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La gran chapuza del concejal Ramírez en Ponzano, el epicentro de las terrazas de Madrid: “No he visto una obra igual”

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En teoría, esta calle volverá a ser una calle. En la práctica, hay pocas vías en Madrid que ejemplifiquen tan bien una chapuza. Todo está patas arriba desde finales de septiembre por unas obras. Hay vallas amarillas, azules, rojas, blancas, por el medio. Máquinas, cementeras, adoquines, cilindros rojos y gigantescos, por el medio. Terrones, montículos, escombros. Albañiles con chalecos amarillos de un lado para otro. Más vallas. Peatones que tropiezan cada dos por tres. Repartidores de Glovo serpenteando baches. Clientes de restaurantes que hacen cola sobre un lodazal. Repartidores de cerveza que, como no pueden acceder, aparcan los camiones en los aledaños más cercanos y cortan el tráfico, y se bajan de la cabina muy rápido, murmurando, hartos. Inmediatamente, aparece una pareja de policías locales en moto para avisarles de que se muevan ya o serán multados. Otro conductor de un turismo decide aparcar en la vía porque… qué más da ya todo. Un comerciante dice que se generan barrizales cuando diluvia. Un vecino que camina a paso lento con un bastón contempla la escena. Un padre treintañero sonríe con el carrito de su bebé zigzagueando obstáculos como si fuera una prueba del Grand Prix. Bienvenidos a una mañana en Ponzano.

Es tal la chapuza de la calle de Ponzano, que hasta una larga acera de un tramo de la vía se ha levantado, se ha puesto nueva, se ha hecho mal, se ha vuelto a levantar entera y, en teoría, ya está bien puesta. “Ahora tienen problemas con el paso de peatones”, explica una conserje sobre su puerta. “No saben si moverlo cinco metros a la derecha o no, por eso está parado aquí”. Hay pasos de cebras en Madrid que son verdaderos jeroglíficos. En la reforma de Ponzano están metidas en el tajo cuatro empresas. Realizan una obra de 873.677,95 euros que afecta a poco más 70 números de una calle. Una de las sociedades denuncia en EL PAÍS un impago de otra. Y todo sucede en el epicentro de la manida libertad madrileña, en una vía de poco más de 1.000 metros que alberga a más de 70 bares, donde hubo un tiempo en que los vecinos de la calle colgaban banderas de España en los balcones y que ahora, poco a poco, van mutando en carteles contra el ruido que generan los clientes de las terrazas que tienen los restaurantes de abajo. No son buenos tiempos para los vecinos de Ponzano.

Nadie dijo que fuera fácil vivir en el paraíso de la libertad. Ponzano se ubica en el distrito de Chamberí, una de las zonas más ricas de la capital de España. Aquí conviven seis barrios que suman 150.000 vecinos. No se encuentran pisos de alquiler por menos de 1.000 euros. Un simple bajo de 17 metros —el piso más barato que se podía encontrar en Idealista este miércoles y que, en teoría, se ofrece para vivir— se vende por 160.000. La renta más común supera los 26.000 euros, según el INE. Chamberí es un auténtico feudo conservador. Tanto, que su vecina más ilustre es la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ayuso cosechó en estos rincones más del 65% de los votos en las últimas elecciones de hace poco más de un año.

Las obras de la calle de Ponzano.
Las obras de la calle de Ponzano. Álvaro García

Pero —siempre hay peros en el PP―, todos los focos apuntan ahora hacia un hombre moreno, de rizos blancos y engominado, de americanas, vaqueros y zapatos clásicos: Javier Ramírez, concejal del PP y presidente del distrito desde 2019. Del ala más conservadora del partido, ejerce con puño de hierro los plenos en el barrio. Famoso por gastarse más de 90.000 euros de dinero público en banderas de España, Ramírez visita a menudo un par de bares de Ponzano, según relatan varios hosteleros y vecinos de la zona. Nadie olvida que es el concejal que más permisos de nuevas terrazas concedió durante la pandemia, tal y como contó eldiario.es el pasado marzo.

