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Los jueces contradicen las reformas de la sedición y la malversación del Gobierno

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23-06-2021 (I-D) Siete líderes independentistas a su salida de la prisión de Lledoners el 23 de junio de 2021.
23-06-2021 (I-D) Siete líderes independentistas a su salida de la prisión de Lledoners el 23 de junio de 2021.Kike Rincon (Europa Press)

El Gobierno impulsó dos reformas legales para abaratar el delito de malversación y derogar el de sedición sustituyéndolo, con mucha menos pena, por el de desórdenes públicos agravados. Pero desde que entraron en vigor las nuevas leyes, el jueves 12 de enero, los jueces han desbaratado los planes del Gobierno con esas iniciativas legislativas. Cuando se han puesto a aplicar las normas aprobadas, los magistrados han dictado autos o providencias con interpretaciones contradictorias y un punto en común: todas las decisiones judiciales frustran, de una manera o de otra, los objetivos que el Ejecutivo perseguía con cada una de las reformas legales.

Los magistrados de la Audiencia Nacional sugieren que la reforma puede beneficiar a los imputados por malversación, en contra de lo que sostiene el Gobierno, y han pedido criterio a la Fiscalía Anticorrupción. Los magistrados del Supremo sostienen que la reforma no favorece a los independentistas condenados o imputados por malversación, pero que los implicados del procés quedan libres del cargo de sedición porque ese delito ha sido derogado y no puede ser sustituido por el nuevo de desórdenes públicos agravados, como defiende el Ejecutivo.

El juez Pablo Llarena, instructor del caso del procés en el Tribunal Supremo, resolvió en una resolución que dictó el mismo jueves 12 de enero que no cabe atribuir a los huidos del procés, como el expresidente Carles Puigdemont, el delito de sedición dado que se ha derogado. Pero que tampoco se les puede imputar el delito de desórdenes públicos agravados como pretendía el Gobierno porque los hechos no encajan en el nuevo tipo del Código Penal.

El mismo magistrado Llarena sostiene que tampoco cabe aplicar a los huidos la rebaja de penas prevista para la nueva malversación, como quería el Ejecutivo y ERC, principal impulsor de las reformas legales para beneficiar a los independentistas catalanes.

Llarena señala en su auto que hay jurisprudencia del Supremo “desde hace más de medio siglo” donde se sostiene que el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de los delitos de apropiación”. “En particular, el delito de malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo penal no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos».

Con esa interpretación, las reformas penales del Gobierno para diferenciar entre la malversación con lucro personal y sin enriquecimiento de los culpables, no tendrían ningún efecto.

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Llarena responde también en su auto judicial a la explicación que dio el Gobierno respecto a que sólo desde 2015, con la reforma que introdujo el Ejecutivo del PP, se castigaba la malversación aunque no hubiera un enriquecimiento personal del culpable. “La consideración de la malversación como una actuación apropiatoria en la que se dispone del dinero o de los bienes públicos como si fueran propios, desposeyéndose al patrimonio público de la disponibilidad definitiva de los mismos, no se ha visto modificada porque la Ley Orgánica de 2015 incorporase a la previsión punitiva del artículo 432 del Código Penal los supuestos de administración desleal de caudales públicos. Como indicamos en nuestra reciente sentencia de 13 de septiembre de 2022, el delito de apropiación indebida contempla las conductas apropiatorias entendiendo el ánimo de lucro como cualquier beneficio, aprovechamiento o satisfacción (…) el ánimo de lucro resulta igualmente apreciable cuando se despoja a la Administración de unos fondos públicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito y que están plenamente desvinculadas del funcionamiento legítimo de la Administración, como cuando se atribuye a la Administración una obligación de naturaleza particular y totalmente ajena a los intereses públicos que se gestionan. En ambos supuestos se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular”.

El mismo día que Llarena frustraba todos los objetivos del Gobierno con sus reformas legales, el juez Manuel García Castellón, instructor en la Audiencia Nacional de los principales casos de corrupción en España, sugería la posibilidad de archivar hasta cinco procedimientos penales abiertos contra dirigentes del PP, dado que uno de los delitos investigados era el de malversación y había cambiado su tipificación a través de la reforma legal del Gobierno.

Con su escrito, el juez García Castellón ponía en entredicho al Gobierno, quien lleva semanas repitiendo que la reforma legal no beneficiaría a políticos imputados o condenados por corrupción. El magistrado García Castellón evitó en sus autos judiciales pronunciarse sobre la cuestión y solo pidió opinión a la Fiscalía Anticorrupción, a diferencia de lo que hizo Pablo Llarena en el Supremo, quien tras estudiar la reforma legal del Gobierno sobre la malversación concluyó que no supone ningún beneficio a los imputados al no alterar el criterio mantenido por el Supremo durante los últimos 50 años sobre esos delitos.

La Fiscalía General del Estado prepara un decreto para fijar el criterio a seguir en cada una de las causas donde deberán pronunciarse sobre los efectos de la reforma legal vigente desde el jueves 12 de enero.

Tres de los cuatro catedráticos de derecho penal consultados coinciden en dos ideas que contradicen los objetivos del Gobierno: no se puede imputar el delito de desórdenes públicos agravados a los dirigentes independentistas implicados en el procés y la reforma de la malversación no permite abaratar las penas a los imputados por esta causa en distintos procesos penales por corrupción o por desafíos independentistas.

