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Un vocal conservador del Poder Judicial pide nombrar jueces militares pese a que la ley lo prohíbe por estar caducado

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Apertura del año judicial militar de 2021. De izquierda a derecha, el general Gerónimo Domínguez; el entonces presidente del Tribunal Militar Central, Carlos Melón; el entonces presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y la entonces fiscal general del Estado, María José Segarra.
Apertura del año judicial militar de 2021. De izquierda a derecha, el general Gerónimo Domínguez; el entonces presidente del Tribunal Militar Central, Carlos Melón; el entonces presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y la entonces fiscal general del Estado, María José Segarra.Europa Press

En un anticipo de la situación a la que se verá abocada toda la Administración de Justicia si no se acomete con urgencia la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada por el PP, la jurisdicción militar ya ha entrado en barrena. El Tribunal Militar Central (TMC), el máximo órgano de la Justicia castrense por debajo de la Sala Quinta del Supremo, está paralizado desde que en diciembre pasado pasó a la reserva el último de los jueces togados en activo que lo integraban, el general auditor Francisco Pascual Sarriá.

Eso significa que no se pueden instruir causas contra militares o guardias civiles de empleo igual o superior a comandante, ni tampoco contra jueces, fiscales o secretarios de la jurisdicción militar, ni resolver recursos contra decisiones de los juzgados togados centrales ni tampoco recursos contra sanciones disciplinarias graves impuestas por los jefes de los ejércitos, la subsecretaria o la directora de la Guardia Civil. Todavía funcionan, aunque de forma cada vez más precaria, los tribunales y juzgados militares territoriales que se ocupan de las causas contra los escalones más bajos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Ante esta situación, el Consejo General del Poder Judicial encargó en diciembre a dos de sus vocales, el conservador José María Macías Castaño, y la progresista Clara Martínez de Careaga, proponer fórmulas para desbloquear la Justicia Militar.

Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, ambos han planteado fórmulas radicalmente diferentes. El primero, que se caracteriza por ser el más activo de los vocales del bloque conservador contra las medidas que toma el Gobierno, propone sortear la reforma de marzo de 2021, que prohíbe al Consejo del Poder Judicial asignar plazas en juzgados y tribunales con el mandato caducado, como sucede desde hace ya cuatro años. La opinión que tiene Macías de esta reforma la deja clara al calificarla de “espuria” y atribuirle el objetivo de “impedir el correcto funcionamiento del CGPJ y, de paso, perjudicar el correcto funcionamiento de los tribunales”.

Para resolver problema, propone reinterpretar el artículo que permite al Consejo, incluso estando en funciones, nombrar a dos magistrados del Constitucional y “realizar aquellas otras funciones que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano” (se entiende que del propio CGPJ) en el sentido de que esta previsión le habilita para nombrar jueces de la jurisdicción militar (y se supone que también de la ordinaria) por los mecanismos habituales. Como alternativa, si esta opción no es aceptada, plantea convocar concursos para la provisión de suplencias en los tribunales y juzgados militares, “sin perjuicio de que el Ministerio de Defensa conceda luego a los jueces militares designados las correspondientes comisiones de servicio”, todo ello en base a informe del Gabinete Técnico del Consejo del pasado 14 de septiembre.

Por el contrario, Martínez de Careaga considera que la prohibición de cubrir vacantes judiciales cuando el Consejo tiene el mandato caducado afecta también a las suplencias, tal como el mismo Gabinete Técnico había concluido en un informe anterior, de 15 de julio. La vocal alerta de que, aunque se nombraran suplentes en los juzgados militares, eso no solucionaría el problema, pues la ley exige que en el tribunal siempre haya un juez togado y no se puede formar una sala de Justicia con más de un suplente, por lo que las resoluciones dictadas por un tribunal formado de este modo podrían impugnarse por ser el mismo “manifiestamente incompetente”.

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La vocal admite que se está ante una coyuntura “excepcional”, pero advierte de que no se trata de un problema sobrevenido, pues la gravedad de la situación ya fue advertida por el presidente interino del Tribunal Militar Central en verano pasado cuando se podría haber resuelto, “y aún podría serlo ahora”, según el escrito, con el mero trámite de ascenderlo de general auditor (general de brigada) a general consejero togado (general de división), lo que le habría permitido seguir en activo. En realidad, el problema empezó a gestarse cuando, en octubre de 2021, el presidente del TMC, el general consejero togado, Carlos Melón, pasó a la reserva y el CGPJ no pudo nombrar sustituto, por lo que Pascual Sarriá se hizo cargo de la presidencia con carácter interino.

