La exconsejera de la Generalitat de Cataluña y actual eurodiputada Clara Ponsatí ha sido detenida la tarde de este martes por agentes de los Mossos, pocas horas después de que regresara a Barcelona tras cinco años huida de la justicia. Ponsatí acababa de celebrar una conferencia de prensa en la que retó al Tribunal Supremo a que hiciera efectiva su orden de captura para que compareciera por un delito de desobediencia. “Si me detiene, tendrá que atenerse a las consecuencias”, afirmó, mostrándose segura de que está protegida por la inmunidad que le brinda el cargo europeo. De hecho, fuentes de la eurocámara han confirmado que ya ha recibido una denuncia formal de la representante de Junts por una violación de ese fuero pero aún no se le ha dado respuesta, a la espera de que termine la diligencia judicial.

Ponsatí no se enfrenta a penas de prisión, pues solo está procesada por desobediencia: el magistrado Pablo Llarena dictó la semana pasada un auto en el que hacía caer la imputación por sedición, ya que ese delito ha desaparecido del Código Penal tras la reforma pactada por el Gobierno y ERC en diciembre para rebajar el castigo a los implicados en el procés independentista catalán. Probablemente, tras comparecer ante un juzgado de guardia, será puesta en libertad y citada para acudir al Supremo.

“La persecución de los exiliados ha sido patética, pero persistente”, ha dicho la eurodiputada en una rueda de prensa celebrada en el Colegio de Periodistas de Cataluña, en pleno centro de Barcelona. Preguntada por si pensaba entregarse a la policía y si declararía ante el juez, Ponsatí ha dicho: “No reconocemos la competencia del juez Llarena, sería una inconsistencia hacerlo. Si hay una detención, reaccionaremos ante ello, no puedo hacer previsiones”, ha indicado.

Y eso es lo que ha ocurrido efectivamente minutos después, mientras caminaba hacia el barrio del Born, acompañada de su abogado y un puñado de manifestantes que la han reconocido en la calle. Un mosso, subinspector de los servicios de información, la ha abordado y le ha enseñado su placa, a lo que ella ha respondido enseñando su credencial de eurodiputada. Finalmente, ha aceptado subirse a un coche y ha sido trasladada a la Ciudad de la Justicia. En el dispositivo ha participado también el máximo responsable de la Comisaría General de Información, el intendente Carles Hernández, que le ha flanqueado el paso hasta el vehículo policial, junto a otros mandos de la misma comisaría.

El expresident Carles Puigdemont ha declarado en la Eurocámara que la detención de su compañera eurodiputada es “una vulneración de un derecho fundamental” por parte del Tribunal Supremo y del juez Llarena. “La presidenta [del Parlamento Europeo, Roberta] Metsola no puede mirar para otro lado, como hace”, ha continuado, a medio camino entre la reclamación y el lamento. Aunque el equipo de la representante de Junts ya ha alertado de manera oficial a la Eurocámara de un hecho que iría en contra de la inmunidad, aún no hay una respuesta oficial, a la espera de que termine la declaración.

Tanto el fundador de Junts como el también eurodiputado Toni Comín han descartado de manera implícita que entre sus planes inmediatos esté volver a España, pese a que consideran que el Tribunal Supremo no puede ordenar su detención. “La situación de Ponsatí es distinta. Nosotros seguimos imputados por malversación. Ella solo lo está por desobediencia”, ha explicado Comín, informa Manuel V. Gómez. Puigdemont ha querido evitar cargar contra la policía autonómica por ejecutar la detención. “Los Mossos no son los últimos responsables. El responsable es Llarena. Él sabe muy bien por qué se lo ha pedido a los Mossos y no a la Guardia Civil”, ha afirmado. El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, ha hecho una comparecencia sin preguntas a los medios para asegurar que “la represión” contra el independentismo continúa y que el cuerpo policial no tenía más remedio que actuar.

El delito de desobediencia, al solo implicar una condena de inhabilitación para ocupar cargos públicos, no conlleva prisión preventiva. La propia Ponsatí ha aceptado ante los medios que corría el riesgo de que los Mossos la detuvieran para que compareciera, aunque ha dejado entrever que habría una decisión política de por medio, señalando así directamente a ERC. “Ellos y sus superiores sabrán si una orden de detención a una eurodiputada, que tiene inmunidades, es una cosa que deban ejecutar o no”, ha advertido.

