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Mañueco mantiene las medidas para las embarazadas pese a que Feijóo afirma que “Castilla y León no va a modificar el protocolo”

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Las medidas para las embarazadas planteadas por la Junta de Castilla y León siguen generando confusión incluso en el seno del PP. El presidente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en la mañana de este martes que “el Gobierno de Castilla y León no va a modificar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas”, algo que contrasta con los planes de la Junta, dirigida por el PP en coalición con Vox y liderada por el popular Alfonso Fernández Mañueco. La previsión es que las nuevas medidas que se pondrán a disposición de los médicos —atención psicológica preferente, escuchar el latido fetal o una ecografía 4D del feto— entren en vigor sin que sea “obligatorio”, como insistía Vox, que el facultativo se las ofrezca a las mujeres. El protocolo de interrupciones voluntarias del embarazo, en cambio, se mantendrá tal y como está, según destacan portavoces del área de Sanidad de Castilla y León. Estas fuentes no aclaran ni cómo ni cuándo entrarán en funcionamiento las medidas.

Estos nuevos recursos se destinan a “todas las mujeres embarazadas”, según estas mismas fuentes. E insisten en que las nuevas medidas “están contempladas para las mujeres embarazadas, tanto para las que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo como para las que quieren continuar con él y siempre bajo el criterio clínico”. Estos nuevos recursos, por tanto, quedan a disposición de los sanitarios para que ellos, bajo su consideración médica, se lo puedan plantear a las gestantes sin importar si estas quieren abortar o no (la semana pasada el consejero de Sanidad aseguró a EL PAÍS que la Junta instaría a los médicos a ofrecerlas). Castilla y León, según fuentes sanitarias de la Junta y de las gerencias hospitalarias, tiene un importante volumen de doctores objetores de conciencia en materia del aborto, lo cual obliga a que haya provincias donde, ante la falta de personal dispuesto a llevarlo a cabo, se derive a las mujeres a centros sanitarios de otras provincias. Solo un 2,5% de los abortos efectuados en la comunidad en 2021 se realizaron en hospitales públicos.

Esta situación contrasta con el discurso que emitió Mañueco este lunes, sin admitir preguntas, al igual que este martes en Salamanca, donde ha coincidido con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha insistido de nuevo en que necesita “información fidedigna” sobre las intenciones del mando autonómico. “No habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, que está ajustado a la legislación nacional vigente y al criterio clínico”, asegura Mañueco en la misiva que ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que hizo pública este martes tras el requerimiento efectuado horas antes por parte del Ejecutivo por el que “se requiere de incompetencia” al Ejecutivo autonómico para que se abstenga de adoptar “cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.

El presidente autonómico del PP destacó en su carta de respuesta al Gobierno que “en ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo para las mujeres que se sometan a una interrupción del embarazo”, reivindicó la libertad de las mujeres y recalcó que no se podría obligar a nada, como reclamaba su socio, a los facultativos. “Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición y, por supuesto, tras esa inquietud voluntariamente formulada por cualquier embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar según su juicio clínico”, detallaba Mañueco, que subrayaba que “alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones a la mujer y la Junta ni las va a promover ni a amparar”. Los portavoces de Sanidad no han aclarado cómo esas gestantes recibirán la información que les haga tomar decisiones sobre los “recursos que tienen a su disposición”.

La extrema derecha de Vox ha avisado al PP de que estas medidas deben seguir adelante, pese a que aún las gerencias de la comunidad no las han recibido por mucho que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, dijese el viernes en EL PAÍS que se emitirían este lunes. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, así lo ha advertido en la mañana del martes: “Exigiremos que se cumpla el acuerdo. No daremos ni un paso atrás con lo acordado”. El alto cargo de la formación ha confiado “en que el PP es gente de palabra” y ha aludido a que “han firmado un protocolo y lo llevarán a término”. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha rechazado que estas diferencias se traduzcan necesariamente en ruptura de la coalición en la comunidad: “Revisar no es romper, pero desde luego tendremos que ser más estrictos porque llueve sobre mojado con el PP”. Vox ha lanzado una nota de prensa en la tarde de este martes insistiendo en que “confía en que el Gobierno de Castilla y León cumpla y ponga en marcha el protocolo acordado”.

