España
La derrota sin fin de la sanguinaria Anboto, icono del declive de ETA

Tras las rejas de la cárcel alavesa de Zaballa envejece la sanguinaria María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, histórica dirigente de ETA; pistolera de los cruentos comandos Madrid y Araba; y un rostro prácticamente desconocido durante años para los agentes de la lucha antiterrorista, que solo lograron hacerse con una borrosa foto de ella durante sus más de dos décadas de asesinatos y atentados, que acabaron con su arresto en Francia en 2004. Esta mujer de 61 años, que puso también voz en 2018 al comunicado de disolución de la banda, contempla ahora desde su celda cómo suma penas en los tribunales españoles (nueve condenas a casi 794 años de prisión en los últimos 30 meses) mientras la Guardia Civil y la Policía elaboran informes sobre su ascenso hasta la cúpula de la organización criminal, base de varias investigaciones reabiertas en la Audiencia Nacional.
La historia de Anboto, inmersa desde niña en el radical mundo etarra, se ha convertido en el fiel reflejo del lento declive de la banda que puso en jaque a la democracia. “No es una terrorista al uso. Su recorrido dentro de ETA le da verdadera relevancia”, destaca un alto mando de la Guardia Civil, que añade que ella es “un icono en el imaginario terrorista”. Pero para los agentes que, como él, trabajan en el edificio de seis plantas que sirve de sede al Servicio de Información del instituto armado, la sexagenaria no es un simple personaje del pasado. Está todavía muy presente.
En la Operación Damocles, que intenta esclarecer los atentados sin resolver, su nombre aparece de manera recurrente en los informes remitidos a la Audiencia. “Hemos elaborado una veintena que recogen su supuesta participación en hechos delictivos. Como autora directa, por dar instrucciones a los comandos, o como integrante de la zuba [la cúpula etarra]”, detalla el alto mando. Según los datos recopilados por EL PAÍS, algunos de esos informes han servido para poner el foco sobre ella como exdirigente de ETA en cuatro sumarios. Entre ellos, en la causa por el asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, el edil del PP de Ermua (Bizkaia).
Etarra de cuna. El efecto dominó que la conduce a prisión comienza en la mañana del domingo 29 de marzo de 1981, en el céntrico parque La Florida, en Vitoria. Son las 11.35 cuando la policía da el alto a los sospechosos de integrar un comando. Pero los terroristas responden con disparos —entre ellos, José Aristimuño, Pana, novio de la entonces joven de 19 años—, provocando un tiroteo en el que Pana cae muerto y uno de sus compañeros acaba detenido. La declaración del arrestado llevará a los agentes hasta un caserío de los montes guipuzcoanos, El Ángel de la Guarda, la casa familiar de Anboto. Justo ahí, cambia todo para ella.
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Los investigadores descubrieron que esa construcción rural escondía todo un arsenal y averiguaron que, en un lustro, los Iparraguirre habían ocultado en su domicilio a una veintena de etarras con los que convivieron y “celebraron con champán y pasteles” sus atentados, según informó entonces el Mando de la lucha antiterrorista. La joven, entonces estudiante de Magisterio, es así detenida por primera vez —junto a sus tres hermanos y su madre (su padre logró escapar a Francia)—.
Tras quedar libre, ella sigue los pasos de su progenitor y cruza la frontera. Allí se suma a las filas de ETA (con la que ya colaboraba) y se integra en los taldes (grupos) de reserva de la organización e inicia la escalada a la cúpula.
—Entré en ETA porque no tenía otra solución. […] O te mataba el GAL o te cogía la Policía” — ha llegado a justificar en uno de sus juicios.
Nacida en Eskoriatza (Gipuzkoa), Iparraguirre había mamado la militancia desde pequeña. Su padre, Santiago Iparraguirre, fue homenajeado por la izquierda abertzale radical al morir a principios del pasado año: “Ciudadano y hacedor de país, euskaldun y patriota. Ha sido un honor compartir gran parte del viaje contigo”, le dedicó Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu.

