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El flamenco de Camarón y el fútbol de Sergio García para blanquear el dinero de la dinastía Jodorovich

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La familia Jodorovich fue juzgada y condenada por tráfico de drogas en 2011; un error formal les condujo a la absolución.
La familia Jodorovich fue juzgada y condenada por tráfico de drogas en 2011; un error formal les condujo a la absolución.Consuelo Bautista

Simón Montero Jodorovich es un líder de la comunidad gitana de Cataluña, un protector de sus vecinos del barrio de la Zona Franca de Barcelona y, según ha declarado en el juzgado, un hombre de negocios que vive de la compraventa de coches y de las rentas que percibe por alquileres. Carismático, inteligente, amante de la música flamenca, Simón se ha propuesto limpiar el apellido de una vasta dinastía, los Jodorovich, históricamente ligada al crimen organizado. “Somos una familia gitana humilde y trabajadora. No te voy a negar que algunos miembros hayan sido más golfos de lo normal. Pero la prensa nos estigmatiza, ha creado una leyenda negra”, contó hace más de un año al digital Crónica Global Simón, que no rehúye los focos y ha comparecido incluso en el Parlamento catalán.

Para los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía, no hay leyenda sino hechos. “Me recuerda a Michael Corleone en El Padrino, el que toma el relevo en la tercera generación y quiere legitimar a la familia, pero sigue metido en el negocio”, asegura una fuente judicial que ha participado en las investigaciones abiertas en la última década. Simón es, sospechan los investigadores, el joven patriarca de un clan que sigue manejando, aunque sea con la máxima cautela y sin mancharse las manos, parte del tráfico de drogas a través del puerto de Barcelona, un punto de entrada de cocaína a dos kilómetros en línea recta de los modestos pisos de la Zona Franca donde viven desde hace décadas y que han sido registrados hasta la saciedad, con éxito dispar.

Hace más de una década, la policía logró una victoria aplastante sobre los Jodorovich: Aquilino Montero, padre de Simón, fue condenado a 19 años de cárcel por tráfico de drogas y depósito de armas junto a varios de sus hijos. El triunfo fue efímero y la derrota posterior tuvo ecos que aún perduran: un error policial llevó al Tribunal Supremo a dictar, por una cuestión meramente formal, una absolución completa. La familia reordenó prioridades, se volvió más cuidadosa y Aquilino pasó presuntamente el testigo a Simón, que en aquella ocasión (el caso Fénix) había sido condenado pero solo por depósito de armas, nunca por narcotráfico, una acusación que sigue negando con vehemencia.

Con la misma vehemencia, los Mossos tratan de demostrar lo contrario una década después. Como no han hallado vínculos directos del presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (Fagic) con el narcotráfico, han seguido el rastro del dinero. La titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa, mantiene abierta desde hace cuatro años una investigación contra la familia por blanqueo de capitales que ha conducido a los investigadores a las entrañas de la supuesta lavadora de dinero de los Jodorovich.

Simón Montero Jodorovich, en una comparecencia en el Parlament como presidente de la Fagic.
Simón Montero Jodorovich, en una comparecencia en el Parlament como presidente de la Fagic.

Los agentes han desempolvado viejos papeles. Para existir, el blanqueo de capitales precisa de un delito antecedente: se lava lo que está sucio; en este caso, presuntamente, dinero de la droga. Sin poder emplear las conclusiones del caso Fénix (el Supremo anuló las intervenciones telefónicas y los registros), los Mossos han consultado personalmente la causa judicial que dio origen a todo aquello, en un juzgado de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y que “no está afectada” por la nulidad. En esos papeles, el protagonismo casi absoluto es del patriarca Aquilino, que cuenta con el apoyo de sus hijos, entre ellos Antonio y Simón. Los Mossos añaden a su informe otros dos datos que, a su juicio, corroboran la “vinculación” del líder gitano con la droga: Antonio, su hermano, está investigado en una causa por tráfico de drogas (estuvo unos meses en prisión provisional) y los contactos de Simón con personas con antecedentes por el mismo delito; el más destacado, David Barba, que en 2005 fue detenido por el robo de un contenedor con 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona.

