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El atasco administrativo impidió la expulsión del atacante de Algeciras

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Yasine Kanjaa con el machete en la mano, tras asesinar a Diego Valencia, en una imagen del vídeo grabado por un viandante.
Yasine Kanjaa con el machete en la mano, tras asesinar a Diego Valencia, en una imagen del vídeo grabado por un viandante.

La situación irregular en España del marroquí Yassine Kanjaa, detenido el pasado miércoles tras matar a machetazos al sacristán Diego Valencia en Algeciras (Cádiz) y herir a otras cuatro personas, no es una excepción. En la actualidad, el Ministerio del Interior solo consigue devolver o expulsar (dos figuras legales distintas) a sus países de origen a un 9% de los extranjeros en situación irregular contra los que dicta una orden para hacerlo, porcentaje ligeramente superior al que se registraba a finales de 2022, cuando era del 7,5%. Pese al incremento del último mes, se mantiene por encima del 90% las órdenes que, como en el caso de Kanjaa, no se pueden ejecutar por diversos motivos administrativos, confirman fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. En la actualidad hay 178 inmigrantes irregulares recluidos en los Centros de Internamiento Extranjero (CIE, instalaciones en los que los extranjeros pueden estar retenidos un máximo de 60 días) para su expulsión inmediata.

Interior admite que la situación es peor que la que había antes de que estallara la pandemia, cuando estas cifras de expulsión casi se triplicaban. En 2019, el año anterior al inicio de la crisis sanitaria que obligó a cerrar las fronteras, la Policía concluyó la expulsión a sus países de origen de 4.677 personas y la devolución de otras 6.476 personas, según datos oficiales obtenidos a través del Portal de Transparencia. En total, suponen cerca de un 30% de las 37.890 órdenes que se dictaron contra extranjeros para que abandonasen territorio español, según Eurostat. El porcentaje de expulsiones y devoluciones estaba por debajo de la por entonces media europea (36%).

Además, desde octubre de 2020, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide a España expulsar inmigrantes solo por estar en situación irregular. El fallo obliga al Gobierno a aplicar la propia Ley de Extranjería española que impone multa en casos de estancia irregular y solo contempla la expulsión de extranjeros sin papeles cuando existan circunstancias agravantes. La Policía Nacional dictó entonces nuevas instrucciones para el cumplimiento de esta sentencia en las que ordenaba a los agentes que priorizasen aquellos expedientes en los que fuese posible motivar la expulsión con “elementos negativos” de la actuación del inmigrante frente a aquellos en los que la única infracción sea su situación irregular en España.

En concreto, planteaba que sería motivo suficiente para tramitar la expulsión que el inmigrante hubiera sido detenido por la comisión de un delito o que tuviera antecedentes penales; que hubiera invocado una falsa nacionalidad; que hubiera una prohibición de entrada anterior; que carezca de domicilio y documentación; que hubiera incumplido una orden de salida obligatoria, y que no exista posibilidad de comprobar cómo y cuándo entró en territorio español por falta de documentación o la ausencia en esta del sello de entrada. En el caso de Kanjaa se daba uno de estos requisitos, ya que cuando se detectó su presencia en Algeciras en junio del año pasado iba indocumentado. Sin embargo, este fue también un obstáculo para su expulsión.

De hecho, el expediente administrativo que se le abrió entonces se concluyó cinco meses después, el pasado 3 de noviembre, cuando se le notificó su expulsión. Se inició entonces el plazo de ejecución de la orden que, sin embargo, no se materializó. Según detallan fuentes de Interior, a no estar en posesión de documentación de su país, las autoridades españolas tuvieron que iniciar el proceso de pedir a Rabat que lo documentase o, en su defecto, se le expidiese un salvoconducto para que la policía le pudiera llevar a Marruecos. Este proceso no siempre es ejecutado por los más de 30 países con los que España tiene acuerdos para que acepten el retorno de sus nacionales.

Los responsables policiales encargados del control fronterizo consideran las expulsiones un buen instrumento para frenar la inmigración irregular y, de hecho, el cierre de fronteras a causa de la covid-19 ―con la consiguiente suspensión de los vuelos de repatriación― hizo que la Comisión Europea expresase en varias ocasiones en documentos internos su preocupación por sus consecuencias en estas políticas. Tras la progresiva reapertura de la frontera, las expulsiones y devoluciones han vuelto, pero aún se está lejos de las cifras de 2019. La Policía Nacional, de la que depende la ejecución de las expulsiones a través de la Comisaría General de Extranjería, fijaba en su último Plan Estratégico, elaborado el pasado septiembre, como objetivo “aumentar las repatriaciones” de extranjeros en situación irregular.

