Connect with us

España

Bolaños exige a Feijóo “que ejerza su liderazgo” y firme el acuerdo que pactaron para renovar el Poder Judicial

Published

on

bolanos-exige-a-feijoo-“que-ejerza-su-liderazgo”-y-firme-el-acuerdo-que-pactaron-para-renovar-el-poder-judicial
El papa Francisco recibe en audiencia a la emérita, Sofía, y al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante los actos por el funeral de Benedicto XVI, este jueves.
El papa Francisco recibe en audiencia a la emérita, Sofía, y al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante los actos por el funeral de Benedicto XVI, este jueves.VATICAN MEDIA/Divisione Produzione Fotografica (EFE)

El choque entre el Gobierno y el Partido Popular por el bloqueo de la renovación del Poder Judicial prolongado durante cuatro años sigue en un callejón sin salida. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido en la mañana de este jueves al Gobierno pactar la renovación del Consejo General Poder Judicial si se aceptan los términos de su propuesta registrada en el Congreso para cambiar el sistema de elección de vocales, cuyo mandato lleva caducado más de cuatro años pese a lo que dicta la Constitución. Poco después, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha criticado que al líder popular le faltase “autoridad” frente a la derecha “ultra” para cerrar el pacto que negociaron en octubre.

Desde el Vaticano, donde Bolaños ha viajado este jueves para acudir al funeral de Benedicto XVI, el ministro de la Presidencia ha valorado la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario popular en la Cámara baja el 30 de diciembre. En el texto, los populares piden, como venían reiterando meses atrás, que sean los jueces y magistrados quienes designen a los miembros del CGPJ. “Ya negociamos con el PP durante tres semanas y llegamos a un acuerdo mediante una proposición de ley conjunta”, ha recordado Bolaños durante una entrevista concedida a La Sexta, tras asistir junto a la reina emérita, doña Sofía, a los actos del sepelio. “En ese acuerdo se incluían los 20 nuevos vocales y los 12 suplentes, así como los magistrados del Constitucional que incluían la plaza vacante que debía elegir el Senado”, ha remachado. “Cuando había que firmar ese acuerdo, el señor Feijóo no fue capaz. Lamentablemente, no tuvo la autoridad suficiente ante la derecha española y sus elementos más ultra”.

Hasta el momento, el Consejo del Poder Judicial permanece con los mismos miembros que se nombraron durante la primera legislatura de Mariano Rajoy conforme al sistema de elección actual, ya vigente en aquella fecha. Bolaños ha censurado la estrategia de los populares, cuyo fin es, a su juicio, el de mantener el CGPJ con “una composición que refleja la mayoría absoluta de 2013″ de la que disponía el entonces presidente Rajoy. Y ha exigido al líder del principal partido de la oposición “que ejerza su liderazgo y firme el acuerdo” que pactaron este octubre, después de cuatro años en los que el anterior presidente del PP, Pablo Casado, se negase acordar la renovación con un reguero de excusas. Feijóo justificó la ruptura unilateral del pacto por la reforma que el Gobierno preparaba del delito de sedición, y que más tarde transformó en un tipo más atenuado de desórdenes públicos.

El ministro de la Presidencia también rechaza la posibilidad de aceptar el cambio en el sistema de elección de vocales registrado por los populares en el Congreso. “El modelo actual es perfectamente democrático y constitucional, fruto de un acuerdo entre el PP y el PSOE en 2001″, ha concluido Bolaños. Dos días después de hacerse público el contenido de la proposición de ley de los populares —que también incrementa los requisitos para ingresar en la carrera e introduce incompatibilidades con el desempeño de un cargo público—, Feijóo ha defendido su cambio de modelo. “Nuestra propuesta es ahondar en la independencia y en la despolitización de la justicia y que los jueces tengan un protagonismo en la elección de los jueces. Y la propuesta del Gobierno es controlar el Poder Judicial y trasladar políticamente al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Pues a las personas que tengan una obediencia debida a las instituciones del Gobierno”, ha afirmado el jefe de los populares en declaraciones a la agencia Servimedia.