Sangre y dolor. Desde su entrada en los taldes y hasta su detención en 2004, su actividad fue incesante. La entonces veinteañera formó inicialmente parte del comando Araba, con el que cometió numerosos atentados hasta que, en 1985, tras sospechar que podía ser detenida, retornó a Francia. Lo habitual era que los miembros de los grupos que escapaban se integrasen en otros aparatos de la banda en la retaguardia. Muy pocos volvían a entrar en España a actuar. Sin embargo, Iparraguirre lo hizo. Y no solo una, sino dos veces: una de ellas para formar parte del comando Madrid. “Si no cayó entonces fue porque la fortuna siempre estuvo de su parte”, destaca un guardia civil.
Entre los crímenes de su etapa como pistolera —cuentas pendientes que no se han comenzado a saldar hasta que Francia la entregara hace tres años a España para ser juzgada aquí— están los asesinatos de dos policías en Vitoria en agosto de 1987, durante las fiestas de la Virgen Blanca, por los que ha sido condenada a 70 años de prisión. También la muerte a tiros en 1985 de un cartero de 63 años y padre de siete hijos, Estanislao Galíndez, al que ETA consideraba un “confidente” policial, y por la que le han impuesto 39 años de pena.
Alias mitológico. Ese reguero de dolor le valió para dar el salto a la cúpula. Un ascenso que antes solo había logrado otra mujer: Dolores González Catarain, Yoyes, luego asesinada por la propia ETA por reinsertarse. En 1993, según los expertos de la lucha antiterrorista, Iparraguirre ya se encargaba de labores de control y coordinación de los comandos legales (formados por etarras no fichados) dentro del aparato militar, como lugarteniente de Kepa Pikabea, Larrún, cuyas funciones asumirá después de que este sea detenido en 1994.
Es a partir de entonces cuando se bautiza como Anboto. Tomó el alias de un monte situado entre Bizkaia y Araba, morada principal de Mari, la gran diosa de la mitología vasca. En esa época, buena parte de los etarras detenidos la mencionaban como la mujer que los adiestraba y señalaba los objetivos, a la vez que les facilitaba dinero y armas.

“Su actividad como responsable de los comandos legales se extendió hasta finales de 1998″, cuando le sustituye Javier García Gaztelu, Txapote, detalla un informe del pasado 18 de noviembre de la Guardia Civil. La dirigente de ETA pasa entonces a otra tarea clave: dirigir las estructuras que controlaban todo el dinero de la extorsión —el llamado “impuesto revolucionario”— y la contabilidad de la organización.
La indiscriminada estrategia que impuso para recaudar fondos para la organización queda reflejada en los escritos del área que ella encabezaba, como evidencia un documento intervenido en las pesquisas derivadas de su arresto. Los investigadores hallaron una carta rubricada por Gezi, denominación atribuida al aparato financiero de ETA, donde se pedía a otros miembros de la banda información personal de posibles objetivos, “personas pudientes de Euskal Herria como abogados, notarios, médicos, dentistas o que tengan algo similar como medio de vida”. Así arrancaba esa misiva, según un informe de la Guardia Civil: “Hoy venimos con una nueva petición con intención de emprender con ganas nuestro trabajo”.
De esta época es la única foto “operativa” que se pudo tomar de ella en los 25 años que pasó en la clandestinidad. Fue en Lourdes, en 1999. Guardias civiles apostados en un hotel la retrataron mientras caminaba por la calle junto a otro destacado miembro de la organización, José Javier Arizkuren, Kantauri, con el que había coincidido en dos comandos y con el que supuestamente mantuvo una relación sentimental. “Venían de reunirse con otro integrante de la banda, pero cuando quisimos seguirlos, no pudimos. Tampoco logramos localizar el vehículo en el que se fueron”, rememora un agente que participó en el operativo. Durante años, aquella imagen se convirtió en un preciado tesoro para los agentes, al ser la foto más actual que se tenía de ella.

Para entonces, Iparraguirre ya era pareja del considerado jefe político de ETA, Mikel Albizu, Antza. “Representan dos trayectorias dispares dentro de la banda. De él no consta que cometiera atentados. Ella acumula muchos muertos. Sin embargo, ambos eran dos duros [partidarios de los atentados] dentro de la organización”, destaca un responsable policial. “Ella era el alter ego de Antza”, resume otro mando. La pareja había tenido un hijo en 1997 —hay dudas de si dio a luz con nombre supuesto en un hospital de Burdeos o en Cuba, donde los expertos policiales creen que residió un tiempo—, con el que vivían en la apartada localidad de Salies-de-Béarn (a mitad de camino entre Bayona y Pau). Allí aparentaban llevar una vida normal, en la que acompañaban al niño al colegio o al médico.
