestre y marítimo, en particular aquellos que van a soportar una mayor afluencia de ciudadanos y de tráfico”, añade Interior.
La lucha contra el terrorismo yihadista ocupa un lugar destacado en los planes estratégicos de Interior y de los diferentes cuerpos policiales. El pasado septiembre, la Policía Nacional apuntaba en un informe interno al “fortalecimiento” del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) “tras el periodo de debilidad de la coalición internacional a causa de la pandemia” de la covid-19. Para los expertos policiales, en España el principal riesgo lo representan los “terroristas o células autónomas”, como el grupo de Ripoll que cometió los atentados de Cataluña de agosto de 2017. A ellos sumaba “la excarcelación por cumplimiento de condena” de presos yihadistas que pudieran “dinamizar la actividad terrorista en los próximos años”.
El temor de que el yihadismo ponga el foco en la Semana Santa por su carácter religioso no es nuevo. En abril de 2019 fue detenido en Marruecos un presunto terrorista que pretendía atentar en Sevilla durante lestas fechas. Poco antes, los canales utilizados habitualmente por el Estados Islámico habían difundido un vídeo en los que se lanzaban amenazas sobre las procesiones de Sevilla y Málaga. En lo que va de año, la Policía ha detenido en España a ocho presuntos yihadistas y ha participado en el arresto de otros ocho en otros países, principalmente Marruecos. El pasado 25 de enero, la Policía arrestó en Algeciras a Yassine Kanjaa, un marroquí de 25 años, por asesinar a machetazos al sacristán Diego Valencia y herir a otras cuatro personas durante un ataque a dos céntricas iglesias de la ciudad gaditana.
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España
Exteriores suspende la inspección de la Embajada de España en La Haya por su posible ilegalidad

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El Ministerio de Asuntos Exteriores ha suspendido “por prudencia” la inspección que tenía previsto realizar en la Embajada de España en La Haya (Países Bajos), después de que los sindicatos del departamento hayan advertido de su posible ilegalidad. La inspección debía realizarse este mes de marzo, a pocas semanas de conocerse que todo el personal laboral de la Embajada se había solidarizado con una auxiliar que renunció a su empleo denunciando sus condiciones de trabajo. Según Exteriores, la inspección no tenía relación con este conflicto, pues era “de carácter ordinario y estaba programada desde el año pasado e incluida en el plan de inspecciones para 2023″.
Sin embargo, la Subsecretaría del departamento suspendió a última hora la inspección ante la advertencia de Comisiones Obreras, UGT, CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios) y Sisex (Sindicato Independiente del Servicio Exterior) de que los inspectores responsables de esta tarea carecían de la acreditación necesaria para realizarla. El pasado 3 de marzo, dichos sindicatos remitieron una carta al subsecretario Luis Cuesta en la que le recordaban que el real decreto por el que se regulan las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales, de julio de 2005, determina, en su artículo 15, que los inspectores serán seleccionados, mediante concurso de méritos, entre quienes cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, el de disponer de una certificación acreditativa de haber superado el curso selectivo sobre el desarrollo de la función inspectora impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Al no obtener respuesta, los mismos sindicatos enviaron la nota al ministro, José Manuel Albares, el 17 de marzo. Esta vez, la hicieron llegar, en forma de comunicado, a todo el personal del Ministerio, cerca de 5.000 personas. Por su parte, UGT advirtió de la posibilidad de que el subsecretario, “al no haber tenido en cuenta la advertencia”, pudiera incurrir en un delito de prevaricación administrativa y los funcionarios que participasen en la inspección, “en el de usurpación de funciones públicas”.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores ha asegurado a EL PAÍS que la tarea que realizan los inspectores es puramente asesora, pues su informe contiene una serie de conclusiones y recomendaciones en ámbitos diversos (patrimonio, prevención de riesgos, gestión económico-administrativa y de personal), “que se elevan a los distintos órganos de los que depende la unidad inspeccionada, que a su vez dictan las directrices oportunas para mejorar los servicios. Es decir, la inspección, en sí misma, no tiene consecuencias administrativas directas”, subraya.
El criterio que ha seguido hasta ahora Exteriores, avalado por sus servicios jurídicos, según el mismo portavoz, ha sido que “la función inspectora, como tal, corresponde al órgano que la realiza, la Inspección General de Servicios, a través del personal que tiene en su plantilla”, no a los inspectores. No obstante, agrega, “ante algunas dudas expresadas a la Subsecretaría, se consultó a los servicios jurídicos del Ministerio y se decidió, de momento, suspender la inspección prevista en la Embajada en La Haya para revisar los protocolos de actuación”.
El problema desborda el marco de la Embajada de La Haya, ya que Exteriores no tiene ni un solo inspector con la preceptiva acreditación, a pesar de que el decreto de 2005 daba un plazo transitorio de tres años para resolver esta carencia. Las consecuencias no se limitan a la paralización de las nuevas inspecciones, advierten las fuentes consultadas, sino que se extienden a una probable cascada de recursos de diplomáticos y funcionarios que en los últimos años han sido cesados o sancionados como consecuencia de inspecciones cuya nulidad podrían decretar ahora los tribunales.
