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El Constitucional resolverá los recursos de mayor calado político antes de las elecciones generales

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El Tribunal Constitucional está trabajando en un calendario que le permita dictar sentencia sobre los recursos de mayor calado político a lo largo de 2023. La decisión forma parte del plan de actuación urgente que va a desarrollarse para poner al día la larga lista de asuntos que el tribunal tiene pendientes de resolución. Durante este año ―y por tanto antes de las próximas elecciones generales, previstas para el final de este 2023―, deberán ser aprobadas las sentencias sobre la ley del aborto ―impugnada en 2010―, la de eutanasia, la reforma educativa de la ley Celáa, la normativa de la Generalitat sobre el castellano en las escuelas catalanas, o la reforma laboral, entre otras.

No está fijado todavía un orden exacto, porque el ritmo de salida de las resoluciones depende en buena medida del ponente de cada una de ellas, pero el propósito del nuevo presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, es firme, en el sentido de que no puede acabar el año sin que el Constitucional se haya puesto al día y haya resuelto el tapón que ha venido acumulando en los dos últimos años. En parte, el retraso ha sido una consecuencia más del incumplimiento de las previsiones constitucionales sobre la renovación de las instituciones, en este caso del órgano de garantías.

En el Constitucional ha existido en este último período una clara conciencia de la precariedad que suponía que los relevos de los magistrados no se produjeran en los tiempos legalmente previstos. La reacción del tribunal fue dejar en compás de espera los recursos más candentes y de mayor relevancia política para evitar tensiones internas. La anterior renovación del órgano de garantías, en noviembre de 2021, ya se produjo con más de dos años de retraso, y para la última, hubo que esperar otros seis meses, ya que hubiera tenido que llegar en junio del año pasado.

El resultado de la técnica dilatoria para no tensar la vida interna del tribunal y evitar la reiteración de enfrentamientos entre los sectores conservador y progresista ha sido la esclerotización del tribunal y el crecimiento de un archivo de asuntos pendientes que rebosa por los cuatro costados. A los asuntos que deben ser resueltos de forma prioritaria se añade, por ejemplo, todo el capítulo de impugnaciones parlamentarias de especial trascendencia, empezando por los recursos del PP y Vox contra las fórmulas alternativas de juramento empleadas por 29 diputados de diversos grupos al comienzo de la legislatura, hace ya tres años.

De la validez de aquellas fórmulas puede depender que se entienda que los parlamentarios que las usaron adquirieron plenamente o no la condición de diputados o senadores. En la constitución de las Cortes en la presente legislatura, los 29 parlamentarios de JxCat, ERC, PNV, CUP, EH Bildu y cuatro de Podemos usaron distintas fórmulas alternativas. También ocurrió en la anterior legislatura. Oriol Junqueras, por ejemplo, prometió entonces la Constitución “desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal”. Los diputados de Podemos, a su vez, lo hicieron “por la democracia y los derechos sociales”. Y al admitir a trámite los recursos del PP y Vox, el tribunal ya advirtió que se plantearía la legalidad de estas fórmulas “porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto” y “porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”.

Junto a este asunto siguen sin resolverse los dos recursos presentados por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez para recuperar su escaño, tras haber sido condenado a 45 días de prisión —pena conmutada luego por una multa― por haber dado una patada a un policía en una manifestación. Rodríguez solicitó una medida cautelar para que se le permitiera seguir ejerciendo su labor como parlamentario mientras no se resolviera su demanda de amparo. Ha pasado casi un año y su recurso aún no ha tenido respuesta. En cambio, el tribunal corrió para resolver la petición del PP de que se acordara una medida cautelarísima ―es decir, sin oír a la parte demandada, en este caso el Congreso― cuando el PP impugnó la tramitación de dos enmiendas presentadas por el PSOE y Podemos a la proposición de reforma del Código Penal para facilitar la renovación del propio Constitucional.

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Este episodio volvió a colocar al tribunal en un punto incandescente, equiparable al que vivió con las sentencias que anularon los decretos del estado de alarma para hacer frente a la pandemia, con la tesis de que el Gobierno hubiera tenido que pedir a las Cortes la declaración del Estado de excepción. Y demostró la sensibilidad selectiva de un órgano de garantías que acumulaba retrasos en sus renovaciones, con magistrados conscientes del lastre que suponía que siguieran actuando con el mandato caducado.

