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La paz en Cataluña llega a la calle y no tanto a la política

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La mañana del sorteo de Navidad, Junts per Catalunya publicó un vídeo que tituló con una afirmación tajante: “El procés no ha terminado”. La grabación, llena de sombrías imagenes en blanco y negro con dirigentes españoles proclamando el fin de la escapada independentista, buscaba contrarrestar la declaración del presidente Pedro Sánchez, quien, días atrás, había asegurado que Cataluña ha pasado página a una década de turbulencias y que se avecina “una nueva etapa de convivencia y concordia”. Determinar si el procés independentista ha acabado o no definitivamente sigue alimentando el debate. Pero sí coinciden empresarios, personas del mundo de la cultura y académicos consultados para este reportaje en que el clima en las calles no tiene hoy nada que ver con los picos de agitación de 2017. Los cambios en el Gobierno de la Generalitat, los indultos concedidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los condenados a prisión por el procés —una iniciativa que ha tenido su segundo capítulo en las últimas semanas con la reforma del Código Penal— y el desmoronamiento de las promesas del independentismo han impulsado el cambio de paradigma. La desinflamación ha llegado a las calles, aunque persiste en algunos recovecos de la política y de las redes sociales.

La polémica reforma del Código Penal, que incluye la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación, beneficia directamente a los condenados del procés, a los que están pendientes de juicio y a los que siguen huidos. Pedro Sánchez, que pactó esa reforma con ERC, la ha justificado argumentando que era un gesto necesario para “rescatar a Cataluña de la crispación”. Y haciéndolo, aseguró, se finiquita el procés. Ciudadanos y el PP, igual que Junts pero con distintos argumentos, desmienten la muerte del procés, mientras que ERC trata de hacer equilibrios. A la espera de lograr el apoyo del PSC para aprobar los Presupuestos catalanes de 2023, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, evita contradecir al presidente del Gobierno pero matiza que “el conflicto político pervive”. En Comú Podem y la CUP, con teorías divergentes, llevan tiempo anunciando que el procés es agua pasada.

El asunto trasciende más allá de la habitual esgrima retórica de los partidos. “El procés, tal y como lo entendimos, se terminó”, afirma Jaume Guardiola, presidente del Cercle d’Economia. Quien fue consejero delegado de Banc Sabadell razona que “Cataluña está en un momento más calmado”. “Decir que hubo fractura de la sociedad sería exagerado, pero es indiscutible que aquello provocó un estrés social”, dice. Guardiola destaca que “el pragmatismo” ha sido clave para virar el rumbo: “La identidad catalana es un tema importante que no se tiene que dejar en un cajón, pero el pragmatismo ha posibilitado ver que hay otras prioridades”. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, es categórico. “Todo el mundo sabe que el procés ha acabado. Ahora tengo la sensación que vamos por el camino adecuado, hacia la normalización”.

En el terreno político el principal cambio que ha habido los últimos meses en Cataluña es la ruptura total de los bloques que habían protagonizado la pugna pública desde 2012. Si los pactos de independentistas con no independentistas eran poco menos que un tabú, ahora la situación ha cambiado, especialmente desde la ruptura del Gobierno de coalición que formaban Esquerra Republicana y Junts per Catalunya desde mayo de 2021 y que saltó en mil pedazos en octubre. Con Esquerra gobernando ahora en solitario, los de Pere Aragonès se han visto obligados a buscar nuevos apoyos para sumarlos a sus 33 diputados, que quedan muy lejos de la mayoría absoluta del Parlament, fijada en 68 escaños. Es así como el Partit dels Socialistes de Catalunya ha quedado de facto rehabilitado como agente político con quien alcanzar acuerdos. Aunque no es fácil. La primera gran prueba de fuego son los Presupuestos de la Generalitat que republicanos y socialistas llevan negociando desde hace semanas. Si bien las dos partes consideran casi inevitable el acuerdo, las tensiones son importantes. El PSC ofrece sus 33 escaños para aprobarlos pero, más que pedir medidas presupuestarias concretas, lo que está intentando es fijar una nueva agenda política a la que ERC intenta resistirse. Los socialistas piden, por ejemplo, que la Generalitat deje de oponerse a la ampliación del aeropuerto de El Prat que impulsa AENA y que el Govern frenó por su elevado impacto ambiental. A sabiendas de que la presión irá in crescendo, Aragonès no se opone ya frontalmente a la ampliación, sino que centra su discurso en que debe hacerse de forma pactada con las instituciones catalanas y de acuerdo con las necesidades reales de Cataluña.

