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El PP se opone a la tramitación de la ley que blinda el secreto profesional de los periodistas

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Periodistas acreditados en 2016 Palma de Mallorca.
Periodistas acreditados en 2016 Palma de Mallorca.ULY MARTIN

Durante 40 años, los periodistas que eran impelidos por un juez o fiscal a revelar sus fuentes apelaban al artículo 20 de la Constitución, que consagra el derecho fundamental a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y ampara el “secreto profesional”. Esa mera invocación resultaba, la mayoría de las veces, suficiente para que el instructor encaminase sus pesquisas por otro camino. Sin embargo, en diciembre de 2018, el juez de Palma Miquel Florit ordenó decomisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca para averiguar el origen de una filtración sobre el caso Cursach, la supuesta trama de corrupción en la que aparecían implicados un empresario del ocio y policías locales. El juez Florit acabó sentándose en el banquillo y el Constitucional reconoció que había vulnerado los derechos fundamentales de los periodistas, pero este caso encendió todas las alarmas.

Fue a partir de entonces, reconoce Nemesio Rodríguez, presidente de Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) desde abril de 2018 a mayo de 2022, cuando su organización y otras del gremio, como las secciones de prensa de CCOO y UGT o la Federación de Sindicatos de Periodistas, empezaron a trabajar en la elaboración de una ley reguladora del secreto profesional, prevista en la propia Constitución. Los promotores de la iniciativa se reunieron con todos los grupos parlamentarios, salvo Vox —debido a su abierta hostilidad hacia la libertad de prensa y su política de vetar a medios de comunicación y periodistas— e intercambiaron propuestas con la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Uno de los mayores escollos fue la pretensión del Gobierno de que el secreto profesional cediera cuando se invocasen razones de “seguridad nacional”, un concepto lo bastante amplio e indeterminado como para vaciar de contenido el derecho fundamental a la información.

Finalmente se alcanzó un acuerdo en torno a un texto que el PSOE presentó el pasado 14 de diciembre como enmienda in voce (de viva voz) al proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, más conocida como ley de los whistleblowers o denunciantes, que se tramitaba en la Comisión de Justicia del Congreso. En plena polémica por la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación del proyecto que modificaba el sistema de elección de sus magistrados, por haberse incluido como enmienda en la reforma del Código Penal sobre los delitos de sedición y malversación, la Mesa del Congreso decidió desglosar el apartado relativo al secreto profesional de los periodistas y tramitarlo como proyecto de ley separado.

No obstante, el PP se ha opuesto a la tramitación de la ley y ha pedido a la Mesa del Congreso que rechace la admisión a trámite de la enmienda in voce, ya que no fue aprobada por unanimidad de todos los grupos, como es habitual en este tipo de enmiendas de carácter técnico que se presentan fuera de plazo. Tras ver rechazada su petición, el Grupo Popular presentó un nuevo escrito el pasado día 30 en el que pedía a la Mesa de la Cámara baja que reconsidere su decisión, alertando de que se podría estar vulnerando “el derecho de participación de los diputados”; el mismo argumento que esgrimió para paralizar la reforma del sistema de elección de los magistrados del Constitucional.

A finales de diciembre, el diputado José Antonio Bermúdez de Castro y otros representantes del Grupo Popular recibieron en el Congreso a una delegación de periodistas, encabezada por Miguel Ángel Noceda, nuevo presidente de la FAPE, a quienes explicaron su rechazo a la iniciativa del PSOE alegando que el Gobierno tiene tiempo si quiere de aprobar antes de que acabe la legislatura un proyecto de ley que cumpla todos los trámites preceptivos (incluido el dictamen de los órganos consultivos), en vez de pretender “colar por la puerta de atrás” una ley orgánica de este calado. “Evidentemente preferimos que la ley salga con el mayor acuerdo posible”, subraya Noceda. Ante sus discrepancias en la forma, fuentes del PP no han querido valorar el fondo del texto.

