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El deber de abstención de Campo y Díez mermará la mayoría progresista en deliberaciones del Constitucional

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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en abril de 2021.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en abril de 2021.EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL (Europa Press)

La inminente renovación del Tribunal Constitucional implica que, por primera vez en nueve años, los magistrados de tendencia progresista serán mayoría en este órgano. Del actual 6-5 a favor del sector conservador se pasará a un 7-4 para los progresistas. Pero esta superioridad holgada puede tambalearse, o al menos se verá mermada, en algunos asuntos clave, debido a la posibilidad de una abstencion o recusación de dos de los nuevos magistrados: Juan Carlos Campo —exministro de Justicia— y Laura Díez Bueso —ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia—.

No hay precedentes de magistrados que antes de llegar al tribunal de garantías hubieran sido ministros, por lo que el propio Constitucional tendrá que ir asentando los criterios que fija, sobre todo, para el caso de Campo. La ley orgánica que regula el tribunal de garantías no establece las causas de abstención y se remite a las previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la jurisdicción ordinaria. Este precepto enumera hasta 16 causas de abstención o recusación, pero son la número 13 (“Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”) y la 16 (”Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”) las que afectarán, en la mayoría de los casos, a los dos nuevos magistrados designados por el Ejecutivo. La norma establece que el magistrado en quien concurra una de estas causas se abstendrá sin esperar a que se le recuse, pero también puede ser recusado por alguna de las partes implicadas en el asunto en cuestión.

El caso del exministro es el más delicado porque su responsabilidad al frente de Justicia le llevó a intervenir en la mayoría de las leyes tramitadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez mientras él estuvo en el cargo (entre enero de 2020 y julio de 2021) o en resoluciones de otro tipo que también hayan podido ser objeto de impugnación ante el Constitucional. El tribunal de garantías tiene varios recursos pendientes de resolver que afectan al Gobierno de Sánchez y que se redactaron o se aprobaron cuando Campo ocupaba la cartera de Justicia, como la Ley de Eutanasia, la reforma educativa (conocida como ley Celaá), la norma que veta los nombramientos discrecionales al Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones y la Ley Integral de la Libertad Sexual (ley del solo sí es sí), que ha sido recurrida por Vox.

Juristas consultados tienen dudas de si Campo debería quedar apartado solo de aquellas normas impulsadas por su departamento (en solitario o con otros ministerios), como la ley del solo sí es sí, o si tendría que abstenerse de todos los asuntos que pasaran por el Consejo de Ministros —al ser un órgano de decisión colegiada—, lo que le dejaría fuera de la deliberación sobre cualquier ley tramitada por el Gobierno del que formó parte. Los juristas prefieren ser cautos por la falta de precedentes y señalan que será el propio exministro y sus nuevos compañeros del tribunal de garantías los que tendrán que establecer los criterios para cada caso a medida que se vayan presentando.

Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, se inclina, no obstante, por considerar que Campo tendrá que apartarse de cualquier asunto que haya pasado por el Consejo de Ministros. “Y todas las leyes pasan por ahí”, advierte. El catedrático de la Universidad de Valencia Lorenzo Cotino cree que, quizá, haya que hacer una diferenciación en función del alcance que tuvo la intervención del exministro en el asunto en cuestión. “Probablemente no tenga que abstenerse automáticamente de todo por haber pasado por el Consejo de Ministros, pero en aquellos casos en los que su ministerio elaboró un informe o intervino en ley de forma más o menos directa, sin duda, sí. Y probablemente son la mayoría”, advierte el jurista.

La trayectoria política de Campo le puede llevar a quedar apartado de otros asuntos anteriores a su etapa como ministro; entre ellos, el recurso sobre la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que lleva más de 10 años sin resolverse y que tendrá que abordar el renovado Constitucional. Cuando se aprobó esta norma, Campo era secretario de Estado de Justicia. El exministro puede también quedarse fuera de algunos asuntos por su relación sentimental con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Los juristas creen que esta razón le dejará fuera de la deliberación sobre el recurso presentado por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la decisión de Batet de retirarle el escaño tras una condena de 45 días de cárcel impuesta por el Supremo, pero hay más dudas sobre otros derivados de la intervención del Congreso o alguno de los órganos de la Cámara de los que Batet forma parte.

