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El refuerzo de las tropas de Estados Unidos en Rota no se votará en el Congreso

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España y Estados Unidos firmarán en los primeros meses de este año el acuerdo que regulará el despliegue en la base naval de Rota (Cádiz) de dos nuevos destructores lanzamisiles, anunciado por los presidentes Joe Biden y Pedro Sánchez durante la visita que el primero hizo a Madrid en junio pasado, con motivo de la cumbre de la OTAN, según fuentes gubernamentales. Está previsto que el primero de estos dos buques, con 300 tripulantes cada uno, llegue a España en 2024 y el segundo, al año siguiente o en 2026, según el calendario adelantado a las autoridades españolas por el Departamento de Defensa estadounidense.

Aunque la incorporación de los dos nuevos destructores, que se suman a los cuatro ya destacados en la base gaditana, supondrá aumentar en un 50% la presencia de la Navy en España, los minsiterios de Defensa y Asuntos Exteriores, directamente implicados en la negociación, consideran que no requiere reformar el actual convenio de defensa con EE UU y puede hacerse a través de un mero acuerdo administrativo. Por eso, salvo cambio de criterio, no está previsto someter el aumento de tropas a la ratificación de las Cortes, al contrario de lo que se hizo con las anteriores tres enmiendas al convenio —en los años 2002, 2012 y 2015—, sino solo informarlas del mismo.

Esta decisión permitirá evitar la imagen de los dos socios de Gobierno votando divididos en el Parlamento —Unidas Podemos ya ha adelantado que no apoyará el refuerzo de la presencia militar estadounidense en España—, aunque sí tendrá que aprobarse en el Consejo de Ministros, donde ambos se sientan. Sin embargo, no abordar la reforma del acuerdo militar con Washington tendrá un efecto colateral: no podrá prorrogarse la vigencia del actual texto, que expiró en mayo de 2021.

El convenio de cooperación para la defensa entre España y EE UU se firmó en diciembre de 1988, con una vigencia de ocho años, pero las dos primeras veces que se reformó (para regular la actuación en España de los servicios secretos de la Marina y la Fuerza Aérea estadounidenses y para incluir la llegada de los cuatro primeros destructores a Rota) se prorrogó su vigencia por el mismo periodo, extendiéndose esta hasta el 21 de mayo de 2021. Desde entonces se aplica el artículo 59.2 del convenio, según el cual este se prorroga automáticamente por periodos anuales si, seis meses antes de su finalización, ninguna de las partes lo denuncia. Como no se denunció antes del 21 de noviembre, su vigencia se ha extendido hasta mayo de 2024.

Tener de inquilinas a las Fuerzas Armadas estadounidenses con un contrato que caduca cada año puede causar inseguridad jurídica, pero las fuentes consultadas sostienen que Washington sabe que España es un aliado sólido y que este vínculo no va a cambiar aunque lo haga el partido en el Gobierno.

Desde el punto de vista jurídico, la cuestión es controvertida, pues el convenio bilateral tiene rango de tratado internacional para España, (aunque no para EE UU) y requiere la aprobación de las Cortes. La enumeración de las unidades destacadas en Rota figura en un anexo, pero este forma parte del propio convenio, como especifica su artículo 69.1, por eso se sometió a ratificación del Congreso la llegada de los cuatro buques.

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No obstante, el segundo protocolo de enmienda, el que autorizó el despliegue de los destructores, señala que los dos países “podrán celebrar acuerdos administrativos en desarrollo” del mismo, “según sea necesario, siempre que estos acuerdos sean conformes con el convenio y con las respectivas legislaciones nacionales”. Fuentes gubernamentales interpretan que, en virtud de este artículo, un “acuerdo administrativo” podría servir de paraguas para el reforzamiento de Rota (Cádiz).

Otras fuentes agregan que, en todo caso, no se superaría el tope de personal estadounidense fijado en el convenio para la base de Rota: 4.250 militares y 1.000 civiles. En septiembre de 2021, la presencia real de estadounidenses se limitaba a 3.200 militares y 450 civiles, el 70% de lo autorizado. Tampoco los seis destructores estarían nunca simultáneamente en Rota, agregan, ya que siempre hay más de uno navegando o en dique seco, por avería o mantenimiento.

Si el Gobierno optara por someter la llegada de los nuevos destructores al Congreso no podría contar con algunos socios de investidura y probablemente dependería del PP para su aprobación. Aunque es impensable que Alberto Núñez Feijóo boicoteara la cooperación militar con Washington, los puentes entre el Ejecutivo con el primer partido de la oposición están rotos y domina la desconfianza, incluso en temas de Estado.

