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Castilla y León rechaza el requerimiento del Gobierno sobre el aborto “porque es un asunto inexistente”

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La Junta de Castilla y León, donde PP y Vox son aliados, ha decidido hoy no atender el requerimiento del Gobierno de Pedro Sánchez, en el que pedía a Alfonso Fernández Mañueco que se abstuviese de implementar un protocolo antiabortista, argumentando “es un asunto inexistente”. Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Gobierno regional, ha asegurado que se ha acordado “inadmitir el requerimiento del Consejo de Ministros” ante “la inexistencia del objetivo sobre el que versa”. A su juicio, lo único que ha habido en este asunto son “declaraciones políticas completamente ajenas a la aprobación de normas”, que es como ha calificado el anuncio oficial que hace una semana hizo el vicepresidente Juan García Gallardo (Vox). Este aseguró, en rueda de prensa con el logo de la Junta y acompañado del propio Fernández Carriedo, que los médicos de Castilla y León iban a estar obligados a ofrecer a las mujeres que hayan decidido abortar el escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D. El portavoz ha insistido en que “no se va a modificar el protocolo para las personas que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo”, “ni se va a publicar nada” que pueda suponer “una coacción a la mujer”.

Fernández Carriedo ha comparecido ante la prensa al concluir la primera reunión del Gobierno castellano y leonés tras la polémica que ha enfrentado a PP y Vox, aliados en este territorio, en torno a las medidas antiaborto que anunció García-Gallardo y cuya existencia desmintió Fernández Mañueco. El pasado lunes, el vicepresidente afirmó en una entrevista que no hablaba con el presidente desde la reunión del Gobierno regional el jueves anterior, cuando ya habían transcurrido varios días de polémica y confusión, que han hecho crujir el pacto de gobierno.

El portavoz ha sido bombardeado con preguntas sobre el protocolo antiaborto que anunció García Gallardo, la semana pasada en la misma rueda de prensa y en compañía de Carriedo, que permaneció en silencio. El portavoz ha insistido en que la decisión es “inadmitir” el requerimiento del Gobierno, y que eso es una respuesta. Es más: ha defendido que han sido los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico los que han informado a favor de esta decisión, ante la “inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento”, al entender que no hay modificación alguna del protocolo que afecta a la Ley del Aborto. A su juicio, Pedro Sánchez “pretende ampararse en declaraciones políticas completamente ajenas a la aprobación de normas, el dictado de actos o resoluciones o cualquier tipo de instrumento jurídico cuya existencia se niega rotundamente”. La Junta avala su negativa porque “no hay un hecho impugnable” y por ende no hay justificación para el requerimiento, que debería especificar “con claridad los preceptos de la disposición o puntos concretos de la resolución o actos viciados de incompetencia”.

Para Castilla y León, la actuación del Gobierno central se entiende desde “una voluntad torticera y espuria” porque “de forma proactiva e inmediata” la comunidad, mediante su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y su titular de Sanidad, Alejandro Vázquez, “habían dado respuesta a las solicitudes del Gobierno”. Carriedo cree que el Ejecutivo ha buscado una “controversia política” para mantener “un conflicto público interadministrativo con fines políticos por el momento preelectoral en el que se produce”.

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La inadmisión del requerimiento ha sorprendido al Gobierno central, que ha pedido “rigor” a la Junta, informa José Marcos. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho en Sevilla: “Desde el más puro concepto administrativo, un requerimiento no se puede inadmitir. Espero que en aras a la relación leal y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones que se hagan cargo de dar respuesta al requerimiento, que es un paso formal”. La también ministra de Política Territorial ha instado a Castilla y León “que aclare qué es lo que realmente se acordó” en el Consejo de Gobierno del pasado jueves antes las distintas versiones que han dado el PP y Vox. Por su lado, el líder socialista regional, Luis Tudanca, ha reproducido en redes la nota de prensa con todas las medidas del “nuevo protocolo antiaborto”.

El pasado jueves 12 de febrero, la Junta de Castilla y León anunciaba un nuevo protocolo antiaborto con todo lujo de detalles. Era este y su contenido aún está colgado en la página web oficial. Esta es la cruda realidad. https://t.co/qbMjsI3ac4 HILO 1/5 pic.twitter.com/NPNYlgzCeT

— Luis Tudanca (@luistudanca) January 19, 2023

El portavoz ha insistido una y otra vez en que no cambia nada, en que “solo se acordaron nuevas prestaciones para las mujeres embarazadas en el sistema sanitario para mejorarlo”, pero “no se modifica nada” y menos que suponga una vulneración de la legislación vigente. Sanidad, ha dicho, pretende mejorar las prestaciones, pero “no se va a modificar la cartera de servicios y no se va a modificar el protocolo para las personas que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo”. “No vamos a obligar a las mujeres embarazadas, no vamos a obligar a los profesionales sanitarios… no se van a modificar los protocolos”, ha insistido el también consejero de Economía y Hacienda. No obstante, no ha explicado cómo sabrán los sanitarios y las embarazadas que tienen a su servicio esas prestaciones.

