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La ejecutiva de Ciudadanos ejercerá más control sobre el grupo parlamentario y Arrimadas gana presencia frente a Bal

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De izquierda a derecha, la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas; la portavoz política, Patricia Guasp; y el portavoz adjunto, Edmundo Bal, el 14 de enero, en la sexta asamblea general de Ciudadanos.
De izquierda a derecha, la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas; la portavoz política, Patricia Guasp; y el portavoz adjunto, Edmundo Bal, el 14 de enero, en la sexta asamblea general de Ciudadanos.FERNANDO ALVARADO (EFE)

La primera semana de trabajo de la nueva ejecutiva de Ciudadanos tenía por delante adoptar una de las decisiones más complicadas: ¿debe seguir Edmundo Bal como portavoz parlamentario? La intención era abordar este asunto en la primera reunión de la cúpula del lunes pasado, pero el apaciguamiento de la guerra interna, gracias a las negociaciones durante la asamblea general, hizo que el debate sobre su continuidad en el cargo se aplazara a la cita de este lunes. Finalmente, la dirección mantiene a Bal “de momento” como portavoz adjunto, pero tendrá menos presencia mediática. La expresidenta y portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, comparecerá de ahora en adelante en las ruedas de prensa de los martes en sustitución de Bal, que durante los tres últimos años ha respondido regularmente ante los medios en la Cámara baja. Además, el diputado Guillermo Díaz ostentará un nuevo cargo —el de coordinador parlamentario—, para que los diputados actúen conforme a la línea marcada por la dirección, de la que también forma parte. “Es indignante”, responden fuentes del grupo parlamentario.

La guerra protagonizada por Bal y Arrimadas durante los últimos meses, a cuenta del liderazgo y de la identidad ideológica del partido, culminó en el proceso de primarias celebradas hace 10 días. Pero las acusaciones vertidas por Bal durante la campaña hacia la candidatura de Patricia Guasp y Adrián Vázquez —que se impusieron por el 53,25% de los votos, frente al 39,34% de los cosechados por el diputado—, provocaron el enfado de los nuevos líderes de Ciudadanos. También la posterior reacción del portavoz al anuncio de los resultados, al considerar Bal que una “gran mayoría” pedía un cambio, por lo que las demandas de su lista “debían ser escuchadas” por la nueva dirección. Una ejecutiva tutelada, a su juicio, por Arrimadas, que apoyó y cerraba la lista vencedora en el último puesto. En un primer momento, la cúpula se planteó retirarle el cargo de portavoz en el Congreso como respuesta a estos ataques, y para evitar mensajes contradictorios entre los lanzados por Guasp como nueva portavoz política y los emitidos por Bal en calidad de portavoz.

También durante la campaña la mayoría de los diputados se posicionó a favor de Bal, salvo Guillermo Díaz —afín a Arrimadas y miembro de la candidatura vencedora—, por lo que la orden de cesarle como portavoz parlamentario podría haber desembocado en una sublevación. Por eso, el nuevo secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, se ha reunido con todos los diputados estos días para tomar el pulso al grupo y calmar las tensiones. “Hay una gran predisposición de todos los compañeros a seguir siendo el mejor grupo de los diputados y que es la verdadera oposición a Sánchez”, ha subrayado Vázquez en conferencia de prensa. Fuentes de la dirección sostienen que ha habido “consenso” y unidad para “remar todos juntos”.

Sin embargo, la decisión de la ejecutiva no solo no ha acabado con las discrepancias, sino que ha avivado la batalla. “Nos tratan como un grupo rebelde, hay mucho malestar entre los diputados. Guillermo Díaz es el enlace del grupo cuando esa figura no existe en los estatutos”, censuran fuentes del grupo. Normalmente, Bal comparecía ante los medios, ya que Arrimadas estaba también centrada en sus funciones como presidenta. La dirección justifica este cambio bajo el razonamiento de que la portavoz está ahora liberada de esas competencias. Además, para tener un mayor control sobre el grupo, introducen a Díaz como enlace de la ejecutiva para que la posición sea acorde a la de la nueva cúpula. “Será una persona en la que recaerá muchísima de la responsabilidad futura en el Congreso, y traslade las decisiones de ida y de vuelta”, ha añadido Vázquez, quien a su vez estará en las reuniones que los diputados mantienen en la Cámara baja los jueves.