De ahí que el Constitucional quiera priorizar ahora la resolución de los recursos en tiempo útil. “El tribunal tiene que resolver en derecho, no para la historia del derecho”, se le ha oído decir a Conde-Pumpido en las reuniones del grupo progresista previas a su elección como presidente del órgano de garantías. Pero al propio tiempo ha expuesto la necesidad ―más que la conveniencia― de abrir una reflexión sobre el papel que ha venido jugando el Constitucional en los últimos tiempos. Su tesis es que el tribunal “no puede ser ni una cuarta instancia del poder judicial (tras el juzgado ordinario, el Tribunal Superior de cada comunidad autónoma y el Supremo), ni una tercera cámara” (tras el Congreso y el Senado).

La cuestión no es introducir limitaciones para que particulares y partidos políticos acudan menos al Constitucional. Pero sí crear una conciencia colectiva que contenga la ampliación de supuestos en los que se recurre al tribunal para resolver conflictos que deben hallar solución en otros escenarios. Con los recursos de amparo ya funcionan filtros para admitir las impugnaciones en las que se aprecia la “relevancia constitucional” del caso. Pero la experiencia de los últimos años ha revelado que el recurso al Constitucional se ha convertido en una práctica extensiva de la actividad de control de la acción del Gobierno. El resultado ha sido que ahora el PP y Vox ―pero en el futuro tal vez el PSOE y Podemos― vienen acudiendo al tribunal para impugnar toda la producción legislativa del Ejecutivo. Así ha ocurrido en esta legislatura, como ponen de manifiesto los mencionados recursos acumulados durante los últimos tres años y que el tribunal pretende resolver antes de que termine 2023.

La pregunta que se hace la nueva mayoría progresista del Constitucional es si resulta inevitable que los partidos se acostumbren a tratar de ganar en el tribunal de garantías todo aquello que han perdido en el Parlamento. La idea no es privar a nadie de posibilidades de recurso, sino instalar el convencimiento de que el órgano de garantías no es un pozo sin fondo llamado a convertirse en un mero resorte de contrapoder frente al Ejecutivo y las Cortes, cuando su papel consiste en garantizar la vigencia de la Constitución y en velar por que en la actuación de los tres poderes del Estado se respete y, sobre todo, se cumpla.

La experiencia de la legislatura en curso no ha ayudado a iniciar esa reflexión sobre el papel del Constitucional como garante de la Ley Fundamental y no como árbitro de la lucha por el poder entre los partidos. El PP y Vox han competido ―a veces también con Cs corriendo por una tercera pista―, para ver quién llegaba antes al registro de entrada del tribunal. Ya solo Vox ha presentado desde las últimas elecciones, celebradas en noviembre de 2019, un total de 45 recursos. El último, contra la ley de Memoria Democrática, fue formalizado el pasado viernes. El líder de Vox, Santiago Abascal, explicó que la impugnación se presentaba “en defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de todos los españoles” y con el compromiso de derogar dicha ley “en cuanto logremos expulsar al autócrata de la Moncloa”.

Frente al órgano de garantías ha faltado instalar un plató permanente con el fin de atender a los dirigentes políticos que acudían con un fajo de folios —la copia sellada de su recurso— para explicar ante las cámaras qué supuesto atropello del Ejecutivo se disponían a tratar de impedir con sólidos argumentos jurídicos. Por este procedimiento, complejas iniciativas sobre las más variadas cuestiones han quedado resumidas en un canutazo frente al edificio acristalado del tribunal. Y en diversas ocasiones, como en el caso de los recursos contra la reforma educativa de la ley Celáa, las comparecencias se han producido con una diferencia de pocos días, en busca de que el primer recurso presentado fuera el de “cabecera”, es decir, el que primero resuelva el tribunal, de modo que sea el que fije la doctrina que luego se aplica al resto de impugnaciones sobre el mismo asunto.

Esta situación del Constitucional contribuye a explicar por qué su nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, se apresuró el pasado miércoles a lanzar un contundente mensaje en sus primeras palabras tras ser elegido, al afirmar que la Constitución “no permite la secesión, ni la autodeterminación, ni la independencia”. Aprovechó para ello un pasaje de su intervención para agradecer su nombramiento, en el que se congratuló de la nueva composición del tribunal, mencionando en especial a los magistrados recién incorporados.