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Los mismos criterios regirán para Díez Bueso, que ocupó cargos en el Gobierno entre junio de 2018 y abril de 2022, primero como directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (cuando al frente de este estaba José Antonio Montilla) y, desde febrero de 2020, como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia (primero con Carmen Calvo y luego, con Félix Bolaños).

Entre las funciones de esa dirección general se encuentra, por ejemplo, la realización de informes sobre las cuestiones constitucionales que puedan suscitarse en relación con las distintas iniciativas parlamentarias, lo que, señala el catedrático Cotino, previsiblemente implique la abstención de la magistrada si este departamento informó sobre alguna de las leyes que están recurridas al Constitucional. Sobre esta casuística sí que hay precedentes, señala el jurista, que recuerda el caso de un magistrado que había sido miembro de un consejo consultivo autonómico que había informado sobre una ley que posteriormente fue impugnada al Constitucional, lo que le llevó a abstenerse de forma voluntaria.

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España

Interior niega que el atacante de Algeciras responda al perfil de yihadista

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Mientras continúa la investigación sobre los ataques perpetrados por un joven marroquí de 25 años el miércoles en Algeciras (Cádiz), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves durante una rueda de prensa en la ciudad gaditana que el agresor “nunca ha estado en el radar de un servicio nacional por radicalización, pero tampoco en ninguna de las bases de datos de los distintos países amigos cercanos donde haya tenido residencia”. Se mantiene así el ministro en la línea de las pesquisas policiales que sostienen que Yasine Kanjaa, que mató a machetazos al sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, e hirió gravemente al sacerdote de la parroquia de San Isidro, Antonio Rodríguez, sufría “algún tipo de trastorno mental, actuó solo y no consta que estuviera radicalizado”. El ministro se distancia así de la tesis que mantiene el auto inicial del juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, en el que califica los hechos como un delito de asesinato “con fines terroristas”, y lo vincula con el “salafismo yihadista”, la corriente más radical del Islam.

Durante sus violentos ataques, Kanjaa, que se encontraba de manera irregular en España y tenía abierto un procedimiento de expulsión desde junio, insultó e increpó a los feligreses que se encontraban en las iglesias a la hora de la misa de la tarde y realizó manifestaciones en defensa del islam frente al cristianismo. Sus compañeros de piso, una destartalada vivienda okupada en el centro de la ciudad y a escasos metros de los templos atacados, aseguran que había cambiado mucho en los últimos dos meses, tras dejar de consumir drogas, y que les había amenazado en varias ocasiones, enloquecido, asegurando que veía al diablo y rezando.

Marlaska ha viajado hasta la localidad de Algeciras este jueves para reunirse con fuerzas policiales y familiares y allegados del sacristán fallecido. El ministro ha explicado que no hay otras personas investigadas en relación con los hechos y ha definido lo ocurrido como “una violencia absolutamente irracional”. Kanjaa, que fue detenido minutos más tarde de perpetrar sus ataques por la policía local, había sido detenido ya en Gibraltar en agosto de 2019, tras llegar a la colonia británica en una moto de agua y ser deportado a los pocos días, según ha comunicado el Gobierno gibraltareño. Fuentes policiales revelan que se encontraba en España desde hace “algo más de un año” adonde presumiblemente pudo llegar en patera desde una pequeña localidad cercana a Castillejos. Fuentes de la investigación aseguran que Kanjaa se ganaba la vida en España “haciendo trabajillos esporádicos, chapuzas”.

“La investigación sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero estamos en el inicio de las investigaciones y todos las hipótesis siguen abiertas”, ha matizado Marlaska, que ha avanzado que “será el desarrollo de la investigación quien lo pueda concluir”. El ministro ha explicado que, durante los registros realizados la noche del miércoles en la casa donde vivía el investigado se han intervenido “efectos que se aportarán a la autoridad judicial”, pero ha eludido detallar qué objetos han intervenido los agentes. “Se está estudiando, investigando con una razonable naturaleza terrorista, pero como está en ciernes y hay circunstancias concurrentes no hay nada que pueda descartarse”, ha abundado Marlaska. Fuentes policiales dicen no haber encontrado de momento material yihadista entre los dispositivos electrónicos incautados, aunque fuentes de la fiscalía aseguran que “hay elementos” que permitirían concluir que sí se trata de un ataque propio de partidarios de la guerra santa en nombre de Alá, a quien se encomendó el agresor segundos antes de asestar el golpe mortal al sacristán en plena calle.