Requerimiento de incompetencia

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El Gobierno alega en el requerimiento de incompetencia contra la Junta de Castilla y León para que “cese de inmediato” en la aplicación de las medidas antiabortivas anunciadas por el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco serían, si finalmente se llevan a efecto, “discriminatorias” por el trato diferente a las embarazadas de esta comunidad respecto a las del resto del país y supondrían una “vulneración de la competencia estatal para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos”. “La dignidad de las mujeres, elevada a valor jurídico fundamental, y los derechos que les son inherentes, se verían gravemente afectados en el supuesto de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León se apliquen, llegando a generarse una verdadera discriminación en el ejercicio de los mismos, pues las condiciones en que estos derechos se hacen efectivos mediante el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pasarían a ser diferentes en el territorio de Castilla y León con respecto al resto del Estado”, sostiene el Gobierno en el escrito que el Consejo de Ministros aprobó este martes y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El Gobierno se refiere hasta en seis ocasiones, para justificar su actuación, a “las medidas anunciadas” por el Ejecutivo autonómico desde el 12 de enero. Ese día fue determinante en la reacción de La Moncloa, que desde entonces ha reclamado de manera reiterada el protocolo al Gobierno de Mañueco sin obtener una respuesta oficial, por escrito y detallada. “No resulta admisible que en rueda de prensa oficial se publicite la aprobación de un protocolo que no se pone a disposición de los ciudadanos, y más aún, en virtud de las exigencias de la lealtad institucional”, se recalca en el requerimiento.

Anuncio de la Junta

La nota de prensa emitida por la Junta el pasado jueves citaba “la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre”. Igualmente se anunció “el acceso a la ecografía 4D a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo”, “pudiendo así mostrar en un vídeo en tiempo real una imagen del bebé con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos, pies y resto del cuerpo, todas ellas perfectamente identificables y reconocibles para la madre y la familia, favoreciendo así su implicación emocional”. El vicepresidente Gallardo, de Vox, definió las medidas como “provida” y subrayó que serían voluntarias para la mujer, pero obligatorias para los profesionales sanitarios. El requerimiento a la Junta por las actuaciones que puedan vulnerar la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recalca que la información a facilitar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo “debe ser imparcial y basarse en la evidencia científica, circunstancias que no se cumplen en las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León”. La Sociedad Española de Ginecología indica en relación al latido fetal que las guías clínicas establecen que “en fase embrionaria [hasta la semana diez y seis días] se recomienda que la evaluación ecográfica del latido sea preferiblemente de manera visual” y que las ecografías Doppler “no deben ser utilizadas rutinariamente”.

El viernes, ante la petición del Ministerio de Sanidad de la “remisión con urgencia del protocolo, resolución o instrumento acordado para llevar a cabo las medidas anunciadas”, la consejería de Sanidad de Castilla y León “se limitó a señalar que las medidas a implantar consistían en mejoras tecnológicas y en la posibilidad de permitir a la mujer escuchar el latido fetal en los estudios ecográficos, respetando siempre su voluntad, pero sin ofrecer ninguna información o aclaración adicional que diera respuesta a las dudas planteadas”, recoge el requerimiento. El documento, de nueve páginas, recuerda que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), afirmó posteriormente que la Junta “instará” a los sanitarios a través de “instrucciones” a ofrecer a las mujeres embarazadas, incluidas las que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo, la posibilidad de escuchar el latido del corazón del feto y acceder a una ecografía 4D. “Todos los protocolos son de obligado cumplimiento para los profesionales de la Sanidad, y este también”, aseguró Gallardo el 16 de enero, el día que en principio iban a entrar las medidas en vigor. Mañueco afirmó horas después que no sería así, pero según destaca el Gobierno siguió “sin aclarar si las medidas anunciadas se han aplicado o aplicarán en el futuro ni, en su caso, qué contenido y desarrollo específico tendrán dichas medidas”.

La conclusión del Ejecutivo es que el propósito de la Junta es proceder “de manera inminente, a partir del 16 de enero”, a la aplicación de medidas consistentes “en imponer, o cuanto menos ‘instar’ o ‘instruir’ —sin que estas dos expresiones hayan sido rectificadas—, a los profesionales sanitarios la aplicación de un protocolo específico”, incluyendo, en los términos anunciados, a las mujeres embarazadas que pretendan abortar. El Ejecutivo subraya que este nuevo requerimiento, tras el del pasado domingo cuyo recorrido sería por la vía contencioso-administrativa, no habría sido necesario si la Junta hubiese aclarado sus intenciones por escrito tal y como se le solicitó. “No podemos esperar ante toda esta confusión y aberración. El Gobierno aquí no está participando del debate político partidario, el Gobierno está protegiendo los derechos de las mujeres y dando tranquilidad a los profesionales sanitarios en su demanda de seguridad jurídica”, expresó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros de ayer. El requerimiento de incompetencia, previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tiene por objetivo “velar por el reparto competencial entre administraciones previsto en la Constitución”. Si Castilla y León no contesta en un mes, La Moncloa dispondrá de otro mes (a contar desde la notificación del rechazo del requerimiento) para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional.