Gonzalo Quintero (Universidad Rovira i Virgili): “Tal vez las reformas tenían propósito despenalizador. Pero no es así”. “Lo descrito en la sentencia del procés en lo que se refiere a Puigdemont y otros que están en Bélgica no caben en la figura de desórdenes públicos agravados. El ánimo de lucro en la malversación no se reduce a la incorporación al patrimonio personal del autor sino que alcanza a dispendios ajenos a los fines razonables de los recursos públicos, sea fomentar un programa político de un partido o sea hacer publicidad de una ideología. Estas reformas tal vez tenían propósito despenalizador, pero con la sedición no se pasó a algo parecido pero menos grave, sino que desapareció del todo. Con la malversación seguramente los beneficiados potenciales entendieron que la exigencia de ánimo de lucro lo resolvía todo en su favor, pero estaban mal asesorados”.

Luis Rodríguez Ramos (Universidad Complutense de Madrid). “El lucro no es solamente económico sino también beneficio político”. “El nuevo artículo 432 bis (el 432 coincide básicamente con la malversación histórica reformada en 2015 y por lo tanto no es tan nuevo) es confuso, pues tratándose de dinero no es posible disponer de él sin previamente apropiárselo, al tratarse de un bien superfungible, y sólo tendría encaje la disposición de dinero si existiera constancia de la intención de devolverlo por haberlo tomado sólo en préstamo. Por otra parte, el “lucro” del artículo 432 no lo interpreta la jurisprudencia sólo como lucro económico, sino más bien “como ganancia o beneficio” estético, político, ideológico, en definitiva, como satisfacción personal. Parece pues, sin conocer los detalles de la intervención de los rebeldes del Procés en los hechos declarados delito de malversación, que sí parece en principio que siga siendo aplicable este precepto al caso”.

Sobre la sedición, Rodríguez Ramos señala: “La sedición era el delito más grave contra el orden público, ocupando el Capítulo I de este Título, y tenía como expreso límite máximo la rebelión. Los “delitos de desórdenes públicos”, incluidas las figuras agravadas de los parcialmente reformados artículos 557 y 557 bis, se encuentran en el Capítulo III, después de los delitos de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia. Aun cuando los desórdenes públicos estén en el mismo título que la derogada sedición, esta figura requería una finalidad que era “impedir”, por la fuerza o por medios ilegales la aplicación de las leyes o el legítimo ejercicio de funciones públicas o el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Los desórdenes públicos, en cambio, no incluyen estas finalidades, y no parece fácil encajar las conductas de los imputados rebeldes en los supuestos de “actos de violencia o intimidación” exigidos por los artículos 557 y 557 bis. El hecho de que los desórdenes públicos sean más leves que la sedición no es razón suficiente para que se apliquen subsidiariamente, si la literalidad de la ley no admite la subsunción de esas conductas antes sediciosas”.

Enrique Gimbernat (Universidad Complutense de Madrid). “El ánimo de lucro es el ánimo de apropiarse de una cosa como si fuera propietario”. El catedrático de derecho penal Enrique Gimbernat defendió en Onda Cero una tesis parecida a la de Llarena para rechazar que la reforma del delito de malversación pudiera beneficiar a líderes independentistas: “El ánimo de lucro, en una doctrina que es unánime desde hace décadas, es el ánimo de apropiarse de la cosa como si se fuera propietario. Si alguien roba a otro un móvil, eso es un hurto, en el hurto uno de los elementos es el ánimo de lucro, tanto si lo emplea para el mismo, como si lo regala, como si lo tira al río… En la malversación que se produjo como consecuencia del referéndum del 1-O esas personas cogieron locales públicos, los emplearon para el referéndum y utilizaron fondos públicos como si fueran suyos porque con ellos pagaron. Una malversación de fondos públicos es lo mismo que una persona lo utilice para regalarlo o que vaya a la caja del ayuntamiento, saque 200.000 euros y los queme. Y sigue teniendo la misma pena que tenía antes”.

Fermín Morales (Universidad Autónoma Barcelona). “Los hechos del 1-O sí son subsumibles en el tipo de desórdenes públicos agravados”. “Los hechos objeto de la sentencia del 1 octubre son subsumibles en el nuevo tipo penal de desórdenes típicos agravados . Creo que hay una sucesión de leyes penales, los nuevos delitos de desórdenes agravados abrazan hechos típicamente homologables a los que enjuició el Tribunal. Se debería revisar la sentencia conforme a los nuevos tipos penales como ley posterior en el tiempo favorable al reo (aplicación retroactiva ).

Respecto a la malversación, señala: “Si no hay ánimo de lucro se producirá aplicación de tipos atenuados (aplicación de fondos públicos a fines distintos a los previstos o bien aplicación a fines privados). El lucro no solo existe por pago o compensación de dinero, se deben admitir en la conducta típica formas alternativas al lucro directo que acaban proporcionando un beneficio propio (lucro indirecto o derivado)”.

