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Hallan restos humanos en el vertedero de Toledo donde buscaban a un niño desaparecido en Madrid

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La policía ha encontrado restos humanos en el vertedero de Toledo en el que buscaban desde hacía semanas a Ángel Fernández Silva, un niño de 11 años desaparecido en Madrid el 10 de diciembre junto a su primo, Fernando Fernández García, de 17 años. El cuerpo de este último fue hallado en una de las cintas transportadoras del complejo el 15 de diciembre y se confirmó su identidad una semana después. Por eso, desde ese momento los agentes habían acotado una zona en la que calculaban que podría estar el cadáver de su primo, donde ha acabado siendo encontrado este miércoles a primera hora. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que se ha encontrado un pie y algunas otras partes del cuerpo.

La principal hipótesis que baraja la policía es que los dos primos se marcharon de forma voluntaria de Madrid a Toledo para visitar a unas chicas de otra familia. Una vez en la ciudad manchega, los menores tuvieron frío, se metieron en un contenedor y un camión se los llevó sin que ellos se dieran cuenta. Así es cómo acabaron en la planta de reciclaje, que se encuentra apartada de los núcleos de población y es de difícil acceso. Esta es una de las líneas de investigación, que cobró fuerza después de que la autopsia del primer chico mostrara que su muerte no había sido violenta sino que falleció por falta de aire.

Los padres de los niños desaparecidos, durante la manifestación que reivindicaba un ‘trato digno’ a la familia de los dos menores de Carabanchel desaparecidos el pasado noviembre, frente al metro Ciudad de Vallecas, el día 9.
Los padres de los niños desaparecidos, durante la manifestación que reivindicaba un ‘trato digno’ a la familia de los dos menores de Carabanchel desaparecidos el pasado noviembre, frente al metro Ciudad de Vallecas, el día 9.Ricardo Rubio (Europa Press)

Las primeras pesquisas policiales apuntaban, sin embargo, a que la desaparición pudiese tratarse de una “venganza entre familias”, por un presunto “lío de faldas”, según fuentes próximas a la investigación. Sin embargo, personas en el entorno del fallecido niegan en principio esa posibilidad, aunque aseguran que “los motivos de lo que ha ocurrido se conocerán dentro de muy poquito”, sin descartar enemistades entre familias. “La familia está destrozada, no entiende qué les ha podido haber pasado”, insisten. Los allegados de los menores esperan noticias en sus domicilios en Vallecas.

La última vez que se les vio fue en un centro comercial del barrio de Carabanchel, donde estaban con su familia haciendo unas compras. En un momento dado, dijeron que se iban a comer un bocadillo en otro establecimiento del centro comercial y se alejaron de sus allegados. La policía dispone de imágenes de los dos primos cogiendo el metro en una parada cercana.

Ahora hay que realizar pruebas a los restos hallados para comprobar si efectivamente corresponden al chico desaparecido. Además, la policía seguirá buscando más restos en la misma zona, a la espera de poder confirmar mediante los análisis que los restos son los de Ángel. Desde que el cuerpo del primo mayor fue localizado, los agentes acotaron una zona de la planta de reciclaje en la que se acumulan unas 10.000 toneladas de basura. En la operación de búsqueda de “extrema dificultad” participan guías caninos, las policías científica y judicial y dos retroexcavadoras.

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El tribunal europeo dicta que Bélgica debe entregar a los líderes del ‘procés’ salvo que constate fallos “sistémicos” en la justicia española

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto límites este martes a las posibilidades de Bélgica de seguir denegando la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de exdirigentes de la Generalitat catalana que huyeron a Bruselas en 2017, sobre los que el Tribunal Supremo había emitido sendas órdenes de detención europeas para poder juzgarlos por su papel clave en el referéndum y la declaración ilegal de independencia de aquel año. El TJUE determina que un país miembro de la UE (en este caso, Bélgica) no puede negarse a cumplir con una euroorden de detención dictada por otro país miembro (en este caso, España), salvo que llegue a dos conclusiones después de realizar un examen a fondo del caso: que en ese Estado existen “deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial” y que hay “razones serias y fundadas” para creer que la persona reclamada, en caso de ser entregada, corre el riesgo de que “se vulnere su derecho fundamental a un proceso equitativo”.