La portavoz aseguró que es posible emprender una acción como la del requerimiento sin un hecho administrativo claro, provocado por la falta de concreción de la Junta: “Claro que sí, lo reconoce la fórmula de la vía del hecho y nos respalda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

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El atasco administrativo impidió la expulsión del atacante de Algeciras

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Yasine Kanjaa con el machete en la mano, tras asesinar a Diego Valencia, en una imagen del vídeo grabado por un viandante.
Yasine Kanjaa con el machete en la mano, tras asesinar a Diego Valencia, en una imagen del vídeo grabado por un viandante.

La situación irregular en España del marroquí Yassine Kanjaa, detenido el pasado miércoles tras matar a machetazos al sacristán Diego Valencia en Algeciras (Cádiz) y herir a otras cuatro personas, no es una excepción. En la actualidad, el Ministerio del Interior solo consigue devolver o expulsar (dos figuras legales distintas) a sus países de origen a un 9% de los extranjeros en situación irregular contra los que dicta una orden para hacerlo, porcentaje ligeramente superior al que se registraba a finales de 2022, cuando era del 7,5%. Pese al incremento del último mes, se mantiene por encima del 90% las órdenes que, como en el caso de Kanjaa, no se pueden ejecutar por diversos motivos administrativos, confirman fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. En la actualidad hay 178 inmigrantes irregulares recluidos en los Centros de Internamiento Extranjero (CIE, instalaciones en los que los extranjeros pueden estar retenidos un máximo de 60 días) para su expulsión inmediata.

Interior admite que la situación es peor que la que había antes de que estallara la pandemia, cuando estas cifras de expulsión casi se triplicaban. En 2019, el año anterior al inicio de la crisis sanitaria que obligó a cerrar las fronteras, la Policía concluyó la expulsión a sus países de origen de 4.677 personas y la devolución de otras 6.476 personas, según datos oficiales obtenidos a través del Portal de Transparencia. En total, suponen cerca de un 30% de las 37.890 órdenes que se dictaron contra extranjeros para que abandonasen territorio español, según Eurostat. El porcentaje de expulsiones y devoluciones estaba por debajo de la por entonces media europea (36%).

Además, desde octubre de 2020, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide a España expulsar inmigrantes solo por estar en situación irregular. El fallo obliga al Gobierno a aplicar la propia Ley de Extranjería española que impone multa en casos de estancia irregular y solo contempla la expulsión de extranjeros sin papeles cuando existan circunstancias agravantes. La Policía Nacional dictó entonces nuevas instrucciones para el cumplimiento de esta sentencia en las que ordenaba a los agentes que priorizasen aquellos expedientes en los que fuese posible motivar la expulsión con “elementos negativos” de la actuación del inmigrante frente a aquellos en los que la única infracción sea su situación irregular en España.

En concreto, planteaba que sería motivo suficiente para tramitar la expulsión que el inmigrante hubiera sido detenido por la comisión de un delito o que tuviera antecedentes penales; que hubiera invocado una falsa nacionalidad; que hubiera una prohibición de entrada anterior; que carezca de domicilio y documentación; que hubiera incumplido una orden de salida obligatoria, y que no exista posibilidad de comprobar cómo y cuándo entró en territorio español por falta de documentación o la ausencia en esta del sello de entrada. En el caso de Kanjaa se daba uno de estos requisitos, ya que cuando se detectó su presencia en Algeciras en junio del año pasado iba indocumentado. Sin embargo, este fue también un obstáculo para su expulsión.

De hecho, el expediente administrativo que se le abrió entonces se concluyó cinco meses después, el pasado 3 de noviembre, cuando se le notificó su expulsión. Se inició entonces el plazo de ejecución de la orden que, sin embargo, no se materializó. Según detallan fuentes de Interior, a no estar en posesión de documentación de su país, las autoridades españolas tuvieron que iniciar el proceso de pedir a Rabat que lo documentase o, en su defecto, se le expidiese un salvoconducto para que la policía le pudiera llevar a Marruecos. Este proceso no siempre es ejecutado por los más de 30 países con los que España tiene acuerdos para que acepten el retorno de sus nacionales.