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Alarma en Lleida tras la liberación de un condenado por 17 violaciones

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Todas las alarmas se dispararon —y todas a la vez— la madrugada del jueves al viernes en Lleida. Una joven denunciaba que había sido agredida sexualmente en las inmediaciones de la discoteca LaNuit de la avenida de les Garrigues. Los Mossos y la Guardia Urbana se esperaban lo peor. El pasado lunes abandonó la prisión —medio año antes de lo previsto y beneficiado por la ley del solo sí es sí, ya que iba a salir libre en julio— Daniel Padial, de 37 años, entre cuyos antecedentes hay condenas por 17 violaciones y por la tentativa de otras dos agresiones sexuales. El historial de Padial asusta y lo agravan las advertencias de los servicios penitenciarios de la cárcel de Ponent, que alertan de que no está rehabilitado y de que existe una alta probabilidad de que reincida, según la comisión de delitos de carácter sexual. La agresión sexual en LaNuit, sin embargo, no fue cometida por él, sino por un joven de 19 años que fue arrestado al momento.

“Esta es la cara del violador que está libre por Lleida. Si lo veis por la calle, huid avisando a otras mujeres”. Mensajes como este, acompañados del rostro supuestamente actualizado de Daniel Padial están recorriendo los grupos y redes sociales de la ciudad de Lleida. La angustia con la que están viviendo la ciudadanía, los cuerpos de seguridad y las administraciones la liberación de Padial es elevada. Fuentes policiales advierten de que en esta capital catalana (de 140.700 habitantes) se está viviendo la liberación del agresor con auténtica psicosis.

Padial es uno de los condenados que aparece continuamente en las mediatecas asociadas a la ciudad de Lleida. Siendo menor de edad, fue condenado por 17 agresiones sexuales. Entró y salió de varios centros y acabó de cumplir las condenas en 2008. Solo permaneció 87 días en libertad. El 29 de junio y el 28 de julio de 2008 agredió sexualmente a dos jóvenes y robó a una de ellas. Fue condenado a tres años de cárcel por la primera agresión; a nueve, por la segunda, y a tres años más por el robo. En total, 15 años que hubiera acabado de cumplir en julio de este año. Cuando entró en vigor la ley del solo sí es sí, el letrado de oficio de Padial pidió la revisión de condenas. La pena de tres años se quedó en 18 meses y los nueve años se quedaron en cinco. Sumando el robo, la condena se quedó en 9,5 años que ya había cumplido, por lo que la Audiencia de Lleida decretó su inmediata puesta en libertad.

“Ha salido de la cárcel un peligro potencial. Nos estamos comportando exactamente igual que en la fábula de la rana que ayuda a un escorpión a cruzar el río”, reflexionan en voz alta fuentes de los Mossos d’Esquadra.

El Departamento de Justicia de la Generalitat envió a Fiscalía el expediente de Padial para intentar advertir y preservar la seguridad de la ciudadanía. Como ya ha cumplido todas las penas y no tiene ninguna causa pendiente, Fiscalía solo pudo enviar a los Mossos un requerimiento para que, “sin mermar los derechos fundamentales” del violador, realizaran un seguimiento.

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Con tan poca garantía jurídica a sus espaldas, los Mossos interceptaron el mismo lunes a Padial y le “sugirieron” que lo mejor era que alertara de sus movimientos a la Policía de la Generalitat. Le pidieron que avisara continuamente de su lugar de residencia, por donde se mueve… Hasta aquí llegaron las herramientas policiales. “Él se mostró colaborador, pero no sabemos qué hará. Le llamamos, le pedimos que nos diga dónde se encuentra, vamos dando vueltas por donde está, pero no tenemos ni recursos para estar 24 horas a su lado ni podemos hacerlo”, lamenta otro agente.

Los investigadores de los Mossos ya se han puesto en contacto con las víctimas para alertarles de que Padial está libre y tiene vigentes órdenes de alejamiento. “Es una persona libre. En Lleida tenemos dos individuos relacionados con la violencia machista que llevan pulseras y que podemos detectar, pero en este caso ni eso”, lamentan. Intentan destinar esfuerzos en su control, pero no es posible la vigilancia total y, además, ese derroche de energías repercutirá en detrimento de otras investigaciones.

Padial, cuando fue detenido en 2008.
Padial, cuando fue detenido en 2008.

Padial ha regresado a su barrio, Balàfia, en una de las puntas de la ciudad. La preocupación en esta barriada es tan alta que muchos vecinos han recibido por WhatsApp la imagen del violador. Toni Baró es el presidente de la asociación de vecinos de Balàfia: “Ya hemos tenido varias reuniones con Mossos y la Guardia Urbana porque realmente tenemos miedo. También nos hemos ofrecido a los vecinos como filtro para que toda información que llegue del violador nos la hagan llegar y nosotros se la daremos a los cuerpos policiales”. El problema es que Padial puede moverse a cualquier parte de Lleida en solo minutos.

En los cinco días que lleva en libertad ya han aparecido hasta fake news. Centenares de leridanos, algunos de ellos incluso concejales del Consistorio, recibieron un video de un individuo gritando al otro lado de una valla a unos adolescentes. Muchos WhatsApp alertaban de que se trataba de Padial manteniendo una conversación fuera de tono con alumnos del instituto Torre Vicens. El vídeo volvió a disparar todas las alarmas y movilizó a los agentes, que comprobaron que ni el hombre era Padial ni el escenario era Lleida.