Según el texto presentado en el Congreso, los populares justifican su propuesta por la “línea reclamada por las instancias europeas a sus países miembros con el fin de mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”. Unas razones que ha reiterado Feijóo este jueves. “Cumpliríamos así con las recomendaciones de la Unión Europea, cumpliríamos con la independencia judicial, con la despolitización de la Justicia y finalizaría la prórroga del CGPJ en la que se encuentra”, ha remachado el líder popular, que ha desdeñado las acusaciones del Gobierno afirmando que el Consejo “no es un yogur que caduca”. Bruselas ha exigido a España que acometa una reforma en el sistema de elección de los jueces, pero también ha demandado que primero se renueve el actual Consejo General del Poder Judicial, algo que Feijóo ha rechazado hacer desde que llegó a la presidencia del principal partido de la oposición y que ahora condiciona a que el Gobierno acate su sistema.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

Suscríbete

Aunque desoye el primer requisito marcado por Bruselas, Feijóo está decidido a llevar su plan hasta la Unión Europea, donde denunciará “de forma oficial, explícita y por escrito” que “más del 10% del Tribunal Constitucional” de España lo componen ex altos cargos del Gobierno de Sánchez. “Esos hechos me parecen relevantes que el comisario de Justicia tiene que conocerles no solo por los medios, porque no son hechos que ocurran con normalidad en los países de la Unión Europa”, ha incidido el presidente del PP.

La ministra de Educación y portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, también ha cargado contra la postura de Feijóo . “Dejó de ser un candidato viable para un partido de Estado cuando decidió voluntariamente incumplir la Constitución. El Partido Popular hoy sigue estando fuera de la Constitucional al no permitir que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Así que esperemos que este año 2023, que acaba de arrancar, como digo, les traiga al Partido Popular, especialmente al señor Feijóo, algo más de dosis de responsabilidad y de sentido de Estado”, ha declarado en Reinosa (Cantabria).

El PSOE y el PP de Casado pactaron en 2018 la renovación del Consejo con una mayoría progresista de vocales y presidido por Manuel Marchena, juez de tendencia conservadora, con la normativa actual y sin oponer peros al sistema de elección. El acuerdo se partió en dos porque se filtró un mensaje que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, envió a los senadores populares, justificando el acuerdo porque así el partido iba a poder “controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás”. Marchena renunció. Y así empezó el bloqueo.

Poco después, a finales de aquel año, los populares plantearon una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ similar a la registrada ahora mediante enmiendas incorporadas a una iniciativa planteada por Ciudadanos para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto fue rechazado en diciembre de 2018 por 176 votos y apoyada por los 164 parlamentarios presentes del PP y de Ciudadanos. Y, en ese sentido, el Gobierno ha recordado al PP que no cuenta con los apoyos necesarios para su nueva propuesta.

————————————————————————-
Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
En el mes , dia y año que corresponda, Título del artículo, Nombre del periódico, #volumen(#Edición o #ejemplar) pertenecen a la fuente El País .
Solo citamos Noticias con fuentes rss mediante inteligencia artificial en fase de prueba .

España

El tribunal europeo dicta que Bélgica debe entregar a los líderes del ‘procés’ salvo que constate fallos “sistémicos” en la justicia española

Published

on

el-tribunal-europeo-dicta-que-belgica-debe-entregar-a-los-lideres-del-‘proces’-salvo-que-constate-fallos-“sistemicos”-en-la-justicia-espanola

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto límites este martes a las posibilidades de Bélgica de seguir denegando la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de exdirigentes de la Generalitat catalana que huyeron a Bruselas en 2017, sobre los que el Tribunal Supremo había emitido sendas órdenes de detención europeas para poder juzgarlos por su papel clave en el referéndum y la declaración ilegal de independencia de aquel año. El TJUE determina que un país miembro de la UE (en este caso, Bélgica) no puede negarse a cumplir con una euroorden de detención dictada por otro país miembro (en este caso, España), salvo que llegue a dos conclusiones después de realizar un examen a fondo del caso: que en ese Estado existen “deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial” y que hay “razones serias y fundadas” para creer que la persona reclamada, en caso de ser entregada, corre el riesgo de que “se vulnere su derecho fundamental a un proceso equitativo”.

La sentencia supone un primer espaldarazo para la justicia española, que siempre ha sostenido que Bélgica no podía negarse a entregar a los fugados del procés, pero no implica un desbloqueo inmediato de la situación.

