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La mayoría pagaría más impuestos para mejorar la sanidad

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Manifestación en Madrid por la defensa de la sanidad pública el pasado noviembre.
Manifestación en Madrid por la defensa de la sanidad pública el pasado noviembre.Claudio Álvarez

Las protestas ciudadanas y del personal sanitario por falta de recursos han reavivado el debate sobre la gestión de la sanidad pública en España. El último barómetro de 40 dB. para EL PAÍS y la SER, con 2.000 entrevistas realizadas el pasado diciembre, abordó la calidad de los servicios médicos en las distintas comunidades a cinco meses de las elecciones autonómicas. El 64,5% piensa que en la autonomía en la que reside se destinan “demasiados pocos recursos” para la sanidad pública. El 39,1% ve “regular” su funcionamiento, aunque el porcentaje de los que la califican de buena o muy buena (32,7%) supera al de quienes la evalúan como mala o muy mala (26,8%). Y quienes están dispuestos a pagar más impuestos para mejorar esos servicios ganan a los que no. Todos los datos internos de la encuesta pueden consultarse en las webs de EL PAÍS y la Cadena SER.

En una escala de 0 a 10, siendo 0 el polo de los más convencidos de que “es importante mejorar la sanidad pública aunque eso implique pagar más impuestos” y 10 el extremo de los que opinan que lo importante es “pagar menos impuestos aunque eso signifique reducir la calidad de la sanidad pública”, la media sobre la población general se sitúa en un 3,2. Solo un 2,6% de los españoles se sitúan en el polo “antiimpuestos”, siendo muchos más los que prefieren invertir en el estado del bienestar: el 61,0% se sitúa entre el 0 y el 4 del polo a favor del aumento de los gravámenes y el grupo mayoritario (23,1%) es el 0.

Por regiones, de entre las cuatro más pobladas, la Comunidad de Madrid es la que presenta una ciudadanía más decidida a una fiscalidad amplia que financie una buena sanidad, seguida por Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Los votantes más dispuestos a pagar más son, por este orden, los de Unidas Podemos, los partidos nacionalistas o regionalistas y el PSOE. Y los que menos, los de Vox, PP y Ciudadanos.

La evaluación de la sanidad varía según el partido que gobierna cada comunidad autónoma. Así, los residentes en autonomías presididas por los socialistas (Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y La Rioja) están más satisfechos con el funcionamiento de la sanidad pública (un 34,8% la valora positivamente frente al 23,5% que lo hace de forma negativa) que quienes viven en comunidades gobernadas por el PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Región de Murcia) o por partidos nacionalistas o regionalistas (Cataluña, País Vasco y Cantabria).

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En las comunidades presididas por el PSOE la satisfacción parece más generalizada entre los votantes de distintas formaciones. La valoración positiva de los del PP supera en 10,4 puntos a la negativa. Solo en el electorado de Vox los críticos tienen una importante ventaja de 25,9 puntos. En las autonomías gobernadas por el PP, sin embargo, las opiniones están mucho más polarizadas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid presenta, entre las más pobladas, el mayor porcentaje de opiniones positivas (38,1%) y negativas (30,6%) sobre el funcionamiento de su sanidad y su servicio de salud suscita, en comparación con la media española, muchas más calificaciones muy buenas (12,8% frente a 6,6%) y muy malas (17,1% frente a 12,6%). El mejor balance neto es para la Comunidad Valenciana (36,1% de valoraciones positivas frente a un 25,1% de negativas). Andalucía y Cataluña obtienen peores notas que la media española en cuanto a servicios públicos de salud.

Los encuestados aprueban holgadamente las instalaciones médicas (74,7%), la posibilidad de atención presencial (66,9%) y el tiempo de atención recibida (61,6%), pero solo el 42,6% dice haber logrado con frecuencia obtener una cita rápido en el último año. Esta demora parece generalizada, aunque es en las comunidades gobernadas por partidos nacionalistas o regionalistas donde más ciudadanos dicen haber recibido un buen servicio. De las cuatro autonomías más pobladas, Cataluña es la que presenta menor demora en las citas; Madrid la mayor frecuencia de atención presencial cuando es requerida y la Comunidad Valenciana la región en la que los médicos dedican con mayor frecuencia el tiempo suficiente a las consultas.