La sentencia supone un primer espaldarazo para la justicia española, que siempre ha sostenido que Bélgica no podía negarse a entregar a los fugados del procés, pero no implica un desbloqueo inmediato de la situación.

La justicia belga lleva cinco años paralizando la entrega de los exdirigentes huidos, alegando —como hacen el propio Puigdemont y el resto de acusados— que el Tribunal Supremo español no es competente para juzgar este caso. Ahora, en su sentencia, el TJUE sostiene que, “en principio”, “una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de negarse a ejecutar una orden de detención europea (ODE) basándose en un motivo de no ejecución que se derive exclusivamente del Derecho del Estado miembro de ejecución”. Una denegación de una euroorden, subraya, “debe tener carácter excepcional”. Lo que sí podría hacer Bélgica, agrega la sentencia, es “aplicar una disposición nacional que prevea que se denegará la ejecución de una ODE cuando esa ejecución daría lugar a la vulneración de un derecho fundamental”.

Eso sí, puntualizan los jueces de Luxemburgo, llegar a esa última conclusión debe estar muy bien fundamentado por parte de la justicia belga: por un lado, debe demostrar que hay “deficiencias sistémicas o generalizadas” en el funcionamiento del sistema judicial español (en este caso). Además, continúa el TJUE, debe indicar “de modo concreto y preciso (…) si existen razones serias y fundadas” para creer que la persona reclamada por la justicia española “correrá tal riesgo en caso de ser entregada” a España. Y ello requeriría que se realice una “solicitud previa de información complementaria a la autoridad judicial emisora”, en este caso España.

La sentencia es la respuesta del tribunal europeo con sede en Luxemburgo a las cuestiones prejudiciales (preguntas dirigidas al TJUE) remitidas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en 2021, después de que la justicia belga rechazara entregar a España al exconseller Lluis Puig, procesado por malversación y desobediencia. Según la argumentación de Bélgica, el tribunal competente para reclamar su extradición no era el Supremo sino los tribunales catalanes. Además, indicó que si era entregado a España, podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

El pasado verano, el Abogado General de la UE Richard de la Tour emitió una opinión dando la razón a España al considerar que Bélgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir una euroorden ni puede denegar tampoco la entrega de los fugados del procés alegando una posible vulneración de derechos fundamentales si no demuestra antes la existencia de “deficiencias sistémicas” en la justicia española. Aunque el TJUE no tiene por qué seguir el razonamiento de sus abogados generales, suele tener muy en cuenta sus argumentos. En este caso, no obstante, los ha matizado bastante. El Abogado General también se manifestó favorable a otra pregunta de Llarena: si podría cursar una nueva euroorden contra Puig si el TJUE decide que Bélgica incumplió las normas de la UE. Ahora, el TJUE dice que sí: “Pueden emitirse varias ODE sucesivas contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un Estado miembro después de que dicho Estado se haya negado a ejecutar una primera ODE dirigida contra esa persona”, señala la sentencia. Pero la nueva euroorden, advierte, “no debe dar lugar a una vulneración de los derechos fundamentales de dicha persona”, por lo que, sobre todo, su emisión debe tener “carácter proporcionado”.

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Con su cuestión prejudicial, Llarena buscaba aclarar el alcance de las euroórdenes antes de que la justicia belga se pronuncie sobre los expedientes de Puigdemont y de los exconsejeros y ahora eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, a los que también quiere juzgar la justicia española. Antes, el Tribunal General de la UE (TGUE) debe fallar sobre otro proceso clave: el recurso de los independentistas catalanes contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, precisamente tras un suplicatorio de Llarena para poder extraditarlos y juzgarlos en España. La justicia belga congeló la tramitación de esas euroórdenes hasta que Luxemburgo resuelva el fondo de este asunto.