Tirar una caña en Madrid se convirtió en aquellos días en una cuestión política. La hostelería es uno de los sectores que más empleos ha generado en España en los últimos años. En la capital son cerca de 270.000 familias las que viven gracias a este negocio, que aporta el 4,6% del PIB a la ciudad. Había, en definitiva, muchos votos en juego en el barrio. Un camarero de Ponzano, que viene a trabajar desde las zonas más humildes de Madrid, era un potencial voto de una familia de Vallecas o Usera. El PP abrió los bares y restaurantes cuando el resto de comunidades aplicó el cerrojazo. La eclosión de las terrazas durante los meses de la desescalada fue de tal calibre, que colocó a los bares de Ponzano en la cima capitalina del ocio, como una especie de pica en Flandes para el sector hostelero. Los bares que no tenían terrazas se dieron de pronto con la posibilidad de tener una bien grande en la plaza de aparcamiento que tenían enfrente. Adiós a gran parte de los coches de los residentes. Bienvenidas mesas, sillas, barandas, clientes. Hasta siempre descanso placentero para los vecinos.

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En Ponzano ―sobre todo desde los últimos cuatro años―si un local se queda libre, se convierte en cuestión de días en un bar, restaurante o pub de copas. Año y medio después de la gran expansión de las terrazas, el hartazgo de los vecinos es palpable en la mayoría de los portales. La mayoría dice abiertamente que no aguanta más, que, si pueden, se marchan los fines de semana con tal de no soportar el ruido callejero de las cañas. Hasta alguno ha puesto su piso en venta. Ahora, para más inri, la calle está patas arriba por iniciativa del propio concejal Ramírez, que ha presupuestado una reforma integral de la vía en más 800.000 euros. Suprimirá una fila de aparcamientos de residentes para ampliar un poco más las aceras. Los hosteleros consultados creen que podrán colocar ahí sus terrazas. Los vecinos confían en que se supriman todas. La realidad solo está en la cabeza de Ramírez, que ha levantado ampollas entre algunos ediles del Ayuntamiento.

Fernando Ramos, relojero, en la calle de Ponzano.
Fernando Ramos, relojero, en la calle de Ponzano. Álvaro García

Una obra que nadie pidió

La obra de Ramírez ni siquiera estaba contemplada por la concejalía de Obras, gestionada también por PP. “En ocasiones los distritos piden hacer algunas”, explica un portavoz del área. Una concejal del equipo de Gobierno cuenta por teléfono que Ramírez les “vendió” hace meses esta obra como “muy necesaria” para el barrio durante una reunión matutina en una sala del palacio de Cibeles. “Decía que tenía que hacerse sí o sí por una cuestión de accesibilidad”, apunta esta edil. “Pero vamos, que seguro que detrás de esto va algo de favorecer a algunos amiguetes suyos”. Otras voces del PP reconocen cierta inquietud por este asunto.

“No. Nadie ha pedido esta obra”, cuenta Pilar Rodríguez, de 71 años, y presidenta de la Asociación de Vecinos de El Organillo, del propio barrio. “Es una reforma por y para los bares”. Fernando Ramos, de 58 años, es relojero de tercera generación en el portal cuatro de la calle: “Esto es mortal para los comercios”. Los trabajadores de la carnicería López tampoco se andan con historias: “Toda esta obra es mentira. En mi vida he visto una cosa igual. Dijeron que iba a durar tres semanas y ya van por cuatro meses”. E incluso un empleado de la gasolinera Repsol, ubicada en mitad de la vía, apunta: “Es desastroso con mayúsculas. ¡Si la gente se cae cada dos por tres cuando camina!”.

Las obras de la calle de Ponzano.
Las obras de la calle de Ponzano. Álvaro García

El engranaje administrativo de la contratación de la obra también tiene su miga. La reforma se ha dividido en dos tramos, que se adjudicaron a una empresa, que a su vez subcontrató a otras dos, una de las cuales volvió a subcontratar sus tareas, de tal manera que donde debió intervenir una sola empresa ahora operan cuatro y no todas bien avenidas, con acusaciones de impago entre medias. El escándalo es de tal magnitud, que este martes no había nadie trabajando en el primer tramo ante la sorpresa de los vecinos y camareros.