Vida familiar clandestina. Su casa en Salies fue un escondite perfecto que, pese a que llegó a estar vigilada por la policía esporádicamente, les mantuvo a salvo hasta 2004. Entonces, una operación contra el aparato logístico de la banda, desembocó en su detención casi casual. “No sabíamos que ellos ocupaban esa casa”, recuerda un guardia civil que participó en el despliegue, bautizado como Operación Santuario. Allí estaban Anboto y Antza. También su hijo, que tenía siete años. Y, repartidos en diversos escondrijos, pendrives con información de las finanzas de ETA y los contactos con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como documentos sobre la corrupción en la propia organización terrorista y la estrategia a seguir contra los denominados austelak (podridos, en euskera) para que devolvieran el dinero.
“Con Santuario cayeron los últimos líderes carismáticos y los únicos lo suficientemente preparados para dirigirla. […] Fue un golpe moral único, que hizo mella en los terroristas”, dice en su libro Historia de un desafío el coronel Manuel Sánchez Corbí. Pero el arresto de Anboto y su posterior condena en Francia a 20 años de cárcel no supusieron el fin de su poder. Según fuentes policiales, pasó a ser una voz influyente en el colectivo de presos (EPPK, por sus siglas en euskera).
La rendición. Sin embargo, la caída de ETA era ya imparable, como demostró el anuncio del fin de los atentados en 2011, y el de la disolución en 2018. Precisamente, ella y otro jefe histórico, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, pusieron voz a este comunicado. Anboto lo grabó desde prisión. Un año después, Francia la entregaba a España para ser juzgada por una docena de causas pendientes.
En la Audiencia Nacional, Iparraguirre ha intentado quitarse responsabilidad. Se presentó primero como víctima de “una justicia vengativa” y ha llegado a negar que ella fuera Anboto, con el objetivo de tirar abajo las acusaciones sustentadas en documentos internos de la banda y testimonios de terroristas que identificaban así a quien daba instrucciones a los comandos. Pero el Tribunal Supremo lo dejó claro: ese era su alias, concluyó en un fallo de febrero de 2021, que ha precipitado posteriores condenas. Además, en septiembre de ese mismo 2021, saltó la sorpresa al reconocer por primera vez un delito y aceptar la condena tras un pacto con el ministerio público: 15 años por ordenar el atentado contra Juan Carlos I en 1997, con motivo de la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao.
“Da la sensación de que ha tirado la toalla”, resalta un mando de la Guardia Civil. “Ese reconocimiento es el triunfo del Estado de Derecho. Es muy significativo, porque es la primera vez que un dirigente de ETA se somete a la justicia”, recalca un fiscal de la Audiencia Nacional. Otra derrota de la jefa terrorista que acompañó a ETA en su declive.
Nueve condenas de cárcel en España y una absolución
Desde su entrega por Francia en 2019, los tribunales españoles han celebrado hasta ahora diez juicios contra Anboto, que acumula nueve condenas de cárcel (con penas que suman 793 años y 8 meses de prisión) y una absolución.
Asesinato de Luciano Cortizo. La Audiencia Nacional la castigó a 122 años de prisión por ordenar y facilitar los explosivos para el atentado en 1995 contra Luciano Cortizo, comandante del Ejército. Esta sentencia, confirmada después por el Supremo, resultó clave: fue la primera dictada en España que la condenaba a cárcel y en la que se estableció que usaba el alias de Anboto.
Atentado en Mendizorroza. En el último fallo emitido contra Iparraguirre, fechado el pasado octubre, la Audiencia la castigó con 425 años de prisión por la colocación de un coche bomba en 1985 cerca del estadio de Mendizorroza, en Vitoria, donde el equipo de fútbol del Alavés iba a jugar un partido contra el Lleida. El vehículo no llegó a explotar, ya que los investigadores lo localizaron antes de que se cometiera el crimen y los Tedax lo desactivaron. El tribunal la absolvió en marzo de 2021 por este atentado, pero el Supremo obligó a repetir el juicio porque se “omitió erróneamente” una prueba clave.