Yasine Kanjaa, de quien no constan tampoco antecedentes penales por terrorismo ni en España ni en países aliados, ha permanecido en la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras a la espera de ser puesto a disposición judicial. La policía ha solicitado una prórroga de la detención “para tener más tiempo para investigar” y está previsto que el arrestado pase a disposición judicial el lunes.

Por su parte, el ministro ha querido lanzar mensaje de apoyo a los allegados del fallecido y ha deseado un rápido restablecimiento de los heridos. Para el juez, los hechos ocurridos en Algeciras son “incompatibles con los valores que nos definen como sociedad democrática, donde la diversidad no es un problema, sino que enriquece”. Marlaska ha evitado relacionar la investigación terrorista en ciernes con una confesión religiosa, como ha hecho este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al decir: “No verá usted a un católico matar en nombre de su religión, otros pueblos tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Marlaska ha replicado: “Creo en la diversidad y no confundir. Si miramos la historia, todos tenemos trágicos sucesos en los que mirarnos y aprender”.

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Desde Interior han recordado, además, que los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar han crecido un 31% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, debido principalmente al plan especial contra el narcotráfico que se puso en marcha. “En concreto, la comarca ha pasado de tener 1.956 agentes de ambos cuerpos (en diciembre de 2017) a tener 2.579 (en agosto 2022)”. Y, concretamente en Algeciras, “la ciudad ha pasado de tener 1.201 agentes a los actuales 1.363″.

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El jubilado detenido por las cartas pirotécnicas manipuló un dron para que soltara artefactos

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Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.
Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.Iñaki Berasaluce (Europa Press)

La Policía Nacional ha encontrado en la casa de Pompeyo González Pascual, el jubilado detenido este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío de las seis cartas con material pirotécnico que recibieron entre noviembre y diciembre, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, un vehículo aéreo no tripulado, popularmente conocido como dron, manipulado para que pudiera transportar cajas con artefactos similares a las que metió en aquellos sobres y soltarlas por control remoto, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

La documentación recogida apunta a que este exfuncionario de 74 años estaba ideando artefactos con mayor potencia deflagrante (que provocan llama) que los que había remitido y que, solo en una ocasión, había llegado a activarse causando heridas leves a un trabajador de la legación diplomática de Kiev en España, añaden estas fuentes. El resto de envíos fueron neutralizados por las Fuerzas de Seguridad antes de que se funcionaran.

En el acta del registro de su vivienda en Miranda de Ebro se recoge como indicio “C-23″ un dron Dji Mavic 2, un modelo ya descatalogado de algo menos de un kilo de peso pensado para grabar imágenes desde el aire y con capacidad para volar durante media hora. Aficionado al aeromodelismo, el detenido tenía páginas en la red Youtube en las que mostraba algunos de los vídeos que supuestamente grababa en Miranda de Ebro con este dispositivo. De hecho, la policía encontró en el dron una tarjeta de memoria de 64 gigas utilizada supuestamente para registrar las imágenes.

Sin embargo, lo que más alarmó a los agentes fue el hallazgo, en la misma estancia del piso, de un “conjunto de dispositivos electrónicos de color gris” supuestamente ideado para “la suelta de carga de[sde] dron”, según recoge el documento judicial, donde aparece referencia como indicio “C-14″. Según las fuentes consultadas, este ingenio, supuestamente de fabricación casera, permitía transportar objetos de un tamaño similar a las cajas de madera que elaboró González Pascual para que contuvieran los artefactos que envió por correo postal, y que los soltara por control remoto.

Entre el material intervenido también se localizaron imanes, tubos metálicos de diferentes diámetros y longitudes, muelles, tornillería, trozos de madera, cables y virutas de acero, así como diferentes herramientas, como taladros, una sierra y un cortatubos. La intervención de este material era uno de los objetivos del registro, como reflejaba el autor del juez que autorizó la entrada en la vivienda y que expresamente pedía buscar “todos aquellos efectos, instrumentos y objetos de ferretería relacionados con el delito investigado, tales como armas, precursores, sustancias explosivas…” tras constatar los investigadores que los artefactos eran de fabricación casera.