Íñigo García, de 70 años, y con un bigote anaranjado por el vicio de los cigarros, dialogaba en la puerta con Fide Verdugo, de 79. Fide es toda una institución de Ponzano. Propietario de dos cervecerías y marisquerías que llevan su nombre, dice que las obras siempre perjudican al principio, pero que estas, en concreto, son muy necesarias para la calle. “El problema de aquí no son los restaurantes, sino los bares de copas. Se establecen unos horarios que luego no se cumplen. La gente bebe y…”. García, el vecino del bigote anaranjado, interrumpe la conversación tras una gran calada:

―Y la gente se desmadra.

A pocos metros, un trabajador de la obra ataviado con un mono blanco repleto de manchurrones de colores de pintura deambula entre la zona acordonada, tratando de matar el tiempo de un lado para otro. Dice que el pasado sábado tenía la orden de colocar bien las vallas porque un jefe le chivó que el alcalde Almeida tenía previsto acercarse por la zona.

―¿Queda mucho para terminar la obra?

―Pues casi todo.

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Muere una conocida militante del PP de Zaragoza y toda su familia en un choque frontal con el hermano del diseñador Mariscal, también fallecido

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En el accidente ha perdido la vida Inés Bellido, directora en la Cámara de Comercio, embarazada de cinco meses, y su marido y su hijo, además de Santi Errando Mariscal

Accidente ha ocurrido en la N-234. la noche del viernes

Un total de cuatro personas han fallecido esta noche al colisionar dos vehículos cuando circulaban por la carretera N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, en la Comarca de Comunidad de Calatayud, han informado la DPZ y la Guardia Civil.

POLITICA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD
DPZ.
Accidente ha ocurrido en la N-234. la noche del viernes

Un total de cuatro personas han fallecido esta noche al colisionar dos vehículos cuando circulaban por la carretera N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, en la Comarca de Comunidad de Calatayud, han informado la DPZ y la Guardia Civil.

POLITICA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD
DPZ.DPZ. (Europa Press)

Fue un choque frontal en la noche del viernes, en el kilómetro 267 de la N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, muy cerca de Calatayud. Presuntamente el vehículo que conducía solo Santi Errando Marisca, hermano del diseñador valenciano, invadió el carril contrario por el que venía Inés Bellido, la directora de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Zaragoza, embarazada de cinco meses, junto a su marido, el profesor Tomás Aróstegui, del colegio Montearagón en la capital aragonesa, y el hijo de ambos, Enrique, que iba a cumplir tres años en marzo. Todos fallecieron tras el siniestro, que provocó que ambos coches ardieran. A medida que se han ido conociendo las identidades de los fallecidos la consternación se ha extendido por todo Aragón.

Según explicó el alcalde del municipio de Cervera de la Cañada, Pascual Royo, en la prensa local, Santi Errando Mariscal llevaba apenas dos años afincado en el pueblo, al que llegó desde Madrid, aunque era natural de Valencia. Cervera se encuentra a 6,5 kilómetros de Torralba, donde se produjo el accidente.

Los servicios de emergencia que acudieron hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar sus vidas, después del brutal choque, que ocurrió hacia las 21.15 horas. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han abierto ya diligencias para aclarar las causas del siniestro y los bomberos también tuvieron que acudir para sofocar las llamas.

Las muestras de dolor en el PP aragonés se han multiplicado a lo largo de este sábado. Y también de otros partidos, sobre todo en los grupos municipales del ayuntamiento zaragozano, como la socialista Lola Ranera o Carmen Herrarte, concejal de Ciudadanos. El presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE) se ha unido a la avalancha de condolencias en las redes sociales: “Qué terrible tragedia el accidente de tráfico de Torralba de Ribota. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Les envío una palabra de ánimo, junto con un fuerte abrazo. Que la tierra les sea leve a las víctimas”.