“Nosotros lo que hacemos es intentar detectarlo, vigilar y, sobre todo, registrar cómo va vestido. Así, si comete algún tipo de agresión, podemos saber que ha sido él al segundo”, advierte un agente de la Guardia Urbana. Lo tienen detectado en Balàfia, pero todos creen, o se esperanzan, que el violador abandonará pronto Lleida: “Se le va a quedar pequeña la ciudad. No puede mantener mucho tiempo esa presión sobre él. Todo el mundo conoce su rostro”, alerta el agente.

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Lleida (formado por ERC y Junts) no ha querido posicionarse públicamente, aunque ha mantenido reuniones tanto con Fiscalía como con la policía.

Esther Sancho es miembro del Grupo Feminista de Ponent-Dones Lleida: “Este violador acaba de salir de prisión y sin la reforma del solo sí es sí hubiera salido en junio por lo que tendríamos el mismo problema”. Sancho es consciente de que Padial ha violado siempre que ha abandonado la prisión. “Es un caso muy excepcional y debería haber medidas excepcionales. Además de denegarle la revisión de la pena, se debería imponer un seguimiento postpenitenciario con una pulsera telemática y un programa psicosocial”, concluye.

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Barcelona, la batalla crucial del 28-M

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El gran año electoral ya está en marcha y apuntando a la primera estación de paso, los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo. Ese día se elegirán 12 parlamentos regionales y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como las corporaciones de 8.131 municipios, cada uno con sus peculiaridades y dinámicas propias. Lo que suceda el 28-M no tiene por qué prefigurar necesariamente el desenlace de las generales previstas para diciembre, pero deparará una montaña de lecturas políticas. Y en el plano municipal una batalla acapara el interés del Gobierno y será pasto de todos los análisis: Barcelona.

Madrid se antoja un objetivo difícilmente alcanzable para el PSOE, que ahora es cuarta fuerza en la capital. Tampoco aparece como objetivo fácil Valencia, donde Compromís comanda el Ayuntamiento y el espacio de la izquierda. En Sevilla el mayor logro de los socialistas sería mantener la alcaldía y resistir al empuje del PP andaluz. En Barcelona, en cambio, todas las posibilidades están abiertas. La conquista de esa plaza tendría un enorme poder simbólico, ya que permitiría a Pedro Sánchez presentarla como un aval a su controvertida política catalana, precisamente lo que muchos consideran su gran lastre ante las generales de final de año. Con la alcaldía de Barcelona en el bolsillo, Sánchez reforzaría el argumento de que su política conciliadora ha debilitado a los independentistas, una gran baza en la partida para continuar en La Moncloa. Estas son algunas de las claves de la batalla local del 28-M.

Barcelona, el gran deseo. Los socialistas perdieron la capital catalana en 2011 y ahora gobiernan con Ada Colau, líder de los comunes, que opta por segunda vez a la relección. La disputa se presenta apretadísima al reunir al exalcalde Xavier Trias, que ha accedido a rescatar a Junts; al republicano Ernest Maragall, el más votado en 2019, y a Jaume Collboni, del PSC, que acaba de dejar el ejecutivo local y su acta en el Consistorio en un gesto muy discutido por sus socios y la oposición, y que augura la acidez de la futura campaña, informa Angels Piñol. Colau supo el lunes que Collboni —no el resto del grupo municipal— dejaba el acta y el gobierno municipal a través de un mensaje de WhatsApp. “Debió ser fruto del nerviosismo. Es poco serio”, dijo perpleja la alcaldesa. “Necesito toda la libertad y tiempo para construir una candidatura”, sostuvo el ya ex teniente de alcalde. Relegados por los partidos soberanistas durante más de una década, los socialistas sienten que están en su momento tras reencontrarse con la victoria en 2021 en las elecciones autonómicas. Pilotados por Salvador Illa, su objetivo es ser la primera fuerza municipalista de Cataluña, lo que no logran desde 2007, y desbancar del trono a ERC.

La cita electoral presagia que puedan rasgarse costuras en las alianzas entre socialistas y comunes. No solo por Barcelona. Alineados con Yolanda Díaz, los comunes acusan al PSC de haber dado un volantazo a la derecha defendiendo un macrocasino junto a Port Aventura, la construcción de una gran carretera en la región metropolitana de Barcelona y la ampliación del aeropuerto de El Prat como condiciones ineludibles para aprobar los presupuestos catalanes.

Han pasado cuatro años y parece un mundo desde la noche electoral de 2019, histórica para ERC. Con el 23% de los votos y 3.107 ediles, mató dos pájaros de un tiro: arrebató a Junts, sucesora de CiU, la hegemonía soberanista y contuvo al PSC, que volvió a ser segundo. ERC situó a alcaldes en tres capitales de provincia pero perdió la joya de la corona tras el voto insospechado de Manuel Valls, el exministro francés y excandidato de la coalición Barcelona pel Canvi-Ciudadanos, que apoyó a Colau para cerrar el paso a Maragall. Muy criticada por las élites, la alcaldesa ha liderado una guerra total contra el coche con unas controvertidas calles para peatones, aún en obras.