El proyecto, de solo siete artículos, configura el secreto profesional como “un derecho y un deber” tanto del periodista como del director del medio, si este conoce la fuente de la información. Tras declarar categóricamente que “ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes”, su artículo 2 incluye la primera definición de periodista que figura en un texto legal español: “los y las profesionales que se dedican a comunicar información veraz a la ciudadanía por cualquier medio de comunicación, cuya principal misión sea hacer realidad el derecho a la información que tiene la sociedad”. El concepto es importante porque no exige, al contrario de lo que se pide para ingresar en las asociaciones de la prensa, disponer de ninguna titulación. Y también porque restringe la condición de periodistas a quien tiene como profesión comunicar información veraz, no entretener o divertir.

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Además, el proyecto define como medios de comunicación “todos aquellos canales (prensa, radio, televisión o digital) que difunden informaciones verdaderas y están sustentados en una sociedad editora o persona física propietaria (pública o privada) comprometida con las buenas prácticas y códigos deontológicos que rigen el periodismo”, lo que de entrada excluye una mera cuenta en una red social y a buena parte de los youtubers o influencers.

El secreto profesional, según el texto, no solo ampara la identidad de la fuente, sino también el canal a través del cual se transmitió la información, el contenido de la misma y “cualquier otro elemento que pudiera ser empleado para identificar” su origen.

Con todo, el artículo más delicado es el que fija los límites al secreto profesional: cuándo el periodista deja de estar amparado por el mismo. El proyecto pone dos excepciones a la norma general: “cuando se constate fehacientemente que la fuente ha falseado conscientemente la información”; y “cuando la revelación de la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a la vida, la integridad física o la seguridad de las personas”. El primer caso es controvertido, pues el hecho de que la fuente engañe al periodista no exime de responsabilidad a este; pero en ambos supuestos se exige un “mandato judicial expreso de un órgano de la jurisdicción penal, que deberá valorar la necesidad y proporcionalidad de la medida”.

Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, considera que el texto es “globalmente positivo” ya que, si no hay ley, el margen de interpretación por parte de los jueces es mayor. Las excepciones que prevé el proyecto son “muy excepcionales”, por lo que no cree que en la práctica tengan mucha incidencia. Eso sí, apostilla que la redacción es manifiestamente mejorable y echa de menos una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir a los periodistas entre quienes, como los sacerdotes, no están obligados a declarar como testigos si eso vulnera su obligación de guardar secreto. También Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, considera que el proyecto “consolida y fortalece el secreto profesional de los periodistas” y añade que “es sumamente positivo para la protección del derecho a la información. Lo mejor que podría salir”.

La ley, cuya tramitación depende del resultado del recurso planteado por el PP, no puede ocultar que es hija del caso Cursach: uno de sus artículos excluye expresamente, bajo cualquier circunstancia, la “requisa de las herramientas de trabajo de los periodistas, sean estas del tipo que sean, en el ejercicio de su profesión”. Justo lo que hizo el juez Florit. En cambio, no prohíbe que se puedan interceptar las comunicaciones de los periodistas para descubrir sus fuentes, prohibición que recomendó el Consejo de Europa en marzo de 2000.

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Vuelve el crudo invierno con heladas de -5° y nevadas en cotas bajas

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Una nueva llegada de una masa de aire muy fría, en concreto polar (de latitudes altas) continental, devolverá esta semana a España al pleno invierno. “Dará lugar a heladas en el interior peninsular, sobre todo en las mitades norte y este, donde se bajará de -5° el martes”, explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A este ingrediente se suma “cierta inestabilidad atmosférica” a causa de “vientos húmedos del este, que provocarán un temporal marítimo en el Mediterráneo, con olas de cuatro a cinco metros” y que aportarán “la humedad suficiente” para que se generen lluvias localmente intensas de lunes a jueves “focalizadas en los tercios este y sur de la Península y en Baleares”. Sumado al frío, nevará en cotas bajas: a apenas 300 a 500 metros en el norte y de 500 a 900 en la mitad este, zona centro y Baleares. Del Campo alerta de que las nevadas serán importantes en el entorno del sistema Ibérico, sobre todo en las provincias de Teruel y Castellón, donde se pueden acumular más 20 centímetros el martes y el miércoles.