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El Gobierno modificará la ‘ley del solo sí es sí’ para “resolver a futuro los problemas detectados”

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Casi tres meses después de que empezara el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales, el Gobierno se ha decidido finalmente a cambiar la ley del solo sí es sí, aunque aún no sabe cómo lo hará. El Ejecutivo es consciente de que no puede parar este proceso, porque los condenados pueden acogerse a la versión de ley actual ya en vigor por mucho que se modifique, pero ha decidido hacer cambios para “resolver a futuro los problemas detectados”, según una nota oficial de La Moncloa. Esto es, para los juicios que se hagan con la nueva ley, no para las revisiones de las condenas con normas anteriores.

No se sabe aún cómo lo hará, y no parece sencillo, pero lo que hay es una decisión política del presidente, Pedro Sánchez, de hacer algo para frenar la sangría de imagen para el Gobierno progresista en un asunto muy sensible que está suponiendo este problema, que se ha convertido en el centro de las críticas de la oposición.

Sánchez ha forzado así a Irene Montero, que se ha resistido durante semanas a este cambio con la idea de que no encontraban una solución viable. La ministra de Igualdad ha rechazado públicamente esta posibilidad en varias ocasiones hasta que La Moncloa lo ha confirmado oficialmente. De hecho, después de la nota de La Moncloa, fuentes de Podemos, el partido de Montero, admiten que se está trabajando en una solución pero se han encargado de destacar que “a día de hoy aún no hay acuerdo sobre una solución válida” y añaden que “el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del Código Penal”, informa Paula Chouza. El mensaje parece evidente: Sánchez y su equipo han decidido hacer algo ya —como adelantó este sábado La Vanguardia— y Montero ha aceptado la instrucción del presidente, pero aún no ve cómo aplicarla, mostrando así sus reticencias.

El Gobierno sabía que necesitaba hacer algo frente al goteo de rebajas de penas y excarcelaciones que está provocando desde el pasado noviembre la aplicación de la ley del solo sí es sí. Aunque la postura pública y unitaria de los socios de coalición ha sido una defensa cerrada de la norma —”la ley es sólida”, repiten los dos sectores del Ejecutivo—, la nota oficial de La Moncloa señala que “desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados”.

El Ejecutivo sabe, en todo caso, que las grietas en la parte penal del texto no pueden ser ya taponadas: una vez que la ley entra en vigor no se puede hacer nada, las rebajas y las excarcelaciones no se pueden frenar. El motivo es el principio básico que impide aplicar de forma retroactiva una ley que perjudique al reo. Y por tanto, aunque ahora se modifiquen al alza las penas, ese cambio solo afectará a quienes cometan delitos después de que la nueva reforma haya entrado en vigor. El pasado viernes la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya incidió en ello.

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Tanto Llop la semana pasada, como en otros momentos la ministra de Igualdad y ahora fuentes gubernamentales, reconocen los “efectos indeseados” que ha tenido la ley. “Conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema. Abordar con responsabilidad esta situación requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico”. Aseguran que la modificación será acordada entre los socios de gobierno, “con plena sintonía” y que el texto que se está redactando para la modificación estará listo “pronto”.

La nota oficial de La Moncloa se esfuerza por evitar la imagen de un conflicto entre socios y deja en todo momento la gestión en manos de Igualdad. Pero las tensiones de las últimas semanas son inocultables y la resistencia de Montero frente al deseo del sector socialista de hacer algo era muy evidente. “Somos conscientes de esta situación y queremos contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento”, añade la nota. El cómo aún no está definido. No pueden “concretar” la forma en la que se procederá; si será tocando la parte penal de la ley —elevando las penas, por ejemplo— o si será haciendo ajustes en el resto de la normativa.

Una fórmula que significaría eliminar por completo el espíritu de la ley, que nació precisamente del clamor social por el caso de La Manada para que la justicia no dirimiese la diferencia entre abuso y agresión según la violencia e intimidación que los agresores hubiesen usado para cometer el delito, es decir, según la resistencia de las mujeres agredidas.