El informe de la vocal progresista concluye que el Consejo no puede, “sin vulnerar la ley”, convocar procesos de designación de suplentes, ni mucho menos de titulares, en la jurisdicción militar, “ni siquiera amprándose en la excepcional situación en que se encuentra el Tribunal Militar Central”, por lo que propone comunicarlo al Ministerio de Defensa para que este adopte las medidas pertinentes para evitar que se quede sin general del cuerpo jurídico. Aunque no lo dice, sugiere que ascienda a su hasta diciembre presidente interino. Fuentes de la jurisdicción militar alegan, sin embargo, que eso es imposible, porque ya ha pasado también a la reserva.

De otro lado, la opción defendida por el vocal conservador podría llevar a un choque con el Gobierno si este entiende, como Martínez de Careaga, que se trata de una abierta vulneración de la ley que recortó las competencias del CGPJ en funciones como forma de presionar al PP para que cumpla la Constitución y acometa ya su renovación. Los dos informes iban a ser abordados por la Comisión Permanente del Poder Judicial en su reunión de la pasada semana, pero su debate quedó pospuesto en principio para la de esta semana.

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El atasco administrativo impidió la expulsión del atacante de Algeciras

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Yasine Kanjaa con el machete en la mano, tras asesinar a Diego Valencia, en una imagen del vídeo grabado por un viandante.
Yasine Kanjaa con el machete en la mano, tras asesinar a Diego Valencia, en una imagen del vídeo grabado por un viandante.

La situación irregular en España del marroquí Yassine Kanjaa, detenido el pasado miércoles tras matar a machetazos al sacristán Diego Valencia en Algeciras (Cádiz) y herir a otras cuatro personas, no es una excepción. En la actualidad, el Ministerio del Interior solo consigue devolver o expulsar (dos figuras legales distintas) a sus países de origen a un 9% de los extranjeros en situación irregular contra los que dicta una orden para hacerlo, porcentaje ligeramente superior al que se registraba a finales de 2022, cuando era del 7,5%. Pese al incremento del último mes, se mantiene por encima del 90% las órdenes que, como en el caso de Kanjaa, no se pueden ejecutar por diversos motivos administrativos, confirman fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. En la actualidad hay 178 inmigrantes irregulares recluidos en los Centros de Internamiento Extranjero (CIE, instalaciones en los que los extranjeros pueden estar retenidos un máximo de 60 días) para su expulsión inmediata.

Interior admite que la situación es peor que la que había antes de que estallara la pandemia, cuando estas cifras de expulsión casi se triplicaban. En 2019, el año anterior al inicio de la crisis sanitaria que obligó a cerrar las fronteras, la Policía concluyó la expulsión a sus países de origen de 4.677 personas y la devolución de otras 6.476 personas, según datos oficiales obtenidos a través del Portal de Transparencia. En total, suponen cerca de un 30% de las 37.890 órdenes que se dictaron contra extranjeros para que abandonasen territorio español, según Eurostat. El porcentaje de expulsiones y devoluciones estaba por debajo de la por entonces media europea (36%).

Además, desde octubre de 2020, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide a España expulsar inmigrantes solo por estar en situación irregular. El fallo obliga al Gobierno a aplicar la propia Ley de Extranjería española que impone multa en casos de estancia irregular y solo contempla la expulsión de extranjeros sin papeles cuando existan circunstancias agravantes. La Policía Nacional dictó entonces nuevas instrucciones para el cumplimiento de esta sentencia en las que ordenaba a los agentes que priorizasen aquellos expedientes en los que fuese posible motivar la expulsión con “elementos negativos” de la actuación del inmigrante frente a aquellos en los que la única infracción sea su situación irregular en España.

En concreto, planteaba que sería motivo suficiente para tramitar la expulsión que el inmigrante hubiera sido detenido por la comisión de un delito o que tuviera antecedentes penales; que hubiera invocado una falsa nacionalidad; que hubiera una prohibición de entrada anterior; que carezca de domicilio y documentación; que hubiera incumplido una orden de salida obligatoria, y que no exista posibilidad de comprobar cómo y cuándo entró en territorio español por falta de documentación o la ausencia en esta del sello de entrada. En el caso de Kanjaa se daba uno de estos requisitos, ya que cuando se detectó su presencia en Algeciras en junio del año pasado iba indocumentado. Sin embargo, este fue también un obstáculo para su expulsión.