Fue así, de pasada, como quiso responder a las tesis de la derecha judicial y política en el sentido de que Conde-Pumpido ha encabezado un supuesto “asalto” al tribunal para facilitar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña que el Gobierno estaría dispuesto a permitir como concesión a sus socios de las fuerzas independentistas, por la necesidad de mantener el apoyo de sus aliados parlamentarios. El hecho es, en todo caso, que Conde-Pumpido fue junto al magistrado conservador Antonio Narváez ―uno de los cuatro sustituidos en esta última renovación― el coordinador de la práctica totalidad de las resoluciones del Constitucional que avalaron la sentencia del Supremo en la causa del procés.

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El tribunal europeo dicta que Bélgica debe entregar a los líderes del ‘procés’ salvo que constate fallos “sistémicos” en la justicia española

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto límites este martes a las posibilidades de Bélgica de seguir denegando la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de exdirigentes de la Generalitat catalana que huyeron a Bruselas en 2017, sobre los que el Tribunal Supremo había emitido sendas órdenes de detención europeas para poder juzgarlos por su papel clave en el referéndum y la declaración ilegal de independencia de aquel año. El TJUE determina que un país miembro de la UE (en este caso, Bélgica) no puede negarse a cumplir con una euroorden de detención dictada por otro país miembro (en este caso, España), salvo que llegue a dos conclusiones después de realizar un examen a fondo del caso: que en ese Estado existen “deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial” y que hay “razones serias y fundadas” para creer que la persona reclamada, en caso de ser entregada, corre el riesgo de que “se vulnere su derecho fundamental a un proceso equitativo”.

La sentencia supone un primer espaldarazo para la justicia española, que siempre ha sostenido que Bélgica no podía negarse a entregar a los fugados del procés, pero no implica un desbloqueo inmediato de la situación.

La justicia belga lleva cinco años paralizando la entrega de los exdirigentes huidos, alegando —como hacen el propio Puigdemont y el resto de acusados— que el Tribunal Supremo español no es competente para juzgar este caso. Ahora, en su sentencia, el TJUE sostiene que, “en principio”, “una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de negarse a ejecutar una orden de detención europea (ODE) basándose en un motivo de no ejecución que se derive exclusivamente del Derecho del Estado miembro de ejecución”. Una denegación de una euroorden, subraya, “debe tener carácter excepcional”. Lo que sí podría hacer Bélgica, agrega la sentencia, es “aplicar una disposición nacional que prevea que se denegará la ejecución de una ODE cuando esa ejecución daría lugar a la vulneración de un derecho fundamental”.

Eso sí, puntualizan los jueces de Luxemburgo, llegar a esa última conclusión debe estar muy bien fundamentado por parte de la justicia belga: por un lado, debe demostrar que hay “deficiencias sistémicas o generalizadas” en el funcionamiento del sistema judicial español (en este caso). Además, continúa el TJUE, debe indicar “de modo concreto y preciso (…) si existen razones serias y fundadas” para creer que la persona reclamada por la justicia española “correrá tal riesgo en caso de ser entregada” a España. Y ello requeriría que se realice una “solicitud previa de información complementaria a la autoridad judicial emisora”, en este caso España.

La sentencia es la respuesta del tribunal europeo con sede en Luxemburgo a las cuestiones prejudiciales (preguntas dirigidas al TJUE) remitidas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en 2021, después de que la justicia belga rechazara entregar a España al exconseller Lluis Puig, procesado por malversación y desobediencia. Según la argumentación de Bélgica, el tribunal competente para reclamar su extradición no era el Supremo sino los tribunales catalanes. Además, indicó que si era entregado a España, podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

El pasado verano, el Abogado General de la UE Richard de la Tour emitió una opinión dando la razón a España al considerar que Bélgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir una euroorden ni puede denegar tampoco la entrega de los fugados del procés alegando una posible vulneración de derechos fundamentales si no demuestra antes la existencia de “deficiencias sistémicas” en la justicia española. Aunque el TJUE no tiene por qué seguir el razonamiento de sus abogados generales, suele tener muy en cuenta sus argumentos. En este caso, no obstante, los ha matizado bastante. El Abogado General también se manifestó favorable a otra pregunta de Llarena: si podría cursar una nueva euroorden contra Puig si el TJUE decide que Bélgica incumplió las normas de la UE. Ahora, el TJUE dice que sí: “Pueden emitirse varias ODE sucesivas contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un Estado miembro después de que dicho Estado se haya negado a ejecutar una primera ODE dirigida contra esa persona”, señala la sentencia. Pero la nueva euroorden, advierte, “no debe dar lugar a una vulneración de los derechos fundamentales de dicha persona”, por lo que, sobre todo, su emisión debe tener “carácter proporcionado”.