El PSC busca ahora convertirse en el partido de la centralidad catalana, con un programa con señas de identidad claras como la defensa de los servicios públicos, pero también con medidas que bien podría haber defendido la Convergència que gobernó la Generalitat con mano de hierro durante 23 años. El caso más concreto es el del complejo de ocio y juego que está previsto junto a Port Aventura (Tarragona), que los ecologistas denostan pero que tanto el PSC como la actual Junts defienden como una oportunidad económica para una provincia carente de nuevos proyectos.

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Con ERC y el PSC pugnando por la nueva centralidad catalana, Junts se ha quedado fuera de juego y con graves problemas internos, comenzando por los de su presidenta, Laura Borràs, que el mes que viene afronta un juicio por corrupción que amenaza con apartarla de la política. La nueva baza de Junts para resurgir es, paradójicamente, un viejo conocido de la Convergència tradicional, Xavier Trias, a quien han ungido candidato a la alcaldía de Barcelona apelando a los valores convergentes más tradicionales y en muchos casos alejados de Junts.

La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el CIS catalán, mostraba que el apoyo de los catalanes a la independencia está en el 42%, mientras un 50% la rechaza. El apoyo a la secesión ha caído siete puntos desde otoño de 2017, y lo que probablemente defina mejor el clima político de las calles catalanes es que ahora solo un 11% de los catalanes apoyan la separación unilateral por la que en su día apostó la Generalitat. Una ojeada a las preocupaciones de los catalanes también es reveladora sobre la actual situación. La cuestión territorial es citada como principal problema de Cataluña solo por el 10% de los encuestados, muy por detrás del funcionamiento de la economía o la insatisfacción con la política, con un 18% cada una.

”Que Pedro Sánchez anuncie el fin del procés no tiene nada de nuevo, yo lo dije antes que él”, presume la escritora y actriz Juana Dolores. Revela que el cambio de situación trae cosas buenas, “durante un tiempo, plantear posicionamientos críticos con el procés implicaba que te llamaran facha”. La socióloga Marina Subirats pone de relieve que “el procés se construyó sobre una ilusión, era una construcción de palabras y de símbolos, y si tratabas de imponer un poco de racionalidad en ese relato te convertías en un traidor”.

Juana Dolores observa que quedan temas pendientes. “Creo que persiste la necesidad de que Cataluña pueda votar en un referéndum, pero a la gente le da igual la independencia, lo que no da igual es que los ricos sean más ricos mientras mucha gente tiene dificultades para pagar luz, el alquiler y llegar a fin de mes”.

La Cámara de Comercio de España elabora unos informes periódicos donde analiza la evolución económica de Cataluña en comparación con otras regiones. “En diciembre de 2022, el 49% de los indicadores medidos en tasa interanual ha evolucionado peor en Cataluña que en el conjunto de España”, subraya el último dictamen. “Cataluña no colapsó con el procés porque tiene un potencial grande, pero ha perdido peso. Y eso es malo para la propia Cataluña y también para España, que no se puede permitir tener averiado uno de sus motores”, manifiesta José Luis Bonet. El empresario estuvo al frente de Freixenet hasta 2019 y vivió de primera mano las ofensivas para boicotear el cava. “Los sufrimos todos. Unos llamaban al boicot del cava catalán y otros querían boicotearnos porque decían que éramos unos traidores a Cataluña”, recuerda. Aquella gresca ha quedado atrás, dice, y apunta que “los boicots tuvieron su efecto, pero por suerte no fue determinante”.