Los responsables policiales encargados del control fronterizo consideran las expulsiones un buen instrumento para frenar la inmigración irregular y, de hecho, el cierre de fronteras a causa de la covid-19 ―con la consiguiente suspensión de los vuelos de repatriación― hizo que la Comisión Europea expresase en varias ocasiones en documentos internos su preocupación por sus consecuencias en estas políticas. Tras la progresiva reapertura de la frontera, las expulsiones y devoluciones han vuelto, pero aún se está lejos de las cifras de 2019. La Policía Nacional, de la que depende la ejecución de las expulsiones a través de la Comisaría General de Extranjería, fijaba en su último Plan Estratégico, elaborado el pasado septiembre, como objetivo “aumentar las repatriaciones” de extranjeros en situación irregular.

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En concreto, el documento policial ponía el foco en los de origen subsahariano, para lo que proponía el empleo de “vuelos macro [de gran tamaño] a los países de origen” mediante la firma de acuerdos bilaterales “eficaces”. También planteaba incrementar las repatriaciones “con Argelia y Marruecos”, punto de origen de la mayor parte de las pateras que llegan a las costas españolas. E insistía en consolidar la expulsión de “la población reclusa extranjera”, una figura contemplada en el caso de condenas superiores a un año de cárcel. El informe también apuntaba en una previsible “alta presión migratoria procedente de África” fruto de “la situación económica mundial”, causada primero por la covid-19 y, posteriormente, por la guerra en Ucrania.

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El desafío de la integración en Algeciras

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El sacristán Diego Valencia siempre tenía una bolsa de comida para quien se acercase a la puerta de la iglesia de La Palma, en Algeciras (Cádiz), pidiendo ayuda. Era una máxima de Cáritas, como explica el sacerdote Juan José Marina. El 80% de quienes piden auxilio en el templo son musulmanes, señala el párroco. Y añade: “Es un respeto mutuo”. Una situación que resume el espíritu de convivencia con el que centenares de algecireños despidieron este viernes a Valencia, asesinado dos días antes por el ciudadano de origen marroquí Yasine Kanjaa. El crimen ha convulsionado a esta ciudad de 120.000 habitantes que lleva a gala ser vecindario de más de 120 nacionalidades pero que, al igual que toda la comarca del Campo de Gibraltar, aún tiene obstáculos que dificultan la plena integración de los migrantes.

Efectivos sanitarios y policiales cubren el cadáver del sacristán fallecido en un ataque a diferentes iglesias, a 25 de enero de 2023 en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España).Foto: Nono Rico | Vídeo: EPV

Sabido es que Algeciras es un lugar multicultural, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), aprovechó su presencia en el funeral para recordarlo. “Siempre ha existido convivencia”, dijo antes de entrar a la iglesia. Roberto Espiñeira, de 70 años y gallego residente en la localidad desde hace tres, coincide con la aseveración, pero aporta la clave: “El problema son los chavales que se ven sin papeles, sin nada. Es fácil que caigan en cualquier red”, dice mientras pasea a su perra Lily por la plaza Alta. El 8,39% de los habitantes de la ciudad son extranjeros residentes, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de 2021. Y esos datos no tienen en cuenta a la población de paso, migrantes habitualmente en una situación irregular que les complica acceder a cualquier derecho.

“La inclusión social se encuentra obstáculos. Es una ciudad que sufre profundas desigualdades, y la exclusión y la pobreza afectan más a los migrantes”, resume el periodista local Alfonso Torres, autor de Manual de actuación frente al racismo. Torres trabajó además en la difusión de un análisis sobre la percepción de la convivencia entre población autóctona y alógena en Algeciras en 2017: el 79% de la población extranjera aseguró tener buena relación con los locales, y el 78% de estos veía positiva la diversidad étnica en los colegios públicos. Pese a esas cifras tan igualadas, su conclusión es que “la población migrante era más receptiva que la autóctona en integrarse”. “Hay zonas de la ciudad que siguen vivas gracias a que la población migrante es parte de la comunidad”, apunta el periodista. Algeciras está entre las diez ciudades de España con mayor tasa de paro (rozando el 25%), según un informe del INE con datos de 2021.