Más allá del debate político, está el económico. El aumento del número de destructores supondrá más trabajo para los astilleros de Navantia, a los que la Navy ha adjudicado el mantenimiento de sus buques en Rota por un máximo de 822 millones de euros hasta 2028.

Cuatro destructores más modernos y con ‘grifos’

Los cuatro destructores de la clase Arleigh Burke llegaron a Rota entre febrero de 2014, el USS Donald Cook, el primero de ellos; y septiembre de 2015, el USS Carney, último. Dotados con el sistema de combate Aegis, forman el componente naval del escudo antimisiles que la OTAN aprobó poner en marcha en 2010 para protegerse de un hipotético ataque con misiles balísticos de países como Irán y Corea del Norte (entonces se consideraba todavía a Rusia como un socio) e incluye bases terrestres lanzamisiles en Polonia y Rumania y un radar en Turquía. Sin embargo, esa no es su única misión que les encomienda el Pentágono: con frecuencia hacen patrullas de vigilancia y disuasión en el Mar Negro y, en abril de 2017, dos de estos buques lanzaron 59 misiles Tomahawk en represalia por el uso de armas químicas por el régimen de Bachar el Asad.

A partir de mayo de 2020, la Navy ha relevado a los destructores inicialmente destacados en Rota por otros cuatro más modernos: el USS Arleigh Burke, el USS Roosevelt, el USS Paul Ignatius y USS Bulkeley. Tras la llegada de este último, en agosto pasado, ha quedado completado el relevo de los buques del Escuadrón de Destructores 60 que integran las Fuerzas Navales de Despliegue Avanzado en Europa (FDNF-E). Los nuevos barcos, a diferencia de los anteriores, llevan un helicóptero embarcado, lo que ha llevado a desplegar en junio pasado en la base de Rota un Escuadrón de Helicópteros Navales de Ataque (HSM-79), conocido como los Griffins (Grifos, la criatura mítica con garras de león y alas de águila), dotado con aeronaves MH-60R Seahawk. 

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Interior niega que el atacante de Algeciras responda al perfil de yihadista

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Mientras continúa la investigación sobre los ataques perpetrados por un joven marroquí de 25 años el miércoles en Algeciras (Cádiz), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves durante una rueda de prensa en la ciudad gaditana que el agresor “nunca ha estado en el radar de un servicio nacional por radicalización, pero tampoco en ninguna de las bases de datos de los distintos países amigos cercanos donde haya tenido residencia”. Se mantiene así el ministro en la línea de las pesquisas policiales que sostienen que Yasine Kanjaa, que mató a machetazos al sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, e hirió gravemente al sacerdote de la parroquia de San Isidro, Antonio Rodríguez, sufría “algún tipo de trastorno mental, actuó solo y no consta que estuviera radicalizado”. El ministro se distancia así de la tesis que mantiene el auto inicial del juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, en el que califica los hechos como un delito de asesinato “con fines terroristas”, y lo vincula con el “salafismo yihadista”, la corriente más radical del Islam.

Durante sus violentos ataques, Kanjaa, que se encontraba de manera irregular en España y tenía abierto un procedimiento de expulsión desde junio, insultó e increpó a los feligreses que se encontraban en las iglesias a la hora de la misa de la tarde y realizó manifestaciones en defensa del islam frente al cristianismo. Sus compañeros de piso, una destartalada vivienda okupada en el centro de la ciudad y a escasos metros de los templos atacados, aseguran que había cambiado mucho en los últimos dos meses, tras dejar de consumir drogas, y que les había amenazado en varias ocasiones, enloquecido, asegurando que veía al diablo y rezando.

Marlaska ha viajado hasta la localidad de Algeciras este jueves para reunirse con fuerzas policiales y familiares y allegados del sacristán fallecido. El ministro ha explicado que no hay otras personas investigadas en relación con los hechos y ha definido lo ocurrido como “una violencia absolutamente irracional”. Kanjaa, que fue detenido minutos más tarde de perpetrar sus ataques por la policía local, había sido detenido ya en Gibraltar en agosto de 2019, tras llegar a la colonia británica en una moto de agua y ser deportado a los pocos días, según ha comunicado el Gobierno gibraltareño. Fuentes policiales revelan que se encontraba en España desde hace “algo más de un año” adonde presumiblemente pudo llegar en patera desde una pequeña localidad cercana a Castillejos. Fuentes de la investigación aseguran que Kanjaa se ganaba la vida en España “haciendo trabajillos esporádicos, chapuzas”.