De hecho, el expediente administrativo que se le abrió entonces se concluyó cinco meses después, el pasado 3 de noviembre, cuando se le notificó su expulsión. Se inició entonces el plazo de ejecución de la orden que, sin embargo, no se materializó. Según detallan fuentes de Interior, a no estar en posesión de documentación de su país, las autoridades españolas tuvieron que iniciar el proceso de pedir a Rabat que lo documentase o, en su defecto, se le expidiese un salvoconducto para que la policía le pudiera llevar a Marruecos. Este proceso no siempre es ejecutado por los más de 30 países con los que España tiene acuerdos para que acepten el retorno de sus nacionales.

Los responsables policiales encargados del control fronterizo consideran las expulsiones un buen instrumento para frenar la inmigración irregular y, de hecho, el cierre de fronteras a causa de la covid-19 ―con la consiguiente suspensión de los vuelos de repatriación― hizo que la Comisión Europea expresase en varias ocasiones en documentos internos su preocupación por sus consecuencias en estas políticas. Tras la progresiva reapertura de la frontera, las expulsiones y devoluciones han vuelto, pero aún se está lejos de las cifras de 2019. La Policía Nacional, de la que depende la ejecución de las expulsiones a través de la Comisaría General de Extranjería, fijaba en su último Plan Estratégico, elaborado el pasado septiembre, como objetivo “aumentar las repatriaciones” de extranjeros en situación irregular.

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En concreto, el documento policial ponía el foco en los de origen subsahariano, para lo que proponía el empleo de “vuelos macro [de gran tamaño] a los países de origen” mediante la firma de acuerdos bilaterales “eficaces”. También planteaba incrementar las repatriaciones “con Argelia y Marruecos”, punto de origen de la mayor parte de las pateras que llegan a las costas españolas. E insistía en consolidar la expulsión de “la población reclusa extranjera”, una figura contemplada en el caso de condenas superiores a un año de cárcel. El informe también apuntaba en una previsible “alta presión migratoria procedente de África” fruto de “la situación económica mundial”, causada primero por la covid-19 y, posteriormente, por la guerra en Ucrania.

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El desafío de la integración en Algeciras

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El sacristán Diego Valencia siempre tenía una bolsa de comida para quien se acercase a la puerta de la iglesia de La Palma, en Algeciras (Cádiz), pidiendo ayuda. Era una máxima de Cáritas, como explica el sacerdote Juan José Marina. El 80% de quienes piden auxilio en el templo son musulmanes, señala el párroco. Y añade: “Es un respeto mutuo”. Una situación que resume el espíritu de convivencia con el que centenares de algecireños despidieron este viernes a Valencia, asesinado dos días antes por el ciudadano de origen marroquí Yasine Kanjaa. El crimen ha convulsionado a esta ciudad de 120.000 habitantes que lleva a gala ser vecindario de más de 120 nacionalidades pero que, al igual que toda la comarca del Campo de Gibraltar, aún tiene obstáculos que dificultan la plena integración de los migrantes.

Efectivos sanitarios y policiales cubren el cadáver del sacristán fallecido en un ataque a diferentes iglesias, a 25 de enero de 2023 en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España).Foto: Nono Rico | Vídeo: EPV

Sabido es que Algeciras es un lugar multicultural, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), aprovechó su presencia en el funeral para recordarlo. “Siempre ha existido convivencia”, dijo antes de entrar a la iglesia. Roberto Espiñeira, de 70 años y gallego residente en la localidad desde hace tres, coincide con la aseveración, pero aporta la clave: “El problema son los chavales que se ven sin papeles, sin nada. Es fácil que caigan en cualquier red”, dice mientras pasea a su perra Lily por la plaza Alta. El 8,39% de los habitantes de la ciudad son extranjeros residentes, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de 2021. Y esos datos no tienen en cuenta a la población de paso, migrantes habitualmente en una situación irregular que les complica acceder a cualquier derecho.

“La inclusión social se encuentra obstáculos. Es una ciudad que sufre profundas desigualdades, y la exclusión y la pobreza afectan más a los migrantes”, resume el periodista local Alfonso Torres, autor de Manual de actuación frente al racismo. Torres trabajó además en la difusión de un análisis sobre la percepción de la convivencia entre población autóctona y alógena en Algeciras en 2017: el 79% de la población extranjera aseguró tener buena relación con los locales, y el 78% de estos veía positiva la diversidad étnica en los colegios públicos. Pese a esas cifras tan igualadas, su conclusión es que “la población migrante era más receptiva que la autóctona en integrarse”. “Hay zonas de la ciudad que siguen vivas gracias a que la población migrante es parte de la comunidad”, apunta el periodista. Algeciras está entre las diez ciudades de España con mayor tasa de paro (rozando el 25%), según un informe del INE con datos de 2021.