Por otra parte, después de que este mismo enero entrara en vigor la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición, el juez del Tribunal Supremo reformuló el auto de procesamiento contra Puigdemont para suprimir ese delito. Mantuvo una orden de busca y captura para el expresidente y los exconsejeros Comín y Puig por malversación y desobediencia, pero es de ámbito nacional. Llarena dejó sin efecto las euroórdenes contra los eurodiputados, a la espera tanto de la decisión de hoy como del fallo respecto de la inmunidad.

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La Guardia Civil investiga la desaparición de dos hombres y la muerte de un tercero tras quedar con un vendedor en Manzanares

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El pasado viernes, la Guardia Civil solicitaba la colaboración ciudadana para localizar un vehículo, Renault Clío, cuyo propietario, Juan Manuel Isla, desapareció el 22 de julio pasado. Difundía las últimas imágenes existentes, “cuando el desaparecido abandonaba la localidad de Manzanares dirección Membrilla por la carretera N430A, horas después de haber sido visto por última vez”. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado llevan meses indagando en el paradero Isla, de 59 años. Saben que una de las últimas personas que le vio fue un comercial del pueblo, “un vecino conocido en la localidad que ha hecho de comisionista en la venta de tierras y otras propiedades”, señalan, y a quien han interrogado.

Supuestamente había quedado con Isla para darle una importante cantidad dinero por la venta de su finca, a las afueras de la localidad. Se da la circunstancia de que ese mismo intermediario tuvo relación antes con otras dos personas por una transacción económica de compraventa, una de las cuales, Jesús González, de 54 años, continúa desaparecida; y otra, que ahora también se investiga, “cayó misteriosamente en un pozo” en el que fue encontrado y, por aquel entonces, “hace casi una década, se consideró un suicidio”, revelan fuentes del caso.

El empresario Jesús González desapareció el 19 de junio de 2019. Su pista se pierde cuando acababa de vender unos coches de alta gama. El comisionista era el mismo vecino del pueblo que ahora está bajo sospecha. Respecto al hombre hallado muerto en el pozo, no ha trascendido su identidad. Ninguno de los vendedores llegaron a cobrar el dinero que, supuestamente, debía de darles el intermediario.

El vehículo Renault Clío gris de Juan Manuel Isla que buscaba la Guardia Civil con la colaboración ciudadana fue encontrado la semana pasada en un descampado de Albacete, según confirman fuentes del caso, a 145 kilómetros de donde había sido registrado por las cámaras en Manzanares. Ahora está siendo examinado por los agentes de criminalística del instituto armado con el fin de encontrar alguna pista.

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Los desalojados de Níjar buscan su sitio

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Bacary Camará, 35 años, procedente de Senegal se tapa la cara en la puerta de la cafetería habilitada en el exterior del albergue temporal instalado por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) tras el desalojo del campamento el Walili.
Bacary Camará, 35 años, procedente de Senegal se tapa la cara en la puerta de la cafetería habilitada en el exterior del albergue temporal instalado por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) tras el desalojo del campamento el Walili.Santi Donaire

A Bacaly Camara, senegalés de 35 años, la vida no para de golpearlo. Con un café en la mano, apoyado en el marco de un módulo prefabricado, relata el conflicto armado en el que mataron a sus padres y cómo se vio obligado a salir de su país para conseguir dinero para su familia. Tiene mujer y tres hijos, pero no llegó a conocer al más pequeño, de tres años. Su pareja estaba embarazada cuando él voló a Marruecos y desde allí se subió a una patera rumbo a Motril, en la costa de Granada. Más tarde se fue a Almería en busca de empleo en la agricultura intensiva. La mañana de este lunes su jefe le llamaba para preguntar por qué no había acudido a su puesto de trabajo. “Me están echando de casa”, explicaba por teléfono mientras una excavadora tiraba a golpes la chabola donde residía en el asentamiento Walili, donde vivían hasta ahora unas 450 personas. Era uno de los más antiguos de Níjar (Almería, 26.126 habitantes) y en pocas horas el espacio quedó arrasado a iniciativa del Ayuntamiento, gobernado por la socialista Esperanza Pérez, que disponía de una resolución judicial que facilitó la demolición.