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Con su cuestión prejudicial, Llarena buscaba aclarar el alcance de las euroórdenes antes de que la justicia belga se pronuncie sobre los expedientes de Puigdemont y de los exconsejeros y ahora eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, a los que también quiere juzgar la justicia española. Antes, el Tribunal General de la UE (TGUE) debe fallar sobre otro proceso clave: el recurso de los independentistas catalanes contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, precisamente tras un suplicatorio de Llarena para poder extraditarlos y juzgarlos en España. La justicia belga congeló la tramitación de esas euroórdenes hasta que Luxemburgo resuelva el fondo de este asunto.

Por otra parte, después de que este mismo enero entrara en vigor la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición, el juez del Tribunal Supremo reformuló el auto de procesamiento contra Puigdemont para suprimir ese delito. Mantuvo una orden de busca y captura para el expresidente y los exconsejeros Comín y Puig por malversación y desobediencia, pero es de ámbito nacional. Llarena dejó sin efecto las euroórdenes contra los eurodiputados, a la espera tanto de la decisión de hoy como del fallo respecto de la inmunidad.

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La Guardia Civil investiga la desaparición de dos hombres y la muerte de un tercero tras quedar con un vendedor en Manzanares

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El pasado viernes, la Guardia Civil solicitaba la colaboración ciudadana para localizar un vehículo, Renault Clío, cuyo propietario, Juan Manuel Isla, desapareció el 22 de julio pasado. Difundía las últimas imágenes existentes, “cuando el desaparecido abandonaba la localidad de Manzanares dirección Membrilla por la carretera N430A, horas después de haber sido visto por última vez”. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado llevan meses indagando en el paradero Isla, de 59 años. Saben que una de las últimas personas que le vio fue un comercial del pueblo, “un vecino conocido en la localidad que ha hecho de comisionista en la venta de tierras y otras propiedades”, señalan, y a quien han interrogado.

Supuestamente había quedado con Isla para darle una importante cantidad dinero por la venta de su finca, a las afueras de la localidad. Se da la circunstancia de que ese mismo intermediario tuvo relación antes con otras dos personas por una transacción económica de compraventa, una de las cuales, Jesús González, de 54 años, continúa desaparecida; y otra, que ahora también se investiga, “cayó misteriosamente en un pozo” en el que fue encontrado y, por aquel entonces, “hace casi una década, se consideró un suicidio”, revelan fuentes del caso.

El empresario Jesús González desapareció el 19 de junio de 2019. Su pista se pierde cuando acababa de vender unos coches de alta gama. El comisionista era el mismo vecino del pueblo que ahora está bajo sospecha. Respecto al hombre hallado muerto en el pozo, no ha trascendido su identidad. Ninguno de los vendedores llegaron a cobrar el dinero que, supuestamente, debía de darles el intermediario.

El vehículo Renault Clío gris de Juan Manuel Isla que buscaba la Guardia Civil con la colaboración ciudadana fue encontrado la semana pasada en un descampado de Albacete, según confirman fuentes del caso, a 145 kilómetros de donde había sido registrado por las cámaras en Manzanares. Ahora está siendo examinado por los agentes de criminalística del instituto armado con el fin de encontrar alguna pista.

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Los desalojados de Níjar buscan su sitio

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Bacary Camará, 35 años, procedente de Senegal se tapa la cara en la puerta de la cafetería habilitada en el exterior del albergue temporal instalado por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) tras el desalojo del campamento el Walili.
Bacary Camará, 35 años, procedente de Senegal se tapa la cara en la puerta de la cafetería habilitada en el exterior del albergue temporal instalado por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) tras el desalojo del campamento el Walili.Santi Donaire

A Bacaly Camara, senegalés de 35 años, la vida no para de golpearlo. Con un café en la mano, apoyado en el marco de un módulo prefabricado, relata el conflicto armado en el que mataron a sus padres y cómo se vio obligado a salir de su país para conseguir dinero para su familia. Tiene mujer y tres hijos, pero no llegó a conocer al más pequeño, de tres años. Su pareja estaba embarazada cuando él voló a Marruecos y desde allí se subió a una patera rumbo a Motril, en la costa de Granada. Más tarde se fue a Almería en busca de empleo en la agricultura intensiva. La mañana de este lunes su jefe le llamaba para preguntar por qué no había acudido a su puesto de trabajo. “Me están echando de casa”, explicaba por teléfono mientras una excavadora tiraba a golpes la chabola donde residía en el asentamiento Walili, donde vivían hasta ahora unas 450 personas. Era uno de los más antiguos de Níjar (Almería, 26.126 habitantes) y en pocas horas el espacio quedó arrasado a iniciativa del Ayuntamiento, gobernado por la socialista Esperanza Pérez, que disponía de una resolución judicial que facilitó la demolición.