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Los informes policiales remitidos a la jueza de Barcelona, a los que ha accedido EL PAÍS, concluyen que los Jodorovich ejercen un “poder social en Cataluña” y un “control sobre la Zona Franca”. Citan como ejemplo la agresión sufrida por un equipo de periodistas de La Sexta que investigaba las actividades del clan en el barrio. “Esto es lo que pasa por meterse con la familia, así aprenderéis”, dijeron los agresores, según la denuncia. Los Jodorovich han guardado silencio sobre esa agresión y sobre la causa por blanqueo, que ha seguido su curso. En su último atestado, tal vez la mayor investigación sobre el patrimonio familiar (abarca la etapa de 2011 a 2019), la policía concluye que Simón lavó al menos 1,2 millones a través de negocios dispares, incluidos proyectos sobre fútbol y flamenco.

Vínculos con artistas

Simón se sumó al proyecto de dos amigos de abrir un restaurante y sala de espectáculos en Barcelona en homenaje al fallecido Camarón de la Isla. Se llamaría Casa Camarón. Como “conocía a la viuda y a la familia del músico”, logró el contrato para explotar el nombre del artista y se encargó de la dirección musical por sus “conocimientos y contactos dentro del mundo del flamenco”. Llevó al escenario a artistas como Diego el Cigala, Farruquito o María Toledo, subrayan los Mossos. En su declaración, Simón se desvinculó de la gestión económica. Pero la policía cree que invirtió “un mínimo de 200.000 euros” entre la compra de la cesión de derechos del artista y las obras de reforma del local. En una conversación con Anna Marie E., una de las socias con la que acabó teniendo problemas, Simón reconoce haber invertido unos 200.000 euros y quiere “recuperarlo a cualquier precio”, concluye el atestado.

Tras el fiasco de Casa Camarón, uno de esos amigos le propuso adentrarse en el mundo del fútbol. El objetivo era crear un campus de tecnificación para niños durante el verano, en las instalaciones del CF Cerdanyola, un equipo del área metropolitana de Barcelona que milita en Tercera División. Para promocionarlo, había que buscar el nombre de un jugador famoso. Pensaron en Sergio García, exdelantero del Espanyol, por los “vínculos familiares” de su esposa con los Montero Jodorovich. Los socios trataron de ganarse la confianza del club explotando dos bares, la Bóbila y las Fontetes, cuyas instalaciones estaban en muy mal estado. Las obras de reforma las pagó, según los Mossos, Simón, que “fingió su salida del negocio” pero llevaba de manera oculta (sigue haciéndolo hoy, dicen) las riendas del negocio.

En mayo de 2021, Simón declaró como investigado por blanqueo. Explicó, entre otras cosas, cómo se ha ganado la vida en la última década. Dijo que se dedica a la compraventa de coches y que recibe unos 4.500 euros por alquileres, la mayor parte procedentes de una casa en Seva (Barcelona). Los Mossos no le creen. Replican que, hasta 2017, no empezó a “recibir ingresos de manera más estable por la venta de vehículos”, que ven de hecho como otra vía para “introducir dinero ganado con su actividad delictiva”. Sobre los alquileres, el atestado recuerda que hasta 2019 la casa de Seva no estuvo alquilada. Y concluyen que “ha de tener una fuente de ingresos paralela no declarada que financie su ritmo de vida y sus inversiones y proyectos empresariales, porque el dinero percibido de forma legal no cubre todos los gastos”.

La investigación de cuatro años ha puesto al descubierto la supuesta lavadora de los Jodorovich, que incluye operaciones inmobiliarias, la cría de caballos o la compra de décimos de lotería. Simón compró la casa de Seva a un cónsul honorario de Barcelona -más de 10.000 metros cuadrados con piscina y pista de tenis- “a un precio muy inferior al de mercado”, según los Mossos. También tejió lazos con el cónsul de Mali, con el que puso en marcha un supuesto negocio para cultivar plantas de cannabis en el país africano. La policía cree que, con el pago de una máquina y de las instalaciones en ese país blanqueó 700.000 euros mediante pagos “en efectivo” o a través de testaferros. Tres cónsules de Barcelona percibieron “más de 20.000 euros” a cambio de favores (que no se concretan) para ayudar a Simón a “acceder a negocios o contactos preferentes en la administración pública”.