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En concreto, el documento policial ponía el foco en los de origen subsahariano, para lo que proponía el empleo de “vuelos macro [de gran tamaño] a los países de origen” mediante la firma de acuerdos bilaterales “eficaces”. También planteaba incrementar las repatriaciones “con Argelia y Marruecos”, punto de origen de la mayor parte de las pateras que llegan a las costas españolas. E insistía en consolidar la expulsión de “la población reclusa extranjera”, una figura contemplada en el caso de condenas superiores a un año de cárcel. El informe también apuntaba en una previsible “alta presión migratoria procedente de África” fruto de “la situación económica mundial”, causada primero por la covid-19 y, posteriormente, por la guerra en Ucrania.

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Interior refuerza a partir del viernes las medidas antiterroristas por la Semana Santa

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Grande-Marlaska, durante su intervención este martes en el Senado durante la sesión de control al Gobierno.
Grande-Marlaska, durante su intervención este martes en el Senado durante la sesión de control al Gobierno.Gustavo Valiente (Europa Press)

El Ministerio del Interior ha anunciado este martes el refuerzo de “las medidas de prevención, protección y respuesta antiterrorista” ante el próximo inicio de la Semana Santa. Según ha detallado el departamento de Fernando Grande-Marlaska en una nota, el operativo se iniciará a las 00:00 horas del próximo 31 de marzo y se extenderán hasta las 24:00 horas del 10 de abril. Interior justifica la medida en “las especiales circunstancias que se dan en Semana Santa” y que se traduce en un “gran número de desplazamientos por todo el territorio nacional y una importante y numerosa participación y presencia de ciudadanos en eventos y actos relacionados con esta celebración”. La iniciativa no es nueva. Es habitual que Interior refuerce el nivel 4 de alerta antiterrorista, “riesgo alto”, sobre los cinco existentes ―en vigor desde junio de 2015― en fechas señaladas, como estas o las Navidades.

El operativo ha sido acordado en la reunión extraordinaria que han celebrado este martes la Mesa de Evaluación de la Amenaza Terrorista, presidida por Grande-Marlaska y se ha plasmado en una orden del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Esta ha sido remitido a las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil, así como a todas las delegaciones del Gobierno donde existan policías autonómicas, para que se las hagan llegar a sus responsables, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que la difusión alcance a los policías locales. También se ha comunicado a las empresas de seguridad privada para que estas también refuercen sus servicios en esas fechas.

El refuerzo se plasmará en un aumento de “la vigilancia y protección de los lugares, espacios y medios de transporte, acontecimientos religiosos, de ocio o lúdicos en general, con alta concentración de personas, así como la vigilancia y protección de los objetivos estratégicos que son imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana”, en referencia a las centrales energéticas, aeropuertos, hospitales y sistemas de suministro de agua, entre otros.

Para ello, Interior ha ordenado aumentar “las medidas preventivas y de vigilancia y de respuesta antiterrorista, así como los controles aleatorios de vehículos y personas, en todos aquellos lugares en los que pueda tener lugar una alta presencia o tránsito de personas, tales como plazas, paseos y grandes vías comerciales”. Idénticas medidas se adoptaran en “acontecimientos de ocio, deportivos o religiosos; edificios, centros o instalaciones emblemáticas con gran presencia de visitantes, y en general todos aquellos lugares o edificios en los que se prevea vayan a producirse especiales concentraciones de ciudadanos”. Estos dispositivos preventivos se intensificarán también “en los grandes centros, infraestructuras e intercambiadores de transportes aéreo, terrestre y marítimo, en particular aquellos que van a soportar una mayor afluencia de ciudadanos y de tráfico”, añade Interior.

La lucha contra el terrorismo yihadista ocupa un lugar destacado en los planes estratégicos de Interior y de los diferentes cuerpos policiales. El pasado septiembre, la Policía Nacional apuntaba en un informe interno al “fortalecimiento” del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) “tras el periodo de debilidad de la coalición internacional a causa de la pandemia” de la covid-19. Para los expertos policiales, en España el principal riesgo lo representan los “terroristas o células autónomas”, como el grupo de Ripoll que cometió los atentados de Cataluña de agosto de 2017. A ellos sumaba “la excarcelación por cumplimiento de condena” de presos yihadistas que pudieran “dinamizar la actividad terrorista en los próximos años”.