“La investigación sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero estamos en el inicio de las investigaciones y todos las hipótesis siguen abiertas”, ha matizado Marlaska, que ha avanzado que “será el desarrollo de la investigación quien lo pueda concluir”. El ministro ha explicado que, durante los registros realizados la noche del miércoles en la casa donde vivía el investigado se han intervenido “efectos que se aportarán a la autoridad judicial”, pero ha eludido detallar qué objetos han intervenido los agentes. “Se está estudiando, investigando con una razonable naturaleza terrorista, pero como está en ciernes y hay circunstancias concurrentes no hay nada que pueda descartarse”, ha abundado Marlaska. Fuentes policiales dicen no haber encontrado de momento material yihadista entre los dispositivos electrónicos incautados, aunque fuentes de la fiscalía aseguran que “hay elementos” que permitirían concluir que sí se trata de un ataque propio de partidarios de la guerra santa en nombre de Alá, a quien se encomendó el agresor segundos antes de asestar el golpe mortal al sacristán en plena calle.

Yasine Kanjaa, de quien no constan tampoco antecedentes penales por terrorismo ni en España ni en países aliados, ha permanecido en la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras a la espera de ser puesto a disposición judicial. La policía ha solicitado una prórroga de la detención “para tener más tiempo para investigar” y está previsto que el arrestado pase a disposición judicial el lunes.

Por su parte, el ministro ha querido lanzar mensaje de apoyo a los allegados del fallecido y ha deseado un rápido restablecimiento de los heridos. Para el juez, los hechos ocurridos en Algeciras son “incompatibles con los valores que nos definen como sociedad democrática, donde la diversidad no es un problema, sino que enriquece”. Marlaska ha evitado relacionar la investigación terrorista en ciernes con una confesión religiosa, como ha hecho este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al decir: “No verá usted a un católico matar en nombre de su religión, otros pueblos tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Marlaska ha replicado: “Creo en la diversidad y no confundir. Si miramos la historia, todos tenemos trágicos sucesos en los que mirarnos y aprender”.

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Desde Interior han recordado, además, que los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar han crecido un 31% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, debido principalmente al plan especial contra el narcotráfico que se puso en marcha. “En concreto, la comarca ha pasado de tener 1.956 agentes de ambos cuerpos (en diciembre de 2017) a tener 2.579 (en agosto 2022)”. Y, concretamente en Algeciras, “la ciudad ha pasado de tener 1.201 agentes a los actuales 1.363″.

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El jubilado detenido por las cartas pirotécnicas manipuló un dron para que soltara artefactos

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Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.
Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.Iñaki Berasaluce (Europa Press)

La Policía Nacional ha encontrado en la casa de Pompeyo González Pascual, el jubilado detenido este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío de las seis cartas con material pirotécnico que recibieron entre noviembre y diciembre, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, un vehículo aéreo no tripulado, popularmente conocido como dron, manipulado para que pudiera transportar cajas con artefactos similares a las que metió en aquellos sobres y soltarlas por control remoto, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

La documentación recogida apunta a que este exfuncionario de 74 años estaba ideando artefactos con mayor potencia deflagrante (que provocan llama) que los que había remitido y que, solo en una ocasión, había llegado a activarse causando heridas leves a un trabajador de la legación diplomática de Kiev en España, añaden estas fuentes. El resto de envíos fueron neutralizados por las Fuerzas de Seguridad antes de que se funcionaran.

En el acta del registro de su vivienda en Miranda de Ebro se recoge como indicio “C-23″ un dron Dji Mavic 2, un modelo ya descatalogado de algo menos de un kilo de peso pensado para grabar imágenes desde el aire y con capacidad para volar durante media hora. Aficionado al aeromodelismo, el detenido tenía páginas en la red Youtube en las que mostraba algunos de los vídeos que supuestamente grababa en Miranda de Ebro con este dispositivo. De hecho, la policía encontró en el dron una tarjeta de memoria de 64 gigas utilizada supuestamente para registrar las imágenes.

Sin embargo, lo que más alarmó a los agentes fue el hallazgo, en la misma estancia del piso, de un “conjunto de dispositivos electrónicos de color gris” supuestamente ideado para “la suelta de carga de[sde] dron”, según recoge el documento judicial, donde aparece referencia como indicio “C-14″. Según las fuentes consultadas, este ingenio, supuestamente de fabricación casera, permitía transportar objetos de un tamaño similar a las cajas de madera que elaboró González Pascual para que contuvieran los artefactos que envió por correo postal, y que los soltara por control remoto.