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El atasco administrativo impidió la expulsión del atacante de Algeciras

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Yasine Kanjaa con el machete en la mano, tras asesinar a Diego Valencia, en una imagen del vídeo grabado por un viandante.
Yasine Kanjaa con el machete en la mano, tras asesinar a Diego Valencia, en una imagen del vídeo grabado por un viandante.

La situación irregular en España del marroquí Yassine Kanjaa, detenido el pasado miércoles tras matar a machetazos al sacristán Diego Valencia en Algeciras (Cádiz) y herir a otras cuatro personas, no es una excepción. En la actualidad, el Ministerio del Interior solo consigue devolver o expulsar (dos figuras legales distintas) a sus países de origen a un 9% de los extranjeros en situación irregular contra los que dicta una orden para hacerlo, porcentaje ligeramente superior al que se registraba a finales de 2022, cuando era del 7,5%. Pese al incremento del último mes, se mantiene por encima del 90% las órdenes que, como en el caso de Kanjaa, no se pueden ejecutar por diversos motivos administrativos, confirman fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. En la actualidad hay 178 inmigrantes irregulares recluidos en los Centros de Internamiento Extranjero (CIE, instalaciones en los que los extranjeros pueden estar retenidos un máximo de 60 días) para su expulsión inmediata.

Interior admite que la situación es peor que la que había antes de que estallara la pandemia, cuando estas cifras de expulsión casi se triplicaban. En 2019, el año anterior al inicio de la crisis sanitaria que obligó a cerrar las fronteras, la Policía concluyó la expulsión a sus países de origen de 4.677 personas y la devolución de otras 6.476 personas, según datos oficiales obtenidos a través del Portal de Transparencia. En total, suponen cerca de un 30% de las 37.890 órdenes que se dictaron contra extranjeros para que abandonasen territorio español, según Eurostat. El porcentaje de expulsiones y devoluciones estaba por debajo de la por entonces media europea (36%).

Además, desde octubre de 2020, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide a España expulsar inmigrantes solo por estar en situación irregular. El fallo obliga al Gobierno a aplicar la propia Ley de Extranjería española que impone multa en casos de estancia irregular y solo contempla la expulsión de extranjeros sin papeles cuando existan circunstancias agravantes. La Policía Nacional dictó entonces nuevas instrucciones para el cumplimiento de esta sentencia en las que ordenaba a los agentes que priorizasen aquellos expedientes en los que fuese posible motivar la expulsión con “elementos negativos” de la actuación del inmigrante frente a aquellos en los que la única infracción sea su situación irregular en España.

En concreto, planteaba que sería motivo suficiente para tramitar la expulsión que el inmigrante hubiera sido detenido por la comisión de un delito o que tuviera antecedentes penales; que hubiera invocado una falsa nacionalidad; que hubiera una prohibición de entrada anterior; que carezca de domicilio y documentación; que hubiera incumplido una orden de salida obligatoria, y que no exista posibilidad de comprobar cómo y cuándo entró en territorio español por falta de documentación o la ausencia en esta del sello de entrada. En el caso de Kanjaa se daba uno de estos requisitos, ya que cuando se detectó su presencia en Algeciras en junio del año pasado iba indocumentado. Sin embargo, este fue también un obstáculo para su expulsión.

De hecho, el expediente administrativo que se le abrió entonces se concluyó cinco meses después, el pasado 3 de noviembre, cuando se le notificó su expulsión. Se inició entonces el plazo de ejecución de la orden que, sin embargo, no se materializó. Según detallan fuentes de Interior, a no estar en posesión de documentación de su país, las autoridades españolas tuvieron que iniciar el proceso de pedir a Rabat que lo documentase o, en su defecto, se le expidiese un salvoconducto para que la policía le pudiera llevar a Marruecos. Este proceso no siempre es ejecutado por los más de 30 países con los que España tiene acuerdos para que acepten el retorno de sus nacionales.