En año electoral, la norma más importante para la protección de las mujeres de los últimos 20 años, tras la ley de 2004, de violencia de género, se ha vuelto en contra del propio Ejecutivo por el colador en el que se ha convertido la parte penal de ese texto. Aunque el Gobierno sabe que ese problema estructural no puede ser reparado a estas alturas, sí quiere intentar acotar las consecuencias en el futuro.

Ya este viernes, Montero, reticente desde el primer momento a tocar la ley porque achaca lo que está ocurriendo a una incorrecta aplicación y no a ninguna laguna del texto, aludía a que se estaba trabajando en perfeccionarla, confirman fuentes gubernamentales.

En rueda de prensa tras la segunda reunión del comité de crisis por los asesinatos machistas que se han producido en lo que va de enero, Montero fue preguntada por las declaraciones de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, y la candidata a la alcaldía madrileña Rita Maestre, de Más Madrid, que han hablado en los últimos días sobre la necesidad de un cambio en la ley. La ministra mantuvo la postura: “No vamos a hacer ninguna valoración sobre esas declaraciones, la ley del solo sí es sólida y de carácter integral, y permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio Parlamento europeo, ofrecer la protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir”.

Pero matizó que estaban “trabajando” para una “correcta aplicación” de la norma: “Lógicamente, compartimos la preocupación que tiene también la sociedad española por esas decisiones judiciales de rebajas de penas que no se corresponden ni con el decreto de Fiscalía [el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, instó a los fiscales a oponerse “por norma general” a las rebajas de penas cuando el castigo impuesto con la anterior ley estuviera dentro de los previstos para ese delito en la nueva norma] ni con la propia ley del solo sí es sí y del espíritu y la voluntad del legislador, y por supuesto, precisamente porque estamos preocupadas, estamos también ocupadas en hacer todo lo que está en nuestra mano y todo lo que sea necesario. Llevamos meses haciendo todo lo que es necesario para garantizar la correcta aplicación de la ley del solo sí es sí y así seguirá siendo”, apuntó.

La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la llamada ley del solo sí es sí, entró en vigor el pasado 7 de octubre. El objetivo, que el foco para juzgar la violencia sexual dejara de estar en la resistencia que hubiesen puesto las víctimas y ponerlo en el consentimiento de las mujeres, libre y expresado claramente.

Para eso, el abuso desapareció y todo se unificó en agresión. Se amplió la horquilla de penas, para recoger en un solo tipo (agresión) todas las posibilidades y castigar de lo más leve a lo más grave. Al rehacer los tramos, se rebajaron algunos de los mínimos ―por ejemplo, en la agresión sexual con penetración, pasó de los seis a los cuatro años—, y algunas de las máximas ―como la agresión sexual sin ningún agravante, que pasó de cinco a cuatro años―. Esos cambios en el Código Penal conllevaron una obligación para con los agresores ya condenados establecida en la Constitución y en el propio Código Penal: aceptar las revisiones de condena que soliciten aquellos reos que se puedan ver beneficiados con la nueva ley.

El “trabajo” que Montero afirma que llevan meses haciendo comenzó a mediados de noviembre, cuando empezaron las primeras rebajas de penas y las primeras excarcelaciones tras las revisiones de condenas. Entonces, la primera reacción del Gobierno fue amagar con cambiar la norma por “los efectos indeseados”; pero Igualdad se cerró en banda y achacó las rebajas a una lectura incorrecta, incompleta y machista de la ley. El Ejecutivo decidió esperar a que el Tribunal Supremo unificara criterio, esperando que lo hiciera en el mismo sentido que la Fiscalía. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha respaldado las rebajas ya en media docena de ocasiones. Las excarcelaciones alcanzan ya la veintena y son casi 300 las reducciones de condena.