El temor de que el yihadismo ponga el foco en la Semana Santa por su carácter religioso no es nuevo. En abril de 2019 fue detenido en Marruecos un presunto terrorista que pretendía atentar en Sevilla durante lestas fechas. Poco antes, los canales utilizados habitualmente por el Estados Islámico habían difundido un vídeo en los que se lanzaban amenazas sobre las procesiones de Sevilla y Málaga. En lo que va de año, la Policía ha detenido en España a ocho presuntos yihadistas y ha participado en el arresto de otros ocho en otros países, principalmente Marruecos. El pasado 25 de enero, la Policía arrestó en Algeciras a Yassine Kanjaa, un marroquí de 25 años, por asesinar a machetazos al sacristán Diego Valencia y herir a otras cuatro personas durante un ataque a dos céntricas iglesias de la ciudad gaditana.

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Exteriores suspende la inspección de la Embajada de España en La Haya por su posible ilegalidad

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Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en la plaza Marqués de Salamanca, en una imagen oficial.
Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en la plaza Marqués de Salamanca, en una imagen oficial.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha suspendido “por prudencia” la inspección que tenía previsto realizar en la Embajada de España en La Haya (Países Bajos), después de que los sindicatos del departamento hayan advertido de su posible ilegalidad. La inspección debía realizarse este mes de marzo, a pocas semanas de conocerse que todo el personal laboral de la Embajada se había solidarizado con una auxiliar que renunció a su empleo denunciando sus condiciones de trabajo. Según Exteriores, la inspección no tenía relación con este conflicto, pues era “de carácter ordinario y estaba programada desde el año pasado e incluida en el plan de inspecciones para 2023″.

Sin embargo, la Subsecretaría del departamento suspendió a última hora la inspección ante la advertencia de Comisiones Obreras, UGT, CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios) y Sisex (Sindicato Independiente del Servicio Exterior) de que los inspectores responsables de esta tarea carecían de la acreditación necesaria para realizarla. El pasado 3 de marzo, dichos sindicatos remitieron una carta al subsecretario Luis Cuesta en la que le recordaban que el real decreto por el que se regulan las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales, de julio de 2005, determina, en su artículo 15, que los inspectores serán seleccionados, mediante concurso de méritos, entre quienes cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, el de disponer de una certificación acreditativa de haber superado el curso selectivo sobre el desarrollo de la función inspectora impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Al no obtener respuesta, los mismos sindicatos enviaron la nota al ministro, José Manuel Albares, el 17 de marzo. Esta vez, la hicieron llegar, en forma de comunicado, a todo el personal del Ministerio, cerca de 5.000 personas. Por su parte, UGT advirtió de la posibilidad de que el subsecretario, “al no haber tenido en cuenta la advertencia”, pudiera incurrir en un delito de prevaricación administrativa y los funcionarios que participasen en la inspección, “en el de usurpación de funciones públicas”.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores ha asegurado a EL PAÍS que la tarea que realizan los inspectores es puramente asesora, pues su informe contiene una serie de conclusiones y recomendaciones en ámbitos diversos (patrimonio, prevención de riesgos, gestión económico-administrativa y de personal), “que se elevan a los distintos órganos de los que depende la unidad inspeccionada, que a su vez dictan las directrices oportunas para mejorar los servicios. Es decir, la inspección, en sí misma, no tiene consecuencias administrativas directas”, subraya.

El criterio que ha seguido hasta ahora Exteriores, avalado por sus servicios jurídicos, según el mismo portavoz, ha sido que “la función inspectora, como tal, corresponde al órgano que la realiza, la Inspección General de Servicios, a través del personal que tiene en su plantilla”, no a los inspectores. No obstante, agrega, “ante algunas dudas expresadas a la Subsecretaría, se consultó a los servicios jurídicos del Ministerio y se decidió, de momento, suspender la inspección prevista en la Embajada en La Haya para revisar los protocolos de actuación”.

El problema desborda el marco de la Embajada de La Haya, ya que Exteriores no tiene ni un solo inspector con la preceptiva acreditación, a pesar de que el decreto de 2005 daba un plazo transitorio de tres años para resolver esta carencia. Las consecuencias no se limitan a la paralización de las nuevas inspecciones, advierten las fuentes consultadas, sino que se extienden a una probable cascada de recursos de diplomáticos y funcionarios que en los últimos años han sido cesados o sancionados como consecuencia de inspecciones cuya nulidad podrían decretar ahora los tribunales.

En una reunión con los sindicatos, el pasado 23 de marzo, el subsecretario Luis Cuesta reconoció que el Ministerio no contaba con ninguna persona con la acreditación del INAEP y advirtió de la dificultad de tenerla a corto plazo, pues la cobertura de la plaza debe hacerse por concurso público, según fuentes sindicales. No obstante, el alto cargo de Exteriores rechazó la posibilidad de que se declaren nulas las inspecciones realizadas en los últimos años alegando que los afectados no las impugnaron en su momento.