Los responsables policiales encargados del control fronterizo consideran las expulsiones un buen instrumento para frenar la inmigración irregular y, de hecho, el cierre de fronteras a causa de la covid-19 ―con la consiguiente suspensión de los vuelos de repatriación― hizo que la Comisión Europea expresase en varias ocasiones en documentos internos su preocupación por sus consecuencias en estas políticas. Tras la progresiva reapertura de la frontera, las expulsiones y devoluciones han vuelto, pero aún se está lejos de las cifras de 2019. La Policía Nacional, de la que depende la ejecución de las expulsiones a través de la Comisaría General de Extranjería, fijaba en su último Plan Estratégico, elaborado el pasado septiembre, como objetivo “aumentar las repatriaciones” de extranjeros en situación irregular.

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En concreto, el documento policial ponía el foco en los de origen subsahariano, para lo que proponía el empleo de “vuelos macro [de gran tamaño] a los países de origen” mediante la firma de acuerdos bilaterales “eficaces”. También planteaba incrementar las repatriaciones “con Argelia y Marruecos”, punto de origen de la mayor parte de las pateras que llegan a las costas españolas. E insistía en consolidar la expulsión de “la población reclusa extranjera”, una figura contemplada en el caso de condenas superiores a un año de cárcel. El informe también apuntaba en una previsible “alta presión migratoria procedente de África” fruto de “la situación económica mundial”, causada primero por la covid-19 y, posteriormente, por la guerra en Ucrania.

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El desafío de la integración en Algeciras

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El sacristán Diego Valencia siempre tenía una bolsa de comida para quien se acercase a la puerta de la iglesia de La Palma, en Algeciras (Cádiz), pidiendo ayuda. Era una máxima de Cáritas, como explica el sacerdote Juan José Marina. El 80% de quienes piden auxilio en el templo son musulmanes, señala el párroco. Y añade: “Es un respeto mutuo”. Una situación que resume el espíritu de convivencia con el que centenares de algecireños despidieron este viernes a Valencia, asesinado dos días antes por el ciudadano de origen marroquí Yasine Kanjaa. El crimen ha convulsionado a esta ciudad de 120.000 habitantes que lleva a gala ser vecindario de más de 120 nacionalidades pero que, al igual que toda la comarca del Campo de Gibraltar, aún tiene obstáculos que dificultan la plena integración de los migrantes.

Efectivos sanitarios y policiales cubren el cadáver del sacristán fallecido en un ataque a diferentes iglesias, a 25 de enero de 2023 en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España).Foto: Nono Rico | Vídeo: EPV

Sabido es que Algeciras es un lugar multicultural, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), aprovechó su presencia en el funeral para recordarlo. “Siempre ha existido convivencia”, dijo antes de entrar a la iglesia. Roberto Espiñeira, de 70 años y gallego residente en la localidad desde hace tres, coincide con la aseveración, pero aporta la clave: “El problema son los chavales que se ven sin papeles, sin nada. Es fácil que caigan en cualquier red”, dice mientras pasea a su perra Lily por la plaza Alta. El 8,39% de los habitantes de la ciudad son extranjeros residentes, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de 2021. Y esos datos no tienen en cuenta a la población de paso, migrantes habitualmente en una situación irregular que les complica acceder a cualquier derecho.

“La inclusión social se encuentra obstáculos. Es una ciudad que sufre profundas desigualdades, y la exclusión y la pobreza afectan más a los migrantes”, resume el periodista local Alfonso Torres, autor de Manual de actuación frente al racismo. Torres trabajó además en la difusión de un análisis sobre la percepción de la convivencia entre población autóctona y alógena en Algeciras en 2017: el 79% de la población extranjera aseguró tener buena relación con los locales, y el 78% de estos veía positiva la diversidad étnica en los colegios públicos. Pese a esas cifras tan igualadas, su conclusión es que “la población migrante era más receptiva que la autóctona en integrarse”. “Hay zonas de la ciudad que siguen vivas gracias a que la población migrante es parte de la comunidad”, apunta el periodista. Algeciras está entre las diez ciudades de España con mayor tasa de paro (rozando el 25%), según un informe del INE con datos de 2021.

Los alrededores del puerto y el mercado son la viva estampa de ello. Mientras la plaza Alta bullía en aplausos durante la despedida del coche fúnebre del sacristán asesinado, los puestos de los comerciantes apuraban las últimas ventas del día, aún conmocionados por el crimen. El protésico dental marroquí Amid lleva 27 años viviendo en Algeciras y regenta como empresario un puesto de frutas y verduras. Asegura que nunca ha sufrido xenofobia. “La integración depende de las personas”, opina.