Maria Eugènia Gay, delegada del Gobierno en Cataluña, ejercía en febrero de 2018 como decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Gay tuvo un enganchón público con Roger Torrent, entonces presidente del Parlament y actual consejero de Empresa, cuando en un acto donde estaban el presidente del TSJC y el fiscal superior de Cataluña, Torrent denunció la existencia “de presos políticos acusados de delitos inexistentes”. Ahora, desde un cargo político institucional, Gay afirma que la situación en Cataluña “está normalizada”. Señala que hay más tranquilidad. “Se ha rebajado la tensión, que era algo que necesitábamos todos como sociedad. La preocupación ha dado paso a la confianza, a la estabilidad”.

Josep Carles Rius es el presidente del Consejo de la Información de Cataluña, un órgano que vela por el mantenimiento de la ética periodística en los medios. Opina que en los días más excitados del conflicto catalán, “la lucha entre propaganda y periodismo fue muy desigual”. Cuenta que “muchos medios de comunicación” pecaron de “falta de espíritu crítico”. Subraya el papel que jugó TV3: “Durante el procés fue el principal vínculo entre las diferentes caras del independentismo. El gran instrumento de cohesión”. De ahí, dice, el interés por controlar la cadena pública: “Los partidos pactan los cargos (de gestión e informativos) de forma minuciosa porque deben administrar mucho más que un medio de comunicación. Gestionan un sentimiento y, a la vez, asumen la inmensa responsabilidad de alimentar cada día un movimiento político”. El verano pasado se activó el cambio en la dirección de TV3 y Sigfrid Gras relevó a Vicent Sanchis. En una reciente entrevista a EL PAÍS, Gras puso de relieve que entre sus prioridades está reducir los contenidos políticos de la cadena pública. “Hay menos interés en la política del que había hace unos años. La tensión política se ha rebajado”, afirma.

José Luis Bonet pone de manifiesto que la clase empresarial ha retocado su brújula. “Aquella parte de la burguesía que se había despistado ha vuelto a centrarse. Lo que pareció un objetivo prioritario ha quedado atrás”. Y lanza una hipótesis: “Hemos pasado una pandemia y ha servido para que mucha gente se haya preguntado qué hubiera pasado si el virus hubiera llegado a una Cataluña fuera de la Unión Europea”. Jaume Guardiola opina que contingencias como la guerra de Ucrania y los efectos de la escalada del precio de la energía o la carrera tecnológica han servido, junto con el paso del tiempo, para alejar la mirada del eje nacional. “Incluso los políticos actúan de manera más conciliadora, pese a que algunos traten de no hacerlo muy visible por miedo a que se les acuse de tibios”. El presidente del Cercle advierte que quedan lagunas pendientes. “Hace falta romper los bloques y generar grandes consensos”. También en ese sentido se desbloquean alianzas que, hasta hace poco, parecían vetadas. Esquerra Republicana, enfrentada a Junts per Catalunya y alejada de la CUP, aceptó en diciembre desbrozar el camino para que Barcelona en Comú y el PSC aprueben los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona.

Las entidades soberanistas tratan de sacar la cabeza en medio de la marejada que causa el cambio de ciclo. Òmnium per Catalunya y la Assemblea Nacional Catalana chocan reiteradamente. La primera alerta que el independentismo sufre una “tendencia autodestructiva”, mientras que la ANC sostiene que el procés no está finiquitado y que “aún se está a tiempo” para declarar la independencia en 2023. Por su parte, Societat Civil Catalana, entidad que aboga por la unidad de España, considera un error la “estrategia de apaciguamiento” del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia el independentismo y lamenta que no se haya “aprovechado la oportunidad para cerrar un acuerdo entre los grandes partidos de gobierno y las fuerzas de centro liberal”.