“Castilla y León tiene unos buenos servicios públicos y debemos seguir mejorándolos junto a las prestaciones del ámbito sanitario en un contexto de cumplimiento de la legislación nacional vigente, de cumplimiento de la cartera de servicios vigente y los protocolos vigentes en el caso de interrupción voluntaria del embarazo, el protagonismo corresponde a los profesionales y a las embarazadas”, ha relatado el portavoz autonómico, asignando a Sanidad cómo “avanzar en esta cuestión” de cara a saber cuándo y cómo se pondrán a disposición de los médicos.

Entonces, ¿por qué se hizo una nota de prensa anunciando el latido fetal y la ecografía 4D?, le han preguntado reiteradamente los periodistas. “Quizás deberíamos haber puesto procedimiento y no protocolo”, ha concedido, aunque ha asegurado que la nota de prensa fue “liderada por la Consejería de Salud”. También ha sido interrogado sobre por qué permaneció callado mientras García Gallardo hacía el anuncio y no dio entonces las explicaciones de esta mañana. “Me equivoqué, estoy dispuesto a aprender”, ha dicho hoy. La nota de prensa, ha dicho, “sigue vigente”.

Desde @jcyl inadmitimos el requerimiento del Gobierno de la Nación al no haberse producido ningún acuerdo que vulnere la legislación. Exigimos a Sánchez que rectifique y abandone su política de acoso a #CastillayLeón. No vamos a permitir ataques a nuestra tierra.

— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) January 19, 2023

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España

Interior niega que el atacante de Algeciras responda al perfil de yihadista

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Mientras continúa la investigación sobre los ataques perpetrados por un joven marroquí de 25 años el miércoles en Algeciras (Cádiz), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves durante una rueda de prensa en la ciudad gaditana que el agresor “nunca ha estado en el radar de un servicio nacional por radicalización, pero tampoco en ninguna de las bases de datos de los distintos países amigos cercanos donde haya tenido residencia”. Se mantiene así el ministro en la línea de las pesquisas policiales que sostienen que Yasine Kanjaa, que mató a machetazos al sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, e hirió gravemente al sacerdote de la parroquia de San Isidro, Antonio Rodríguez, sufría “algún tipo de trastorno mental, actuó solo y no consta que estuviera radicalizado”. El ministro se distancia así de la tesis que mantiene el auto inicial del juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, en el que califica los hechos como un delito de asesinato “con fines terroristas”, y lo vincula con el “salafismo yihadista”, la corriente más radical del Islam.

Durante sus violentos ataques, Kanjaa, que se encontraba de manera irregular en España y tenía abierto un procedimiento de expulsión desde junio, insultó e increpó a los feligreses que se encontraban en las iglesias a la hora de la misa de la tarde y realizó manifestaciones en defensa del islam frente al cristianismo. Sus compañeros de piso, una destartalada vivienda okupada en el centro de la ciudad y a escasos metros de los templos atacados, aseguran que había cambiado mucho en los últimos dos meses, tras dejar de consumir drogas, y que les había amenazado en varias ocasiones, enloquecido, asegurando que veía al diablo y rezando.

Marlaska ha viajado hasta la localidad de Algeciras este jueves para reunirse con fuerzas policiales y familiares y allegados del sacristán fallecido. El ministro ha explicado que no hay otras personas investigadas en relación con los hechos y ha definido lo ocurrido como “una violencia absolutamente irracional”. Kanjaa, que fue detenido minutos más tarde de perpetrar sus ataques por la policía local, había sido detenido ya en Gibraltar en agosto de 2019, tras llegar a la colonia británica en una moto de agua y ser deportado a los pocos días, según ha comunicado el Gobierno gibraltareño. Fuentes policiales revelan que se encontraba en España desde hace “algo más de un año” adonde presumiblemente pudo llegar en patera desde una pequeña localidad cercana a Castillejos. Fuentes de la investigación aseguran que Kanjaa se ganaba la vida en España “haciendo trabajillos esporádicos, chapuzas”.