El 88% declara ser usuario del sistema público de salud. Los seguros privados son especialmente populares en Cataluña (26,4% frente al 15,7% común en España) y la Comunidad de Madrid (21,9%). Un 11,9% de los españoles afirman haber participado en el último año en alguna protesta relacionada con los servicios sanitarios que reciben y un 27,1% se ha planteado hacerlo. La tasa de participación en acciones reivindicativas relacionadas con la Sanidad pública es algo más alta en las comunidades gobernadas por el PP (13%) que en las que tienen un ejecutivo socialista (11,4%) o nacionalista (10,3%) y mucho más elevada entre los votantes de Unidas Podemos (22,5%) y del PSOE (14,8%) que entre el electorado de Vox (8,8%), Ciudadanos (7,6%) o el PP (6,3%).

Las comunidades autónomas han presupuestado un gasto medio en sanidad para 2023 de 1.808,5 euros por habitante. Ese aumento del 7,7% se queda por debajo del incremento medio del IPC. Madrid está a la cola, con un presupuesto de 1.446,13 euros por ciudadano, aunque el aumento en el gasto (11,2%) supera a la media, según el reciente informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública. En cabeza se sitúan el Principado de Asturias (2.133 euros per capita) y País Vasco (2.130 euros).

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España

Interior niega que el atacante de Algeciras responda al perfil de yihadista

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Mientras continúa la investigación sobre los ataques perpetrados por un joven marroquí de 25 años el miércoles en Algeciras (Cádiz), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves durante una rueda de prensa en la ciudad gaditana que el agresor “nunca ha estado en el radar de un servicio nacional por radicalización, pero tampoco en ninguna de las bases de datos de los distintos países amigos cercanos donde haya tenido residencia”. Se mantiene así el ministro en la línea de las pesquisas policiales que sostienen que Yasine Kanjaa, que mató a machetazos al sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, e hirió gravemente al sacerdote de la parroquia de San Isidro, Antonio Rodríguez, sufría “algún tipo de trastorno mental, actuó solo y no consta que estuviera radicalizado”. El ministro se distancia así de la tesis que mantiene el auto inicial del juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, en el que califica los hechos como un delito de asesinato “con fines terroristas”, y lo vincula con el “salafismo yihadista”, la corriente más radical del Islam.

Durante sus violentos ataques, Kanjaa, que se encontraba de manera irregular en España y tenía abierto un procedimiento de expulsión desde junio, insultó e increpó a los feligreses que se encontraban en las iglesias a la hora de la misa de la tarde y realizó manifestaciones en defensa del islam frente al cristianismo. Sus compañeros de piso, una destartalada vivienda okupada en el centro de la ciudad y a escasos metros de los templos atacados, aseguran que había cambiado mucho en los últimos dos meses, tras dejar de consumir drogas, y que les había amenazado en varias ocasiones, enloquecido, asegurando que veía al diablo y rezando.

Marlaska ha viajado hasta la localidad de Algeciras este jueves para reunirse con fuerzas policiales y familiares y allegados del sacristán fallecido. El ministro ha explicado que no hay otras personas investigadas en relación con los hechos y ha definido lo ocurrido como “una violencia absolutamente irracional”. Kanjaa, que fue detenido minutos más tarde de perpetrar sus ataques por la policía local, había sido detenido ya en Gibraltar en agosto de 2019, tras llegar a la colonia británica en una moto de agua y ser deportado a los pocos días, según ha comunicado el Gobierno gibraltareño. Fuentes policiales revelan que se encontraba en España desde hace “algo más de un año” adonde presumiblemente pudo llegar en patera desde una pequeña localidad cercana a Castillejos. Fuentes de la investigación aseguran que Kanjaa se ganaba la vida en España “haciendo trabajillos esporádicos, chapuzas”.

“La investigación sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero estamos en el inicio de las investigaciones y todos las hipótesis siguen abiertas”, ha matizado Marlaska, que ha avanzado que “será el desarrollo de la investigación quien lo pueda concluir”. El ministro ha explicado que, durante los registros realizados la noche del miércoles en la casa donde vivía el investigado se han intervenido “efectos que se aportarán a la autoridad judicial”, pero ha eludido detallar qué objetos han intervenido los agentes. “Se está estudiando, investigando con una razonable naturaleza terrorista, pero como está en ciernes y hay circunstancias concurrentes no hay nada que pueda descartarse”, ha abundado Marlaska. Fuentes policiales dicen no haber encontrado de momento material yihadista entre los dispositivos electrónicos incautados, aunque fuentes de la fiscalía aseguran que “hay elementos” que permitirían concluir que sí se trata de un ataque propio de partidarios de la guerra santa en nombre de Alá, a quien se encomendó el agresor segundos antes de asestar el golpe mortal al sacristán en plena calle.