También ha querido dejar claro, para mantener su discurso político, que no quiere negociar y que con su retorno busca evidenciar lo que considera una persecución contra Puigdemont. “No he venido a hacer ningún pacto con el Estado, sino a denunciar la vulneración de nuestros derechos, vengo a plantar cara”, ha sentenciado.

De hecho, en un ataque directo a Esquerra, ha comparado su retorno con el de la consejera Meritxell Serret, recordando que ella sí se presentó voluntariamente ante Llarena y ahora “da vueltas por el mundo y pone banderas españolas tres veces más grandes que las catalanas”, ha dicho, refiriéndose a una foto de la gira del Govern por América Latina. El Ejecutivo que lidera Pere Aragonès es, ha remachado, “una herramienta más de la ocupación española”.

Junts per Catalunya había emitido a primera hora de la tarde un vídeo de apoyo a la exconsejera en el que el secretario de la formación, Jordi Turull, le manifestaba “su pleno apoyo” y pedía que no fuese detenida, invocando su condición de europarlamentaria. Turull ha enmarcado el retorno de Ponsatí dentro de una estrategia de “confrontación inteligente” con el Estado.

El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrado la vuelta de la exconsejera de Educación con un mensaje en Twitter: “Celebro personalmente que la consellera Clara Ponsatí, miembro del Govern del 1-O , pueda volver a Cataluña. ¡En la defensa de nuestros derechos civiles y políticos, para combatir la represión y por el derecho a la autodeterminación, seguimos!”, ha escrito. El expresident Quim Torra ha usado esa misma red social para criticar que Aragonès no haya hecho una declaración institucional celebrando el regreso. Aragonès ha terminado por enviar un comunicado en el que “celebra el regreso de la consejera” aunque ve en su detención una evidencia más de la lejanía de la resolución del conflicto político.

La comparecencia de Ponsatí ha sido seguida de cerca por la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el diputado afín a la presidenta Francesc de Dalmases, ambos sentados en primera fila. No había en la sala más cargos de Junts, pero sí han ido a esperar a la salida de la Ciudad de la Justicia, junto a representantes de la CUP. Preguntada sobre si no era una contradicción que su partido hubiera criticado duramente la reforma del Código Penal y ahora ella se beneficiara de ella directamente, Ponsatí ha respondido que las críticas al pacto PSOE-ERC se inscribe dentro de la “libertad de expresión”. Ha añadido que ella siempre ha aprovechado “los espacios de libertad” de los que ha gozado para denunciar lo que considera como una “violación sistemática del Estado de derecho en Cataluña”.

La agencia de noticias ACN ha difundido unas imágenes que muestran a Ponsatí cruzando la frontera de Francia a España dentro de un coche. La eurodiputada tiene 66 años y se ha significado como una figura del independentismo catalán en el extranjero, muy alineada con los posicionamientos de Puigdemont. De hecho, su sorpresivo regreso amenaza con abrir un conflicto de primer orden tanto interno como externo.

En el ámbito internacional, Junts espera que el Parlamento Europeo interceda para evitar la detención de la que fuera consejera de Educación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. De momento, sin embargo, la Eurocámara está a la espera de que se le informe oficialmente de la situación para decidir si hay una violación de la inmunidad. Esa prebenda ha sido devuelta a los eurodiputados de Junts de manera temporal, a la espera de que la justicia europea resuelva el recurso en contra de la decisión de retirársela.

El Gobierno considera que más allá del “espectáculo” que ha montado la exconsellera y eurodiputada, los líderes independentistas que antes “huían con el PP, ahora regresan y rinden cuentas ante la Justicia”, señalan fuentes del Ejecutivo citadas por Efe.

La eurodiputada se ha caracterizado por tener el discurso más duro dentro del partido de Carles Puigdemont. Hace solo un año, Ponsatí aseguró que veía al Estado “dispuesto a matar” si el independentismo protagonizaba un nuevo choque. También ha dicho en reiteradas ocasiones que no reconocía a la justicia y que la independencia catalana exige sacrificios y está por encima de la vida de las personas.

En 2022, concretamente, ante la pregunta de si la secesión podía ser tan importante como para valer la vida de una persona, dijo: “Sí, yo creo que sí. En todas las grandes causas ha habido sacrificios muy importantes. Ha habido muchas grandes causas. ¡Que me enseñen una donde no haya habido grandes sacrificios!”.