Portavoces de todos los ministerios implicados —Igualdad, Justicia e Interior— y de cualquier otra instancia gubernamental han repetido que estas consecuencias de la entrada en vigor de la ley “no eran la voluntad del legislador”. Pero esas implicaciones han provocado sorpresa y alarma social, ataques en el Parlamento por parte de la oposición —Carla Toscano, de Vox, llegó a llamar a Montero “libertadora de violadores” en el hemiciclo— y tensión entre los socios de coalición, sobre todo entre Igualdad y la parte socialista del Ejecutivo, que además arrastraban ya la batalla interna que ha provocado la llamada ley trans.

A pesar de esa tirantez dentro de la coalición, durante los dos últimos meses se ha mantenido una defensa de la ley en bloque por parte de ambos socios. Una unidad necesaria para un Gobierno que se enfrenta este año a elecciones locales, autonómicas y poco después a las generales.

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Ciudadanos baraja presentar listas conjuntas con otros partidos en algunos Ayuntamientos: “Se pueden debatir distintas estrategias”

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La portavoz en el Congreso de CS, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante la asamblea general de Ciudadanos el 14 de enero. De fondo, miembros de la nueva ejecutiva.
La portavoz en el Congreso de CS, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante la asamblea general de Ciudadanos el 14 de enero. De fondo, miembros de la nueva ejecutiva.Jesús Hellín (Europa Press)

A la asamblea general de Ciudadanos, celebrada hace dos semanas, asistió el dirigente popular Pedro Rollán como invitado. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP siguió en primera fila el discurso de Patricia Guasp como nueva portavoz política de Cs. Rollán se mantuvo impasible, sin moverse de la silla, mientras todos aplaudían y jaleaban los ataques de Guasp hacia Alberto Núñez Feijóo. “Nuestros principios ni se venden ni se compran”, sentenció la líder de Ciudadanos desde el escenario, en referencia al presidente del PP. Tras el discurso, Rollán salió escopeteado. Pero, a punto de abandonar el cónclave, Begoña Villacís lo agarró del brazo. “Son cosas que hay que decir”, musitó cariñosamente la vicealcaldesa de Madrid a Rollán sobre las palabras de Guasp, para que el dirigente popular no se marchase enfadado. De fondo, su predisposición a integrarse como “corriente interna” dentro del PP.

Villacís había formado parte de la candidatura de Patricia Guasp y Adrián Vázquez a las primarias de Ciudadanos en el penúltimo puesto de su lista. En el último lugar estaba Inés Arrimadas. Por lo que ninguna de las dos dirigentes de mayor proyección mediática de Ciudadanos forma ahora parte del núcleo duro de la toma de decisiones de la dirección nacional. Pero el rumbo que adoptase la vicealcaldesa de Madrid era clave para el propio camino de Cs, abocado a la desintegración pese a la refundación del partido. Un proceso de renovación que pretendía sacar del pozo a Ciudadanos.

Como así hicieron durante la asamblea, los vencedores de las primarias, Guasp y Vázquez, han repetido hasta la saciedad que su intención es no ser “subalternos” de nadie. Pero los planes de Villacís no están tan claros. La vicealcaldesa de Cs no solo había trasladado a concejales de su Ayuntamiento su intención de integrarse como una “corriente interna” dentro del PP, sino que, además, había sondeado a otros miembros del partido sobre esa misma solución recientemente, después de la celebración de la asamblea. Pese a que ganó la candidatura que ella apoyaba y pese a haber reiterado en público que no se marcharía al Partido Popular, ya contaba con la oferta en firme de Génova.

La intención de Villacís era dotar de libertad a los cargos de la formación para que se integrasen en las listas del PP a cambio de no presentar candidaturas en determinados municipios, como Madrid. En la mañana de este viernes, horas antes de que EL PAÍS adelantase esa información, hubo una reunión en la sede del partido. En el edificio de la calle de Alcalá de Madrid se congregaron, entre otros, Adrián Vázquez —secretario general— y Mariano Fuentes —vicesecretario de Cs y concejal en el Ayuntamiento madrileño, del ala de Villacís— para abordar asuntos orgánicos del partido. Fuentes de la dirección confirman que la ejecutiva ha debatido desde presentar “listas en todos los sitios” hasta plantear “listas conjuntas”. “Hemos hablado de distintas posibilidades. Todas ellas desde listas en todos los sitios a listas conjuntas, etcétera. Pero como comentario y nunca como decisión”, explica un miembro de la ejecutiva.