El derribo llega tras muchas protestas de colectivos sociales y otros tantos intentos del municipio para hacer desaparecer uno de los asentamientos más antiguos de una comarca, cerca del Cabo de Gata, donde hay casi medio centenar de espacios similares. Es una zona árida cubierta por invernaderos que surten a Europa de hortalizas, convertidos desde hace años en el principal motor económico de Almería con una facturación que supera los 3.000 millones de euros anuales en toda la provincia. Parte de su mano de obra reside en este tipo de campamentos, que acogen más de 3.000 personas solo en el término municipal de Níjar, el de menor renta de España según el Instituto Nacional de Estadística. Malviven en pequeñas habitaciones construidas a base de palés, cartones y plásticos sobre el barro.

Las de Walili están ya en el suelo, transformadas en escombro. Pasadas las 8.30 horas de la mañana medio centenar de agentes de la Guardia Civil montaron una cadena junto a la carretera de San José para asegurar el trabajo de la excavadora pudiera proceder a la demolición, tarea que a mediodía ya estaba cumplida. Poco después, la alcaldesa se felicitaba por el desalojo en un comunicado: “Ha sido la mayor muestra de compromiso con la defensa de los derechos humanos que hemos visto en Almería en muchos, muchísimos años”.

Algunos de sus habitantes miraban con desolación el avance de la piqueta o el fuego —cuyo origen se desconocía, según los bomberos— que consumía algunas infraviviendas a primera hora de la mañana. Observaban desde el arcén de la carretera y rodeados de bolsas de plástico y maletas en las que habían guardado sus pertenencias. “Ahí se vivía muy mal, pero estaba cerca del trabajo”, relata Falai Baldeh, de 21 años, que viajó desde Gambia hasta Libia para subirse a una patera hacia Italia. Pasó un año en Turín, atravesó a pie la frontera hasta Francia y llegó en tren a España. Llevaba dos años en Walili hasta que fue expulsado esta mañana. “Me dedico al tomate, el calabacín, la berenjena, el pimiento. Muchísimas horas, pero siempre sin contrato”, aclaraba horas después desde el mismo módulo prefabricado en el que Bacaly Camara apuraba su café. Ambos calculaban opciones para ir a trabajar mañana. “Sea como sea tengo que llegar. Si hay que dormir en la calle, lo haré, pero no puedo perder mi trabajo”, subrayaba el senegalés.

Falai Baldeh, 21 años, procedente de Gambia, en la entrada del campamento temporal instalado entre el Ayuntamiento de Níjar y varias ONG tras el desalojo del campamento de El Walili.
Falai Baldeh, 21 años, procedente de Gambia, en la entrada del campamento temporal instalado entre el Ayuntamiento de Níjar y varias ONG tras el desalojo del campamento de El Walili.Santi Donaire

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Como ellos, unas 60 personas mostraban incertidumbre sobre el centro de emergencia al que fueron trasladados en autobús a iniciativa del Ayuntamiento de Níjar (todos hombres magrebíes o subsaharianos, porque las únicas cuatro mujeres que necesitaban techo fueron alojadas en un hostal). Con capacidad para 500 personas, el objetivo era realojar allí a las alrededor de 200 habitantes del asentamiento según los cálculos municipales, aunque las entidades sociales aumentaban la cifra hasta las 450. Durante el fin de semana la mayoría de residentes del campamento se mudaron a otros cercanos de las mismas características, como Atochares o Barranquete. Solo unos pocos necesitaron techo en el espacio municipal, formado por módulos para familias y un puñado de literas desplegadas en una nave industrial. Sus responsables no permitieron a la prensa conocer las condiciones en las que se encontraban los catres o los baños. Ante la presencia de los medios, cerraron a cal y canto las puertas.