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España

Muere una conocida militante del PP de Zaragoza y toda su familia en un choque frontal con el hermano del diseñador Mariscal, también fallecido

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En el accidente ha perdido la vida Inés Bellido, directora en la Cámara de Comercio, embarazada de cinco meses, y su marido y su hijo, además de Santi Errando Mariscal

Accidente ha ocurrido en la N-234. la noche del viernes

Un total de cuatro personas han fallecido esta noche al colisionar dos vehículos cuando circulaban por la carretera N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, en la Comarca de Comunidad de Calatayud, han informado la DPZ y la Guardia Civil.

POLITICA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD
DPZ.
Accidente ha ocurrido en la N-234. la noche del viernes

Un total de cuatro personas han fallecido esta noche al colisionar dos vehículos cuando circulaban por la carretera N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, en la Comarca de Comunidad de Calatayud, han informado la DPZ y la Guardia Civil.

POLITICA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD
DPZ.DPZ. (Europa Press)

Fue un choque frontal en la noche del viernes, en el kilómetro 267 de la N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, muy cerca de Calatayud. Presuntamente el vehículo que conducía solo Santi Errando Marisca, hermano del diseñador valenciano, invadió el carril contrario por el que venía Inés Bellido, la directora de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Zaragoza, embarazada de cinco meses, junto a su marido, el profesor Tomás Aróstegui, del colegio Montearagón en la capital aragonesa, y el hijo de ambos, Enrique, que iba a cumplir tres años en marzo. Todos fallecieron tras el siniestro, que provocó que ambos coches ardieran. A medida que se han ido conociendo las identidades de los fallecidos la consternación se ha extendido por todo Aragón.

Según explicó el alcalde del municipio de Cervera de la Cañada, Pascual Royo, en la prensa local, Santi Errando Mariscal llevaba apenas dos años afincado en el pueblo, al que llegó desde Madrid, aunque era natural de Valencia. Cervera se encuentra a 6,5 kilómetros de Torralba, donde se produjo el accidente.

Los servicios de emergencia que acudieron hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar sus vidas, después del brutal choque, que ocurrió hacia las 21.15 horas. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han abierto ya diligencias para aclarar las causas del siniestro y los bomberos también tuvieron que acudir para sofocar las llamas.

Las muestras de dolor en el PP aragonés se han multiplicado a lo largo de este sábado. Y también de otros partidos, sobre todo en los grupos municipales del ayuntamiento zaragozano, como la socialista Lola Ranera o Carmen Herrarte, concejal de Ciudadanos. El presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE) se ha unido a la avalancha de condolencias en las redes sociales: “Qué terrible tragedia el accidente de tráfico de Torralba de Ribota. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Les envío una palabra de ánimo, junto con un fuerte abrazo. Que la tierra les sea leve a las víctimas”.

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España

El Gobierno modificará la ‘ley del solo sí es sí’ para “resolver a futuro los problemas detectados”

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Casi tres meses después de que empezara el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales, el Gobierno se ha decidido finalmente a cambiar la ley del solo sí es sí, aunque aún no sabe cómo lo hará. El Ejecutivo es consciente de que no puede parar este proceso, porque los condenados pueden acogerse a la versión de ley actual ya en vigor por mucho que se modifique, pero ha decidido hacer cambios para “resolver a futuro los problemas detectados”, según una nota oficial de La Moncloa. Esto es, para los juicios que se hagan con la nueva ley, no para las revisiones de las condenas con normas anteriores.

No se sabe aún cómo lo hará, y no parece sencillo, pero lo que hay es una decisión política del presidente, Pedro Sánchez, de hacer algo para frenar la sangría de imagen para el Gobierno progresista en un asunto muy sensible que está suponiendo este problema, que se ha convertido en el centro de las críticas de la oposición.