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Clara Ponsatí ha querido demostrar este martes que sigue encarnando la posición más inamovible del enfrentamiento con el Estado de entre la decena de políticos independentistas catalanes que huyeron de la justicia hace cinco años y se han autoproclamado desde entonces los “exiliados” del procés. En su sorpresivo regreso a Cataluña, la exconsejera de la Generalitat y actual eurodiputada de Junts ha marcado perfil propio, siempre desafiante ante la “patética persecución” de un Estado al que no otorga crédito alguno y con el que no desea “pactar”. Todo ello, con la ventaja de saber que, por el delito que se le imputa —desobediencia— no sería encarcelada nada más poner un pie en España.

Si sus antiguas compañeras de fuga Meritxell Serret (ERC) o Anna Gabriel (CUP) se presentaron directamente a declarar en el Tribunal Supremo tras conocer que solo iban a ser procesadas por desobediencia, Ponsatí ha optado por eludir el trámite y ha comparecido en rueda de prensa ante los periodistas. Después de su discurso, y mientras paseaba por la calle con todas las cámaras detrás, ha tratado de mantener el desafío cuando los Mossos le han salido al paso para que los acompañara a comisaría. “Estáis tratando de detener a una diputada europea”, ha advertido a los agentes, que le han recordado que tenían que dar cumplimiento a la orden de arresto. Finalmente, se la han llevado dentro de un vehículo policial.

Serret, huida a Bélgica en octubre de 2017, y Gabriel, huida a Suiza en febrero de 2018, optaron por emprender un diálogo discreto para asegurarse de que podían regresar a España sin temor a ser detenidas o ingresar en prisión provisional. Solo cuando tuvieron eso claro, volvieron. El caso de Ponsatí, que se fugó a Escocia también en octubre de 2017, aunque llevaba años instalada en Bruselas como eurodiputada, tiene muchas similitudes. En enero, tras la derogación del delito de sedición por la reforma penal pactada por el Gobierno y ERC, el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, acordó el procesamiento de Ponsatí por desobediencia y mantuvo en vigor la orden de detención solo a efectos de asegurar su puesta a disposición del magistrado. La eurodiputada ha optado por regresar sin más y avisando no tener intención alguna de comparecer ante el juez.

Ponsatí se ha presentado en Barcelona tras entrar en España en coche. Lo ha hecho en un día señalado: la víspera del juicio que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) va a celebrar precisamente contra Meritxell Serret por el mismo delito, desobediencia. Ese delito implica únicamente penas de inhabilitación y no de prisión. Ponsatí sabe, y así lo ha expresado en la rueda de prensa en Barcelona, que en ningún caso se expone a un ingreso en prisión. La eurodiputada no ha querido vincular su retorno con la vista contra Serret. Preguntada por el día escogido para el retorno, se ha limitado a decir: “Es que me venía bien”.

El Estado y los muertos

En ese frágil equilibrio entre el desafío institucional y la seguridad jurídica, Ponsatí ha cargado contra los jueces españoles como lo ha hecho en tantas ocasiones desde Escocia y desde Bélgica. Hace apenas un año, en marzo de 2022, la exconsejera aseguró que ve al Estado “dispuesto a matar” si el independentismo protagoniza un nuevo choque. Y opinó que deben correrse riesgos para completar un proceso de separación de España. “El Estado, si es necesario, utiliza la violencia tanto como lo necesite. ¿Esto significa que estarían dispuestos a matar? Estoy convencida”, destacó en una rueda de prensa para presentar su libro Molts i ningú. Embastat de memòries i altres històries’(Editorial La Campana).

En su libro, Ponsatí recuerda que en una reunión celebrada el 26 de octubre de 2017 —un día antes de la declaración unilateral de independencia— le dijo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que, mientras utilizara el argumento de que se debía pisar el freno para evitar muertos, no podrían ser nunca independientes. La exconsejera coincide en que si se hubiera seguido adelante podría haber corrido sangre, pero sostiene que, si el Estado estaba dispuesto a hacerlo, los independentistas tenían que estar dispuestos a pagar el precio: “Con el planteamiento de no hacer nada si hay riesgo de muertos, no haríamos nunca nada. No es necesario que todo el mundo esté dispuesto a arriesgarse, simplemente es un riesgo que debe correrse”, afirmaba en ese libro.

Las polémicas por el tono de sus declaraciones la han acompañado desde el inicio de su huida. En marzo de 2020, la eurodiputada lanzó en redes sociales un mensaje que aludía a los efectos del coronavirus en Madrid. La capital estaba por entonces cercada por la pandemia, que acababa de estallar. Ponsatí escribió: “De Madrid al cielo”. Luego borró el comentario. Según el recuento oficial del Ministerio de Sanidad, en la capital habían muerto entonces 213 personas con covid-19. El tuit fue replicado por el expresidente y también huido de la justicia Carles Puigdemont.