Los alrededores del puerto y el mercado son la viva estampa de ello. Mientras la plaza Alta bullía en aplausos durante la despedida del coche fúnebre del sacristán asesinado, los puestos de los comerciantes apuraban las últimas ventas del día, aún conmocionados por el crimen. El protésico dental marroquí Amid lleva 27 años viviendo en Algeciras y regenta como empresario un puesto de frutas y verduras. Asegura que nunca ha sufrido xenofobia. “La integración depende de las personas”, opina.

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Mercado principal de Algeciras.
Mercado principal de Algeciras.Marcos Moreno

Pepa —”mejor pon ese nombre si lo vas a publicar”, pide— apura sus últimas compras en el mercado. Nació en Tánger en tiempos del Protectorado Internacional y ahora reside en Algeciras. Tras vivir en las dos orillas, llega a la conclusión de que la convivencia es sencilla pero la integración “no tanto”. “En Tánger los españoles vivíamos separados y aquí ocurre algo similar. Vivo en un edificio en el que están llegando personas marroquíes para vivir y los vecinos no están contentos. Es difícil”, explica la mujer. Mohamed El Mkaddem, imán del templo de Al Huda y portavoz de la comunidad islámica en el Campo de Gibraltar, afirma que en la ciudad están “acostumbrados a la mezcla”, pero no niega que ataques como el ocurrido el miércoles hacen daño a la comunidad musulmana: “Los que más pagamos esto somos nosotros. No lograrán implantar el odio, compartimos el dolor”.

El alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), asegura que la ciudad invierte unos 10 millones de euros en gasto social, de los más de 110 millones del presupuesto municipal, y afirma que el número de familias atendidas ha crecido de 1.700 antes de la pandemia a 5.000 en la actualidad. El día después del ataque, el alcalde incidió en que lo que Algeciras necesita son más medios policiales. La petición contrasta con la realidad de la baja criminalidad de una ciudad con 22 infracciones por cada 1.000 habitantes —según datos del Ministerio del Interior del año pasado—, una cifra por debajo de ciudades turísticas como Sevilla.

Torres rechaza que esa sea la solución y cuestiona la cifra de inversión social aportada por Landaluce, porque asegura que engloba los costes del personal que trabaja en la delegación municipal. “La Administración debería tener más músculo social. Si hay un asunto que altera la paz social en el Campo de Gibraltar es el narcotráfico, y ahí hay personas de todo pelaje”, afirma.

En ese contexto, asociaciones y ONG llevan años trabajando por desmontar, además, los bulos y desinformaciones que señalan a los migrantes como beneficiarios privilegiados de las ayudas sociales. “Uno de los prejuicios más comunes es el del migrante que se lleva la ‘paguita’ o que viene a quitarnos el trabajo. La realidad es que quien no tiene papeles no recibe apenas ayudas”, apunta Torres.

Espiñeira ya ha recogido el periódico del que es suscriptor desde 1976 y está a punto de terminar el paseo a su perra por la plaza Alta. “Justo aquí donde estamos todos los fines de semana monta Vox su tenderete”, cuenta, preocupado por los mensajes xenófobos que puedan alentarse ahora, tras el asesinato de Diego Valencia, en “una ciudad de convivencia”. “Esos mensajes calan más en la incultura. Es más fácil buscar a alguien a quien echar la culpa de tus males”, razona el jubilado.

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El atacante de Algeciras recibió tratamiento psiquiátrico en Marruecos y carecía de antecedentes penales y policiales en su país

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Ued el Marsa se precipita hacia el mar desde los cerros que enmarcan el superpuerto de Tanger Med, más cercano a Ceuta que a la ciudad marroquí de la que toma el nombre. En una de las laderas que dominan las dársenas con macrogrúas para contenedores está escrito sobre piedras blancas “Dios, patria y rey”, el lema del reino jerifiano. Al anochecer del jueves estallaba el contraluz más brutal entre las futuristas instalaciones portuarias, una explosión de neón blanco, y las tenebrosas calles sin pavimentar que conducen al bar Madrid de Ued el Marsa, único lugar con señales aparentes de vida en la población, de unos 400 habitantes. Ante un televisor se habían reunido una docena de parroquianos poco antes del comienzo del partido que iban a disputar los dos principales equipos de la capital de España. “Yo soy del Barça”, terciaba Utman, un rifeño recio, en la treintena, curtido en los muelles de Algeciras y las fábricas de la corona sur de Madrid, y que evita facilitar su apellido. “A Yassine Kanjaa le conocíamos todos”, recuerda. “Ya no vive aquí, la droga le comió el coco”, diagnostica, mientras el resto de los hombres asienten con la cabeza. Fuentes del Ministerio del Interior marroquí añaden que hace años recibió tratamiento en un centro psiquiátrico de Tánger, sin ofrecer más detalles. También precisan que su nombre no constaba en los registros de antecedentes judiciales y policiales de Marruecos.