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La primera cita clave tras este cambio será la de este martes durante la celebración del pleno extraordinario en el Congreso. La dirección ha anunciado que Ciudadanos se abstendrá en la votación del nuevo paquete anticrisis por la guerra de Ucrania aprobado por el Gobierno a final de año y en vigor desde el 1 de enero. “Las medidas son parches. Algunas las propusimos hace un año, pero no son suficientes”, ha afirmado Guasp en rueda de prensa al anunciar su posición. “Ellos deciden nuestro voto sin consultarnos”, replican las mismas fuentes parlamentarias. Unas críticas que ponen de manifiesto que la pugna entre la dirección y gran parte del grupo parlamentario sigue sin resolverse.

Quién es quién en la nueva ejecutiva

Comité permanente

Al igual que respecto al debate sobre Bal, Ciudadanos tomará ahora sus decisiones con una dirección más nutrida que en la etapa de Arrimadas. Hay tres ejecutivas. El núcleo duro de la toma de decisiones —el comité permanente—, que incorpora a un mayor número de personas. En concreto, 15 dirigentes de CS, entre los que se incluye a los líderes del partido, Patricia Guasp y Adrián Vázquez, portavoz política y secretario general, respectivamente. Completan el grupo el concejal madrileño, Mariano Fuentes, y el diputado navarro, Carlos Pérez-Nievas —vicesecretario general y coordinador nacional—. Y otros dirigentes como Nacho Martín Blanco, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, y el diputado Guillermo Díaz. 

Comité ejecutivo

En un estrato inferior se sitúa el comité ejecutivo, integrado por los 15 dirigentes del comité permanente más otros 15 vocales. Entre los que se encuentran la vicealcadesa de Madrid, Begoña Villacís, y la expresidenta de CS y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas. Además de otros dirigentes como el coordinador autonómico en Cataluña, Carlos Carrizosa, y el vicepresidente del cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga. 

Comité nacional

Y un último nivel —el del comité nacional—, formado por el comité ejecutivo más la veintena de coordinadores autonómicos (que con los nuevos estatutos pasan a llamarse presidentes autonómicos). Una cúpula mucho más amplia que la anterior y con mayor representación territorial, con la idea de acabar con los cesarismos y tomar decisiones de manera más transversal y asamblearia. Las primarias para elegir a los nuevos presidentes autonómicos de las 12 comunidades que celebran elecciones en mayo están previstas para el mes de febrero. Y las listas de los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas estarán listas para marzo.

Consejo general

Además de la ejecutiva, Ciudadanos tiene un consejo general, el máximo órgano entre asambleas, compuesto por otros 125 miembros. En otras ocasiones, la cúpula solía trasladar su poder a este órgano con consejeros de su cuerda, pero no ha sido así esta vez. Las partes han acordado que la representación sea de 60 a favor de Guasp, 40 próximos a Bal y otros 25 que se votaron directamente en la asamblea general el pasado 15 de enero.

Parte del nuevo comité permanente, tras su primera reunión, el lunes 16, en la sede del partido.
Parte del nuevo comité permanente, tras su primera reunión, el lunes 16, en la sede del partido.Gustavo Valiente (Europa Press)

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El tribunal europeo dicta que Bélgica debe entregar a los líderes del ‘procés’ salvo que constate fallos “sistémicos” en la justicia española

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto límites este martes a las posibilidades de Bélgica de seguir denegando la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de exdirigentes de la Generalitat catalana que huyeron a Bruselas en 2017, sobre los que el Tribunal Supremo había emitido sendas órdenes de detención europeas para poder juzgarlos por su papel clave en el referéndum y la declaración ilegal de independencia de aquel año. El TJUE determina que un país miembro de la UE (en este caso, Bélgica) no puede negarse a cumplir con una euroorden de detención dictada por otro país miembro (en este caso, España), salvo que llegue a dos conclusiones después de realizar un examen a fondo del caso: que en ese Estado existen “deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial” y que hay “razones serias y fundadas” para creer que la persona reclamada, en caso de ser entregada, corre el riesgo de que “se vulnere su derecho fundamental a un proceso equitativo”.