Tiroteo contra unas oficinas del DNI. La etarra acumula otra pena de 50 años por el tiroteo, en 1995, contra los policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao. Un agente resultó muerto y otro quedó tetrapléjico.
Ataque en unas fiestas. La justicia le impuso 70 años y 8 meses de cárcel por el asesinato de dos policías en Vitoria en agosto de 1987, durante las fiestas patronales de la Virgen Blanca.
Bomba en un banco. Tiene otra pena de 11 años de cárcel por la colocación de una bomba en 1994 junto a un banco de Getxo (Bizkaia), que no causó víctimas.
Crimen del cartero. Suma otros 39 años de prisión por el asesinato en 1985 de Estanislao Galíndez, cartero de la localidad alavesa de Amurrio, al que la banda consideraba confidente de las fuerzas de seguridad.
El Rey, un objetivo. En este juicio, pactó con la Fiscalía 15 años de pena por ordenar acabar con la vida de Juan Carlos I en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao, en 1997.
Trampa en un bar. Tiene 46 años de condena por colocar una bomba trampa en un bar de Eskoriatza en 1987.
Explosivos en Amurrio. La terrorista fue castigada a 15 años por ordenar el ataque con explosivos al palacio de Justicia de Amurrio en 1996, que no dejó víctimas mortales.
La única absolución. La Audiencia la abolvió por el atentado cometido en 1997 contra una comisaría de Oviedo. Esta sentencia ha sido recurrida por la Fiscalía ante el Supremo.
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Los nuevos ministros de Industria y Sanidad toman posesión de sus cargos este martes

Los nuevos titulares de Industria, Héctor Gómez, y de Sanidad, José Manuel Miñones, han tomado este martes posesión de sus carteras en el palacio de La Zarzuela. En el acto, previsto para las nueve de la mañana, Gómez y Miñones han prometido su cargo ante el Rey, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Justicia, Pilar Llop, también notaria mayor del Reino.
A las 9.45, está previsto que se celebre el acto de intercambio de carteras entre José Manuel Miñones y la ministra saliente, Carolina Darias, en la sede del Ministerio de Sanidad, al que han anunciado que asistirán la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Justicia; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
Después, a las 10.30, intercambiarán sus carteras el nuevo ministro de Industria con su predecesora. Al acto de Héctor Gómez y Reyes Montoro asistirán los mismos miembros del Ejecutivo que al de Sanidad, salvo Yolanda Díaz, y se sumará el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Más tarde, Gómez y Miñones asistirán a su primera reunión del Consejo de Ministros, en el palacio de La Moncloa, que está previsto que comience a las 11.30.
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Héctor Gómez, nuevo titular de Sanidad, es la figura más conocida de las dos nuevas incorporaciones al Ejecutivo por haber sido, aunque por un tiempo que no llegó al año, el portavoz del grupo socialista en el Congreso hasta su sustitución por Patxi López en julio de 2022. Antes de su paso por la portavocía, el político tinerfeño, de 45 años, fue director de Turespaña, el organismo encargado de la promoción en el exterior de España como destino, entre 2018 y 2019.
Menos conocido en el ámbito nacional es el nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, de 50 años, que era hasta ahora delegado del Gobierno en Galicia. Licenciado en Farmacia, ejerció de docente de química física en su lugar natal, Santiago de Compostela, escribe novelas y fue alcalde del municipio coruñés de Ames (32.000 habitantes). Miñones se significó a favor de Pedro Sánchez ya desde la época en que el presidente del Gobierno aspiraba a liderar el partido en España.
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Las ministras cesan por sus candidaturas al Ayuntamiento de Madrid y el de Las Palmas en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.
La candidatura de Reyes Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 49 años) al Ayuntamiento de Madrid se conoció el pasado 14 de noviembre, tras confirmarlo fuentes socialistas a EL PAÍS. Maroto está muy vinculada a la federación socialista madrileña desde hace casi una década y su nombre se manejaba como el más probable desde días antes de conocerse que encabezaría las listas a las municipales por la capital de España. Su nombramiento responde a la intención de Ferraz y La Moncloa de presentar “un proyecto serio y comprometido con la ciudad para los próximos 10 años”, según fuentes del PSOE. Madrid no ha tenido ningún alcalde socialista desde 1989.