Entre el material intervenido también se localizaron imanes, tubos metálicos de diferentes diámetros y longitudes, muelles, tornillería, trozos de madera, cables y virutas de acero, así como diferentes herramientas, como taladros, una sierra y un cortatubos. La intervención de este material era uno de los objetivos del registro, como reflejaba el autor del juez que autorizó la entrada en la vivienda y que expresamente pedía buscar “todos aquellos efectos, instrumentos y objetos de ferretería relacionados con el delito investigado, tales como armas, precursores, sustancias explosivas…” tras constatar los investigadores que los artefactos eran de fabricación casera.

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Las pesquisas también revelaron que González Pascual ―al que se le considera un radical favorable a Rusia en la guerra de Ucrania― había adquirido, entre junio y julio pasados, a través de Amazon “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes”, todo ellos elementos potencialmente utilizables para elaborar artefactos explosivos. El acta judicial no refleja que durante el registro de la vivienda, el trastero y el coche del detenido se localizara nada de ello, aunque sí algunas sustancias que los expertos policiales deben analizar para concretar su composición.

Lo que sí localizaron los agentes fue documentación en papel, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, seis tarjetas de memoria y otros tantos pendrive (pequeños dispositivos informáticos de memoria). Los agentes analizan ahora todo ello en busca de más indicios contra González Pascual, que, cuando fue arrestado el miércoles aún aseguraba a los agentes que se habían “equivocado” al detenerle, según destaca el documento judicial. Aún no sabía la larga lista de indicios que en los últimos meses habían recabado contra él los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.

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Ares, el hombre del aparato socialista vasco

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Rodolfo Ares, fallecido este jueves, fue conocido públicamente hacia el final de su carrera política, en 2009, cuando Patxi López, elegido lehendakari, le nombró consejero de Interior del Gobierno vasco, donde le tocó afrontar los últimos coletazos de ETA en estrecho contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Era un hombre de aparato, discreto. No se recuerda, por ejemplo, que sustituyó a Fernando Buesa como portavoz socialista en el Parlamento vasco, cuando fue asesinado. Pero, desde la sombra, su historia se cruza con la del socialismo vasco desde los inicios democráticos hasta el final del terrorismo.

Su labor al frente de la Ertzaintza dejó huella en el final del terrorismo. Creó una unidad especial formada por un nutrido grupo de analistas a escala local en coordinación con las Fuerzas de Seguridad estatales, e impulsó una política de tolerancia cero y de eliminación de la impunidad del mundo etarra en los espacios públicos, acordadas con los ayuntamientos. Fueron decisiones muy eficaces en el final del terrorismo, apenas recordadas.

Para ese momento, Ares había hecho un largo recorrido en el aparato del PSE desde que ingresó en los albores de la democracia. En 1983 fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y luego parlamentario vasco. Pero fue, ante todo, un hombre de aparato, antes de que en 1997 fuera reconocido como secretario de Organización del PSE hasta 2014.

Su importancia en el aparato socialista fue evidente en el nombramiento de Nicolás Redondo Terreros como secretario general del PSE en 1997, en sustitución de Ramón Jáuregui, y fue decisivo en el relevo de Redondo por Patxi López en 2005. Ares había trabajado con ambos en el aparato. Pero como político pragmático entendió que en Euskadi se abría la etapa del final del terrorismo, y apostó por López, en sintonía con el Gobierno de Zapatero. Apoyó la apuesta política inteligente del diálogo con ETA para dividir y aislar a quienes querían continuar con el terrorismo que no contradecía el combate contra el terrorismo.

No jugó un papel sobresaliente en el proceso dialogado del fin de ETA. Pero Patxi López y Rubalcaba lo tuvieron informado y contaron con él para participar en la delegación socialista, con Jesús Eguiguren y el jurista Gómez Benítez, en la última reunión, celebrada con ETA y Batasuna en Ginebra en mayo de 2007.

Ares se sentía cómodo en el papel de hombre necesario en la sombra. Estaba detrás de todas las decisiones del PSE, de las pequeñas a las importantes. Protagonizó con López el acuerdo con el PP vasco para desbancar a Juan José Ibarretxe de la presidencia del Gobierno vasco en 2009 por empeñarse en mantener su política soberanista. Con Patxi López como lehendakari, además de dirigir desde Euskadi la lucha antiterrorista, estuvo detrás de la Vía Nanclares de reinserción; de las políticas de memoria y del reconocimiento a las víctimas, para las que organizó un congreso. Tuvo la satisfacción de participar en el fin del terrorismo en 2011 y poco después dejó la política discretamente.

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