Utman observa con la mirada perdida las luces de Algeciras en el horizonte, que compiten con las de Gibraltar, con el destello hacia el oeste de Tarifa. Es el mismo paisaje en el que creció Kanjaa, el autor de los ataques a machetazos de Algeciras que el miércoles se cobraron la vida de un sacristán y causaron varios heridos. Entre los vecinos de Ued el Marsa, cubiertos con las gruesas chilabas de los días más fríos del invierno, existe un pacto de omertá que no se rompe hasta la llamada de uno de los compañeros de vivienda de Kanjaa en Algeciras. La ley del silencio se difumina poco a poco en el bar Madrid, pero no las trabas de las autoridades locales.

La casa de Yassine Kanjaa en Ued el Marsa, un pequeño pueblo costero marroquí ubicado a seis kilómetros de la frontera con Ceuta.
La casa de Yassine Kanjaa en Ued el Marsa, un pequeño pueblo costero marroquí ubicado a seis kilómetros de la frontera con Ceuta.
Mohamed Siali (EFE)

En la oscuridad, las miradas de rechazo al forastero parecen adquirir un destello de aceptación. “Soy Hasan Sellah, el alcalde; aquí hay que pedir permiso para hacer preguntas. Esta noche no se puede pasar, lo ha prohibido la autoridad. Además, los padres de Yasim Kanjaa tienen ya unos 70 años y ni se les puede molestar”, advertía el regidor, barbudo y en la cincuentena, mientras manoseaba la acreditación de prensa concedida por el Ministerio de la Comunicación marroquí al corresponsal de EL PAÍS.

La familia de Kanjaa no tiene casa en el núcleo del pueblo, sino en la minúscula pedanía de El Hatba, a los pies del monte Musa, simbólica representación de la segunda columna de Hércules que da la réplica en África al peñón de Gibraltar.

Ya en la mañana del viernes, se abre junto a la cadena montañosa el espectacular paisaje del Estrecho y la patente cercanía entre dos mundos tan alejados económica y culturalmente. El alcalde Sellah ha marcado el número de teléfono del caíd de Taghramt, 20 kilómetros al sur, que agrupa a las municipalidades de la zona en el caidato o mancomunidad del mismo nombre.

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“Es el encargado”. Así explica en castellano Utman para traducir en su jerga de currante en España quién es el verdadero representante del poder central en este confín del Rif. El caíd, que no quiso identificarse, es el delegado del Ministerio del Interior en la zona, dentro de la compleja división territorial del país magrebí, que conjuga una creciente descentralización administrativa con un centralismo de raíz feudal. “Tiene que pedir permiso. Eso es todo”, explicaba en un pulcro francés.

El ceutí Mohamed, de 26 años, se mueve con familiaridad en el restaurante Isla Perejil de las afueras de Ued el Marsa. Tiene una privilegiada vista sobre el Estrecho mientras exhibe en una vitrina refrigerada besugos, calamares y un plateado pez espada. “Nadie osa contradecir al caíd”, reconoce, mientras el funcionario del Ministerio pasea por el local y advierte de nuevo al periodista extranjero de que sin permiso no puede acceder a la aldea de El Hatba. Repetidamente, se inhibe ante las llamadas de responsables de los Ministerios de Comunicación y de Interior que le reclaman que le franquee el paso al reportero.

“YassineKanjaa nunca estuvo bien. Era mi amigo”, asegura Mohamed en el restaurante en cuanto se aleja el caíd. “Compartimos cervezas y porros y salíamos con chicas, hacíamos de todo, pero parece que últimamente había cambiado. Tal vez por las drogas, por sus trastornos psíquicos. Dicen que en su familia ha habido casos de enfermedades mentales, su padre, un hermano. Pero yo no lo sé bien”, admite el ceutí.