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Las pesquisas también revelaron que González Pascual ―al que se le considera un radical favorable a Rusia en la guerra de Ucrania― había adquirido, entre junio y julio pasados, a través de Amazon “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes”, todo ellos elementos potencialmente utilizables para elaborar artefactos explosivos. El acta judicial no refleja que durante el registro de la vivienda, el trastero y el coche del detenido se localizara nada de ello, aunque sí algunas sustancias que los expertos policiales deben analizar para concretar su composición.

Lo que sí localizaron los agentes fue documentación en papel, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, seis tarjetas de memoria y otros tantos pendrive (pequeños dispositivos informáticos de memoria). Los agentes analizan ahora todo ello en busca de más indicios contra González Pascual, que, cuando fue arrestado el miércoles aún aseguraba a los agentes que se habían “equivocado” al detenerle, según destaca el documento judicial. Aún no sabía la larga lista de indicios que en los últimos meses habían recabado contra él los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.

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Ares, el hombre del aparato socialista vasco

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Rodolfo Ares, fallecido este jueves, fue conocido públicamente hacia el final de su carrera política, en 2009, cuando Patxi López, elegido lehendakari, le nombró consejero de Interior del Gobierno vasco, donde le tocó afrontar los últimos coletazos de ETA en estrecho contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Era un hombre de aparato, discreto. No se recuerda, por ejemplo, que sustituyó a Fernando Buesa como portavoz socialista en el Parlamento vasco, cuando fue asesinado. Pero, desde la sombra, su historia se cruza con la del socialismo vasco desde los inicios democráticos hasta el final del terrorismo.

Su labor al frente de la Ertzaintza dejó huella en el final del terrorismo. Creó una unidad especial formada por un nutrido grupo de analistas a escala local en coordinación con las Fuerzas de Seguridad estatales, e impulsó una política de tolerancia cero y de eliminación de la impunidad del mundo etarra en los espacios públicos, acordadas con los ayuntamientos. Fueron decisiones muy eficaces en el final del terrorismo, apenas recordadas.

Para ese momento, Ares había hecho un largo recorrido en el aparato del PSE desde que ingresó en los albores de la democracia. En 1983 fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y luego parlamentario vasco. Pero fue, ante todo, un hombre de aparato, antes de que en 1997 fuera reconocido como secretario de Organización del PSE hasta 2014.

Su importancia en el aparato socialista fue evidente en el nombramiento de Nicolás Redondo Terreros como secretario general del PSE en 1997, en sustitución de Ramón Jáuregui, y fue decisivo en el relevo de Redondo por Patxi López en 2005. Ares había trabajado con ambos en el aparato. Pero como político pragmático entendió que en Euskadi se abría la etapa del final del terrorismo, y apostó por López, en sintonía con el Gobierno de Zapatero. Apoyó la apuesta política inteligente del diálogo con ETA para dividir y aislar a quienes querían continuar con el terrorismo que no contradecía el combate contra el terrorismo.

No jugó un papel sobresaliente en el proceso dialogado del fin de ETA. Pero Patxi López y Rubalcaba lo tuvieron informado y contaron con él para participar en la delegación socialista, con Jesús Eguiguren y el jurista Gómez Benítez, en la última reunión, celebrada con ETA y Batasuna en Ginebra en mayo de 2007.

Ares se sentía cómodo en el papel de hombre necesario en la sombra. Estaba detrás de todas las decisiones del PSE, de las pequeñas a las importantes. Protagonizó con López el acuerdo con el PP vasco para desbancar a Juan José Ibarretxe de la presidencia del Gobierno vasco en 2009 por empeñarse en mantener su política soberanista. Con Patxi López como lehendakari, además de dirigir desde Euskadi la lucha antiterrorista, estuvo detrás de la Vía Nanclares de reinserción; de las políticas de memoria y del reconocimiento a las víctimas, para las que organizó un congreso. Tuvo la satisfacción de participar en el fin del terrorismo en 2011 y poco después dejó la política discretamente.

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