La justicia belga lleva cinco años paralizando la entrega de los exdirigentes huidos, alegando —como hacen el propio Puigdemont y el resto de acusados— que el Tribunal Supremo español no es competente para juzgar este caso. Ahora, en su sentencia, el TJUE sostiene que, “en principio”, “una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de negarse a ejecutar una orden de detención europea (ODE) basándose en un motivo de no ejecución que se derive exclusivamente del Derecho del Estado miembro de ejecución”. Una denegación de una euroorden, subraya, “debe tener carácter excepcional”. Lo que sí podría hacer Bélgica, agrega la sentencia, es “aplicar una disposición nacional que prevea que se denegará la ejecución de una ODE cuando esa ejecución daría lugar a la vulneración de un derecho fundamental”.

Eso sí, puntualizan los jueces de Luxemburgo, llegar a esa última conclusión debe estar muy bien fundamentado por parte de la justicia belga: por un lado, debe demostrar que hay “deficiencias sistémicas o generalizadas” en el funcionamiento del sistema judicial español (en este caso). Además, continúa el TJUE, debe indicar “de modo concreto y preciso (…) si existen razones serias y fundadas” para creer que la persona reclamada por la justicia española “correrá tal riesgo en caso de ser entregada” a España. Y ello requeriría que se realice una “solicitud previa de información complementaria a la autoridad judicial emisora”, en este caso España.

La sentencia es la respuesta del tribunal europeo con sede en Luxemburgo a las cuestiones prejudiciales (preguntas dirigidas al TJUE) remitidas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en 2021, después de que la justicia belga rechazara entregar a España al exconseller Lluis Puig, procesado por malversación y desobediencia. Según la argumentación de Bélgica, el tribunal competente para reclamar su extradición no era el Supremo sino los tribunales catalanes. Además, indicó que si era entregado a España, podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

El pasado verano, el Abogado General de la UE Richard de la Tour emitió una opinión dando la razón a España al considerar que Bélgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir una euroorden ni puede denegar tampoco la entrega de los fugados del procés alegando una posible vulneración de derechos fundamentales si no demuestra antes la existencia de “deficiencias sistémicas” en la justicia española. Aunque el TJUE no tiene por qué seguir el razonamiento de sus abogados generales, suele tener muy en cuenta sus argumentos. En este caso, no obstante, los ha matizado bastante. El Abogado General también se manifestó favorable a otra pregunta de Llarena: si podría cursar una nueva euroorden contra Puig si el TJUE decide que Bélgica incumplió las normas de la UE. Ahora, el TJUE dice que sí: “Pueden emitirse varias ODE sucesivas contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un Estado miembro después de que dicho Estado se haya negado a ejecutar una primera ODE dirigida contra esa persona”, señala la sentencia. Pero la nueva euroorden, advierte, “no debe dar lugar a una vulneración de los derechos fundamentales de dicha persona”, por lo que, sobre todo, su emisión debe tener “carácter proporcionado”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

Suscríbete

Con su cuestión prejudicial, Llarena buscaba aclarar el alcance de las euroórdenes antes de que la justicia belga se pronuncie sobre los expedientes de Puigdemont y de los exconsejeros y ahora eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, a los que también quiere juzgar la justicia española. Antes, el Tribunal General de la UE (TGUE) debe fallar sobre otro proceso clave: el recurso de los independentistas catalanes contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, precisamente tras un suplicatorio de Llarena para poder extraditarlos y juzgarlos en España. La justicia belga congeló la tramitación de esas euroórdenes hasta que Luxemburgo resuelva el fondo de este asunto.

Por otra parte, después de que este mismo enero entrara en vigor la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición, el juez del Tribunal Supremo reformuló el auto de procesamiento contra Puigdemont para suprimir ese delito. Mantuvo una orden de busca y captura para el expresidente y los exconsejeros Comín y Puig por malversación y desobediencia, pero es de ámbito nacional. Llarena dejó sin efecto las euroórdenes contra los eurodiputados, a la espera tanto de la decisión de hoy como del fallo respecto de la inmunidad.

————————————————————————-
Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
En el mes , dia y año que corresponda, Título del artículo, Nombre del periódico, #volumen(#Edición o #ejemplar) pertenecen a la fuente El País .
Solo citamos Noticias con fuentes rss mediante inteligencia artificial en fase de prueba .