La sentencia supone un primer espaldarazo para la justicia española, que siempre ha sostenido que Bélgica no podía negarse a entregar a los fugados del procés, pero no implica un desbloqueo inmediato de la situación.

La justicia belga lleva cinco años paralizando la entrega de los exdirigentes huidos, alegando —como hacen el propio Puigdemont y el resto de acusados— que el Tribunal Supremo español no es competente para juzgar este caso. Ahora, en su sentencia, el TJUE sostiene que, “en principio”, “una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de negarse a ejecutar una orden de detención europea (ODE) basándose en un motivo de no ejecución que se derive exclusivamente del Derecho del Estado miembro de ejecución”. Una denegación de una euroorden, subraya, “debe tener carácter excepcional”. Lo que sí podría hacer Bélgica, agrega la sentencia, es “aplicar una disposición nacional que prevea que se denegará la ejecución de una ODE cuando esa ejecución daría lugar a la vulneración de un derecho fundamental”.

Eso sí, puntualizan los jueces de Luxemburgo, llegar a esa última conclusión debe estar muy bien fundamentado por parte de la justicia belga: por un lado, debe demostrar que hay “deficiencias sistémicas o generalizadas” en el funcionamiento del sistema judicial español (en este caso). Además, continúa el TJUE, debe indicar “de modo concreto y preciso (…) si existen razones serias y fundadas” para creer que la persona reclamada por la justicia española “correrá tal riesgo en caso de ser entregada” a España. Y ello requeriría que se realice una “solicitud previa de información complementaria a la autoridad judicial emisora”, en este caso España.

La sentencia es la respuesta del tribunal europeo con sede en Luxemburgo a las cuestiones prejudiciales (preguntas dirigidas al TJUE) remitidas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en 2021, después de que la justicia belga rechazara entregar a España al exconseller Lluis Puig, procesado por malversación y desobediencia. Según la argumentación de Bélgica, el tribunal competente para reclamar su extradición no era el Supremo sino los tribunales catalanes. Además, indicó que si era entregado a España, podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

El pasado verano, el Abogado General de la UE Richard de la Tour emitió una opinión dando la razón a España al considerar que Bélgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir una euroorden ni puede denegar tampoco la entrega de los fugados del procés alegando una posible vulneración de derechos fundamentales si no demuestra antes la existencia de “deficiencias sistémicas” en la justicia española. Aunque el TJUE no tiene por qué seguir el razonamiento de sus abogados generales, suele tener muy en cuenta sus argumentos. En este caso, no obstante, los ha matizado bastante. El Abogado General también se manifestó favorable a otra pregunta de Llarena: si podría cursar una nueva euroorden contra Puig si el TJUE decide que Bélgica incumplió las normas de la UE. Ahora, el TJUE dice que sí: “Pueden emitirse varias ODE sucesivas contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un Estado miembro después de que dicho Estado se haya negado a ejecutar una primera ODE dirigida contra esa persona”, señala la sentencia. Pero la nueva euroorden, advierte, “no debe dar lugar a una vulneración de los derechos fundamentales de dicha persona”, por lo que, sobre todo, su emisión debe tener “carácter proporcionado”.

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Con su cuestión prejudicial, Llarena buscaba aclarar el alcance de las euroórdenes antes de que la justicia belga se pronuncie sobre los expedientes de Puigdemont y de los exconsejeros y ahora eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, a los que también quiere juzgar la justicia española. Antes, el Tribunal General de la UE (TGUE) debe fallar sobre otro proceso clave: el recurso de los independentistas catalanes contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, precisamente tras un suplicatorio de Llarena para poder extraditarlos y juzgarlos en España. La justicia belga congeló la tramitación de esas euroórdenes hasta que Luxemburgo resuelva el fondo de este asunto.

