Lic. Renzo Tiberi/Colegio de Profesionales de Trabajo Social 2da Circ. Santa Fe

Hace unos días, mientras me preparaba para ir a saludar a una amiga por su cumpleaños, recibí un WhatsApp de Miguel que decía: “Hola mañana empiezo a cobrar la pensión muchísimas gracias”.

Miguel es un vecino de la localidad en la que trabajo como responsable del área social. Lo conocí allí, a las pocas semanas de empezar a trabajar, allá por diciembre del año pasado. Llegó a través de una persona que le sugirió que se acerque para averiguar sobre una pensión.

Miguel encarnaba la imagen de un hombre humilde, sencillo, laburante. Me dijo que le habían insistido en hablar conmigo, y que yo lo podía ayudar. Entonces, me comentó un poco sobre él, sobre su vida. Me contó que trabajó siempre en el campo y que desde hacía varios años vivía en el pueblo, haciendo changas, juntando cartones, botellas. Me comentó que vivía con su mujer, que tenía un hijo, y que desde hacía varios años sufría las consecuencias de un accidente que lo había dejado afectado físicamente: le costaba caminar y no podía hacer grandes esfuerzos por los problemas de su espalda.

Luego de escucharlo, le expliqué de qué se trataban las pensiones y que yo podía ayudarlo a gestionarla. Estas pensiones, muy conocidas para quienes trabajamos en el ámbito social, son parte de la política social a partir de la cual el Estado busca proteger, asistir y ayudar a las personas que la misma sociedad relega. Están orientadas a garantizar un piso de ingresos a aquellas personas que se encuentran imposibilitadas -o en condiciones muy desfavorables- de acceder a un trabajo con el que puedan generar sus ingresos; es decir, personas que presenten cierto grado de “invalidez” que se pueda acreditar. Se trata de un ingreso mensual que no implica una contraprestación por parte del beneficiario. Es, en concreto, un acto de justicia social orientado a las poblaciones más vulnerables.

A partir de su relato y por su condición física y de salud, Miguel aparentaba acreditar la invalidez necesaria para obtener este derecho. Entonces le expliqué y lo acompañé en la realización de todo el circuito necesario para iniciar las gestiones.

Así, durante algunos meses, fuimos reuniendo los informes y estudios necesarios para la evaluación. De a poco, tejiendo redes con otres profesionales. Finalmente, a mediados de mayo logramos terminar el trámite. Ahí comenzó la espera.

Sabemos que estas pensiones tardan varios meses en evaluarse y asignarse. Así que le dije a Miguel que a partir de ahí era cuestión de tiempo. Deseaba que en unos meses tengamos novedades. Esa fue nuestra última charla con él.

Los meses pasaron, hasta que recibí su mensaje la semana pasada. Se imaginarán que me invadió una gran alegría. Enseguida le respondí y compartí la felicidad con él. Podía leer la emoción en sus palabras. De repente, esa alegría se me interrumpió con un nudo en la garganta cuando, entre mensajes, me dijo: “Hace más de 10 años que lo intentaba”.

No sabía nada al respecto. Nunca lo habíamos charlado. Por algún motivo, cuando lo conocí, Miguel decidió no decirme que hacía mucho había intentado iniciar este trámite. Y eso me impactó.

Creo que nunca me había puesto a pensar realmente cuánto tiempo son diez años. Mientras dimensionaba, pensaba en Miguel y me costaba creerlo. Esos momentos son como baños helados de realidad. ¿Por qué diez años? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué pasó durante esa espera? ¿Por qué nadie lo pudo ayudar? ¿Dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvimos?

En el medio, habrán pasado desencuentros, malas comunicaciones, gestiones interrumpidas, trámites no realizados… Lo que sea que haya pasado, se demoró diez años.

Miguel esperó una década para poder acceder a su derecho de tener una pensión. Todos esos años, tuvo que seguir changueando y laburando como siempre, todos los días, muchas horas, porque necesitaba comer, porque no tenía otro ingreso. Todo esto, soportando los dolores y las dificultades físicas que el accidente le había generado.

Miguel esperó. Porque, aunque nos duela, los pobres siempre esperan. A ellos les toca esperar. Esperan que les llegue una mísera porción de esa torta tan injustamente repartida en nuestra sociedad. Y esperan mucho… porque si se impacientan, si se enojan, si prepotean, se los condena, se los estigmatiza, se los excluye aún más… Por eso, se acostumbran a esperar. Y finalmente, cuando ese pequeño gesto de justicia llega, agradecen con toda su alegría y emoción. Miguel usó varias veces la palabra “gracias” en ese breve intercambio de mensajes. Sentía que era importante para él agradecerme, mientras a mí me atravesaba esa mezcla de angustia y enojo.

Caminaba y pensaba… ¿por qué no me había contado que hacía mucho intentaba gestionarla? Tal vez fue cierto sentimiento de vergüenza, o culpa… o quizá hasta cierto miedo de que eso impacte negativamente en un nuevo trámite. No lo sé con precisión. Pero estimo que se asociaba a algo de eso. Quizá sintió que la espera era parte del proceso, y que algo de lo que había fallado podía ser su culpa. Ese día que nos conocimos Miguel no fue enojado. Fue dispuesto a arrancar de cero, a volver a empezar.

No voy a negar que es grato poder contarles que Miguel, por primera vez, está cobrando su pensión. Que este fin de año la mesa de su familia estará un poco más llena para pasar las fiestas. Que a partir de ahora podrá aflojar un poco su esfuerzo para llegar a fin de mes; aunque sea un poco, porque no crean que una pensión le permitirá dejar de trabajar.

En fin, hoy Migue tiene su pensión, su derecho, pero tuvo que esperar 10 años, y esas injusticias duelen.

¿Cuántos como Miguel habrá girando por ahí? Muches, seguramente.

Quienes trabajamos en lo social, no solo creemos en una sociedad más justa e igualitaria. También creemos en el Estado, defendemos lo público, defendemos nuestro trabajo en clave de derechos. Y nos esforzamos día a día para que esto se concrete. Para que ninguna persona tenga que esperar ni agradecer lo que le corresponde, lo que es justo, lo que es su derecho.