Los alrededores del puerto y el mercado son la viva estampa de ello. Mientras la plaza Alta bullía en aplausos durante la despedida del coche fúnebre del sacristán asesinado, los puestos de los comerciantes apuraban las últimas ventas del día, aún conmocionados por el crimen. El protésico dental marroquí Amid lleva 27 años viviendo en Algeciras y regenta como empresario un puesto de frutas y verduras. Asegura que nunca ha sufrido xenofobia. “La integración depende de las personas”, opina.

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Mercado principal de Algeciras.
Mercado principal de Algeciras.Marcos Moreno

Pepa —”mejor pon ese nombre si lo vas a publicar”, pide— apura sus últimas compras en el mercado. Nació en Tánger en tiempos del Protectorado Internacional y ahora reside en Algeciras. Tras vivir en las dos orillas, llega a la conclusión de que la convivencia es sencilla pero la integración “no tanto”. “En Tánger los españoles vivíamos separados y aquí ocurre algo similar. Vivo en un edificio en el que están llegando personas marroquíes para vivir y los vecinos no están contentos. Es difícil”, explica la mujer. Mohamed El Mkaddem, imán del templo de Al Huda y portavoz de la comunidad islámica en el Campo de Gibraltar, afirma que en la ciudad están “acostumbrados a la mezcla”, pero no niega que ataques como el ocurrido el miércoles hacen daño a la comunidad musulmana: “Los que más pagamos esto somos nosotros. No lograrán implantar el odio, compartimos el dolor”.

El alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), asegura que la ciudad invierte unos 10 millones de euros en gasto social, de los más de 110 millones del presupuesto municipal, y afirma que el número de familias atendidas ha crecido de 1.700 antes de la pandemia a 5.000 en la actualidad. El día después del ataque, el alcalde incidió en que lo que Algeciras necesita son más medios policiales. La petición contrasta con la realidad de la baja criminalidad de una ciudad con 22 infracciones por cada 1.000 habitantes —según datos del Ministerio del Interior del año pasado—, una cifra por debajo de ciudades turísticas como Sevilla.

Torres rechaza que esa sea la solución y cuestiona la cifra de inversión social aportada por Landaluce, porque asegura que engloba los costes del personal que trabaja en la delegación municipal. “La Administración debería tener más músculo social. Si hay un asunto que altera la paz social en el Campo de Gibraltar es el narcotráfico, y ahí hay personas de todo pelaje”, afirma.

En ese contexto, asociaciones y ONG llevan años trabajando por desmontar, además, los bulos y desinformaciones que señalan a los migrantes como beneficiarios privilegiados de las ayudas sociales. “Uno de los prejuicios más comunes es el del migrante que se lleva la ‘paguita’ o que viene a quitarnos el trabajo. La realidad es que quien no tiene papeles no recibe apenas ayudas”, apunta Torres.

Espiñeira ya ha recogido el periódico del que es suscriptor desde 1976 y está a punto de terminar el paseo a su perra por la plaza Alta. “Justo aquí donde estamos todos los fines de semana monta Vox su tenderete”, cuenta, preocupado por los mensajes xenófobos que puedan alentarse ahora, tras el asesinato de Diego Valencia, en “una ciudad de convivencia”. “Esos mensajes calan más en la incultura. Es más fácil buscar a alguien a quien echar la culpa de tus males”, razona el jubilado.

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El atacante de Algeciras recibió tratamiento psiquiátrico en Marruecos y carecía de antecedentes penales y policiales en su país