Sánchez ha forzado así a Irene Montero, que se ha resistido durante semanas a este cambio con la idea de que no encontraban una solución viable. La ministra de Igualdad ha rechazado públicamente esta posibilidad en varias ocasiones hasta que La Moncloa lo ha confirmado oficialmente. De hecho, después de la nota de La Moncloa, fuentes de Podemos, el partido de Montero, admiten que se está trabajando en una solución pero se han encargado de destacar que “a día de hoy aún no hay acuerdo sobre una solución válida” y añaden que “el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del Código Penal”, informa Paula Chouza. El mensaje parece evidente: Sánchez y su equipo han decidido hacer algo ya —como adelantó este sábado La Vanguardia— y Montero ha aceptado la instrucción del presidente, pero aún no ve cómo aplicarla, mostrando así sus reticencias.

El Gobierno sabía que necesitaba hacer algo frente al goteo de rebajas de penas y excarcelaciones que está provocando desde el pasado noviembre la aplicación de la ley del solo sí es sí. Aunque la postura pública y unitaria de los socios de coalición ha sido una defensa cerrada de la norma —”la ley es sólida”, repiten los dos sectores del Ejecutivo—, la nota oficial de La Moncloa señala que “desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados”.

El Ejecutivo sabe, en todo caso, que las grietas en la parte penal del texto no pueden ser ya taponadas: una vez que la ley entra en vigor no se puede hacer nada, las rebajas y las excarcelaciones no se pueden frenar. El motivo es el principio básico que impide aplicar de forma retroactiva una ley que perjudique al reo. Y por tanto, aunque ahora se modifiquen al alza las penas, ese cambio solo afectará a quienes cometan delitos después de que la nueva reforma haya entrado en vigor. El pasado viernes la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya incidió en ello.

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Tanto Llop la semana pasada, como en otros momentos la ministra de Igualdad y ahora fuentes gubernamentales, reconocen los “efectos indeseados” que ha tenido la ley. “Conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema. Abordar con responsabilidad esta situación requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico”. Aseguran que la modificación será acordada entre los socios de gobierno, “con plena sintonía” y que el texto que se está redactando para la modificación estará listo “pronto”.

La nota oficial de La Moncloa se esfuerza por evitar la imagen de un conflicto entre socios y deja en todo momento la gestión en manos de Igualdad. Pero las tensiones de las últimas semanas son inocultables y la resistencia de Montero frente al deseo del sector socialista de hacer algo era muy evidente. “Somos conscientes de esta situación y queremos contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento”, añade la nota. El cómo aún no está definido. No pueden “concretar” la forma en la que se procederá; si será tocando la parte penal de la ley —elevando las penas, por ejemplo— o si será haciendo ajustes en el resto de la normativa.

Una fórmula que significaría eliminar por completo el espíritu de la ley, que nació precisamente del clamor social por el caso de La Manada para que la justicia no dirimiese la diferencia entre abuso y agresión según la violencia e intimidación que los agresores hubiesen usado para cometer el delito, es decir, según la resistencia de las mujeres agredidas.

En año electoral, la norma más importante para la protección de las mujeres de los últimos 20 años, tras la ley de 2004, de violencia de género, se ha vuelto en contra del propio Ejecutivo por el colador en el que se ha convertido la parte penal de ese texto. Aunque el Gobierno sabe que ese problema estructural no puede ser reparado a estas alturas, sí quiere intentar acotar las consecuencias en el futuro.

Ya este viernes, Montero, reticente desde el primer momento a tocar la ley porque achaca lo que está ocurriendo a una incorrecta aplicación y no a ninguna laguna del texto, aludía a que se estaba trabajando en perfeccionarla, confirman fuentes gubernamentales.