A partir de este mediodía comenzarán a nublarse los cielos en el área mediterránea peninsular y Baleares, donde se esperan chubascos, más frecuentes e intensos en el este del archipiélago y de Cataluña y en la Comunidad Valenciana. “La cota irá bajando hasta 300 metros en Cataluña, 500 en Baleares y en el entorno del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana y 900 metros en el resto del sureste peninsular”, precisa Del Campo. En el este, se producirá un importante descenso térmico, con las máximas entre 8° y 10° por debajo de las del domingo. En el mapa de avisos, están en alerta por frío, lluvias, nevadas, mala mar y viento Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. Los avisos de mayor entidad son naranjas, el segundo nivel de una escala de tres, por fenómenos costeros en el litoral mediterráneo de Girona a Valencia y en el archipiélago.

Esta semana va a ser fría y desapacible, plenamente invernal, con nubosidad, precipitaciones, de nieve en el interior de Castellón e interior norte de Valencia por encima de 700-900 metros, temporal marítimo con olas de 4 m y viento fuerte de levante y gregal.

— AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) February 6, 2023

El martes, continuará la situación adversa en el este y puntos del tercio sur, con precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el Estrecho, Baleares, este de Teruel, Cataluña y Comunidad Valenciana. “Las lluvias pueden extenderse al centro y la Península y serán más débiles cuanto más al noroeste”, avanza el portavoz de Aemet, que detalla que la nieve caerá a partir de 300 a 500 metros en la mitad norte, de 600 a 900 en la zona centro y área mediterránea y de 1.000 en el sur y en Baleares.

Las nevadas más copiosas se esperan en los Pirineos, las sierras de Andalucía oriental y del oeste de Murcia y, especialmente, en el interior de la provincia de Valencia, interior de Castellón y este de Teruel. “En estas dos últimas provincias se pueden acumular más de 20 centímetros en 24 horas a partir de 600/700 metros”, por lo que se ha activado el aviso naranja por nieve, que es amarillo, el nivel más bajo, en Almería, Murcia, Prepirineo de Barcelona, Pirineo de Girona y Valencia. Además, se repiten los avisos naranjas por mala mar en Tarragona y Baleares y hay avisos amarillos por lluvia en Baleares, por frío en Aragón, por mala mar en Asturias, Galicia, resto de Cataluña y Comunidad Valenciana y por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en Baleares y el litoral catalán y valenciano.

Será un día muy frío. Las temperaturas bajarán, con heladas generalizadas en el interior del norte y este de la Península, en muchos puntos por debajo de -4°/-5, mientras que en las horas centrales del día no se pasará de 8° en la mitad norte. Hay avisos amarillos por bajas temperaturas en Aragón, Cantabria, ambas Castillas, Cataluña, Madrid y La Rioja.

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La mar revuelta en el Mediterráneo ―con avisos naranjas de Tarragona a Alicante y en Baleares― y las rachas de viento fuertes en Cataluña y Baleares continuarán el miércoles, así como el ambiente plenamente invernal. “Aunque en la mitad norte se producirá una subida de las temperaturas máximas y mínimas, continuarán las heladas nocturnas en el interior norte y en el este peninsular, aunque algo menos intensas. Durante el día no se sobrepasarán los 10° en amplias zonas del interior e incluso cerca del Mediterráneo“, pronostica el experto. Los valores diurnos estarán entre 5° y 10° por debajo de lo normal para la época en el tercio oriental.