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Ued el Marsa se precipita hacia el mar desde los cerros que enmarcan el superpuerto de Tanger Med, más cercano a Ceuta que a la ciudad marroquí de la que toma el nombre. En una de las laderas que dominan las dársenas con macrogrúas para contenedores está escrito sobre piedras blancas “Dios, patria y rey”, el lema del reino jerifiano. Al anochecer del jueves estallaba el contraluz más brutal entre las futuristas instalaciones portuarias, una explosión de neón blanco, y las tenebrosas calles sin pavimentar que conducen al bar Madrid de Ued el Marsa, único lugar con señales aparentes de vida en la población, de unos 400 habitantes. Ante un televisor se habían reunido una docena de parroquianos poco antes del comienzo del partido que iban a disputar los dos principales equipos de la capital de España. “Yo soy del Barça”, terciaba Utman, un rifeño recio, en la treintena, curtido en los muelles de Algeciras y las fábricas de la corona sur de Madrid, y que evita facilitar su apellido. “A Yassine Kanjaa le conocíamos todos”, recuerda. “Ya no vive aquí, la droga le comió el coco”, diagnostica, mientras el resto de los hombres asienten con la cabeza. Fuentes del Ministerio del Interior marroquí añaden que hace años recibió tratamiento en un centro psiquiátrico de Tánger, sin ofrecer más detalles. También precisan que su nombre no constaba en los registros de antecedentes judiciales y policiales de Marruecos.

Utman observa con la mirada perdida las luces de Algeciras en el horizonte, que compiten con las de Gibraltar, con el destello hacia el oeste de Tarifa. Es el mismo paisaje en el que creció Kanjaa, el autor de los ataques a machetazos de Algeciras que el miércoles se cobraron la vida de un sacristán y causaron varios heridos. Entre los vecinos de Ued el Marsa, cubiertos con las gruesas chilabas de los días más fríos del invierno, existe un pacto de omertá que no se rompe hasta la llamada de uno de los compañeros de vivienda de Kanjaa en Algeciras. La ley del silencio se difumina poco a poco en el bar Madrid, pero no las trabas de las autoridades locales.

La casa de Yassine Kanjaa en Ued el Marsa, un pequeño pueblo costero marroquí ubicado a seis kilómetros de la frontera con Ceuta.
La casa de Yassine Kanjaa en Ued el Marsa, un pequeño pueblo costero marroquí ubicado a seis kilómetros de la frontera con Ceuta.
Mohamed Siali (EFE)

En la oscuridad, las miradas de rechazo al forastero parecen adquirir un destello de aceptación. “Soy Hasan Sellah, el alcalde; aquí hay que pedir permiso para hacer preguntas. Esta noche no se puede pasar, lo ha prohibido la autoridad. Además, los padres de Yasim Kanjaa tienen ya unos 70 años y ni se les puede molestar”, advertía el regidor, barbudo y en la cincuentena, mientras manoseaba la acreditación de prensa concedida por el Ministerio de la Comunicación marroquí al corresponsal de EL PAÍS.

La familia de Kanjaa no tiene casa en el núcleo del pueblo, sino en la minúscula pedanía de El Hatba, a los pies del monte Musa, simbólica representación de la segunda columna de Hércules que da la réplica en África al peñón de Gibraltar.

Ya en la mañana del viernes, se abre junto a la cadena montañosa el espectacular paisaje del Estrecho y la patente cercanía entre dos mundos tan alejados económica y culturalmente. El alcalde Sellah ha marcado el número de teléfono del caíd de Taghramt, 20 kilómetros al sur, que agrupa a las municipalidades de la zona en el caidato o mancomunidad del mismo nombre.

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“Es el encargado”. Así explica en castellano Utman para traducir en su jerga de currante en España quién es el verdadero representante del poder central en este confín del Rif. El caíd, que no quiso identificarse, es el delegado del Ministerio del Interior en la zona, dentro de la compleja división territorial del país magrebí, que conjuga una creciente descentralización administrativa con un centralismo de raíz feudal. “Tiene que pedir permiso. Eso es todo”, explicaba en un pulcro francés.

El ceutí Mohamed, de 26 años, se mueve con familiaridad en el restaurante Isla Perejil de las afueras de Ued el Marsa. Tiene una privilegiada vista sobre el Estrecho mientras exhibe en una vitrina refrigerada besugos, calamares y un plateado pez espada. “Nadie osa contradecir al caíd”, reconoce, mientras el funcionario del Ministerio pasea por el local y advierte de nuevo al periodista extranjero de que sin permiso no puede acceder a la aldea de El Hatba. Repetidamente, se inhibe ante las llamadas de responsables de los Ministerios de Comunicación y de Interior que le reclaman que le franquee el paso al reportero.

“YassineKanjaa nunca estuvo bien. Era mi amigo”, asegura Mohamed en el restaurante en cuanto se aleja el caíd. “Compartimos cervezas y porros y salíamos con chicas, hacíamos de todo, pero parece que últimamente había cambiado. Tal vez por las drogas, por sus trastornos psíquicos. Dicen que en su familia ha habido casos de enfermedades mentales, su padre, un hermano. Pero yo no lo sé bien”, admite el ceutí.