En octubre de 2020, Ponsatí denunció en el pleno de la Eurocámara la inhabilitación de Quim Torra como president de la Generalitat y pidió a la Unión Europea actuar “antes de que sea demasiado tarde”. Torra recibió una condena de un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia por incumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar, durante la campaña electoral, una pancarta de apoyo a los presos del procés del balcón del Palau de la Generalitat. Meses más tarde, en mayo de 2021, Ponsatí se unió a las críticas que Torra lanzó contra la decisión de Junts de pactar con ERC para investir a Pere Aragonès.

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El Gobierno ha cerrado definitivamente uno de los frentes que más se le habían atragantado en los últimos meses. El comité de huelga de los letrados de justicia y los ministerios de Hacienda y Justicia han firmado este martes el acuerdo, que la víspera habían ratificado las asambleas celebradas por este cuerpo superior de funcionarios, que ha puesto fin a la huelga indefinida que iniciaron el pasado 24 de enero. Los paros han causado la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y la retención de 1.500 millones de euros en las cuentas de consignaciones de los tribunales.

La subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes como “complemento de eficiencia” a la que el Gobierno se ha comprometido ha propiciado el acuerdo, que ha sido posible tras la renuncia del Ejecutivo y los huelguistas a las posiciones de las que partían. Una de las principales reivindicaciones de los 4.379 letrados de la administración de justicia era percibir un 85% de la remuneración salarial de jueces y magistrados, lo que habría supuesto un incremento medio de 600 euros mensuales. El sector cedió en parte en sus demandas iniciales durante las negociaciones. El cuerpo de funcionarios votó el lunes a favor de la propuesta de Justicia con un respaldo del 76% y un rechazo del 21% en las asambleas que celebró por todo el país. El 3% de los participantes se abstuvo. De los 2.013 votos emitidos, 1.524 fueron a favor, 421 en contra y 68 en blanco.

“Tenemos todos una sensación agridulce porque para llegar a este acuerdo ambas partes hemos tenido que renunciar a aspectos importantes, pero era lo que procedía hacer”, ha afirmado Juan José Yáñez, portavoz del comité de huelga y representante de la Unión Progresista de Letrados, una de las tres asociaciones convocantes del paro junto al Colegio Nacional de Letrados y la Asociación Independiente de Letrados. El comité de huelga ha revisado y definido “hasta la última coma” del documento final en la reunión de dos horas que han mantenido con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez.

La mejora de 430 euros brutos al mes la recibirán el 94% de letrados: los beneficiados serán los 3.871 funcionarios que no tienen oficina judicial y los 234 destinados en las unidades procesales de apoyo directo. En el caso de los 158 funcionarios que desempeñan su función en los servicios comunes procesales, será de 440 euros brutos. Los 116 letrados que ejercen en las secretarías de gobierno, de coordinación provincial y en las direcciones de servicio común percibirán 450 euros brutos.

La retribución se alcanzará de manera gradual, con efectos de 1 de enero de 2023 y con carácter consolidable. El 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos a partir de esa fecha, otro 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2024, y el 20% restante llegará el 1 de julio del próximo año.

Los letrados de justicia empezarán a percibir el aumento salarial cuando se modifiquen los dos reales decretos que regulan las retribuciones de estos funcionarios. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se prevé que sea en julio, según ha explicado Luis Toribio, que también pertenece al comité de huelga y es vicepresidente del Colegio Nacional de Letrados.

Resuelta la crisis que ha amenazado con el colapso de los tribunales españoles, no está claro el tiempo que será necesario para que la justicia recobre el ritmo previo a la crisis. El Ministerio de Justicia ha constituido un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para abordar la vuelta a la normalidad de la actividad judicial. El ministerio que dirige Pilar Llop ha atendido las peticiones de los colegios de abogados y procuradores para realizar una notificación escalonada de las resoluciones que se encontraban paralizadas como consecuencia de la huelga. “Es difícil saber cuándo se llegará a la normalidad, porque el seguimiento tampoco ha sido igual en todos los juzgados. Habrá que ver a dónde llegan esos programas de actuación que se van a implementar para que la actividad llegue a la normalidad. Yo creo que en este año será difícil, pero se intentará”, ha observado Toribio.