Por otra parte, después de que este mismo enero entrara en vigor la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición, el juez del Tribunal Supremo reformuló el auto de procesamiento contra Puigdemont para suprimir ese delito. Mantuvo una orden de busca y captura para el expresidente y los exconsejeros Comín y Puig por malversación y desobediencia, pero es de ámbito nacional. Llarena dejó sin efecto las euroórdenes contra los eurodiputados, a la espera tanto de la decisión de hoy como del fallo respecto de la inmunidad.

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La Guardia Civil investiga la desaparición de dos hombres y la muerte de un tercero tras quedar con un vendedor en Manzanares

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El pasado viernes, la Guardia Civil solicitaba la colaboración ciudadana para localizar un vehículo, Renault Clío, cuyo propietario, Juan Manuel Isla, desapareció el 22 de julio pasado. Difundía las últimas imágenes existentes, “cuando el desaparecido abandonaba la localidad de Manzanares dirección Membrilla por la carretera N430A, horas después de haber sido visto por última vez”. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado llevan meses indagando en el paradero Isla, de 59 años. Saben que una de las últimas personas que le vio fue un comercial del pueblo, “un vecino conocido en la localidad que ha hecho de comisionista en la venta de tierras y otras propiedades”, señalan, y a quien han interrogado.

Supuestamente había quedado con Isla para darle una importante cantidad dinero por la venta de su finca, a las afueras de la localidad. Se da la circunstancia de que ese mismo intermediario tuvo relación antes con otras dos personas por una transacción económica de compraventa, una de las cuales, Jesús González, de 54 años, continúa desaparecida; y otra, que ahora también se investiga, “cayó misteriosamente en un pozo” en el que fue encontrado y, por aquel entonces, “hace casi una década, se consideró un suicidio”, revelan fuentes del caso.

El empresario Jesús González desapareció el 19 de junio de 2019. Su pista se pierde cuando acababa de vender unos coches de alta gama. El comisionista era el mismo vecino del pueblo que ahora está bajo sospecha. Respecto al hombre hallado muerto en el pozo, no ha trascendido su identidad. Ninguno de los vendedores llegaron a cobrar el dinero que, supuestamente, debía de darles el intermediario.

El vehículo Renault Clío gris de Juan Manuel Isla que buscaba la Guardia Civil con la colaboración ciudadana fue encontrado la semana pasada en un descampado de Albacete, según confirman fuentes del caso, a 145 kilómetros de donde había sido registrado por las cámaras en Manzanares. Ahora está siendo examinado por los agentes de criminalística del instituto armado con el fin de encontrar alguna pista.

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Los desalojados de Níjar buscan su sitio

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Bacary Camará, 35 años, procedente de Senegal se tapa la cara en la puerta de la cafetería habilitada en el exterior del albergue temporal instalado por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) tras el desalojo del campamento el Walili.
Bacary Camará, 35 años, procedente de Senegal se tapa la cara en la puerta de la cafetería habilitada en el exterior del albergue temporal instalado por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) tras el desalojo del campamento el Walili.Santi Donaire

A Bacaly Camara, senegalés de 35 años, la vida no para de golpearlo. Con un café en la mano, apoyado en el marco de un módulo prefabricado, relata el conflicto armado en el que mataron a sus padres y cómo se vio obligado a salir de su país para conseguir dinero para su familia. Tiene mujer y tres hijos, pero no llegó a conocer al más pequeño, de tres años. Su pareja estaba embarazada cuando él voló a Marruecos y desde allí se subió a una patera rumbo a Motril, en la costa de Granada. Más tarde se fue a Almería en busca de empleo en la agricultura intensiva. La mañana de este lunes su jefe le llamaba para preguntar por qué no había acudido a su puesto de trabajo. “Me están echando de casa”, explicaba por teléfono mientras una excavadora tiraba a golpes la chabola donde residía en el asentamiento Walili, donde vivían hasta ahora unas 450 personas. Era uno de los más antiguos de Níjar (Almería, 26.126 habitantes) y en pocas horas el espacio quedó arrasado a iniciativa del Ayuntamiento, gobernado por la socialista Esperanza Pérez, que disponía de una resolución judicial que facilitó la demolición.