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El asunto lo ha destapado, casi de manera colateral, el conflicto en la Embajada en los Países Bajos. Su titular es la diplomática Consuelo Femenía, y el pasado febrero se supo que una auxiliar administrativa, de nacionalidad francesa y con cinco años de servicio, había presentado su renuncia voluntaria. Lo hizo el 31 de octubre después de haber reclamado repetidas veces a sus jefes que no la enviasen a reuniones de alto nivel de organismos internacionales. Se refería al Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), un organismo que consideraba de carácter político y fuera de sus competencias como administrativa. El revuelo causado por la renuncia quedó reflejado en una carta de solidaridad del personal laboral, firmada por unanimidad, que mostraba su “profundo malestar” por el “autoritarismo anacrónico” de la cúpula de la legación diplomática.

El 21 de marzo, la embajadora Consuelo Femenía, comunicó de palabra al personal de la legación que la visita del inspector había sido cancelada. Cinco empleados de la Embajada han enviado ya sus declaraciones a la Inspección General de Servicios. Aunque se suspendió la inspección en Países Bajos no sucedió lo mismo con otra realizada, entre el 14 y el 16 de marzo, en la Representación Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y otros Organismos internacionales, con sede en Ginebra (Suiza). El diplomático que la hizo tampoco tenía la preceptiva habilitación.

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Heridos cinco guardias civiles al ser recibidos a tiros en un registro por drogas en Alicante

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Cinco agentes de la Guardia Civil han resultado heridos de distinta consideración tras ser recibidos a tiros en un chalé que iban a registrar en El Moralet, una pedanía de Alicante de unos 2.400 habitantes, en el curso de la llamada Operación Sarpa contra el cultivo, tenencia y tráfico de marihuana, según han informado fuentes del instituto armado. Un hombre que se había atrincherado en la casa abrió fuego con una escopeta de postas contra los agentes que se aproximaban, cuatro de los cuales sufrieron heridas de proyectil o de esquirlas, mientras un quinto guardia sufrió lesiones como consecuencia de una caída. La llegada de refuerzos permitió reducir al tirador, quien resultó herido en el hombro. Un total de seis personas han sido arrestadas en esta operación.

Los disparos comenzaron a las siete de la mañana, cuando la casa fue rodeado por guardias civiles para proceder a su registro. Los agentes sabían que la casa, rodeada por un muro de piedra y ladrillo, estaba habitada por un hombre y el padre de este. Cuando procedían a la entrada al domicilio, a gritos de “Guardia Civil”, el padre fue quien abrió fuego usando una escopeta y resultaron heridos cuatro agentes de las unidades de seguridad ciudadana (Usecic): uno por un impacto directo en un brazo y los otros tres por esquirlas en una mano y en el rostro, respectivamente, siempre según fuentes de la Guardia Civil. Hubo “numerosos disparos”, según una nota facilitada esta misma mañana por el instituto armado.

Los componentes de la Usecic realizaron disparos con sus armas reglamentarias para repeler la agresión en el momento de la entrada en la vivienda. Posteriormente, el autor de los disparos de escopeta y una mujer, que estaban ambos en el interior del inmueble, salieron voluntariamente y fueron detenidos. Unidades especiales del instituto armado reforzaron a sus compañeros antes de este desenlace. Los agentes heridos en la operación antidroga han sido evacuados a un hospital, sin que corra peligro la vida de ninguno de ellos, según las citadas fuentes de la Guardia Civil. La zona permanece acordonada por agentes del instituto armado y también de la policía local.

El lugar en el que han ocurrido los hechos es una vivienda unifamiliar de dos plantas, de unos 80 metros cuadrados de superficie, que cuenta con varios anexos, ubicada en una parcela de unos 2.000 metros cuadrados, situada en una partida rural en el extrarradio de Alicante capital. La puerta de la casa muestra el impacto directo de un disparo de postas, justo en la zona de la cerradura, que los agentes ya estaban manipulando cuando recibieron la primera andanada. Los agentes hallaron en el interior de la vivienda varias armas largas más.

La operación había comenzado el pasado miércoles, tras ser localizado un envío de droga por paquetería desde Alicante a Irlanda. El envío fue abierto en una empresa de paquetería, donde los agentes vieron que portaba 3,5 kilos de marihuana prensada y envasada al vacío. Las pesquisas permitieron, además, localizar otros objetivos para registrar: uno en Torrellano, otro en San Vicente del Raspeig, y otros dos en la Partida de El Moralet de Alicante. La Guardia Civil de San Vicente continúa en este momento con las entradas y registros previstos en los cuatro domicilios. En el de Torrellano, los agentes se han incautado de diversas cantidades de cocaína, cogollos y plantas de marihuana.

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