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Con una Barcelona polarizada, todos optan por desbancar a Colau, que ya se ha fotografiado con Trias alrededor de una mesa para dejar claro que esto es cosa de dos. Maragall sueña con repetir una victoria que no sea inocua esta vez, tras haber ejercido una oposición amable, al albur a veces de las alianzas del Govern de la Generalitat con los comunes. Junts fía buena parte de su futuro en Trias, que ha pasado de decir a su partido que no debería “buscar a un abuelito” a ser candidato. Favorito en los sondeos, a nadie se le escapa que en última instancia todo dependerá de los pactos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto el 22 de enero en la capital.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto el 22 de enero en la capital. Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

Madrid, en clave nacional. La batalla electoral en la capital ya ha empezado, si es que alguna vez se fue. Más Madrid, la primera fuerza de la oposición, ha lanzado una campaña que incluso elogia en privado un alto cargo del alcalde popular, José Luis Martínez-Almeida. Se titula Lo va a hacer Rita, un eslogan que acompaña al rostro de la candidata de la formación, Rita Maestre, visible ya en marquesinas y andenes de Metro. Y con una promesa: “Una escuela infantil en cada barrio”, informa Manuel Viejo.

El objetivo, recalcan en el equipo de Maestre, es ensanchar el electorado lo máximo posible, en la idea de que solo una amplia participación permitirá desbancar al PP. Más Madrid atacará la gestión de Almeida sobre todo con dos episodios: la comisión de más de seis millones de euros pagada por los contratos de material sanitario inservible en lo peor de la pandemia y el supuesto intento de espionaje desde el Ayuntamiento a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El PP basará su estrategia en clave nacional. Almeida y su equipo son conscientes del desgaste por su gestión y pretenden centrarse en hacer oposición a Sánchez, en línea con la estrategia de Ayuso. Vox, que vuelve a presentar a Javier Ortega Smith, también irá en esa línea. Si en la Comunidad de Madrid las encuestas publicadas son tajantes con una victoria electoral del PP, en el Ayuntamiento la pugna se presenta más abierta. En 2019 la más votada fue Manuela Carmena, pero no obtuvo la mayoría suficiente tras el fracaso del PSOE. Ahora, los socialistas apuestan por la ministra de Industria, Reyes Maroto, que planteará una campaña basada en la gestión de la ciudad y no ha anticipado cuándo dejará el Gobierno. Es conocida solo por el 57,9% de los españoles, según el CIS.

La izquierda puede comparecer desunida en cuatro partidos. Unidas Podemos se presenta por primera vez con sus siglas y con el atleta Roberto Sotomayor de candidato, mientras que una escisión de Más Madrid busca el aval de 8.000 firmas para presentarse como agrupación de electores bajo la marca Recupera Madrid. En el campo contrario la incógnita es si la actual vicealcaldesa, Begoña Villacís, repetirá al frente de Ciudadanos o se pasa al PP.

Evitar el desplome. El PSOE de Andalucía confía en la gestión de sus 459 alcaldes de un total de 785 (el 58%) para conjurar el riesgo de desplome total en la comunidad tras el pésimo resultado de las autonómicas del pasado junio, que ganó el PP con mayoría absoluta. Las municipales son el segundo reto electoral al que se enfrenta un cada vez más cuestionado Juan Espadas como secretario general, informa Lourdes Lucio. Los socialistas creen que la gestión “batiéndose el cobre” de sus alcaldes durante la pandemia será valorada por los ciudadanos, pese a que la preocupación por la covid ha dejado de existir. Espadas aspira a “ganar” en el cómputo de votos y se agarra al tradicional lema del “PSOE es mucho PSOE” frente a las enormes expectativas que el PP se ha marcado.

El secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, fija el objetivo en ser el más votado y ganar en las ocho capitales y en las ocho diputaciones. En la actualidad, el PSOE gobierna en cuatro de esas capitales (Sevilla, Jaén, Granada y Huelva), el PP en tres (Málaga, Córdoba y Almería) y Adelante Andalucía en una, Cádiz, donde José María González, Kichi, se retira tras lograr la mayoría absoluta en 2019. El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, rebaja el listón y dice que busca “equilibrar” el poder municipal de la izquierda, que gobierna en casi el 70% de los ayuntamientos. Por primera vez, el PP presentará candidaturas en todos ellos. De las ocho diputaciones, el PSOE controla seis, todas menos Málaga y Almería, en manos del PP.

Pese a los malos augurios de las autonómicas, Podemos, IU y otros partidos de esa órbita están alcanzando principios de acuerdo en muchos municipios para concurrir juntos, aunque todavía no se puede dar nada por cerrado. Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, volverá a ir por libre.

Reñida pugna en Valencia. En una noche de infarto y por unos centenares de votos, el bloque de la izquierda (Compromís y PSPV-PSOE ) se impuso en Valencia hace cuatro años al de la derecha (PP, Cs y Vox). Ahora los dos partidos en el gobierno local pueden, según algunos sondeos publicados, conservar la vara de mando de la tercera capital del país si se confirma el desplome de Cs, informa Cristina Vázquez.