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Mercado principal de Algeciras.
Mercado principal de Algeciras.Marcos Moreno

Pepa —”mejor pon ese nombre si lo vas a publicar”, pide— apura sus últimas compras en el mercado. Nació en Tánger en tiempos del Protectorado Internacional y ahora reside en Algeciras. Tras vivir en las dos orillas, llega a la conclusión de que la convivencia es sencilla pero la integración “no tanto”. “En Tánger los españoles vivíamos separados y aquí ocurre algo similar. Vivo en un edificio en el que están llegando personas marroquíes para vivir y los vecinos no están contentos. Es difícil”, explica la mujer. Mohamed El Mkaddem, imán del templo de Al Huda y portavoz de la comunidad islámica en el Campo de Gibraltar, afirma que en la ciudad están “acostumbrados a la mezcla”, pero no niega que ataques como el ocurrido el miércoles hacen daño a la comunidad musulmana: “Los que más pagamos esto somos nosotros. No lograrán implantar el odio, compartimos el dolor”.

El alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), asegura que la ciudad invierte unos 10 millones de euros en gasto social, de los más de 110 millones del presupuesto municipal, y afirma que el número de familias atendidas ha crecido de 1.700 antes de la pandemia a 5.000 en la actualidad. El día después del ataque, el alcalde incidió en que lo que Algeciras necesita son más medios policiales. La petición contrasta con la realidad de la baja criminalidad de una ciudad con 22 infracciones por cada 1.000 habitantes —según datos del Ministerio del Interior del año pasado—, una cifra por debajo de ciudades turísticas como Sevilla.

Torres rechaza que esa sea la solución y cuestiona la cifra de inversión social aportada por Landaluce, porque asegura que engloba los costes del personal que trabaja en la delegación municipal. “La Administración debería tener más músculo social. Si hay un asunto que altera la paz social en el Campo de Gibraltar es el narcotráfico, y ahí hay personas de todo pelaje”, afirma.

En ese contexto, asociaciones y ONG llevan años trabajando por desmontar, además, los bulos y desinformaciones que señalan a los migrantes como beneficiarios privilegiados de las ayudas sociales. “Uno de los prejuicios más comunes es el del migrante que se lleva la ‘paguita’ o que viene a quitarnos el trabajo. La realidad es que quien no tiene papeles no recibe apenas ayudas”, apunta Torres.

Espiñeira ya ha recogido el periódico del que es suscriptor desde 1976 y está a punto de terminar el paseo a su perra por la plaza Alta. “Justo aquí donde estamos todos los fines de semana monta Vox su tenderete”, cuenta, preocupado por los mensajes xenófobos que puedan alentarse ahora, tras el asesinato de Diego Valencia, en “una ciudad de convivencia”. “Esos mensajes calan más en la incultura. Es más fácil buscar a alguien a quien echar la culpa de tus males”, razona el jubilado.

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El atacante de Algeciras recibió tratamiento psiquiátrico en Marruecos y carecía de antecedentes penales y policiales en su país

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Ued el Marsa se precipita hacia el mar desde los cerros que enmarcan el superpuerto de Tanger Med, más cercano a Ceuta que a la ciudad marroquí de la que toma el nombre. En una de las laderas que dominan las dársenas con macrogrúas para contenedores está escrito sobre piedras blancas “Dios, patria y rey”, el lema del reino jerifiano. Al anochecer del jueves estallaba el contraluz más brutal entre las futuristas instalaciones portuarias, una explosión de neón blanco, y las tenebrosas calles sin pavimentar que conducen al bar Madrid de Ued el Marsa, único lugar con señales aparentes de vida en la población, de unos 400 habitantes. Ante un televisor se habían reunido una docena de parroquianos poco antes del comienzo del partido que iban a disputar los dos principales equipos de la capital de España. “Yo soy del Barça”, terciaba Utman, un rifeño recio, en la treintena, curtido en los muelles de Algeciras y las fábricas de la corona sur de Madrid, y que evita facilitar su apellido. “A Yassine Kanjaa le conocíamos todos”, recuerda. “Ya no vive aquí, la droga le comió el coco”, diagnostica, mientras el resto de los hombres asienten con la cabeza. Fuentes del Ministerio del Interior marroquí añaden que hace años recibió tratamiento en un centro psiquiátrico de Tánger, sin ofrecer más detalles. También precisan que su nombre no constaba en los registros de antecedentes judiciales y policiales de Marruecos.