Días después de conocerse la candidatura de Maroto se anunció que Carolina Darias (Las Palmas de Gran Canaria, 57 años) sería la candidata del PSOE a la alcaldía de su ciudad natal, donde empezó su carrera política, como concejala, en 1999. El actual regidor de la ciudad grancanaria, Augusto Hidalgo, está en el cargo desde 2015 y en las elecciones del 28 de mayo, en la que también se dirime la composición de los cabildos insultares, optará a presidir el de Gran Canaria. Darias ya ocupó la cartera de Política Territorial, hasta que Pedro Sánchez le dio la cartera de Sanidad tras la marcha de su predecesor en Sanidad, Salvador Illa, que concurrió a las elecciones catalanas de febrero de 2021 como candidato por el PSC.
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Ángel Corpa: “Decir que hay la misma censura que con Franco es una estupidez”
Ángel Corpa, fundador del grupo Jarcha, con el que interpretó algunos de los himnos de la Transición, como Libertad sin ira, ha decidido, a los 70 años, dar el salto a la política para presentarse a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo por una de las candidaturas de la plataforma de la España Vaciada, Cuenca ahora. Tras cuatro décadas trabajando y viviendo en Andalucía, en 2009 decidió volver a su pueblo, Barajas de Melo, para acompañar a su madre en sus últimos años de vida. La localidad conquense tenía en los cincuenta casi 2.500 habitantes y hoy son menos de mil.
Pregunta. La política atraviesa una crisis de reputación: quienes deberían aportar soluciones aparecen periódicamente señalados en el CIS como uno de los principales problemas del país. ¿Se lo ha pensado bien?
Respuesta. Se ha perdido el sentido común y la búsqueda del bien común ha pasado a un segundo plano porque en muchas ocasiones los políticos están mucho más a buscar su continuidad que a resolver los problemas reales. El lenguaje que emplean, las actitudes… tampoco ayudan a generar un ámbito de sosiego para encarar codo con codo los problemas. Si cada uno tira de un lado, lo rompemos.
P. ¿Y cómo le convencieron? ¿Le costó decir que sí?
R. Aquí querían instalar una macrogranja de cerdos y creamos una asociación de vecinos, pusimos dinero para contratar a un abogado y tratamos de paralizarlo. Entendíamos que la gente se iría, las tierras y las casas se devaluarían, y se seguiría vaciando la España vaciada. Ahí empezó la política. En un pleno del Ayuntamiento nos dimos cuenta de que nadie defendía nuestra postura y nos planteamos hacer una candidatura alternativa, una agrupación de electores. Para eso necesitábamos que 15 personas del pueblo dieran la cara, pero solo encontramos ocho. Nadie quería significarse y a mí eso me puso los pelos de punta. Entonces apareció en nuestras vidas Cuenca Ahora, que nos dio el paraguas que necesitábamos. Hace unos meses nos reunimos en Tarancón, me explicaron que eran un partido transversal, sin ideología, más allá de defender lo nuestro, nutrir a la España vaciada, que haya las mismas oportunidades, ya que pagamos los mismos impuestos que todos. Me dijeron que mi perfil podía aglutinar a gente, me lo pensé unos meses y al final, animado por mi hijo, dije que sí. Mi trabajo tenía algo que ver con el servicio, he tenido ese privilegio. La música es tratar de hacer feliz a la gente.
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P. ¿Ya tiene Twitter?
R. Ni tengo ni pienso tener. Sé que los políticos tienen una serie de rutinas, pero no quiero entrar en ellas. La vida es otra cosa.
P. Dejó Jarcha en 1997, después de 25 años, porque, según explicó en una entrevista en EL PAÍS, “con el tiempo se fue apartando de sus postulados iniciales”. ¿Son más cainitas los grupos musicales o los partidos políticos?