Compromís, con el alcalde, Joan Ribó, que vuelve a presentarse a sus 75 años, resistiría aunque con menos ediles y los socialistas crecerían con la candidata Sandra Gómez, con opciones a la alcaldía. La caída de Cs y el corto avance que se pronostica para Vox complicarían un gobierno conservador pese a la mejora de la candidata popular, María José Catalá, que sería la más votada.

Alicante es la única de las tres capitales de la comunidad con un alcalde del PP, Luis Barcala. En 2019, PP y PSOE empataron con nueve concejales, pero un pacto con Cs y apoyos puntuales de Vox, han permitido gobernar al PP. Los socialistas cuentan con una candidata reconocida: Ana Barceló, consejera de Sanidad durante la pandemia. Los populares buscan la mayoría absoluta ante la posible desaparición de Cs, mientras los socialistas esperan una mejora apreciable, aunque las polémicas por el recorte del trasvase Tajo-Segura o la baja inversión del Estado en la provincia no ayudan a sus opciones.

Renovación en Zaragoza. Tras muchas semanas de incógnita y con cierta sorpresa, el PP ha desvelado el nombre de su candidata en Zaragoza. La concejala Natalia Chueca pugnará para que la quinta ciudad de España continúe en manos del PP. Los populares han lanzado al actual alcalde, Jorge Azcón, a disputar la presidencia autonómica al socialista Javier Lambán, una maniobra que suscitaba sus dudas por temor a sacrificar el Ayuntamiento zaragozano. En 2019, el PSOE fue el más votado, con la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, desplazada por el pacto del PP con Cs. Los socialistas presentarán esta vez a la actual concejala Lola Ranera.

Puente, a por la tercera. En Valladolid, el socialista Óscar Puente busca un tercer mandato en la confianza de que cuenta con un gran respaldo ciudadano, como lo probaría, según él, el retraso del PP en decidir un candidato, presentado hace apenas unos días. Será Jesús Julio Carnero, que cuenta con el factor de ser una figura conocida, actual consejero de Presidencia de la Junta y ex presidente de la Diputación, en contra de otros nombres menos populares barajados por el PP, informa Juan Navarro.

Galicia sin Feijóo. En Galicia la cita de mayo será especial. El PP, que lleva gobernando la Xunta con mayoría absoluta desde 2009, afronta su primer examen en las urnas sin Alberto Núñez Feijóo y el reto no es menor. Pese a reinar en el gobierno de la comunidad, los populares no ostentan la alcaldía de ninguna de las siete grandes ciudades gallegas y solo dirigen una Diputación, la de Ourense, en la que perdieron la mayoría absoluta hace cuatro años. El municipio más grande que gobiernan es Arteixo (30.000 habitantes), informa Sonia Vizoso.

El sucesor de Feijóo, Alfonso Rueda, encara su primer desafío electoral con un liderazgo más tibio y endeble. Ante el difícil panorama municipal que dejó Feijóo, el PP se propone conquistar al menos alguna de las ciudades y alguna Diputación. Ferrol o Lugo, ahora con alcaldes socialistas, están entre sus objetivos más plausibles. El PSdeG-PSOE, tercera fuerza en el Parlamento gallego tras su batacazo en las autonómicas de 2020, también se enfrenta a las municipales con nuevo líder, Valentín González Formoso, que se juega la presidencia de la Diputación de A Coruña que ocupa desde 2015. La cita servirá para calibrar el despegue del BNG tras el subidón de las autonómicas, cuando se convirtió en segunda fuerza. Las mareas municipales que en 2019 perdieron los gobiernos de A Coruña, Santiago y Ferrol llegan mermadas y con la integración de Podemos en el aire.

PNV, hegemonía a prueba de bomba. Todo parece mucho más claro en Euskadi, donde el PNV no tiene rival. Se hizo con la mayor parte de la tarta municipal hace cuatro años y todos los sondeos vaticinan un nuevo triunfo holgado. Solo EH Bildu puede discutirle la supremacía en los feudos controlados por la izquierda abertzale, informa Mikel Ormazabal. No hay color en Bilbao ni en Bizkaia. Son plazas dominadas de antiguo por el PNV. Tiene un valor seguro en el alcalde bilbaíno, Juan Mari Aburto, quien podría incluso alcanzar la mayoría absoluta. También parece garantizada la victoria de Eneko Goia en San Sebastián, cada vez con más respaldo. EH Bildu apuesta fuerte por ganar en Gipuzkoa, la provincia más nacionalista, donde ha colocado como cabeza de cartel a su portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, uno de sus rostros más mediáticos y amables. Pero las alianzas poselectorales podrían mantener a los peneuvistas en el sillón foral. La pelea más reñida se dirimirá en Vitoria, donde las fuerzas están muy igualadas entre Bildu, PSE-EE y PNV. Las encuestas colocan en la cuarta posición al PP, que controló este territorio varias legislaturas.

La ministra vuelve a casa. El PSOE se juega revalidar la victoria cosechada en 2019 en ambas capitales canarias y para ello Sánchez devolverá a casa a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, candidata en Las Palmas de Gran Canaria. Con Darias, los socialistas parten como favoritos, tras dos legislaturas gobernando gracias al acuerdo tripartito con UP y Nueva Canarias, informa Guillermo Vega. El todavía alcalde, Augusto Hidalgo, optará ahora a la presidencia del Cabildo. El PP ha renunciado a los tradicionales cabezas de cartel en favor de una relativa desconocida, la economista Jimena Delgado.