Yasine Kanjaa, de quien no constan tampoco antecedentes penales por terrorismo ni en España ni en países aliados, ha permanecido en la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras a la espera de ser puesto a disposición judicial. La policía ha solicitado una prórroga de la detención “para tener más tiempo para investigar” y está previsto que el arrestado pase a disposición judicial el lunes.

Por su parte, el ministro ha querido lanzar mensaje de apoyo a los allegados del fallecido y ha deseado un rápido restablecimiento de los heridos. Para el juez, los hechos ocurridos en Algeciras son “incompatibles con los valores que nos definen como sociedad democrática, donde la diversidad no es un problema, sino que enriquece”. Marlaska ha evitado relacionar la investigación terrorista en ciernes con una confesión religiosa, como ha hecho este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al decir: “No verá usted a un católico matar en nombre de su religión, otros pueblos tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Marlaska ha replicado: “Creo en la diversidad y no confundir. Si miramos la historia, todos tenemos trágicos sucesos en los que mirarnos y aprender”.

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Desde Interior han recordado, además, que los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar han crecido un 31% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, debido principalmente al plan especial contra el narcotráfico que se puso en marcha. “En concreto, la comarca ha pasado de tener 1.956 agentes de ambos cuerpos (en diciembre de 2017) a tener 2.579 (en agosto 2022)”. Y, concretamente en Algeciras, “la ciudad ha pasado de tener 1.201 agentes a los actuales 1.363″.

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El jubilado detenido por las cartas pirotécnicas manipuló un dron para que soltara artefactos

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Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.
Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.Iñaki Berasaluce (Europa Press)

La Policía Nacional ha encontrado en la casa de Pompeyo González Pascual, el jubilado detenido este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío de las seis cartas con material pirotécnico que recibieron entre noviembre y diciembre, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, un vehículo aéreo no tripulado, popularmente conocido como dron, manipulado para que pudiera transportar cajas con artefactos similares a las que metió en aquellos sobres y soltarlas por control remoto, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

La documentación recogida apunta a que este exfuncionario de 74 años estaba ideando artefactos con mayor potencia deflagrante (que provocan llama) que los que había remitido y que, solo en una ocasión, había llegado a activarse causando heridas leves a un trabajador de la legación diplomática de Kiev en España, añaden estas fuentes. El resto de envíos fueron neutralizados por las Fuerzas de Seguridad antes de que se funcionaran.

En el acta del registro de su vivienda en Miranda de Ebro se recoge como indicio “C-23″ un dron Dji Mavic 2, un modelo ya descatalogado de algo menos de un kilo de peso pensado para grabar imágenes desde el aire y con capacidad para volar durante media hora. Aficionado al aeromodelismo, el detenido tenía páginas en la red Youtube en las que mostraba algunos de los vídeos que supuestamente grababa en Miranda de Ebro con este dispositivo. De hecho, la policía encontró en el dron una tarjeta de memoria de 64 gigas utilizada supuestamente para registrar las imágenes.

Sin embargo, lo que más alarmó a los agentes fue el hallazgo, en la misma estancia del piso, de un “conjunto de dispositivos electrónicos de color gris” supuestamente ideado para “la suelta de carga de[sde] dron”, según recoge el documento judicial, donde aparece referencia como indicio “C-14″. Según las fuentes consultadas, este ingenio, supuestamente de fabricación casera, permitía transportar objetos de un tamaño similar a las cajas de madera que elaboró González Pascual para que contuvieran los artefactos que envió por correo postal, y que los soltara por control remoto.