R. Los grupos no son una balsa de aceite, pero creo que hay mucho más cainismo en los partidos políticos. El último año de Jarcha fue muy feo en cuanto a relaciones, egos, se ponía en cuestión cada cosa… Si empezamos a discutirlo todo, que es lo que le pasa a los políticos, no avanzamos.
P. Ya tiene entonces esa mili hecha.
R. A mí no me gusta perder el tiempo. Yo viví en primera persona la Transición, que me parece un éxito, porque las mejores cabezas de este país tiraron del carro y le dieron la vuelta: de la dictadura pasamos a una democracia con un gobierno socialista. Luego hubo un éxodo: el abogado volvió a su bufete, el ingeniero, a su estudio… y en política se quedó mucha gente que no tenía dónde ir. Eso se ha ido acrecentando con el tiempo. En el Parlamento hay mucha gente que se ha criado en la política y el entretenimiento está suplantando a la cultura.
P. ¿Siguió la moción de censura? ¿Le sorprendió que Ramón Tamames, uno de los personajes de la Transición, fichara por Vox?
R. Me ha parecido un circo. Que Tamames, con el prestigio que tenía, viniendo de donde venía, tirara todo por tierra y blanqueara a un partido como Vox me parece tremendamente patético. Creo, además, que el Parlamento no está para eso.
P. Antes de los conciertos tenían que entregar sus letras a la censura. Recientemente, han sido muy polémicas unas declaraciones de Mario Vaquerizo comparando la situación actual con el franquismo. Dijo: “Me siento identificado con mis abuelos, no puedes decir lo que piensas”. ¿Lo comparte?
R. No sé quién es Mario Vaquerizo.
P. Un cantante, marido de Alaska…
R. A nosotros nos han prohibido canciones, nos han prohibido actuar, nos han puesto multas… No creo que hoy corras esos riesgos en España por decir lo que piensas. No sé por qué dicen eso, ellos sabrán. Me parecen estupideces.
P. Al principio, el Régimen censuró Libertad sin ira, aunque luego rectificaron.
R. Sí, cuando salió la canción se prohibió, supongo que por cierta inercia, porque salía la palabra libertad, que seguramente les sonaba mal. La canción vertebraba la campaña de lanzamiento de Diario 16, que imagino que movería sus contactos y a las dos semanas nos llamaron de TVE para que fuéramos a cantarla en el telediario, delante del ministro de Trabajo, Fernando Suárez, como dando fe que había sido un error burocrático. Aquella canción tenía el mensaje justo en el momento justo, por eso tuvo tanto éxito, que es algo que se ve a posteriori. Sirvió para expresar todo lo que bullía en las cabezas de la inmensa mayoría del pueblo español. Y fue muy emocionante cuando, 21 años después, de manera espontánea, la gente empezó a cantarla en las manifestaciones por Miguel Ángel Blanco. De todo lo que he hecho en 50 años, más de 4.500 conciertos, contribuir a que una canción ocupe el puesto que ocupó Libertad sin ira es lo más extraordinario. Por eso me fastidia mucho que ahora, por ejemplo, la pongan en actos de Vox. No tienen vergüenza. Colonizan todo lo que pillan.
P. ¿Qué sentía cuando les prohibían una canción?
R. Era muy frustrante. Teníamos que llevar las letras a la Dirección General de Información y Turismo. El censor iba tachando versos, y de una canción de 40 podía quitar 10. Después, nosotros decidíamos cantarla igual y asumir las consecuencias o quitarla entera y hacer otra. Una vez nos prohibieron cantar Nuestra Andalucía en un concierto en Puertollano y lo que hicimos fue imprimir la letra, repartirla entre el público y que ellos la cantaran mientras nosotros tocábamos. Fue muy bonito.
P. Abandonó Jarcha, pero continuó en la música. ¿Fue difícil mantenerse?
R. En muchos momentos he pensado: ¿para qué me he metido yo aquí? Ha habido bajones, momentos de carencia, de pasarlo muy mal económicamente, pero al final han sido grandes lecciones porque cuando los superas encuentras más sentido a lo que haces. Yo llevo 50 años en esto y me sigo sorprendiendo, me voy a morir aprendiendo.