Pero lo más destacable seguirá siendo la inestabilidad, con lluvias en el este de Teruel, Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía. “Serán chubascos localmente persistentes en el Estrecho y en la Comunidad Valenciana y se extenderán, de forma más débil, a otras zonas del sur y el centro de la Península”, completa el portavoz de Aemet. La cota, un día más, estará baja, entre 700 y 900 metros en la Península y 900 en Baleares. “Seguirá nevando intensamente en el este de Teruel e interior de Valencia y Castellón”, donde persiste el aviso naranja por nevadas.

Con esta cota, un poco justa, ¿nevará en Madrid? “No es descartable que se puedan ver algunos copos en el entorno de la ciudad entre la noche del martes y el mediodía del miércoles, aunque la probabilidad no es alta, está en el 30%-40% según las últimas actualizaciones de los pronósticos”, contesta Del Campo, para añadir que “la probabilidad de que llegue a cuajar una fina capa ―de no más de dos centímetros― en jardines y zonas favorables es baja, como mucho del 10 al 20%”.

El jueves seguirán los chubascos en Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y sur de Andalucía, donde del entorno del Estrecho podrán ser aún persistentes. De forma débil y dispersa, aunque con incertidumbre, puede llover en otros puntos de la mitad oriental. La cota estará entre los 500 y 700 metros en el norte y en 900 metros en el sureste. En el resto del país, esperan nubes pero sin lluvias y con las temperaturas en descenso. “Las heladas se repartirán ampliamente por el norte, el centro y el este de la Península. En muchos puntos se bajará de -4° en incluso de -8°/-10° en las zonas nevadas del este de Teruel”, detalla el meteorólogo.

De cara al fin de semana, parece que volverá el tiempo estable a toda España, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones, excepto quizá en el sur del área mediterránea, donde puede haber todavía chubascos aislados. Seguirá, eso sí, el tiempo frío, con heladas nocturnas en buena parte del interior, norte y este de la Península, aunque es posible que se inicie una recuperación en los termómetros.

En Canarias, lloverá de forma intensa en el norte de las islas, con nevadas en Tenerife y La Palma a partir de 1.700 metros. El miércoles también puede llover en la vertiente sur de las islas y el jueves volverá el régimen habitual de vientos alisios.

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La infanta Sofía estudiará el bachillerato en el mismo centro de Gales que su hermana

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La infanta Sofía, la hija menor de los Reyes, cursará sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido) al igual que su hermana mayor, la princesa de Asturias, según ha informado este lunes la Casa del Rey. La infanta Sofía “se ha sometido a todo el proceso de selección exigido por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido”, del que depende el Atlantic College, y lo ha superado.

“El programa académico se desarrolla en dos cursos (2023-24 y 2024-25) y comprende tanto materias de ciencias como de letras”, explica la nota de la Casa del Rey. “Este programa se completa con un curso interdisciplinario común sobre teoría del conocimiento, una monografía de carácter investigador, así como un programa especial de creatividad (teatro, música, arte, etc.) acción (deportes) y una actividad que implique un servicio a la comunidad (apoyo en escuelas locales, trabajo con niños con discapacidad intelectual, tercera edad, primeros auxilios, mantenimiento de costas y bosques próximos, control de los índices de contaminación medioambiental, cuidado y recuperación de especies animales, rescate marítimo, guardacostas, etc.)”.

El comunicado de La Zarzuela añade que “la incorporación al colegio está prevista entre finales de agosto y primeros de septiembre” y que la infanta Sofía residirá, al igual que su hermana Leonor, en el Atlantic College, “de acuerdo con el régimen de internado” establecido por el centro. “El coste del bachillerato internacional que cursará la Infanta Sofía será igualmente satisfecho en su integridad por los Reyes con su asignación anual y asciende a 74.000 libras esterlinas [82.707 euros] por los dos cursos”, han informado, al igual que se hizo cuando la princesa de Asturias se incorporó a este centro educativo ubicado en un castillo medieval y situado a 26 kilómetros de la ciudad de Cardiff (Gales). Felipe VI, concluye la Casa del Rey, informó al presidente del Gobierno de este nuevo periodo de la educación de la infanta Sofía.