El derribo llega tras muchas protestas de colectivos sociales y otros tantos intentos del municipio para hacer desaparecer uno de los asentamientos más antiguos de una comarca, cerca del Cabo de Gata, donde hay casi medio centenar de espacios similares. Es una zona árida cubierta por invernaderos que surten a Europa de hortalizas, convertidos desde hace años en el principal motor económico de Almería con una facturación que supera los 3.000 millones de euros anuales en toda la provincia. Parte de su mano de obra reside en este tipo de campamentos, que acogen más de 3.000 personas solo en el término municipal de Níjar, el de menor renta de España según el Instituto Nacional de Estadística. Malviven en pequeñas habitaciones construidas a base de palés, cartones y plásticos sobre el barro.

Las de Walili están ya en el suelo, transformadas en escombro. Pasadas las 8.30 horas de la mañana medio centenar de agentes de la Guardia Civil montaron una cadena junto a la carretera de San José para asegurar el trabajo de la excavadora pudiera proceder a la demolición, tarea que a mediodía ya estaba cumplida. Poco después, la alcaldesa se felicitaba por el desalojo en un comunicado: “Ha sido la mayor muestra de compromiso con la defensa de los derechos humanos que hemos visto en Almería en muchos, muchísimos años”.

Algunos de sus habitantes miraban con desolación el avance de la piqueta o el fuego —cuyo origen se desconocía, según los bomberos— que consumía algunas infraviviendas a primera hora de la mañana. Observaban desde el arcén de la carretera y rodeados de bolsas de plástico y maletas en las que habían guardado sus pertenencias. “Ahí se vivía muy mal, pero estaba cerca del trabajo”, relata Falai Baldeh, de 21 años, que viajó desde Gambia hasta Libia para subirse a una patera hacia Italia. Pasó un año en Turín, atravesó a pie la frontera hasta Francia y llegó en tren a España. Llevaba dos años en Walili hasta que fue expulsado esta mañana. “Me dedico al tomate, el calabacín, la berenjena, el pimiento. Muchísimas horas, pero siempre sin contrato”, aclaraba horas después desde el mismo módulo prefabricado en el que Bacaly Camara apuraba su café. Ambos calculaban opciones para ir a trabajar mañana. “Sea como sea tengo que llegar. Si hay que dormir en la calle, lo haré, pero no puedo perder mi trabajo”, subrayaba el senegalés.

Falai Baldeh, 21 años, procedente de Gambia, en la entrada del campamento temporal instalado entre el Ayuntamiento de Níjar y varias ONG tras el desalojo del campamento de El Walili.
Falai Baldeh, 21 años, procedente de Gambia, en la entrada del campamento temporal instalado entre el Ayuntamiento de Níjar y varias ONG tras el desalojo del campamento de El Walili.Santi Donaire

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Como ellos, unas 60 personas mostraban incertidumbre sobre el centro de emergencia al que fueron trasladados en autobús a iniciativa del Ayuntamiento de Níjar (todos hombres magrebíes o subsaharianos, porque las únicas cuatro mujeres que necesitaban techo fueron alojadas en un hostal). Con capacidad para 500 personas, el objetivo era realojar allí a las alrededor de 200 habitantes del asentamiento según los cálculos municipales, aunque las entidades sociales aumentaban la cifra hasta las 450. Durante el fin de semana la mayoría de residentes del campamento se mudaron a otros cercanos de las mismas características, como Atochares o Barranquete. Solo unos pocos necesitaron techo en el espacio municipal, formado por módulos para familias y un puñado de literas desplegadas en una nave industrial. Sus responsables no permitieron a la prensa conocer las condiciones en las que se encontraban los catres o los baños. Ante la presencia de los medios, cerraron a cal y canto las puertas.