Entre el material intervenido también se localizaron imanes, tubos metálicos de diferentes diámetros y longitudes, muelles, tornillería, trozos de madera, cables y virutas de acero, así como diferentes herramientas, como taladros, una sierra y un cortatubos. La intervención de este material era uno de los objetivos del registro, como reflejaba el autor del juez que autorizó la entrada en la vivienda y que expresamente pedía buscar “todos aquellos efectos, instrumentos y objetos de ferretería relacionados con el delito investigado, tales como armas, precursores, sustancias explosivas…” tras constatar los investigadores que los artefactos eran de fabricación casera.

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Las pesquisas también revelaron que González Pascual ―al que se le considera un radical favorable a Rusia en la guerra de Ucrania― había adquirido, entre junio y julio pasados, a través de Amazon “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes”, todo ellos elementos potencialmente utilizables para elaborar artefactos explosivos. El acta judicial no refleja que durante el registro de la vivienda, el trastero y el coche del detenido se localizara nada de ello, aunque sí algunas sustancias que los expertos policiales deben analizar para concretar su composición.

Lo que sí localizaron los agentes fue documentación en papel, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, seis tarjetas de memoria y otros tantos pendrive (pequeños dispositivos informáticos de memoria). Los agentes analizan ahora todo ello en busca de más indicios contra González Pascual, que, cuando fue arrestado el miércoles aún aseguraba a los agentes que se habían “equivocado” al detenerle, según destaca el documento judicial. Aún no sabía la larga lista de indicios que en los últimos meses habían recabado contra él los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.

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Ares, el hombre del aparato socialista vasco

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Rodolfo Ares, fallecido este jueves, fue conocido públicamente hacia el final de su carrera política, en 2009, cuando Patxi López, elegido lehendakari, le nombró consejero de Interior del Gobierno vasco, donde le tocó afrontar los últimos coletazos de ETA en estrecho contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Era un hombre de aparato, discreto. No se recuerda, por ejemplo, que sustituyó a Fernando Buesa como portavoz socialista en el Parlamento vasco, cuando fue asesinado. Pero, desde la sombra, su historia se cruza con la del socialismo vasco desde los inicios democráticos hasta el final del terrorismo.

Su labor al frente de la Ertzaintza dejó huella en el final del terrorismo. Creó una unidad especial formada por un nutrido grupo de analistas a escala local en coordinación con las Fuerzas de Seguridad estatales, e impulsó una política de tolerancia cero y de eliminación de la impunidad del mundo etarra en los espacios públicos, acordadas con los ayuntamientos. Fueron decisiones muy eficaces en el final del terrorismo, apenas recordadas.

Para ese momento, Ares había hecho un largo recorrido en el aparato del PSE desde que ingresó en los albores de la democracia. En 1983 fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y luego parlamentario vasco. Pero fue, ante todo, un hombre de aparato, antes de que en 1997 fuera reconocido como secretario de Organización del PSE hasta 2014.

Su importancia en el aparato socialista fue evidente en el nombramiento de Nicolás Redondo Terreros como secretario general del PSE en 1997, en sustitución de Ramón Jáuregui, y fue decisivo en el relevo de Redondo por Patxi López en 2005. Ares había trabajado con ambos en el aparato. Pero como político pragmático entendió que en Euskadi se abría la etapa del final del terrorismo, y apostó por López, en sintonía con el Gobierno de Zapatero. Apoyó la apuesta política inteligente del diálogo con ETA para dividir y aislar a quienes querían continuar con el terrorismo que no contradecía el combate contra el terrorismo.

No jugó un papel sobresaliente en el proceso dialogado del fin de ETA. Pero Patxi López y Rubalcaba lo tuvieron informado y contaron con él para participar en la delegación socialista, con Jesús Eguiguren y el jurista Gómez Benítez, en la última reunión, celebrada con ETA y Batasuna en Ginebra en mayo de 2007.

Ares se sentía cómodo en el papel de hombre necesario en la sombra. Estaba detrás de todas las decisiones del PSE, de las pequeñas a las importantes. Protagonizó con López el acuerdo con el PP vasco para desbancar a Juan José Ibarretxe de la presidencia del Gobierno vasco en 2009 por empeñarse en mantener su política soberanista. Con Patxi López como lehendakari, además de dirigir desde Euskadi la lucha antiterrorista, estuvo detrás de la Vía Nanclares de reinserción; de las políticas de memoria y del reconocimiento a las víctimas, para las que organizó un congreso. Tuvo la satisfacción de participar en el fin del terrorismo en 2011 y poco después dejó la política discretamente.

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