La princesa de Asturias se incorporó en agosto de 2021 a este centro educativo caracterizado por su “espíritu abierto y crítico” para cursar los dos cursos del bachillerato internacional y cuyo periodo concluye este verano. La Casa del Rey no ha informado todavía de qué formación superior recibirá a partir del próximo curso la heredera de la Corona, ni en qué momento pasará por las academias de los tres ejércitos para recibir instrucción castrense como su padre, aunque las fuentes consultadas señalan que no está previsto que sea de manera inmediata.

La Casa del Rey tiene especial cuidado en presentar a la infanta Sofía como el mejor apoyo de su hermana mayor y la felicitación que distribuyó La Zarzuela las pasadas navidades era una fotografía en la que aparecían juntas sin sus padres. En el caso de que la princesa de Asturias renunciara al trono por cualquier circunstancia, la infanta Sofía le sucedería en la Jefatura del Estado.

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El PSOE negociará enmiendas a la ley con Unidas Podemos y otros socios pero no con el PP

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La crisis en el Gobierno de coalición pasa a una nueva fase. Después de una semana de intensas negociaciones y conflicto abierto entre los dos socios por la reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, la decisión del PSOE, adelantada por EL PAÍS, de registrar este lunes y en solitario su propuesta de modificación en el Congreso acentúa la brecha entre ambas formaciones. No se quiere hablar de ruptura, pero sí otra vez de serias discrepancias. PSOE y Unidas Podemos se emplazan ahora a negociar enmiendas en el trámite parlamentario, que quieren solventar con urgencia en menos de un mes, pero no aclaran con quién. Los socialistas aseguran que solo negociarán sobre los “ajustes técnicos” a la norma con UP y sus socios del bloque de investidura, pero no con el PP, que sin embargo se convierte de hecho en un aliado más que probable y necesario para sacar adelante este proyecto estrella y emblemático del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Fuentes de Podemos han trasladado desde primera hora de este lunes su “preocupación” por este movimiento unilateral del PSOE al registrar por su cuenta una proposición de ley para modificar algunos artículos de la ley y precisar mejor otros. UP ve “inexplicable” que, habiendo “opciones para el acuerdo”, los socialistas “decidan romper para presentar la misma propuesta que el PP”.

La decisión del PSOE, sin embargo, se produce tras constatar en la última ronda de negociaciones del fin de semana que era imposible el consenso con el Ministerio de Igualdad. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, intentó justificar esa actuación en la necesidad de “corregir los efectos no deseados de una muy buena ley y en respuesta a una demanda social”. López admitió la urgencia por la alarma social provocada por la rebaja de condenas y precisó, para rectificarlas, algunas acusaciones que se están formulando estos días desde UP e Igualdad. Para el PSOE está claro que no se toca el artículo 178 del Código Penal donde ya figura ahora la relevancia del consentimiento, tampoco se retrocede al pasado para distinguir entre abuso y agresión sexual (”todas serán agresiones sexuales”) y no se ha cedido a la presión mediática y política de la derecha. A López le ha preocupado mucho explicar este lunes que el PSOE “no ha negociado nada con la derecha” y que el PSOE se dispone ahora a negociar en la fase de enmiendas con UP y sus socios habituales, pero no con el PP. “Queremos acordar con todos los que quieren esta ley y el PP no la quiere”, subrayó.

La discusión se centrará a partir de ahora más en el Congreso, donde se anticipa una tramitación compleja, porque por el momento los populares son los únicos que han mostrado su apoyo a la iniciativa. “El PSOE tendrá que decidir con quién quiere sacar adelante esta ley”, ha advertido el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, durante una entrevista en TVE en la que ha descartado una ruptura del Gobierno y se ha mostrado convencido de que todavía “hay margen para el acuerdo”.