Las entidades sociales que trabajan en la zona pedían un desalojo progresivo e individualizado “con deliberación pública y participación de las personas interesadas”, como subrayaba el Secretariado de Migraciones almeriense. Las organizaciones creen que en unos días quedarán ahí pocas personas, puesto que el edificio queda lejos de sus puestos de trabajo. “No sé si podré quedarme: el invernadero queda muy lejos”, confirma Baldeh. “Yo tampoco sé cómo voy a ir mañana a trabajar”, añadía indignado el senegalés El Hadji Diatta, de 39 años. “Los empresarios te llaman porque te necesitan, pero ni pagan bien, ni te ayudan a encontrar vivienda, ni nada” añadía. Él, como la mayoría de quienes viven en estos asentamientos, no tiene documentación. Y sus salarios rondan los cuatro o cinco euros la hora. “Estamos aguantando mucho porque es la única manera de conseguir los papeles. Me han prometido un contrato cuando los tenga”, añade Diatta, que lleva ya 18 meses en Almería y confía en que dentro de seis meses más pueda empezar a tramitar su documentación. “Entonces podré encontrar un buen trabajo”, dice con esperanza.

Módulos prefabricados del campamento temporal instalado por el Ayuntamiento de Nijar en la barriada de Los Grillos, tras el desalojo del campamento del Walili.
Módulos prefabricados del campamento temporal instalado por el Ayuntamiento de Nijar en la barriada de Los Grillos, tras el desalojo del campamento del Walili.Santi Donaire

Sin alternativa para dormir, Diatta se quedará en el centro de emergencia. Antes de residir en Walili pagaba 120 euros al mes por una habitación que compartía con otras dos personas en San Isidro, localidad del extenso municipio de Níjar. Otros relatan que en toda la comarca solo les ofrecen garajes para malvivir junto a otras muchas personas. “Nadie nos alquila pisos”, insiste Samir, un marroquí de 25 años al que le ofrecen un pacto: si paga 5.000 euros a un empresario, este le hacen un contrato a cambio. Sin posibilidades de ahorrar para esa compra, tampoco sabe nada sobre su futuro más cercano. Si antes pedaleaba unos 40 minutos diarios en su bicicleta para ir a trabajar, desde el centro de emergencia la distancia se ha multiplicado. “Tendré que buscar algo más cerca, desde aquí es imposible ir”, asegura. Las cuestas de la sierra de La Serrata son un muro infranqueable a dos ruedas.

“Ese es el gran problema. Desde el nuevo centro no pueden desplazarse hasta los invernaderos y los empresarios les han dicho que no van a recogerlos”, explica Carmen Domínguez, presidenta de Médicos del Mundo en Andalucía, entidad encargada de la gestión del espacio junto a Cepaim, Cruz Roja, Almería Acoge y Hermanas Mercedarias. Domínguez cree que el desalojo se podría haber realizado con más organización y más adelante, cuando la temporada de la agricultura intensiva hubiese acabado. Ahora los migrantes podrán pasar un plazo de dos meses en el centro de emergencia. Nadie sabe qué ocurrirá después. “Lo más probable es que acaben en la calle”, añade una fuente de la plataforma Derecho a Techo, donde creen que el desmantelamiento de Walili no ha sido más que “un montaje para ganar votos en las próximas elecciones municipales”.

Samir, nacido en Marruecos, ha sido de las pocas personas que han acudido al dispositivo de emergencia habilitado por el Ayuntamiento de Nijar tras el desalojo del campamento El Walili.
Samir, nacido en Marruecos, ha sido de las pocas personas que han acudido al dispositivo de emergencia habilitado por el Ayuntamiento de Nijar tras el desalojo del campamento El Walili.Santi Donaire

“Han quitado el asentamiento que más molesta a empresarios y turistas porque se ve desde la carretera”, apunta Fernando Plaza, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que solicita una reunión entre todas las administraciones, patronal y entidades sociales para abordar un plan de vivienda para trabajadores emigrantes agrícolas. “Es la única solución digna”, concluye Plaza. De momento, el Ayuntamiento de Níjar ha impulsado la construcción de apenas 62 viviendas y solo gracias a la financiación de la Junta de Andalucía. Aún en obras, permitirán alojar a 120 personas a partir de la próxima primavera si la obra acaba en los plazos acordados. Otras 3.000 personas seguirán, mientras, malviviendo en más de medio centenar de poblados chabolistas en toda la comarca. Ciudades invisibles junto al paraíso turístico.

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