Las entidades sociales que trabajan en la zona pedían un desalojo progresivo e individualizado “con deliberación pública y participación de las personas interesadas”, como subrayaba el Secretariado de Migraciones almeriense. Las organizaciones creen que en unos días quedarán ahí pocas personas, puesto que el edificio queda lejos de sus puestos de trabajo. “No sé si podré quedarme: el invernadero queda muy lejos”, confirma Baldeh. “Yo tampoco sé cómo voy a ir mañana a trabajar”, añadía indignado el senegalés El Hadji Diatta, de 39 años. “Los empresarios te llaman porque te necesitan, pero ni pagan bien, ni te ayudan a encontrar vivienda, ni nada” añadía. Él, como la mayoría de quienes viven en estos asentamientos, no tiene documentación. Y sus salarios rondan los cuatro o cinco euros la hora. “Estamos aguantando mucho porque es la única manera de conseguir los papeles. Me han prometido un contrato cuando los tenga”, añade Diatta, que lleva ya 18 meses en Almería y confía en que dentro de seis meses más pueda empezar a tramitar su documentación. “Entonces podré encontrar un buen trabajo”, dice con esperanza.

Módulos prefabricados del campamento temporal instalado por el Ayuntamiento de Nijar en la barriada de Los Grillos, tras el desalojo del campamento del Walili.
Módulos prefabricados del campamento temporal instalado por el Ayuntamiento de Nijar en la barriada de Los Grillos, tras el desalojo del campamento del Walili.Santi Donaire

Sin alternativa para dormir, Diatta se quedará en el centro de emergencia. Antes de residir en Walili pagaba 120 euros al mes por una habitación que compartía con otras dos personas en San Isidro, localidad del extenso municipio de Níjar. Otros relatan que en toda la comarca solo les ofrecen garajes para malvivir junto a otras muchas personas. “Nadie nos alquila pisos”, insiste Samir, un marroquí de 25 años al que le ofrecen un pacto: si paga 5.000 euros a un empresario, este le hacen un contrato a cambio. Sin posibilidades de ahorrar para esa compra, tampoco sabe nada sobre su futuro más cercano. Si antes pedaleaba unos 40 minutos diarios en su bicicleta para ir a trabajar, desde el centro de emergencia la distancia se ha multiplicado. “Tendré que buscar algo más cerca, desde aquí es imposible ir”, asegura. Las cuestas de la sierra de La Serrata son un muro infranqueable a dos ruedas.

“Ese es el gran problema. Desde el nuevo centro no pueden desplazarse hasta los invernaderos y los empresarios les han dicho que no van a recogerlos”, explica Carmen Domínguez, presidenta de Médicos del Mundo en Andalucía, entidad encargada de la gestión del espacio junto a Cepaim, Cruz Roja, Almería Acoge y Hermanas Mercedarias. Domínguez cree que el desalojo se podría haber realizado con más organización y más adelante, cuando la temporada de la agricultura intensiva hubiese acabado. Ahora los migrantes podrán pasar un plazo de dos meses en el centro de emergencia. Nadie sabe qué ocurrirá después. “Lo más probable es que acaben en la calle”, añade una fuente de la plataforma Derecho a Techo, donde creen que el desmantelamiento de Walili no ha sido más que “un montaje para ganar votos en las próximas elecciones municipales”.

Samir, nacido en Marruecos, ha sido de las pocas personas que han acudido al dispositivo de emergencia habilitado por el Ayuntamiento de Nijar tras el desalojo del campamento El Walili.
Samir, nacido en Marruecos, ha sido de las pocas personas que han acudido al dispositivo de emergencia habilitado por el Ayuntamiento de Nijar tras el desalojo del campamento El Walili.Santi Donaire

“Han quitado el asentamiento que más molesta a empresarios y turistas porque se ve desde la carretera”, apunta Fernando Plaza, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que solicita una reunión entre todas las administraciones, patronal y entidades sociales para abordar un plan de vivienda para trabajadores emigrantes agrícolas. “Es la única solución digna”, concluye Plaza. De momento, el Ayuntamiento de Níjar ha impulsado la construcción de apenas 62 viviendas y solo gracias a la financiación de la Junta de Andalucía. Aún en obras, permitirán alojar a 120 personas a partir de la próxima primavera si la obra acaba en los plazos acordados. Otras 3.000 personas seguirán, mientras, malviviendo en más de medio centenar de poblados chabolistas en toda la comarca. Ciudades invisibles junto al paraíso turístico.

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