Utman observa con la mirada perdida las luces de Algeciras en el horizonte, que compiten con las de Gibraltar, con el destello hacia el oeste de Tarifa. Es el mismo paisaje en el que creció Kanjaa, el autor de los ataques a machetazos de Algeciras que el miércoles se cobraron la vida de un sacristán y causaron varios heridos. Entre los vecinos de Ued el Marsa, cubiertos con las gruesas chilabas de los días más fríos del invierno, existe un pacto de omertá que no se rompe hasta la llamada de uno de los compañeros de vivienda de Kanjaa en Algeciras. La ley del silencio se difumina poco a poco en el bar Madrid, pero no las trabas de las autoridades locales.

La casa de Yassine Kanjaa en Ued el Marsa, un pequeño pueblo costero marroquí ubicado a seis kilómetros de la frontera con Ceuta.
La casa de Yassine Kanjaa en Ued el Marsa, un pequeño pueblo costero marroquí ubicado a seis kilómetros de la frontera con Ceuta.
Mohamed Siali (EFE)

En la oscuridad, las miradas de rechazo al forastero parecen adquirir un destello de aceptación. “Soy Hasan Sellah, el alcalde; aquí hay que pedir permiso para hacer preguntas. Esta noche no se puede pasar, lo ha prohibido la autoridad. Además, los padres de Yasim Kanjaa tienen ya unos 70 años y ni se les puede molestar”, advertía el regidor, barbudo y en la cincuentena, mientras manoseaba la acreditación de prensa concedida por el Ministerio de la Comunicación marroquí al corresponsal de EL PAÍS.

La familia de Kanjaa no tiene casa en el núcleo del pueblo, sino en la minúscula pedanía de El Hatba, a los pies del monte Musa, simbólica representación de la segunda columna de Hércules que da la réplica en África al peñón de Gibraltar.

Ya en la mañana del viernes, se abre junto a la cadena montañosa el espectacular paisaje del Estrecho y la patente cercanía entre dos mundos tan alejados económica y culturalmente. El alcalde Sellah ha marcado el número de teléfono del caíd de Taghramt, 20 kilómetros al sur, que agrupa a las municipalidades de la zona en el caidato o mancomunidad del mismo nombre.

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“Es el encargado”. Así explica en castellano Utman para traducir en su jerga de currante en España quién es el verdadero representante del poder central en este confín del Rif. El caíd, que no quiso identificarse, es el delegado del Ministerio del Interior en la zona, dentro de la compleja división territorial del país magrebí, que conjuga una creciente descentralización administrativa con un centralismo de raíz feudal. “Tiene que pedir permiso. Eso es todo”, explicaba en un pulcro francés.

El ceutí Mohamed, de 26 años, se mueve con familiaridad en el restaurante Isla Perejil de las afueras de Ued el Marsa. Tiene una privilegiada vista sobre el Estrecho mientras exhibe en una vitrina refrigerada besugos, calamares y un plateado pez espada. “Nadie osa contradecir al caíd”, reconoce, mientras el funcionario del Ministerio pasea por el local y advierte de nuevo al periodista extranjero de que sin permiso no puede acceder a la aldea de El Hatba. Repetidamente, se inhibe ante las llamadas de responsables de los Ministerios de Comunicación y de Interior que le reclaman que le franquee el paso al reportero.

“YassineKanjaa nunca estuvo bien. Era mi amigo”, asegura Mohamed en el restaurante en cuanto se aleja el caíd. “Compartimos cervezas y porros y salíamos con chicas, hacíamos de todo, pero parece que últimamente había cambiado. Tal vez por las drogas, por sus trastornos psíquicos. Dicen que en su familia ha habido casos de enfermedades mentales, su padre, un hermano. Pero yo no lo sé bien”, admite el ceutí.