Continue Reading

España

La Guardia Civil investiga la desaparición de dos hombres y la muerte de un tercero tras quedar con un vendedor en Manzanares

Published

on

la-guardia-civil-investiga-la-desaparicion-de-dos-hombres-y-la-muerte-de-un-tercero-tras-quedar-con-un-vendedor-en-manzanares

El pasado viernes, la Guardia Civil solicitaba la colaboración ciudadana para localizar un vehículo, Renault Clío, cuyo propietario, Juan Manuel Isla, desapareció el 22 de julio pasado. Difundía las últimas imágenes existentes, “cuando el desaparecido abandonaba la localidad de Manzanares dirección Membrilla por la carretera N430A, horas después de haber sido visto por última vez”. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado llevan meses indagando en el paradero Isla, de 59 años. Saben que una de las últimas personas que le vio fue un comercial del pueblo, “un vecino conocido en la localidad que ha hecho de comisionista en la venta de tierras y otras propiedades”, señalan, y a quien han interrogado.

Supuestamente había quedado con Isla para darle una importante cantidad dinero por la venta de su finca, a las afueras de la localidad. Se da la circunstancia de que ese mismo intermediario tuvo relación antes con otras dos personas por una transacción económica de compraventa, una de las cuales, Jesús González, de 54 años, continúa desaparecida; y otra, que ahora también se investiga, “cayó misteriosamente en un pozo” en el que fue encontrado y, por aquel entonces, “hace casi una década, se consideró un suicidio”, revelan fuentes del caso.

El empresario Jesús González desapareció el 19 de junio de 2019. Su pista se pierde cuando acababa de vender unos coches de alta gama. El comisionista era el mismo vecino del pueblo que ahora está bajo sospecha. Respecto al hombre hallado muerto en el pozo, no ha trascendido su identidad. Ninguno de los vendedores llegaron a cobrar el dinero que, supuestamente, debía de darles el intermediario.

El vehículo Renault Clío gris de Juan Manuel Isla que buscaba la Guardia Civil con la colaboración ciudadana fue encontrado la semana pasada en un descampado de Albacete, según confirman fuentes del caso, a 145 kilómetros de donde había sido registrado por las cámaras en Manzanares. Ahora está siendo examinado por los agentes de criminalística del instituto armado con el fin de encontrar alguna pista.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

Suscríbete

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

————————————————————————-
Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
En el mes , dia y año que corresponda, Título del artículo, Nombre del periódico, #volumen(#Edición o #ejemplar) pertenecen a la fuente El País .
Solo citamos Noticias con fuentes rss mediante inteligencia artificial en fase de prueba .

Continue Reading

España

Los desalojados de Níjar buscan su sitio

Published

on

los-desalojados-de-nijar-buscan-su-sitio
Bacary Camará, 35 años, procedente de Senegal se tapa la cara en la puerta de la cafetería habilitada en el exterior del albergue temporal instalado por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) tras el desalojo del campamento el Walili.
Bacary Camará, 35 años, procedente de Senegal se tapa la cara en la puerta de la cafetería habilitada en el exterior del albergue temporal instalado por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) tras el desalojo del campamento el Walili.Santi Donaire

A Bacaly Camara, senegalés de 35 años, la vida no para de golpearlo. Con un café en la mano, apoyado en el marco de un módulo prefabricado, relata el conflicto armado en el que mataron a sus padres y cómo se vio obligado a salir de su país para conseguir dinero para su familia. Tiene mujer y tres hijos, pero no llegó a conocer al más pequeño, de tres años. Su pareja estaba embarazada cuando él voló a Marruecos y desde allí se subió a una patera rumbo a Motril, en la costa de Granada. Más tarde se fue a Almería en busca de empleo en la agricultura intensiva. La mañana de este lunes su jefe le llamaba para preguntar por qué no había acudido a su puesto de trabajo. “Me están echando de casa”, explicaba por teléfono mientras una excavadora tiraba a golpes la chabola donde residía en el asentamiento Walili, donde vivían hasta ahora unas 450 personas. Era uno de los más antiguos de Níjar (Almería, 26.126 habitantes) y en pocas horas el espacio quedó arrasado a iniciativa del Ayuntamiento, gobernado por la socialista Esperanza Pérez, que disponía de una resolución judicial que facilitó la demolición.