“La investigación sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero estamos en el inicio de las investigaciones y todos las hipótesis siguen abiertas”, ha matizado Marlaska, que ha avanzado que “será el desarrollo de la investigación quien lo pueda concluir”. El ministro ha explicado que, durante los registros realizados la noche del miércoles en la casa donde vivía el investigado se han intervenido “efectos que se aportarán a la autoridad judicial”, pero ha eludido detallar qué objetos han intervenido los agentes. “Se está estudiando, investigando con una razonable naturaleza terrorista, pero como está en ciernes y hay circunstancias concurrentes no hay nada que pueda descartarse”, ha abundado Marlaska. Fuentes policiales dicen no haber encontrado de momento material yihadista entre los dispositivos electrónicos incautados, aunque fuentes de la fiscalía aseguran que “hay elementos” que permitirían concluir que sí se trata de un ataque propio de partidarios de la guerra santa en nombre de Alá, a quien se encomendó el agresor segundos antes de asestar el golpe mortal al sacristán en plena calle.

Yasine Kanjaa, de quien no constan tampoco antecedentes penales por terrorismo ni en España ni en países aliados, ha permanecido en la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras a la espera de ser puesto a disposición judicial. La policía ha solicitado una prórroga de la detención “para tener más tiempo para investigar” y está previsto que el arrestado pase a disposición judicial el lunes.

Por su parte, el ministro ha querido lanzar mensaje de apoyo a los allegados del fallecido y ha deseado un rápido restablecimiento de los heridos. Para el juez, los hechos ocurridos en Algeciras son “incompatibles con los valores que nos definen como sociedad democrática, donde la diversidad no es un problema, sino que enriquece”. Marlaska ha evitado relacionar la investigación terrorista en ciernes con una confesión religiosa, como ha hecho este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al decir: “No verá usted a un católico matar en nombre de su religión, otros pueblos tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Marlaska ha replicado: “Creo en la diversidad y no confundir. Si miramos la historia, todos tenemos trágicos sucesos en los que mirarnos y aprender”.

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Desde Interior han recordado, además, que los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar han crecido un 31% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, debido principalmente al plan especial contra el narcotráfico que se puso en marcha. “En concreto, la comarca ha pasado de tener 1.956 agentes de ambos cuerpos (en diciembre de 2017) a tener 2.579 (en agosto 2022)”. Y, concretamente en Algeciras, “la ciudad ha pasado de tener 1.201 agentes a los actuales 1.363″.

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El jubilado detenido por las cartas pirotécnicas manipuló un dron para que soltara artefactos

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Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.
Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.Iñaki Berasaluce (Europa Press)

La Policía Nacional ha encontrado en la casa de Pompeyo González Pascual, el jubilado detenido este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío de las seis cartas con material pirotécnico que recibieron entre noviembre y diciembre, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, un vehículo aéreo no tripulado, popularmente conocido como dron, manipulado para que pudiera transportar cajas con artefactos similares a las que metió en aquellos sobres y soltarlas por control remoto, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

La documentación recogida apunta a que este exfuncionario de 74 años estaba ideando artefactos con mayor potencia deflagrante (que provocan llama) que los que había remitido y que, solo en una ocasión, había llegado a activarse causando heridas leves a un trabajador de la legación diplomática de Kiev en España, añaden estas fuentes. El resto de envíos fueron neutralizados por las Fuerzas de Seguridad antes de que se funcionaran.

En el acta del registro de su vivienda en Miranda de Ebro se recoge como indicio “C-23″ un dron Dji Mavic 2, un modelo ya descatalogado de algo menos de un kilo de peso pensado para grabar imágenes desde el aire y con capacidad para volar durante media hora. Aficionado al aeromodelismo, el detenido tenía páginas en la red Youtube en las que mostraba algunos de los vídeos que supuestamente grababa en Miranda de Ebro con este dispositivo. De hecho, la policía encontró en el dron una tarjeta de memoria de 64 gigas utilizada supuestamente para registrar las imágenes.

Sin embargo, lo que más alarmó a los agentes fue el hallazgo, en la misma estancia del piso, de un “conjunto de dispositivos electrónicos de color gris” supuestamente ideado para “la suelta de carga de[sde] dron”, según recoge el documento judicial, donde aparece referencia como indicio “C-14″. Según las fuentes consultadas, este ingenio, supuestamente de fabricación casera, permitía transportar objetos de un tamaño similar a las cajas de madera que elaboró González Pascual para que contuvieran los artefactos que envió por correo postal, y que los soltara por control remoto.