“Cuando estaba aquí y estaba bien de la cabeza, si se producía un atentado yihadista, lo condenaba. ‘Si cojo a ese cabrón lo mato’, me decía’, pero en Algeciras le entró el pánico en el último mes y cambió. Me llamaba: ‘Tenéis que rezar’, decía, ‘me ha poseído el demonio”, relata Mohamed, quien no puede precisar si Kanjaa, de su misma edad, había recibido tratamiento psiquiátrico. “Me llamaron el miércoles de Algeciras. ‘Mira lo que ha hecho tu amigo’, decían”, se lamenta dos días después.

El mismo caíd del Ministerio del Interior, responsable de la seguridad local que se resistió a facilitar, hasta pasadas más de cuatro horas, el acceso a la aldea confirmó poco más tarde que YassineKanjaa había sido tratado hace años en un centro psiquiátrico de Tánger, sin ofrecer detalles. También precisó que su nombre no constaba en los registros de antecedentes judiciales y policiales de Marruecos.

“Lo que dice la gente por aquí es que el hombre [Kanjaa] tomaba drogas y eso es lo que le ha afectado”, diagnostica Utman en Ued el Marsa. “Estaba muy raro; él no se juntaba con nosotros. Hace dos años que casi no teníamos noticias suyas. Se juntaba con amigos que no eran del pueblo. Cuando se marchó a España dejó de comunicarse con la gente de aquí”, refería con aire de perplejidad.

“Su familia es de aquí. Nos conocemos de toda la vida”, corroboraba este vecino. “Vivía con sus padres y con seis hermanos. Y nunca tuvo incidentes importantes. Pasaba a nuestro lado y solo saludaba. Nada más. No sabíamos nada de su vida. Cuando fui a desayunar por la mañana [por el jueves] al bar me enteré de todo”, se limita a contestar Utman en un español de fuerte sonoridad magrebí.

A un par de kilómetros de la isla Perejil y a unos 15 de la frontera de Ceuta, en el acceso al puerto de Tanger Med, niños de 10 o 12 años se arrojaban el jueves al atardecer a los bajos de los tráiler, en el momento en el que los camiones reducen la velocidad en una rotonda camino de los transbordadores del Mediterráneo. Desde que cesó el comercio informal, de porteadores de mercancías, en la frontera de Ceuta, la droga o la patera son casi las únicas vías de escape para los jóvenes de la punta marroquí más septentrional.

“Los buenos trabajos en el nuevo puerto y en la cercana factoría de Renault se los llevan técnicos y especialistas venidos de Rabat y Casablanca”, apunta el taxista Mohamed camino de Ued el Marsa “Aquí nadie quiere, ni puede, estudiar”. La hermosa, único negocio turístico del pueblo, se queda desolada en enero. De sus arenales parten, a veces, las lanchas planeadoras que vuelan sobre las aguas con alijos de hachís hacia el otro lado del Estrecho.

Levantadas todas las barreas de seguridad, el lugar de El Hatba, adonde se accede por una tortuosa carretera de cemento agrietado, se presenta como un nuevo escenario para la ley del silencio. La casa familiar de los Kanjaa está vacía, sin señales de haber sido recientemente ocupada. Un perro atado con una cadena mira al visitante sin un ladrido.

“La familia se fue hace 10 años a Tánger. Yassine venía de vez cuando. No estaba bien de la cabeza”, abunda Ahmed Agzhi, un pescador de 45 años, a la salida del rezo del mediodía del viernes en la mezquita, el único punto con presencia humana visible en la aldea. Abdel Jalak, de 82 años, un agricultor que habita la casa colindante a la de los Kanjaa, insiste en que ellos viven permanentemente en Tánger desde hace una decena de años. “Pasan algunas temporadas. El joven Yassine estaba enfermo desde hace unos tres años y antes tuvo problemas con las drogas. Ahora estamos muy afectados. Es la primera vez que alguien de este pueblo comete un crimen tan horrible”, asegura, mientras se despide cariacontecido tras finalizar el rezo.

Muhamed Muracim, auxiliar de los servicios municipales de 62 años, puntualiza: “La familia Kanjaa pasó por aquí hace dos semanas”. El alcalde de Ued el Marsa creía en la noche del jueves que los padres de Yassine Kanjaa estaban durmiendo en su casa del pueblo. Al día siguiente, Hasan Shellal se encoge de hombros en presencia de un oficial de la Gendarmería Real y del omnipresente caíd.

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