El derribo llega tras muchas protestas de colectivos sociales y otros tantos intentos del municipio para hacer desaparecer uno de los asentamientos más antiguos de una comarca, cerca del Cabo de Gata, donde hay casi medio centenar de espacios similares. Es una zona árida cubierta por invernaderos que surten a Europa de hortalizas, convertidos desde hace años en el principal motor económico de Almería con una facturación que supera los 3.000 millones de euros anuales en toda la provincia. Parte de su mano de obra reside en este tipo de campamentos, que acogen más de 3.000 personas solo en el término municipal de Níjar, el de menor renta de España según el Instituto Nacional de Estadística. Malviven en pequeñas habitaciones construidas a base de palés, cartones y plásticos sobre el barro.

Las de Walili están ya en el suelo, transformadas en escombro. Pasadas las 8.30 horas de la mañana medio centenar de agentes de la Guardia Civil montaron una cadena junto a la carretera de San José para asegurar el trabajo de la excavadora pudiera proceder a la demolición, tarea que a mediodía ya estaba cumplida. Poco después, la alcaldesa se felicitaba por el desalojo en un comunicado: “Ha sido la mayor muestra de compromiso con la defensa de los derechos humanos que hemos visto en Almería en muchos, muchísimos años”.

Algunos de sus habitantes miraban con desolación el avance de la piqueta o el fuego —cuyo origen se desconocía, según los bomberos— que consumía algunas infraviviendas a primera hora de la mañana. Observaban desde el arcén de la carretera y rodeados de bolsas de plástico y maletas en las que habían guardado sus pertenencias. “Ahí se vivía muy mal, pero estaba cerca del trabajo”, relata Falai Baldeh, de 21 años, que viajó desde Gambia hasta Libia para subirse a una patera hacia Italia. Pasó un año en Turín, atravesó a pie la frontera hasta Francia y llegó en tren a España. Llevaba dos años en Walili hasta que fue expulsado esta mañana. “Me dedico al tomate, el calabacín, la berenjena, el pimiento. Muchísimas horas, pero siempre sin contrato”, aclaraba horas después desde el mismo módulo prefabricado en el que Bacaly Camara apuraba su café. Ambos calculaban opciones para ir a trabajar mañana. “Sea como sea tengo que llegar. Si hay que dormir en la calle, lo haré, pero no puedo perder mi trabajo”, subrayaba el senegalés.

Falai Baldeh, 21 años, procedente de Gambia, en la entrada del campamento temporal instalado entre el Ayuntamiento de Níjar y varias ONG tras el desalojo del campamento de El Walili.
Falai Baldeh, 21 años, procedente de Gambia, en la entrada del campamento temporal instalado entre el Ayuntamiento de Níjar y varias ONG tras el desalojo del campamento de El Walili.Santi Donaire

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

Suscríbete

Como ellos, unas 60 personas mostraban incertidumbre sobre el centro de emergencia al que fueron trasladados en autobús a iniciativa del Ayuntamiento de Níjar (todos hombres magrebíes o subsaharianos, porque las únicas cuatro mujeres que necesitaban techo fueron alojadas en un hostal). Con capacidad para 500 personas, el objetivo era realojar allí a las alrededor de 200 habitantes del asentamiento según los cálculos municipales, aunque las entidades sociales aumentaban la cifra hasta las 450. Durante el fin de semana la mayoría de residentes del campamento se mudaron a otros cercanos de las mismas características, como Atochares o Barranquete. Solo unos pocos necesitaron techo en el espacio municipal, formado por módulos para familias y un puñado de literas desplegadas en una nave industrial. Sus responsables no permitieron a la prensa conocer las condiciones en las que se encontraban los catres o los baños. Ante la presencia de los medios, cerraron a cal y canto las puertas.

Las entidades sociales que trabajan en la zona pedían un desalojo progresivo e individualizado “con deliberación pública y participación de las personas interesadas”, como subrayaba el Secretariado de Migraciones almeriense. Las organizaciones creen que en unos días quedarán ahí pocas personas, puesto que el edificio queda lejos de sus puestos de trabajo. “No sé si podré quedarme: el invernadero queda muy lejos”, confirma Baldeh. “Yo tampoco sé cómo voy a ir mañana a trabajar”, añadía indignado el senegalés El Hadji Diatta, de 39 años. “Los empresarios te llaman porque te necesitan, pero ni pagan bien, ni te ayudan a encontrar vivienda, ni nada” añadía. Él, como la mayoría de quienes viven en estos asentamientos, no tiene documentación. Y sus salarios rondan los cuatro o cinco euros la hora. “Estamos aguantando mucho porque es la única manera de conseguir los papeles. Me han prometido un contrato cuando los tenga”, añade Diatta, que lleva ya 18 meses en Almería y confía en que dentro de seis meses más pueda empezar a tramitar su documentación. “Entonces podré encontrar un buen trabajo”, dice con esperanza.