En rueda de prensa tras la segunda reunión del comité de crisis por los asesinatos machistas que se han producido en lo que va de enero, Montero fue preguntada por las declaraciones de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, y la candidata a la alcaldía madrileña Rita Maestre, de Más Madrid, que han hablado en los últimos días sobre la necesidad de un cambio en la ley. La ministra mantuvo la postura: “No vamos a hacer ninguna valoración sobre esas declaraciones, la ley del solo sí es sólida y de carácter integral, y permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio Parlamento europeo, ofrecer la protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir”.

Pero matizó que estaban “trabajando” para una “correcta aplicación” de la norma: “Lógicamente, compartimos la preocupación que tiene también la sociedad española por esas decisiones judiciales de rebajas de penas que no se corresponden ni con el decreto de Fiscalía [el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, instó a los fiscales a oponerse “por norma general” a las rebajas de penas cuando el castigo impuesto con la anterior ley estuviera dentro de los previstos para ese delito en la nueva norma] ni con la propia ley del solo sí es sí y del espíritu y la voluntad del legislador, y por supuesto, precisamente porque estamos preocupadas, estamos también ocupadas en hacer todo lo que está en nuestra mano y todo lo que sea necesario. Llevamos meses haciendo todo lo que es necesario para garantizar la correcta aplicación de la ley del solo sí es sí y así seguirá siendo”, apuntó.

La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la llamada ley del solo sí es sí, entró en vigor el pasado 7 de octubre. El objetivo, que el foco para juzgar la violencia sexual dejara de estar en la resistencia que hubiesen puesto las víctimas y ponerlo en el consentimiento de las mujeres, libre y expresado claramente.

Para eso, el abuso desapareció y todo se unificó en agresión. Se amplió la horquilla de penas, para recoger en un solo tipo (agresión) todas las posibilidades y castigar de lo más leve a lo más grave. Al rehacer los tramos, se rebajaron algunos de los mínimos ―por ejemplo, en la agresión sexual con penetración, pasó de los seis a los cuatro años—, y algunas de las máximas ―como la agresión sexual sin ningún agravante, que pasó de cinco a cuatro años―. Esos cambios en el Código Penal conllevaron una obligación para con los agresores ya condenados establecida en la Constitución y en el propio Código Penal: aceptar las revisiones de condena que soliciten aquellos reos que se puedan ver beneficiados con la nueva ley.

El “trabajo” que Montero afirma que llevan meses haciendo comenzó a mediados de noviembre, cuando empezaron las primeras rebajas de penas y las primeras excarcelaciones tras las revisiones de condenas. Entonces, la primera reacción del Gobierno fue amagar con cambiar la norma por “los efectos indeseados”; pero Igualdad se cerró en banda y achacó las rebajas a una lectura incorrecta, incompleta y machista de la ley. El Ejecutivo decidió esperar a que el Tribunal Supremo unificara criterio, esperando que lo hiciera en el mismo sentido que la Fiscalía. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha respaldado las rebajas ya en media docena de ocasiones. Las excarcelaciones alcanzan ya la veintena y son casi 300 las reducciones de condena.

Portavoces de todos los ministerios implicados —Igualdad, Justicia e Interior— y de cualquier otra instancia gubernamental han repetido que estas consecuencias de la entrada en vigor de la ley “no eran la voluntad del legislador”. Pero esas implicaciones han provocado sorpresa y alarma social, ataques en el Parlamento por parte de la oposición —Carla Toscano, de Vox, llegó a llamar a Montero “libertadora de violadores” en el hemiciclo— y tensión entre los socios de coalición, sobre todo entre Igualdad y la parte socialista del Ejecutivo, que además arrastraban ya la batalla interna que ha provocado la llamada ley trans.

A pesar de esa tirantez dentro de la coalición, durante los dos últimos meses se ha mantenido una defensa de la ley en bloque por parte de ambos socios. Una unidad necesaria para un Gobierno que se enfrenta este año a elecciones locales, autonómicas y poco después a las generales.