Este martes la Mesa del Congreso tendrá que calificar (admitir en el lenguaje parlamentario) la iniciativa, con la idea por parte del PSOE de que el debate para la toma en consideración (el primer paso) se lleve al pleno del martes de la semana que viene. En ambos casos será curioso y revelador contar los apoyos de esos primeros trámites. El dirigente del PSOE precisó, eso sí, que su objetivo es que la ley supere todos esos pasos y entre en vigor, ya retocada, antes de que acabe febrero, porque se quiere resolver esta situación complicada cuanto antes. No será fácil. El portavoz socialista no pudo aclarar este lunes con quién sacará esta reforma e intentó restar trascendencia a un posible respaldo del PP: “Hay que distinguir entre negociar o que la vote el PP”.

El PSOE hace equilibrios para mantener la negociación abierta, no molestar en exceso a su socio principal, no romper la coalición en este inicio del año electoral y asumir que la norma tenía defectos y efectos indeseados. “La mejor forma de defender esta buena ley es reconocer que no está funcionando adecuadamente”, corroboró junto a López la secretaria de Igualdad de la ejecutiva socialista, Andrea Fernández. Y pidió que se dejen a un lado ahora “egos, relatos y debates”. López, por su parte, obvió las diferencias internas de UP en esta negociación ―entre Podemos y el sector que lidera la vicepresidenta, Yolanda Díaz― y que el PSOE y el Gobierno sí han notado. Prefirió no contestar.

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“Tampoco se termina el mundo. Las negociaciones pueden continuar”, ha valorado Asens. “El PSOE tendrá que decidir con quién quiere sacar adelante esta ley, porque los partidos de la mayoría de la investidura creo que lo tienen claro prácticamente todos. Los partidos de la izquierda están en esta polémica con el Ministerio de Igualdad; por tanto, [el PSOE] deberá decidir si quiere sacar esto con el PP, mirar a su derecha o mirar a su izquierda”, ha retado el presidente del grupo de Unidas Podemos.

“Es una decisión del PSOE que no nos ha comunicado”, han trasladado a primera hora fuentes de la dirección de Podemos, que añaden que están “preocupadas por que PP y PSOE sumen sus votos para volver al esquema de la violencia o la intimidación”. La formación insiste en que el consentimiento es una “conquista de millones de mujeres diciendo ‘sólo sí es sí” y afirma que hará “todo lo posible” para que el consentimiento “siga en el centro del Código Penal”. La definición de consentimiento no se toca en la propuesta del PSOE, pero Podemos considera que reintroducir el elemento de la existencia de violencia o intimidación para modular las penas supone desplazar ahí el foco de atención, en lugar de atenerse a la idea de la ausencia de consentimiento que define la agresión sexual.

“Las discrepancias las tenemos que naturalizar en un Gobierno de coalición donde hay dos partidos que tienen visiones diferentes. No es la primera vez que esto sucede y seguramente no será tampoco la última. No hay que sacar las cosas de quicio. El Gobierno de coalición no está en riesgo porque ninguno de los dos socios está dispuesto a ponerlo en riesgo y menos en este momento de la legislatura, a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas”, ha enfatizado Asens en referencia a los comicios del próximo 28 de mayo. Unidas Podemos es consciente de que una salida del Ejecutivo supondría un enorme coste electoral a menos de cuatro meses de la cita con las urnas y en un año también de generales. El diputado de En Comú Podem cree que el asunto se puede “solucionar fácilmente”. “Hay margen para el acuerdo y tiene que ver con situar la violencia o intimidación en el nivel de los agravantes [no en la descripción del tipo penal]”.

Esta discusión técnica es precisamente la que ha hecho encallar las negociaciones en la última semana. Igualdad se abrió ya el lunes pasado a una subida de las penas para dar una salida al conflicto —desde que la ley entró en vigor en octubre, se han producido casi 400 rebajas de condena y una veintena de excarcelaciones de agresores sexuales—, pero considera que la propuesta de Justicia, que quiere incrementarlas distinguiendo si hay o no violencia o intimidación, es una vuelta al modelo anterior y afecta, por tanto, a la esencia de la norma.

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Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
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