En una reunión con los sindicatos, el pasado 23 de marzo, el subsecretario Luis Cuesta reconoció que el Ministerio no contaba con ninguna persona con la acreditación del INAEP y advirtió de la dificultad de tenerla a corto plazo, pues la cobertura de la plaza debe hacerse por concurso público, según fuentes sindicales. No obstante, el alto cargo de Exteriores rechazó la posibilidad de que se declaren nulas las inspecciones realizadas en los últimos años alegando que los afectados no las impugnaron en su momento.
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El asunto lo ha destapado, casi de manera colateral, el conflicto en la Embajada en los Países Bajos. Su titular es la diplomática Consuelo Femenía, y el pasado febrero se supo que una auxiliar administrativa, de nacionalidad francesa y con cinco años de servicio, había presentado su renuncia voluntaria. Lo hizo el 31 de octubre después de haber reclamado repetidas veces a sus jefes que no la enviasen a reuniones de alto nivel de organismos internacionales. Se refería al Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), un organismo que consideraba de carácter político y fuera de sus competencias como administrativa. El revuelo causado por la renuncia quedó reflejado en una carta de solidaridad del personal laboral, firmada por unanimidad, que mostraba su “profundo malestar” por el “autoritarismo anacrónico” de la cúpula de la legación diplomática.
El 21 de marzo, la embajadora Consuelo Femenía, comunicó de palabra al personal de la legación que la visita del inspector había sido cancelada. Cinco empleados de la Embajada han enviado ya sus declaraciones a la Inspección General de Servicios. Aunque se suspendió la inspección en Países Bajos no sucedió lo mismo con otra realizada, entre el 14 y el 16 de marzo, en la Representación Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y otros Organismos internacionales, con sede en Ginebra (Suiza). El diplomático que la hizo tampoco tenía la preceptiva habilitación.
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España
Heridos cinco guardias civiles al ser recibidos a tiros en un registro por drogas en Alicante

Cinco agentes de la Guardia Civil han resultado heridos de distinta consideración tras ser recibidos a tiros en un chalé que iban a registrar en El Moralet, una pedanía de Alicante de unos 2.400 habitantes, en el curso de la llamada Operación Sarpa contra el cultivo, tenencia y tráfico de marihuana, según han informado fuentes del instituto armado. Un hombre que se había atrincherado en la casa abrió fuego con una escopeta de postas contra los agentes que se aproximaban, cuatro de los cuales sufrieron heridas de proyectil o de esquirlas, mientras un quinto guardia sufrió lesiones como consecuencia de una caída. La llegada de refuerzos permitió reducir al tirador, quien resultó herido en el hombro. Un total de seis personas han sido arrestadas en esta operación.
Los disparos comenzaron a las siete de la mañana, cuando la casa fue rodeado por guardias civiles para proceder a su registro. Los agentes sabían que la casa, rodeada por un muro de piedra y ladrillo, estaba habitada por un hombre y el padre de este. Cuando procedían a la entrada al domicilio, a gritos de “Guardia Civil”, el padre fue quien abrió fuego usando una escopeta y resultaron heridos cuatro agentes de las unidades de seguridad ciudadana (Usecic): uno por un impacto directo en un brazo y los otros tres por esquirlas en una mano y en el rostro, respectivamente, siempre según fuentes de la Guardia Civil. Hubo “numerosos disparos”, según una nota facilitada esta misma mañana por el instituto armado.
Los componentes de la Usecic realizaron disparos con sus armas reglamentarias para repeler la agresión en el momento de la entrada en la vivienda. Posteriormente, el autor de los disparos de escopeta y una mujer, que estaban ambos en el interior del inmueble, salieron voluntariamente y fueron detenidos. Unidades especiales del instituto armado reforzaron a sus compañeros antes de este desenlace. Los agentes heridos en la operación antidroga han sido evacuados a un hospital, sin que corra peligro la vida de ninguno de ellos, según las citadas fuentes de la Guardia Civil. La zona permanece acordonada por agentes del instituto armado y también de la policía local.
El lugar en el que han ocurrido los hechos es una vivienda unifamiliar de dos plantas, de unos 80 metros cuadrados de superficie, que cuenta con varios anexos, ubicada en una parcela de unos 2.000 metros cuadrados, situada en una partida rural en el extrarradio de Alicante capital. La puerta de la casa muestra el impacto directo de un disparo de postas, justo en la zona de la cerradura, que los agentes ya estaban manipulando cuando recibieron la primera andanada. Los agentes hallaron en el interior de la vivienda varias armas largas más.
La operación había comenzado el pasado miércoles, tras ser localizado un envío de droga por paquetería desde Alicante a Irlanda. El envío fue abierto en una empresa de paquetería, donde los agentes vieron que portaba 3,5 kilos de marihuana prensada y envasada al vacío. Las pesquisas permitieron, además, localizar otros objetivos para registrar: uno en Torrellano, otro en San Vicente del Raspeig, y otros dos en la Partida de El Moralet de Alicante. La Guardia Civil de San Vicente continúa en este momento con las entradas y registros previstos en los cuatro domicilios. En el de Torrellano, los agentes se han incautado de diversas cantidades de cocaína, cogollos y plantas de marihuana.
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