“Cuando estaba aquí y estaba bien de la cabeza, si se producía un atentado yihadista, lo condenaba. ‘Si cojo a ese cabrón lo mato’, me decía’, pero en Algeciras le entró el pánico en el último mes y cambió. Me llamaba: ‘Tenéis que rezar’, decía, ‘me ha poseído el demonio”, relata Mohamed, quien no puede precisar si Kanjaa, de su misma edad, había recibido tratamiento psiquiátrico. “Me llamaron el miércoles de Algeciras. ‘Mira lo que ha hecho tu amigo’, decían”, se lamenta dos días después.

El mismo caíd del Ministerio del Interior, responsable de la seguridad local que se resistió a facilitar, hasta pasadas más de cuatro horas, el acceso a la aldea confirmó poco más tarde que YassineKanjaa había sido tratado hace años en un centro psiquiátrico de Tánger, sin ofrecer detalles. También precisó que su nombre no constaba en los registros de antecedentes judiciales y policiales de Marruecos.

“Lo que dice la gente por aquí es que el hombre [Kanjaa] tomaba drogas y eso es lo que le ha afectado”, diagnostica Utman en Ued el Marsa. “Estaba muy raro; él no se juntaba con nosotros. Hace dos años que casi no teníamos noticias suyas. Se juntaba con amigos que no eran del pueblo. Cuando se marchó a España dejó de comunicarse con la gente de aquí”, refería con aire de perplejidad.

“Su familia es de aquí. Nos conocemos de toda la vida”, corroboraba este vecino. “Vivía con sus padres y con seis hermanos. Y nunca tuvo incidentes importantes. Pasaba a nuestro lado y solo saludaba. Nada más. No sabíamos nada de su vida. Cuando fui a desayunar por la mañana [por el jueves] al bar me enteré de todo”, se limita a contestar Utman en un español de fuerte sonoridad magrebí.

A un par de kilómetros de la isla Perejil y a unos 15 de la frontera de Ceuta, en el acceso al puerto de Tanger Med, niños de 10 o 12 años se arrojaban el jueves al atardecer a los bajos de los tráiler, en el momento en el que los camiones reducen la velocidad en una rotonda camino de los transbordadores del Mediterráneo. Desde que cesó el comercio informal, de porteadores de mercancías, en la frontera de Ceuta, la droga o la patera son casi las únicas vías de escape para los jóvenes de la punta marroquí más septentrional.

“Los buenos trabajos en el nuevo puerto y en la cercana factoría de Renault se los llevan técnicos y especialistas venidos de Rabat y Casablanca”, apunta el taxista Mohamed camino de Ued el Marsa “Aquí nadie quiere, ni puede, estudiar”. La hermosa, único negocio turístico del pueblo, se queda desolada en enero. De sus arenales parten, a veces, las lanchas planeadoras que vuelan sobre las aguas con alijos de hachís hacia el otro lado del Estrecho.

Levantadas todas las barreas de seguridad, el lugar de El Hatba, adonde se accede por una tortuosa carretera de cemento agrietado, se presenta como un nuevo escenario para la ley del silencio. La casa familiar de los Kanjaa está vacía, sin señales de haber sido recientemente ocupada. Un perro atado con una cadena mira al visitante sin un ladrido.

“La familia se fue hace 10 años a Tánger. Yassine venía de vez cuando. No estaba bien de la cabeza”, abunda Ahmed Agzhi, un pescador de 45 años, a la salida del rezo del mediodía del viernes en la mezquita, el único punto con presencia humana visible en la aldea. Abdel Jalak, de 82 años, un agricultor que habita la casa colindante a la de los Kanjaa, insiste en que ellos viven permanentemente en Tánger desde hace una decena de años. “Pasan algunas temporadas. El joven Yassine estaba enfermo desde hace unos tres años y antes tuvo problemas con las drogas. Ahora estamos muy afectados. Es la primera vez que alguien de este pueblo comete un crimen tan horrible”, asegura, mientras se despide cariacontecido tras finalizar el rezo.

Muhamed Muracim, auxiliar de los servicios municipales de 62 años, puntualiza: “La familia Kanjaa pasó por aquí hace dos semanas”. El alcalde de Ued el Marsa creía en la noche del jueves que los padres de Yassine Kanjaa estaban durmiendo en su casa del pueblo. Al día siguiente, Hasan Shellal se encoge de hombros en presencia de un oficial de la Gendarmería Real y del omnipresente caíd.

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