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Ciudadanos baraja presentar listas conjuntas con otros partidos en algunos Ayuntamientos: “Se pueden debatir distintas estrategias”

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La portavoz en el Congreso de CS, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante la asamblea general de Ciudadanos el 14 de enero. De fondo, miembros de la nueva ejecutiva.
La portavoz en el Congreso de CS, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante la asamblea general de Ciudadanos el 14 de enero. De fondo, miembros de la nueva ejecutiva.Jesús Hellín (Europa Press)

A la asamblea general de Ciudadanos, celebrada hace dos semanas, asistió el dirigente popular Pedro Rollán como invitado. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP siguió en primera fila el discurso de Patricia Guasp como nueva portavoz política de Cs. Rollán se mantuvo impasible, sin moverse de la silla, mientras todos aplaudían y jaleaban los ataques de Guasp hacia Alberto Núñez Feijóo. “Nuestros principios ni se venden ni se compran”, sentenció la líder de Ciudadanos desde el escenario, en referencia al presidente del PP. Tras el discurso, Rollán salió escopeteado. Pero, a punto de abandonar el cónclave, Begoña Villacís lo agarró del brazo. “Son cosas que hay que decir”, musitó cariñosamente la vicealcaldesa de Madrid a Rollán sobre las palabras de Guasp, para que el dirigente popular no se marchase enfadado. De fondo, su predisposición a integrarse como “corriente interna” dentro del PP.

Villacís había formado parte de la candidatura de Patricia Guasp y Adrián Vázquez a las primarias de Ciudadanos en el penúltimo puesto de su lista. En el último lugar estaba Inés Arrimadas. Por lo que ninguna de las dos dirigentes de mayor proyección mediática de Ciudadanos forma ahora parte del núcleo duro de la toma de decisiones de la dirección nacional. Pero el rumbo que adoptase la vicealcaldesa de Madrid era clave para el propio camino de Cs, abocado a la desintegración pese a la refundación del partido. Un proceso de renovación que pretendía sacar del pozo a Ciudadanos.

Como así hicieron durante la asamblea, los vencedores de las primarias, Guasp y Vázquez, han repetido hasta la saciedad que su intención es no ser “subalternos” de nadie. Pero los planes de Villacís no están tan claros. La vicealcaldesa de Cs no solo había trasladado a concejales de su Ayuntamiento su intención de integrarse como una “corriente interna” dentro del PP, sino que, además, había sondeado a otros miembros del partido sobre esa misma solución recientemente, después de la celebración de la asamblea. Pese a que ganó la candidatura que ella apoyaba y pese a haber reiterado en público que no se marcharía al Partido Popular, ya contaba con la oferta en firme de Génova.

La intención de Villacís era dotar de libertad a los cargos de la formación para que se integrasen en las listas del PP a cambio de no presentar candidaturas en determinados municipios, como Madrid. En la mañana de este viernes, horas antes de que EL PAÍS adelantase esa información, hubo una reunión en la sede del partido. En el edificio de la calle de Alcalá de Madrid se congregaron, entre otros, Adrián Vázquez —secretario general— y Mariano Fuentes —vicesecretario de Cs y concejal en el Ayuntamiento madrileño, del ala de Villacís— para abordar asuntos orgánicos del partido. Fuentes de la dirección confirman que la ejecutiva ha debatido desde presentar “listas en todos los sitios” hasta plantear “listas conjuntas”. “Hemos hablado de distintas posibilidades. Todas ellas desde listas en todos los sitios a listas conjuntas, etcétera. Pero como comentario y nunca como decisión”, explica un miembro de la ejecutiva.

La nueva cúpula ha repetido constantemente, desde que llegaron al poder, que defendería la marca propia. Y los nuevos estatutos, ratificados en la asamblea hace dos semanas, mencionan expresamente que no se harán pactos “preelectorales”, sino solo con posterioridad, en coalición para gobernar y sin socios preferentes.