“Cuando estaba aquí y estaba bien de la cabeza, si se producía un atentado yihadista, lo condenaba. ‘Si cojo a ese cabrón lo mato’, me decía’, pero en Algeciras le entró el pánico en el último mes y cambió. Me llamaba: ‘Tenéis que rezar’, decía, ‘me ha poseído el demonio”, relata Mohamed, quien no puede precisar si Kanjaa, de su misma edad, había recibido tratamiento psiquiátrico. “Me llamaron el miércoles de Algeciras. ‘Mira lo que ha hecho tu amigo’, decían”, se lamenta dos días después.

El mismo caíd del Ministerio del Interior, responsable de la seguridad local que se resistió a facilitar, hasta pasadas más de cuatro horas, el acceso a la aldea confirmó poco más tarde que YassineKanjaa había sido tratado hace años en un centro psiquiátrico de Tánger, sin ofrecer detalles. También precisó que su nombre no constaba en los registros de antecedentes judiciales y policiales de Marruecos.

“Lo que dice la gente por aquí es que el hombre [Kanjaa] tomaba drogas y eso es lo que le ha afectado”, diagnostica Utman en Ued el Marsa. “Estaba muy raro; él no se juntaba con nosotros. Hace dos años que casi no teníamos noticias suyas. Se juntaba con amigos que no eran del pueblo. Cuando se marchó a España dejó de comunicarse con la gente de aquí”, refería con aire de perplejidad.

“Su familia es de aquí. Nos conocemos de toda la vida”, corroboraba este vecino. “Vivía con sus padres y con seis hermanos. Y nunca tuvo incidentes importantes. Pasaba a nuestro lado y solo saludaba. Nada más. No sabíamos nada de su vida. Cuando fui a desayunar por la mañana [por el jueves] al bar me enteré de todo”, se limita a contestar Utman en un español de fuerte sonoridad magrebí.

A un par de kilómetros de la isla Perejil y a unos 15 de la frontera de Ceuta, en el acceso al puerto de Tanger Med, niños de 10 o 12 años se arrojaban el jueves al atardecer a los bajos de los tráiler, en el momento en el que los camiones reducen la velocidad en una rotonda camino de los transbordadores del Mediterráneo. Desde que cesó el comercio informal, de porteadores de mercancías, en la frontera de Ceuta, la droga o la patera son casi las únicas vías de escape para los jóvenes de la punta marroquí más septentrional.

“Los buenos trabajos en el nuevo puerto y en la cercana factoría de Renault se los llevan técnicos y especialistas venidos de Rabat y Casablanca”, apunta el taxista Mohamed camino de Ued el Marsa “Aquí nadie quiere, ni puede, estudiar”. La hermosa, único negocio turístico del pueblo, se queda desolada en enero. De sus arenales parten, a veces, las lanchas planeadoras que vuelan sobre las aguas con alijos de hachís hacia el otro lado del Estrecho.

Levantadas todas las barreas de seguridad, el lugar de El Hatba, adonde se accede por una tortuosa carretera de cemento agrietado, se presenta como un nuevo escenario para la ley del silencio. La casa familiar de los Kanjaa está vacía, sin señales de haber sido recientemente ocupada. Un perro atado con una cadena mira al visitante sin un ladrido.

“La familia se fue hace 10 años a Tánger. Yassine venía de vez cuando. No estaba bien de la cabeza”, abunda Ahmed Agzhi, un pescador de 45 años, a la salida del rezo del mediodía del viernes en la mezquita, el único punto con presencia humana visible en la aldea. Abdel Jalak, de 82 años, un agricultor que habita la casa colindante a la de los Kanjaa, insiste en que ellos viven permanentemente en Tánger desde hace una decena de años. “Pasan algunas temporadas. El joven Yassine estaba enfermo desde hace unos tres años y antes tuvo problemas con las drogas. Ahora estamos muy afectados. Es la primera vez que alguien de este pueblo comete un crimen tan horrible”, asegura, mientras se despide cariacontecido tras finalizar el rezo.

Muhamed Muracim, auxiliar de los servicios municipales de 62 años, puntualiza: “La familia Kanjaa pasó por aquí hace dos semanas”. El alcalde de Ued el Marsa creía en la noche del jueves que los padres de Yassine Kanjaa estaban durmiendo en su casa del pueblo. Al día siguiente, Hasan Shellal se encoge de hombros en presencia de un oficial de la Gendarmería Real y del omnipresente caíd.

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