El derribo llega tras muchas protestas de colectivos sociales y otros tantos intentos del municipio para hacer desaparecer uno de los asentamientos más antiguos de una comarca, cerca del Cabo de Gata, donde hay casi medio centenar de espacios similares. Es una zona árida cubierta por invernaderos que surten a Europa de hortalizas, convertidos desde hace años en el principal motor económico de Almería con una facturación que supera los 3.000 millones de euros anuales en toda la provincia. Parte de su mano de obra reside en este tipo de campamentos, que acogen más de 3.000 personas solo en el término municipal de Níjar, el de menor renta de España según el Instituto Nacional de Estadística. Malviven en pequeñas habitaciones construidas a base de palés, cartones y plásticos sobre el barro.

Las de Walili están ya en el suelo, transformadas en escombro. Pasadas las 8.30 horas de la mañana medio centenar de agentes de la Guardia Civil montaron una cadena junto a la carretera de San José para asegurar el trabajo de la excavadora pudiera proceder a la demolición, tarea que a mediodía ya estaba cumplida. Poco después, la alcaldesa se felicitaba por el desalojo en un comunicado: “Ha sido la mayor muestra de compromiso con la defensa de los derechos humanos que hemos visto en Almería en muchos, muchísimos años”.

Algunos de sus habitantes miraban con desolación el avance de la piqueta o el fuego —cuyo origen se desconocía, según los bomberos— que consumía algunas infraviviendas a primera hora de la mañana. Observaban desde el arcén de la carretera y rodeados de bolsas de plástico y maletas en las que habían guardado sus pertenencias. “Ahí se vivía muy mal, pero estaba cerca del trabajo”, relata Falai Baldeh, de 21 años, que viajó desde Gambia hasta Libia para subirse a una patera hacia Italia. Pasó un año en Turín, atravesó a pie la frontera hasta Francia y llegó en tren a España. Llevaba dos años en Walili hasta que fue expulsado esta mañana. “Me dedico al tomate, el calabacín, la berenjena, el pimiento. Muchísimas horas, pero siempre sin contrato”, aclaraba horas después desde el mismo módulo prefabricado en el que Bacaly Camara apuraba su café. Ambos calculaban opciones para ir a trabajar mañana. “Sea como sea tengo que llegar. Si hay que dormir en la calle, lo haré, pero no puedo perder mi trabajo”, subrayaba el senegalés.

Falai Baldeh, 21 años, procedente de Gambia, en la entrada del campamento temporal instalado entre el Ayuntamiento de Níjar y varias ONG tras el desalojo del campamento de El Walili.
Falai Baldeh, 21 años, procedente de Gambia, en la entrada del campamento temporal instalado entre el Ayuntamiento de Níjar y varias ONG tras el desalojo del campamento de El Walili.Santi Donaire

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Como ellos, unas 60 personas mostraban incertidumbre sobre el centro de emergencia al que fueron trasladados en autobús a iniciativa del Ayuntamiento de Níjar (todos hombres magrebíes o subsaharianos, porque las únicas cuatro mujeres que necesitaban techo fueron alojadas en un hostal). Con capacidad para 500 personas, el objetivo era realojar allí a las alrededor de 200 habitantes del asentamiento según los cálculos municipales, aunque las entidades sociales aumentaban la cifra hasta las 450. Durante el fin de semana la mayoría de residentes del campamento se mudaron a otros cercanos de las mismas características, como Atochares o Barranquete. Solo unos pocos necesitaron techo en el espacio municipal, formado por módulos para familias y un puñado de literas desplegadas en una nave industrial. Sus responsables no permitieron a la prensa conocer las condiciones en las que se encontraban los catres o los baños. Ante la presencia de los medios, cerraron a cal y canto las puertas.