Módulos prefabricados del campamento temporal instalado por el Ayuntamiento de Nijar en la barriada de Los Grillos, tras el desalojo del campamento del Walili.
Módulos prefabricados del campamento temporal instalado por el Ayuntamiento de Nijar en la barriada de Los Grillos, tras el desalojo del campamento del Walili.Santi Donaire

Sin alternativa para dormir, Diatta se quedará en el centro de emergencia. Antes de residir en Walili pagaba 120 euros al mes por una habitación que compartía con otras dos personas en San Isidro, localidad del extenso municipio de Níjar. Otros relatan que en toda la comarca solo les ofrecen garajes para malvivir junto a otras muchas personas. “Nadie nos alquila pisos”, insiste Samir, un marroquí de 25 años al que le ofrecen un pacto: si paga 5.000 euros a un empresario, este le hacen un contrato a cambio. Sin posibilidades de ahorrar para esa compra, tampoco sabe nada sobre su futuro más cercano. Si antes pedaleaba unos 40 minutos diarios en su bicicleta para ir a trabajar, desde el centro de emergencia la distancia se ha multiplicado. “Tendré que buscar algo más cerca, desde aquí es imposible ir”, asegura. Las cuestas de la sierra de La Serrata son un muro infranqueable a dos ruedas.

“Ese es el gran problema. Desde el nuevo centro no pueden desplazarse hasta los invernaderos y los empresarios les han dicho que no van a recogerlos”, explica Carmen Domínguez, presidenta de Médicos del Mundo en Andalucía, entidad encargada de la gestión del espacio junto a Cepaim, Cruz Roja, Almería Acoge y Hermanas Mercedarias. Domínguez cree que el desalojo se podría haber realizado con más organización y más adelante, cuando la temporada de la agricultura intensiva hubiese acabado. Ahora los migrantes podrán pasar un plazo de dos meses en el centro de emergencia. Nadie sabe qué ocurrirá después. “Lo más probable es que acaben en la calle”, añade una fuente de la plataforma Derecho a Techo, donde creen que el desmantelamiento de Walili no ha sido más que “un montaje para ganar votos en las próximas elecciones municipales”.

Samir, nacido en Marruecos, ha sido de las pocas personas que han acudido al dispositivo de emergencia habilitado por el Ayuntamiento de Nijar tras el desalojo del campamento El Walili.
Samir, nacido en Marruecos, ha sido de las pocas personas que han acudido al dispositivo de emergencia habilitado por el Ayuntamiento de Nijar tras el desalojo del campamento El Walili.Santi Donaire

“Han quitado el asentamiento que más molesta a empresarios y turistas porque se ve desde la carretera”, apunta Fernando Plaza, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que solicita una reunión entre todas las administraciones, patronal y entidades sociales para abordar un plan de vivienda para trabajadores emigrantes agrícolas. “Es la única solución digna”, concluye Plaza. De momento, el Ayuntamiento de Níjar ha impulsado la construcción de apenas 62 viviendas y solo gracias a la financiación de la Junta de Andalucía. Aún en obras, permitirán alojar a 120 personas a partir de la próxima primavera si la obra acaba en los plazos acordados. Otras 3.000 personas seguirán, mientras, malviviendo en más de medio centenar de poblados chabolistas en toda la comarca. Ciudades invisibles junto al paraíso turístico.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

————————————————————————-
Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
En el mes , dia y año que corresponda, Título del artículo, Nombre del periódico, #volumen(#Edición o #ejemplar) pertenecen a la fuente El País .
Solo citamos Noticias con fuentes rss mediante inteligencia artificial en fase de prueba .

Continue Reading
Advertisement

Tendencias

Copyright © 2022

🇦🇷 » 🌎
A %d blogueros les gusta esto: