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El auto de Llarena pone en riesgo el refugio belga de Puigdemont

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El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo en mayo del año pasado.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo en mayo del año pasado.JULIEN WARNAND (EFE)

El último movimiento del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha puesto en riesgo el refugio en Bélgica del expresident Carles Puigdemont y ha alejado, a la vez, la posibilidad de que vuelva de forma voluntaria a España. La reforma legal del Gobierno ―que ha derogado el delito de sedición y reformado el de la malversación― había abierto una ventana de esperanza para el líder independentista. Su entorno pensaba en 2023 como el año de su regreso y había especulado, incluso, con la posibilidad de que la rebaja de penas prevista le permitiera sortear la prisión provisional. Ahora, ese escenario optimista se ha desvanecido. El auto del juez Llarena, que le retira el delito de sedición pero le atribuye uno de malversación que implica severas penas de cárcel, incrementa las posibilidades de que Puigdemont sea entregado por las autoridades de cualquier país europeo al poner en riesgo su estatus en Waterloo, donde permanece huido desde 2017.

“Puigdemont lo tiene ahora peor que nunca. El delito más político [sedición], el que provocaba más resistencias en la justicia europea, ha caído. Y ha cobrado protagonismo un delito económico reconocido por todos los países, que supone una entrega casi inmediata”, opina uno de los abogados de los líderes del procés condenados por el 1-O y ahora pendientes de la revisión de sentencia del Tribunal Supremo. Este jueves, día en que entraba en vigor la reforma del Código Penal, Llarena ha dictado un auto en el que descarta procesar a Puigdemont por sedición y considera que el texto legal plantea un “contexto cercano a la despenalización”. El juez no cree que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados se pueda aplicar a lo sucedido en el otoño catalán de 2017: el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia.

Llarena mantiene el procesamiento del expresident por dos delitos: desobediencia (que implica penas de inhabilitación, pero no de prisión) y malversación. La decisión facilita, según las fuentes jurídicas consultadas, un cambio en la postura que hasta ahora ha mantenido la justicia belga para no entregar al político catalán. En 2018, de hecho, los tribunales de Alemania ―donde Puigdemont fue detenido― ya se mostraron dispuestos a entregarlo por malversación, aunque no por rebelión, lo que hizo que la justicia española lo rechazase por lo que eso implicaba en aquel momento.

El problema para el exdirigente ―y también para los otros dos procesados, los exconsejeros huidos a Bélgica Toni Comín y Lluís Puig― es la malversación escogida por el juez. No es uno de los tipos atenuados que recoge la reforma del Gobierno, sino la del artículo 432.2, que contempla el ánimo de lucro y prevé penas severas: de cuatro a ocho años de cárcel y entre 10 y 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En caso de volver a España, Puigdemont y sus compañeros se arriesgan a que el juez acuerde su ingreso en prisión provisional, ya que se supera el umbral de los dos años que exige la ley para dictar esta medida cautelar.

No hace falta que haya “enriquecimiento” personal, sostiene Llarena, para aplicar esta modalidad de la malversación; basta con que se disponga de dinero público “como si fuera propio”. Las actuaciones “no son subsumibles en los tipos penales atenuados que se introducen” en la reforma, insiste. Este planteamiento ha irritado a las defensas de los procesados, que consideran que el magistrado ha hecho una interpretación “retorcida” que va contra el espíritu y la letra de la reforma del Gobierno. “Hubiera sido más razonable encajar los hechos como desórdenes públicos que no como una malversación con ánimo de lucro que no aplica en este caso”, subraya otro de los letrados. La reforma de la malversación distingue entre quienes desvían dinero público para lucrarse personalmente y quienes lo hacen por otros motivos, como financiar una causa ideológica. Este último caso, según el Gobierno, es el que se corresponde con lo ocurrido en el procés. Las penas varían, pero pueden llegar a ser de inhabilitación (no cárcel) y multa.

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En un mensaje en vídeo difundido la noche del jueves, Puigdemont arremetió contra la decisión de Llarena y dio a entender que la vía para el regreso voluntario queda cerrada. “No volveré ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente. Lucharé para volver libre”, dijo Puigdemont, que subrayó que dará “la batalla judicial europea hasta el final”. El expresidente catalán lamentó el auto del juez Pablo Llarena, que aunque excluye la sedición le mantiene procesado por un tipo de delito de malversación que implica penas de hasta ocho años de cárcel. “El Supremo ha dejado claro cómo nos aplicarán la poco afortunada reforma de la malversación. Y no es una interpretación nada positiva”, dijo Puigdemont, que denunció que “en España se hace política desde los tribunales”. El expresident aprovechó para arremeter contra la reforma legal del Gobierno que derogó la sedición, ya que no ha servido para “revertir la tendencia” de un sistema judicial que, en su opinión, no ofrece “garantía de respeto a derechos fundamentales”.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, también ha criticado la decisión de Llarena de no aplicar los cambios en el delito de malversación que han entrado en vigor este jueves. En Bruselas, Boye ha calificado el auto de “preocupante porque es una crítica al poder legislativo, incluso con descalificaciones. Y la conclusión a la que llegamos es que hoy [por ayer] el juez Llarena, el Tribunal Supremo, ha derogado la reforma de malversación por la forma en que han decidido aplicarla”, ha añadido, informa Manuel V. Gómez. El abogado ha asegurado, no obstante, que la estrategia del expresident no cambiará por ahora: “Pasa por acreditar que estos hechos no solo no son delictivos, sino que se corresponden con una persecución política”.

“Vía europea”

Boye también apunta que la línea de defensa seguirá centrada en lo que ha denominado “la vía europea” al considerar que “es ahí donde se resolverá el tema de fondo”. Se refiere, en concreto, a sendos pronunciamientos que dos órganos judiciales europeos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) y el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), harán en los próximos meses. El primero ya tiene fecha: el próximo 31 de julio. Ese día, el TJUE debe pronunciarse sobre el largo pulso que la justicia española mantiene con Bélgica por las órdenes europeas de detención (ODE) dictadas contra Puigdemont y el resto de los exconsejeros independentistas catalanes huidos que Bruselas se negó a cumplimentar.

Llarena planteó entonces una cuestión prejudicial al considerar que la interpretación del derecho europeo que estaba aplicando la justicia belga discrepaba de la que recoge la decisión marco de la UE que regula las euroórdenes de detención y entrega. El pasado julio, la Abogado General de la UE dio la razón a España al concluir que Bruselas no puede cuestionar la competencia del Supremo español para emitir una euroorden ni puede denegar la entrega de los fugados del procés. La opinión del Abogado General no es vinculante, pero suele coincidir con las resoluciones que emite después el tribunal de la UE. Mientras se conoce el pronunciamiento, Llarena dejó sin efecto las euroórdenes, aunque mantuvo vigentes las órdenes de búsqueda y captura nacionales.

El segundo pronunciamiento, el que debe hacer el TGUE, se espera para marzo, según fuentes de la defensa de Puigdemont. En este caso, el tribunal europeo debe pronunciarse sobre la inmunidad del expresidente y otro de los huidos, Toni Comín, en su calidad de eurodiputados. En este caso, la defensa de los políticos catalanes reclama que se anule la aprobación del Parlamento Europeo de levantarles la inmunidad para atender al suplicatorio del juez Llarena para entregarlos al Estado español para juzgarlos por el procés.

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Interior niega que el atacante de Algeciras responda al perfil de yihadista

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Mientras continúa la investigación sobre los ataques perpetrados por un joven marroquí de 25 años el miércoles en Algeciras (Cádiz), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves durante una rueda de prensa en la ciudad gaditana que el agresor “nunca ha estado en el radar de un servicio nacional por radicalización, pero tampoco en ninguna de las bases de datos de los distintos países amigos cercanos donde haya tenido residencia”. Se mantiene así el ministro en la línea de las pesquisas policiales que sostienen que Yasine Kanjaa, que mató a machetazos al sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, e hirió gravemente al sacerdote de la parroquia de San Isidro, Antonio Rodríguez, sufría “algún tipo de trastorno mental, actuó solo y no consta que estuviera radicalizado”. El ministro se distancia así de la tesis que mantiene el auto inicial del juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, en el que califica los hechos como un delito de asesinato “con fines terroristas”, y lo vincula con el “salafismo yihadista”, la corriente más radical del Islam.

Durante sus violentos ataques, Kanjaa, que se encontraba de manera irregular en España y tenía abierto un procedimiento de expulsión desde junio, insultó e increpó a los feligreses que se encontraban en las iglesias a la hora de la misa de la tarde y realizó manifestaciones en defensa del islam frente al cristianismo. Sus compañeros de piso, una destartalada vivienda okupada en el centro de la ciudad y a escasos metros de los templos atacados, aseguran que había cambiado mucho en los últimos dos meses, tras dejar de consumir drogas, y que les había amenazado en varias ocasiones, enloquecido, asegurando que veía al diablo y rezando.

Marlaska ha viajado hasta la localidad de Algeciras este jueves para reunirse con fuerzas policiales y familiares y allegados del sacristán fallecido. El ministro ha explicado que no hay otras personas investigadas en relación con los hechos y ha definido lo ocurrido como “una violencia absolutamente irracional”. Kanjaa, que fue detenido minutos más tarde de perpetrar sus ataques por la policía local, había sido detenido ya en Gibraltar en agosto de 2019, tras llegar a la colonia británica en una moto de agua y ser deportado a los pocos días, según ha comunicado el Gobierno gibraltareño. Fuentes policiales revelan que se encontraba en España desde hace “algo más de un año” adonde presumiblemente pudo llegar en patera desde una pequeña localidad cercana a Castillejos. Fuentes de la investigación aseguran que Kanjaa se ganaba la vida en España “haciendo trabajillos esporádicos, chapuzas”.

“La investigación sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero estamos en el inicio de las investigaciones y todos las hipótesis siguen abiertas”, ha matizado Marlaska, que ha avanzado que “será el desarrollo de la investigación quien lo pueda concluir”. El ministro ha explicado que, durante los registros realizados la noche del miércoles en la casa donde vivía el investigado se han intervenido “efectos que se aportarán a la autoridad judicial”, pero ha eludido detallar qué objetos han intervenido los agentes. “Se está estudiando, investigando con una razonable naturaleza terrorista, pero como está en ciernes y hay circunstancias concurrentes no hay nada que pueda descartarse”, ha abundado Marlaska. Fuentes policiales dicen no haber encontrado de momento material yihadista entre los dispositivos electrónicos incautados, aunque fuentes de la fiscalía aseguran que “hay elementos” que permitirían concluir que sí se trata de un ataque propio de partidarios de la guerra santa en nombre de Alá, a quien se encomendó el agresor segundos antes de asestar el golpe mortal al sacristán en plena calle.

Yasine Kanjaa, de quien no constan tampoco antecedentes penales por terrorismo ni en España ni en países aliados, ha permanecido en la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras a la espera de ser puesto a disposición judicial. La policía ha solicitado una prórroga de la detención “para tener más tiempo para investigar” y está previsto que el arrestado pase a disposición judicial el lunes.

Por su parte, el ministro ha querido lanzar mensaje de apoyo a los allegados del fallecido y ha deseado un rápido restablecimiento de los heridos. Para el juez, los hechos ocurridos en Algeciras son “incompatibles con los valores que nos definen como sociedad democrática, donde la diversidad no es un problema, sino que enriquece”. Marlaska ha evitado relacionar la investigación terrorista en ciernes con una confesión religiosa, como ha hecho este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al decir: “No verá usted a un católico matar en nombre de su religión, otros pueblos tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Marlaska ha replicado: “Creo en la diversidad y no confundir. Si miramos la historia, todos tenemos trágicos sucesos en los que mirarnos y aprender”.

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Desde Interior han recordado, además, que los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar han crecido un 31% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, debido principalmente al plan especial contra el narcotráfico que se puso en marcha. “En concreto, la comarca ha pasado de tener 1.956 agentes de ambos cuerpos (en diciembre de 2017) a tener 2.579 (en agosto 2022)”. Y, concretamente en Algeciras, “la ciudad ha pasado de tener 1.201 agentes a los actuales 1.363″.

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El jubilado detenido por las cartas pirotécnicas manipuló un dron para que soltara artefactos

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Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.
Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.Iñaki Berasaluce (Europa Press)

La Policía Nacional ha encontrado en la casa de Pompeyo González Pascual, el jubilado detenido este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío de las seis cartas con material pirotécnico que recibieron entre noviembre y diciembre, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, un vehículo aéreo no tripulado, popularmente conocido como dron, manipulado para que pudiera transportar cajas con artefactos similares a las que metió en aquellos sobres y soltarlas por control remoto, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

La documentación recogida apunta a que este exfuncionario de 74 años estaba ideando artefactos con mayor potencia deflagrante (que provocan llama) que los que había remitido y que, solo en una ocasión, había llegado a activarse causando heridas leves a un trabajador de la legación diplomática de Kiev en España, añaden estas fuentes. El resto de envíos fueron neutralizados por las Fuerzas de Seguridad antes de que se funcionaran.

En el acta del registro de su vivienda en Miranda de Ebro se recoge como indicio “C-23″ un dron Dji Mavic 2, un modelo ya descatalogado de algo menos de un kilo de peso pensado para grabar imágenes desde el aire y con capacidad para volar durante media hora. Aficionado al aeromodelismo, el detenido tenía páginas en la red Youtube en las que mostraba algunos de los vídeos que supuestamente grababa en Miranda de Ebro con este dispositivo. De hecho, la policía encontró en el dron una tarjeta de memoria de 64 gigas utilizada supuestamente para registrar las imágenes.

Sin embargo, lo que más alarmó a los agentes fue el hallazgo, en la misma estancia del piso, de un “conjunto de dispositivos electrónicos de color gris” supuestamente ideado para “la suelta de carga de[sde] dron”, según recoge el documento judicial, donde aparece referencia como indicio “C-14″. Según las fuentes consultadas, este ingenio, supuestamente de fabricación casera, permitía transportar objetos de un tamaño similar a las cajas de madera que elaboró González Pascual para que contuvieran los artefactos que envió por correo postal, y que los soltara por control remoto.

Entre el material intervenido también se localizaron imanes, tubos metálicos de diferentes diámetros y longitudes, muelles, tornillería, trozos de madera, cables y virutas de acero, así como diferentes herramientas, como taladros, una sierra y un cortatubos. La intervención de este material era uno de los objetivos del registro, como reflejaba el autor del juez que autorizó la entrada en la vivienda y que expresamente pedía buscar “todos aquellos efectos, instrumentos y objetos de ferretería relacionados con el delito investigado, tales como armas, precursores, sustancias explosivas…” tras constatar los investigadores que los artefactos eran de fabricación casera.

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Las pesquisas también revelaron que González Pascual ―al que se le considera un radical favorable a Rusia en la guerra de Ucrania― había adquirido, entre junio y julio pasados, a través de Amazon “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes”, todo ellos elementos potencialmente utilizables para elaborar artefactos explosivos. El acta judicial no refleja que durante el registro de la vivienda, el trastero y el coche del detenido se localizara nada de ello, aunque sí algunas sustancias que los expertos policiales deben analizar para concretar su composición.

Lo que sí localizaron los agentes fue documentación en papel, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, seis tarjetas de memoria y otros tantos pendrive (pequeños dispositivos informáticos de memoria). Los agentes analizan ahora todo ello en busca de más indicios contra González Pascual, que, cuando fue arrestado el miércoles aún aseguraba a los agentes que se habían “equivocado” al detenerle, según destaca el documento judicial. Aún no sabía la larga lista de indicios que en los últimos meses habían recabado contra él los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.

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Ares, el hombre del aparato socialista vasco

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Rodolfo Ares, fallecido este jueves, fue conocido públicamente hacia el final de su carrera política, en 2009, cuando Patxi López, elegido lehendakari, le nombró consejero de Interior del Gobierno vasco, donde le tocó afrontar los últimos coletazos de ETA en estrecho contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Era un hombre de aparato, discreto. No se recuerda, por ejemplo, que sustituyó a Fernando Buesa como portavoz socialista en el Parlamento vasco, cuando fue asesinado. Pero, desde la sombra, su historia se cruza con la del socialismo vasco desde los inicios democráticos hasta el final del terrorismo.

Su labor al frente de la Ertzaintza dejó huella en el final del terrorismo. Creó una unidad especial formada por un nutrido grupo de analistas a escala local en coordinación con las Fuerzas de Seguridad estatales, e impulsó una política de tolerancia cero y de eliminación de la impunidad del mundo etarra en los espacios públicos, acordadas con los ayuntamientos. Fueron decisiones muy eficaces en el final del terrorismo, apenas recordadas.

Para ese momento, Ares había hecho un largo recorrido en el aparato del PSE desde que ingresó en los albores de la democracia. En 1983 fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y luego parlamentario vasco. Pero fue, ante todo, un hombre de aparato, antes de que en 1997 fuera reconocido como secretario de Organización del PSE hasta 2014.

Su importancia en el aparato socialista fue evidente en el nombramiento de Nicolás Redondo Terreros como secretario general del PSE en 1997, en sustitución de Ramón Jáuregui, y fue decisivo en el relevo de Redondo por Patxi López en 2005. Ares había trabajado con ambos en el aparato. Pero como político pragmático entendió que en Euskadi se abría la etapa del final del terrorismo, y apostó por López, en sintonía con el Gobierno de Zapatero. Apoyó la apuesta política inteligente del diálogo con ETA para dividir y aislar a quienes querían continuar con el terrorismo que no contradecía el combate contra el terrorismo.

No jugó un papel sobresaliente en el proceso dialogado del fin de ETA. Pero Patxi López y Rubalcaba lo tuvieron informado y contaron con él para participar en la delegación socialista, con Jesús Eguiguren y el jurista Gómez Benítez, en la última reunión, celebrada con ETA y Batasuna en Ginebra en mayo de 2007.

Ares se sentía cómodo en el papel de hombre necesario en la sombra. Estaba detrás de todas las decisiones del PSE, de las pequeñas a las importantes. Protagonizó con López el acuerdo con el PP vasco para desbancar a Juan José Ibarretxe de la presidencia del Gobierno vasco en 2009 por empeñarse en mantener su política soberanista. Con Patxi López como lehendakari, además de dirigir desde Euskadi la lucha antiterrorista, estuvo detrás de la Vía Nanclares de reinserción; de las políticas de memoria y del reconocimiento a las víctimas, para las que organizó un congreso. Tuvo la satisfacción de participar en el fin del terrorismo en 2011 y poco después dejó la política discretamente.

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