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Lo que no esperaba el resto de miembros de la dirección es que Villacís convulsionara su planificación tan pronto. “Han pasado solo dos semanas desde la asamblea, no se puede dar esa imagen”, afirman otras fuentes de la ejecutiva, al tiempo que revelan que sobre la mesa está la posibilidad de explorar listas conjuntas, no solo con el PP sino también con el PSOE, en aquellos municipios donde se haya gobernado en coalición y el acuerdo haya funcionado. Siempre atendiendo a las características de cada lugar y a las opciones, conscientes del peligro que corre Ciudadanos de desaparecer. En la cúpula cayó como un jarro de agua fría la noticia sobre Villacís, cuando se intentaba centrar el foco mediático en los nuevos liderazgos y en los frutos de la refundación. Muchos eran ya conscientes de las intenciones de la vicealcaldesa de Madrid.

En cualquier caso, la ejecutiva no quiso dar su versión oficial hasta que Villacís hiciera una declaración formal y en público tras la información publicada en EL PAÍS sobre las 15.45 de este viernes. Una contestación que la propia dirección esperaba se hiciese lo antes posible. Sobre las 19.00 llegó la respuesta. La vicealcaldesa colgó en su perfil de Instagram un vídeo de dos minutos y medio. “En este momento del partido lo más inteligente sería ejercer como partido liberal y darle libertad a los municipios para que ellos decidan cuál es la manera más inteligente para concurrir”, afirma Villacís en la grabación sin referirse expresamente al PP. Además, subraya que en Cs están “preocupados” por “salvar el centro político” y que para ello existen “muchas formas de hacerlo”. Sin embargo, ni durante la celebración de la asamblea ni durante todo el proceso previo de primarias estas opciones se pusieron sobre la mesa. Lo que ha provocado el rechazo de muchos militantes en las redes sociales.

La censura también llegó desde el bando contrario —y perdedor—, de las primarias: el de Edmundo Bal. El portavoz parlamentario en el Congreso, al que la nueva ejecutiva ha restado protagonismo y margen de maniobra, manifestó abiertamente su rechazo a la estrategia propuesta por Villacís. “Una refundación con tantas horas de trabajo de técnicos, militantes y cargos, un proceso de primarias para debatir sobre el proyecto y tantos kilómetros visitando agrupaciones… No vinimos a Ciudadanos para esto. Que tengas mucha suerte, Begoña Villacís”, espetó Bal a través de Twitter. Unas críticas a las que se sumaron en tromba y desde la misma red social otros diputados, como María del Carmen Martínez, Juan Ignacio López-Bas y Miguel Gutiérrez. Porque el grupo parlamentario está además —y por su parte—, rebotado con la nueva dirección por haber restado presencia a Bal y haber impuesto a Guillermo Díaz como supervisor.

Ya en la noche, pasadas las 21.00, llegó la versión oficial de la dirección. Fuentes de la ejecutiva admiten que, una vez finalizada la refundación, la decisión es la siguiente: “Defender la autonomía del espacio liberal. Ello no quiere decir que la Ejecutiva y los distintos órganos del partido puedan debatir distintas estrategias, en especial con nuestros representantes en los territorios. Pero en ningún caso integrando nuestro proyecto bajo siglas del bipartidismo, cuyos planes para España son absolutamente diferentes a los nuestros. Begoña Villacís es un activo esencial de Cs para mayo y será nuestra candidata en Madrid”.

En el mes de febrero el partido celebrará primarias para designar a los candidatos en las 12 comunidades autónomas en las que hay elecciones en mayo y en determinadas ciudades según el número de afiliados, como es el caso de Madrid. Está por ver si Villacís es la cabeza de lista de la capital y, sobre todo, bajo qué fórmula. Y no solo ella. Queda en el aire cómo se procederá en el resto de municipios.

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