En Santa Cruz de Tenerife, en cambio, es el candidato de Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, quien parte levemente en cabeza, según las últimas encuestas. El PSOE ganó holgadamente en 2019, y su candidata, Patricia Hernández, gobernó durante un año hasta que una concejala tránsfuga de Cs cambió de bando y le devolvió la alcaldía a Bermúdez. Hernández volverá a intentarlo en mayo. La formación nacionalista ha gobernado la ciudad en 39 de los últimos 40 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto público de partido junto al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto público de partido junto al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.
alejandro ruesga

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Los vagabundos del Estrecho: migrantes sin techo, sin papeles, invisibles, frustrados..

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Usuarios lavándose los dientes después de la cena en el Centro nocturno 'Humanos con recursos' para personas sin hogar que atienden más de dos tercios de migrantes en la ciudad de Algeciras.
Usuarios lavándose los dientes después de la cena en el Centro nocturno ‘Humanos con recursos’ para personas sin hogar que atienden más de dos tercios de migrantes en la ciudad de Algeciras.Marcos Moreno

Ayoub dice que quiere contar su historia “sinceramente” y la advertencia suena casi a expiación. Tiene las manos heladas de haber pasado el día deambulando por las calles de Algeciras, pero se explaya mientras aprovecha la espera para entrar en calor con una ducha en el centro nocturno de Humanos con recursos, donde pasará la noche con otras 17 personas sin hogar. Nació en Castillejos (Marruecos) hace 20 años, emigró solo a Ceuta con tan solo ocho años y, en ese corto lapso vital, ya le ha dado tiempo a bajar al infierno de la delincuencia y las drogas varias veces. “He tenido muchas oportunidades, quizás es que no me educaron bien”, reconoce como resumen a una trayectoria marcada por los centros de menores, un grave accidente en los bajos del camión en el que cruzó a la Península y una condena por robo cuando aún era un adolescente. Así que si pudiese hablar con su yo del pasado, sabe bien lo que le diría: “Si lo hubiera sabido, me habría quedado en casa. Me engañaron con que en España lo tenía todo”.

El joven Ayoub se mueve en el ambiente de los invisibles de Algeciras, ese paisaje de las personas sin hogar que puebla las calles de todas las ciudades españolas. Allí coincidía con Yassine Kanjaa, el supuesto asesino del sacristán de La Palma investigado por yihadismo. “Le veía subir y bajar, intentar entrar a las mezquitas. No estaba bien”, explica el extutelado. Ayoub, como sintecho, y Yassine, como okupa en una paupérrima y destartalada casa en la calle Ruiz Tagle, son solo dos de las personas migrantes que, sin papeles de residencia, han acabado condenadas a formar parte de una indeterminada población flotante que se mueve excluida al margen de la sociedad y expuesta a adicciones, enfermedades mentales y radicalismos. “La indocumentación lleva a la economía sumergida, a la desesperanza, al desarraigo, a la frustración y eso es caldo de cultivo de extremismos. El inmigrante sin papeles no existe socialmente. Ahora hablamos de seguridad, pero en el caso de Yassim, ¿dónde estaban los servicios sociales?”, se pregunta Michel Bustillo, coordinador de Voluntarios por otro mundo, una asociación que ayuda a extutelados migrantes en Jerez de la Frontera.

Ayoub duchándose en el Centro nocturno 'Humanos con recursos', este pasado viernes en Algeciras.
Ayoub duchándose en el Centro nocturno ‘Humanos con recursos’, este pasado viernes en Algeciras. Marcos Moreno

Bustillo ha seguido de cerca lo ocurrido en Algeciras porque le recuerda mucho a lo que le tocó vivir con uno de sus chicos hace casi un año, cuando tuvo que ir a recogerle a Moguer —donde trabajaba en la campaña de la fresa—, después de que el joven comenzase a manifestar episodios de agresividad en los que invocaba a Alá y hablaba de la guerra a los infieles. “Tuvieron que ingresarlo en la zona psiquiátrica del Hospital de Jerez”, resume el activista. Tras 15 días de hospitalización, el marroquí de 21 años salió con una medicación y un diagnóstico: esquizofrenia. “Acabó en Nador con su madre para seguir el tratamiento”, añade el voluntario. Pero cuando no hay papeles, ni hogar, ni red de ayuda, todo se vuelve aún más complejo.