Las entidades sociales que trabajan en la zona pedían un desalojo progresivo e individualizado “con deliberación pública y participación de las personas interesadas”, como subrayaba el Secretariado de Migraciones almeriense. Las organizaciones creen que en unos días quedarán ahí pocas personas, puesto que el edificio queda lejos de sus puestos de trabajo. “No sé si podré quedarme: el invernadero queda muy lejos”, confirma Baldeh. “Yo tampoco sé cómo voy a ir mañana a trabajar”, añadía indignado el senegalés El Hadji Diatta, de 39 años. “Los empresarios te llaman porque te necesitan, pero ni pagan bien, ni te ayudan a encontrar vivienda, ni nada” añadía. Él, como la mayoría de quienes viven en estos asentamientos, no tiene documentación. Y sus salarios rondan los cuatro o cinco euros la hora. “Estamos aguantando mucho porque es la única manera de conseguir los papeles. Me han prometido un contrato cuando los tenga”, añade Diatta, que lleva ya 18 meses en Almería y confía en que dentro de seis meses más pueda empezar a tramitar su documentación. “Entonces podré encontrar un buen trabajo”, dice con esperanza.

Módulos prefabricados del campamento temporal instalado por el Ayuntamiento de Nijar en la barriada de Los Grillos, tras el desalojo del campamento del Walili.
Módulos prefabricados del campamento temporal instalado por el Ayuntamiento de Nijar en la barriada de Los Grillos, tras el desalojo del campamento del Walili.Santi Donaire

Sin alternativa para dormir, Diatta se quedará en el centro de emergencia. Antes de residir en Walili pagaba 120 euros al mes por una habitación que compartía con otras dos personas en San Isidro, localidad del extenso municipio de Níjar. Otros relatan que en toda la comarca solo les ofrecen garajes para malvivir junto a otras muchas personas. “Nadie nos alquila pisos”, insiste Samir, un marroquí de 25 años al que le ofrecen un pacto: si paga 5.000 euros a un empresario, este le hacen un contrato a cambio. Sin posibilidades de ahorrar para esa compra, tampoco sabe nada sobre su futuro más cercano. Si antes pedaleaba unos 40 minutos diarios en su bicicleta para ir a trabajar, desde el centro de emergencia la distancia se ha multiplicado. “Tendré que buscar algo más cerca, desde aquí es imposible ir”, asegura. Las cuestas de la sierra de La Serrata son un muro infranqueable a dos ruedas.

“Ese es el gran problema. Desde el nuevo centro no pueden desplazarse hasta los invernaderos y los empresarios les han dicho que no van a recogerlos”, explica Carmen Domínguez, presidenta de Médicos del Mundo en Andalucía, entidad encargada de la gestión del espacio junto a Cepaim, Cruz Roja, Almería Acoge y Hermanas Mercedarias. Domínguez cree que el desalojo se podría haber realizado con más organización y más adelante, cuando la temporada de la agricultura intensiva hubiese acabado. Ahora los migrantes podrán pasar un plazo de dos meses en el centro de emergencia. Nadie sabe qué ocurrirá después. “Lo más probable es que acaben en la calle”, añade una fuente de la plataforma Derecho a Techo, donde creen que el desmantelamiento de Walili no ha sido más que “un montaje para ganar votos en las próximas elecciones municipales”.

Samir, nacido en Marruecos, ha sido de las pocas personas que han acudido al dispositivo de emergencia habilitado por el Ayuntamiento de Nijar tras el desalojo del campamento El Walili.
Samir, nacido en Marruecos, ha sido de las pocas personas que han acudido al dispositivo de emergencia habilitado por el Ayuntamiento de Nijar tras el desalojo del campamento El Walili.Santi Donaire

“Han quitado el asentamiento que más molesta a empresarios y turistas porque se ve desde la carretera”, apunta Fernando Plaza, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que solicita una reunión entre todas las administraciones, patronal y entidades sociales para abordar un plan de vivienda para trabajadores emigrantes agrícolas. “Es la única solución digna”, concluye Plaza. De momento, el Ayuntamiento de Níjar ha impulsado la construcción de apenas 62 viviendas y solo gracias a la financiación de la Junta de Andalucía. Aún en obras, permitirán alojar a 120 personas a partir de la próxima primavera si la obra acaba en los plazos acordados. Otras 3.000 personas seguirán, mientras, malviviendo en más de medio centenar de poblados chabolistas en toda la comarca. Ciudades invisibles junto al paraíso turístico.

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