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Los vocales progresistas estudian si su dimisión provocaría la parálisis del Poder Judicial

Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están estudiando si una eventual renuncia colectiva a sus cargos supondría una paralización efectiva del órgano de gobierno de los jueces. Lo van a debatir este martes, en la reunión que tienen preparada para la tarde, con objeto de analizar cómo orientar sus pasos ante el pleno convocado para el próximo jueves. La posibilidad de una dimisión en bloque sigue estando en el aire y de hecho no se ha tratado a fondo entre ellos. Los contactos de estos días previos a dicho pleno han de servir para comprobar si existe realmente una posibilidad de que la marcha de ocho integrantes del Consejo —los que suma el grupo progresista, contando a Enrique Lucas, que algunas veces se ha desmarcado— iba a generar una situación que obligase al PSOE y al PP a retomar sus negociaciones, para no dejar al Poder Judicial sin gobierno y a la deriva.
La renuncia de la vocal Concepción Sáez, nombrada a propuesta de IU, abrió la posibilidad de que hubiera otras dimisiones en el grupo progresista del Consejo. El vocal Álvaro Cuesta, designado a iniciativa del PSOE, se mostró partidario de explorar esta posibilidad. Pero se trata de una hipótesis que sigue sobre la mesa sin que haya avanzado en los últimos días. El único compromiso entre los miembros del citado sector es el de reunirse este martes y estudiar las consecuencias de una medida de este tipo. Hay vocales progresistas que a priori no ven en una salida colectiva solución alguna para el bloqueo que sigue planteado para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Pero todos se han dado garantías de su disposición a discutir el asunto. Ello incluye a los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas y Enrique Lucas, en principio contrarios a dichas renuncias.
En todo caso, en los contactos previos a la reunión de hoy ha perdido cierta fuerza la idea de la dimisión en bloque. El propio Álvaro Cuesta ha hablado de que una renuncia es por su propia naturaleza una decisión individual. Y además, tiene que ser aceptada por el presidente suplente del Consejo, Rafael Mozo. No basta, por tanto, con presentarla. De ahí que se subraye la hipótesis de dimisiones individuales, sin necesidad de definir esas renuncias como una estrategia de bloque. Ahora bien, para que las renuncias tuvieran alguna consecuencia y efectividad sería preciso que el número de salidas del órgano de gobierno de los jueces hiciera inviable la reunión de su pleno, que requiere un quórum de 11 vocales.
De ahí que la discusión esté centrada ahora en cómo explicar las dimisiones, si se producen, y en cómo conseguir que puedan conducir realmente a la renovación del Consejo del Poder Judicial. Esta es la cuestión esencial y puede acabar frenando las renuncias. Entre los vocales progresistas hay quienes están convencidos de que su marcha sólo iba a favorecer que el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces se hiciera con las riendas de la institución. Y que desde esa posición permaneciera a la espera de que una hipotética victoria del PP en las próximas elecciones generales condujera a la derogación de la reforma legal que prohibió los nombramientos de altos cargos judiciales, para efectuarlos eligiendo a jueces más o menos afines.
La idea de la dimisión en bloque, por tanto, tampoco gana terreno por este lado. Al mismo tiempo, entre los vocales progresistas también hay quien está convencido de que un Consejo que mantuviera sólo los diez vocales de procedencia conservadora no podría desarrollar ni las mínimas funciones, lo que conduciría indefectiblemente a que el Parlamento tuviera que tomar medidas ante una situación de emergencia. Pero de momento no hay seguridad sobre qué camino tomar y cómo resolver el dilema. El objetivo común en dicho grupo no es poner en práctica la opción del “cuanto peor, mejor”, sino comprobar si hay margen para desatascar la situación del Consejo y evitar que esta legislatura pase a la historia como aquella en que fue imposible renovar el órgano de gobierno de los jueces. En paralelo, entre los conservadores también existe debate, porque algunos vocales de este signo son partidarios de que el Consejo efectúe los nombramientos de magistrados que podrían ocupar plazas del Supremo que fueron convocadas antes de que entrara en vigor la reforma legal para prohibirlos. Un dato este que también actúa como freno para los vocales progresistas partidarios de la renuncia de todos los integrantes de este grupo, por temor a que una decisión de este tipo se volviera contra sus propios objetivos e intereses.
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