UED EL MARSA (MARRUECOS), 26/01/2023.- Vista exterior de Ued el Marsa, un pequeño pueblo costero marroquí, ubicado a seis kilómetros de la frontera con Ceuta, que es la localidad de origen de Yasin Kanja, el presunto terrorista detenido por acuchillar este miércoles hasta la muerte a un sacristán en la ciudad española de Algeciras. EFE/ Mohamed Siali

El activista jerezano colaboró durante más de dos años con un equipo de la Universidad de Málaga en el estudio Factores psicosociales de la radicalización y el extremismo de los jóvenes inmigrantes. El estudio llegó a la conclusión de que la falta de inclusión social provocaba en los migrantes problemas de hostilidad con la identidad colectiva, frustración, deshumanización de un otro y glorificación de la acción violenta, según algunas de las conclusiones que resalta el propio Bustillo. Mohamed —uno de los compañeros de piso de Kanjaa que pide nombre ficticio— ha pasado “la mitad” de sus 28 años de vida en las calles de San Sebastián, Valencia o Murcia, antes de recalar en Algeciras, donde por fin consiguió trabajo y la residencia legal permanente. En ese periplo, ha visto a muchos amigos caer en ese pozo de pensamientos negativos del que él dice que escapó: “Estaban bien de la mente, pero de estar en la calle, de fumar y de lo que vieron algo cambió en ellos para siempre”.

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Manuela Rivero, coordinadora psicóloga del centro de Humanos de Algeciras, está acostumbrada a atender casos de personas sin hogar con patologías duales de problemas mentales y drogadicción. Los ha visto en algunas de las 507 personas que ya llevan atendidas desde que abrió el recurso en marzo de 2021 —financiado con ayudas europeas, primero, y con subvención municipal, ahora— para suplir parcialmente la histórica ausencia de albergue municipal que sufre Algeciras. Dos tercios de los usuarios atendidos en ese periodo eran extranjeros y ahí es donde el equipo de psicólogos y trabajadores sociales encuentra más escollos en la atención. “Muchos de los nacionales tienen alguna ayuda, como rentas de inserción o ingreso mínimo vital, pero los migrantes no pueden tener nada. El desamparo empieza desde que suben en la patera. Llegan al centro frustrados y presionados porque se sienten responsables de enviar dinero para sostener a su gente”, relata la profesional.

Sofian, en el centro de la imagen, cena en el Centro nocturno 'Humanos con recursos' para personas sin hogar de Algeciras.
Sofian, en el centro de la imagen, cena en el Centro nocturno ‘Humanos con recursos’ para personas sin hogar de Algeciras. Marcos Moreno

Sofian, de 24 años, sueña con conseguir “alguna herramienta para trabajar” y enviar dinero a casa, según explica en árabe marroquí con la ayuda de traducción Said, de 62 años. Los dos van a dormir al centro de Humanos desde hace meses. El joven llegó con graves problemas de adicción que ya dejó atrás y ahora emplea las mañanas en intentar aprender castellano. El mayor se decidió a cruzar a la península en el verano de 2021, después de echar toda la vida como trabajador transfronterizo en Ceuta y quedarse atrapado en la ciudad con el cierre de la frontera por la pandemia. “Quise probar suerte. Solo quiero encontrar trabajo, pero ahora este [por el supuesto asesino] ha manchado el nombre de los marroquíes. Tengo miedo de que la policía me coja por la calle y me lleven a Marruecos. Allí no tengo a nadie”, tercia Said con agobio.

La vida para un migrante sin casa, en situación irregular y sin trabajo en Algeciras, se mueve entre las zonas más cercanas al puerto y la propia infraestructura, donde los que no tienen ni un recurso como okupas duermen por las madrugadas en la terminal de pasajeros. Ayoub ha pasado noches en un chalé abandonado y en la playa, pero frecuenta el centro de Humanos desde hace 15 días. Allí puede merendar, cambiarse con ropa limpia, cenar y descansar. Toda su esperanza cabe en un pequeño monedero rojo con decoración turca: su DNI marroquí, la tarjeta del banco donde su madre le ingresa algo de dinero cuando pueda, el permiso de residencia español y su vida laboral, por si la búsqueda diaria de trabajo diese frutos. “Yo lo único que quiero es organizar mi vida, tener un techo y prosperar”, avanza el joven esperanzado, justo antes de pasar a darse ducha caliente. Es viernes y es noche de perritos calientes. En el largo trecho que va de la realidad al deseo, esta noche fría de enero, Ayoub, al menos, tiene techo y comida. Y eso ya es mucho para un invisible del Estrecho.

Los papeles como diferencia

Más de dos tercios de los usuarios del centro nocturno 'Humanos con recursos' de Algeciras para personas sin hogar son migrantes
Más de dos tercios de los usuarios del centro nocturno ‘Humanos con recursos’ de Algeciras para personas sin hogar son migrantesMarcos Moreno

J. A. Cañas

En el centro de Humanos con recursos en Algeciras no solo dan techo y calor en la noche. Manuela Rivero emplea buena parte de la tarde y las mañana en ayudar a los usuarios del centro en ayudarles en lo posible en sus trámites administrativos o médicos. En ese objetivo, los migrantes marroquíes que han llegado a España de adultos parten con desventaja. Sin permiso de residencia, no pueden optar a un trabajo legal y sin un empadronamiento tampoco pueden conseguir los trámites para la residencia. “No tienen nada”, resume Rivera. De ahí que el activista Michel Bustillo se queje del vacío asistencial que impidió que alguien detectase el camino de supuestos problemas mentales y radicalidad en el que se había internado Kanjaa: “Todos tendríamos que hacer lectura de la invisibilidad de Yassine, ¿qué ha pasado? Quizás los servicios sociales tendrían que haber salido de sus despachos. Estamos ante el reflejo de las carencias sociales de la Administración”.

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Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
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