Entre el material intervenido también se localizaron imanes, tubos metálicos de diferentes diámetros y longitudes, muelles, tornillería, trozos de madera, cables y virutas de acero, así como diferentes herramientas, como taladros, una sierra y un cortatubos. La intervención de este material era uno de los objetivos del registro, como reflejaba el autor del juez que autorizó la entrada en la vivienda y que expresamente pedía buscar “todos aquellos efectos, instrumentos y objetos de ferretería relacionados con el delito investigado, tales como armas, precursores, sustancias explosivas…” tras constatar los investigadores que los artefactos eran de fabricación casera.

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Las pesquisas también revelaron que González Pascual ―al que se le considera un radical favorable a Rusia en la guerra de Ucrania― había adquirido, entre junio y julio pasados, a través de Amazon “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes”, todo ellos elementos potencialmente utilizables para elaborar artefactos explosivos. El acta judicial no refleja que durante el registro de la vivienda, el trastero y el coche del detenido se localizara nada de ello, aunque sí algunas sustancias que los expertos policiales deben analizar para concretar su composición.

Lo que sí localizaron los agentes fue documentación en papel, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, seis tarjetas de memoria y otros tantos pendrive (pequeños dispositivos informáticos de memoria). Los agentes analizan ahora todo ello en busca de más indicios contra González Pascual, que, cuando fue arrestado el miércoles aún aseguraba a los agentes que se habían “equivocado” al detenerle, según destaca el documento judicial. Aún no sabía la larga lista de indicios que en los últimos meses habían recabado contra él los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.

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Ares, el hombre del aparato socialista vasco

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Rodolfo Ares, fallecido este jueves, fue conocido públicamente hacia el final de su carrera política, en 2009, cuando Patxi López, elegido lehendakari, le nombró consejero de Interior del Gobierno vasco, donde le tocó afrontar los últimos coletazos de ETA en estrecho contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Era un hombre de aparato, discreto. No se recuerda, por ejemplo, que sustituyó a Fernando Buesa como portavoz socialista en el Parlamento vasco, cuando fue asesinado. Pero, desde la sombra, su historia se cruza con la del socialismo vasco desde los inicios democráticos hasta el final del terrorismo.

Su labor al frente de la Ertzaintza dejó huella en el final del terrorismo. Creó una unidad especial formada por un nutrido grupo de analistas a escala local en coordinación con las Fuerzas de Seguridad estatales, e impulsó una política de tolerancia cero y de eliminación de la impunidad del mundo etarra en los espacios públicos, acordadas con los ayuntamientos. Fueron decisiones muy eficaces en el final del terrorismo, apenas recordadas.

Para ese momento, Ares había hecho un largo recorrido en el aparato del PSE desde que ingresó en los albores de la democracia. En 1983 fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y luego parlamentario vasco. Pero fue, ante todo, un hombre de aparato, antes de que en 1997 fuera reconocido como secretario de Organización del PSE hasta 2014.

Su importancia en el aparato socialista fue evidente en el nombramiento de Nicolás Redondo Terreros como secretario general del PSE en 1997, en sustitución de Ramón Jáuregui, y fue decisivo en el relevo de Redondo por Patxi López en 2005. Ares había trabajado con ambos en el aparato. Pero como político pragmático entendió que en Euskadi se abría la etapa del final del terrorismo, y apostó por López, en sintonía con el Gobierno de Zapatero. Apoyó la apuesta política inteligente del diálogo con ETA para dividir y aislar a quienes querían continuar con el terrorismo que no contradecía el combate contra el terrorismo.

No jugó un papel sobresaliente en el proceso dialogado del fin de ETA. Pero Patxi López y Rubalcaba lo tuvieron informado y contaron con él para participar en la delegación socialista, con Jesús Eguiguren y el jurista Gómez Benítez, en la última reunión, celebrada con ETA y Batasuna en Ginebra en mayo de 2007.

Ares se sentía cómodo en el papel de hombre necesario en la sombra. Estaba detrás de todas las decisiones del PSE, de las pequeñas a las importantes. Protagonizó con López el acuerdo con el PP vasco para desbancar a Juan José Ibarretxe de la presidencia del Gobierno vasco en 2009 por empeñarse en mantener su política soberanista. Con Patxi López como lehendakari, además de dirigir desde Euskadi la lucha antiterrorista, estuvo detrás de la Vía Nanclares de reinserción; de las políticas de memoria y del reconocimiento a las víctimas, para las que organizó un congreso. Tuvo la satisfacción de participar en el fin del terrorismo en 2011 y poco después dejó la política discretamente.

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