La nueva cúpula ha repetido constantemente, desde que llegaron al poder, que defendería la marca propia. Y los nuevos estatutos, ratificados en la asamblea hace dos semanas, mencionan expresamente que no se harán pactos “preelectorales”, sino solo con posterioridad, en coalición para gobernar y sin socios preferentes.

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Lo que no esperaba el resto de miembros de la dirección es que Villacís convulsionara su planificación tan pronto. “Han pasado solo dos semanas desde la asamblea, no se puede dar esa imagen”, afirman otras fuentes de la ejecutiva, al tiempo que revelan que sobre la mesa está la posibilidad de explorar listas conjuntas, no solo con el PP sino también con el PSOE, en aquellos municipios donde se haya gobernado en coalición y el acuerdo haya funcionado. Siempre atendiendo a las características de cada lugar y a las opciones, conscientes del peligro que corre Ciudadanos de desaparecer. En la cúpula cayó como un jarro de agua fría la noticia sobre Villacís, cuando se intentaba centrar el foco mediático en los nuevos liderazgos y en los frutos de la refundación. Muchos eran ya conscientes de las intenciones de la vicealcaldesa de Madrid.

En cualquier caso, la ejecutiva no quiso dar su versión oficial hasta que Villacís hiciera una declaración formal y en público tras la información publicada en EL PAÍS sobre las 15.45 de este viernes. Una contestación que la propia dirección esperaba se hiciese lo antes posible. Sobre las 19.00 llegó la respuesta. La vicealcaldesa colgó en su perfil de Instagram un vídeo de dos minutos y medio. “En este momento del partido lo más inteligente sería ejercer como partido liberal y darle libertad a los municipios para que ellos decidan cuál es la manera más inteligente para concurrir”, afirma Villacís en la grabación sin referirse expresamente al PP. Además, subraya que en Cs están “preocupados” por “salvar el centro político” y que para ello existen “muchas formas de hacerlo”. Sin embargo, ni durante la celebración de la asamblea ni durante todo el proceso previo de primarias estas opciones se pusieron sobre la mesa. Lo que ha provocado el rechazo de muchos militantes en las redes sociales.

La censura también llegó desde el bando contrario —y perdedor—, de las primarias: el de Edmundo Bal. El portavoz parlamentario en el Congreso, al que la nueva ejecutiva ha restado protagonismo y margen de maniobra, manifestó abiertamente su rechazo a la estrategia propuesta por Villacís. “Una refundación con tantas horas de trabajo de técnicos, militantes y cargos, un proceso de primarias para debatir sobre el proyecto y tantos kilómetros visitando agrupaciones… No vinimos a Ciudadanos para esto. Que tengas mucha suerte, Begoña Villacís”, espetó Bal a través de Twitter. Unas críticas a las que se sumaron en tromba y desde la misma red social otros diputados, como María del Carmen Martínez, Juan Ignacio López-Bas y Miguel Gutiérrez. Porque el grupo parlamentario está además —y por su parte—, rebotado con la nueva dirección por haber restado presencia a Bal y haber impuesto a Guillermo Díaz como supervisor.

Ya en la noche, pasadas las 21.00, llegó la versión oficial de la dirección. Fuentes de la ejecutiva admiten que, una vez finalizada la refundación, la decisión es la siguiente: “Defender la autonomía del espacio liberal. Ello no quiere decir que la Ejecutiva y los distintos órganos del partido puedan debatir distintas estrategias, en especial con nuestros representantes en los territorios. Pero en ningún caso integrando nuestro proyecto bajo siglas del bipartidismo, cuyos planes para España son absolutamente diferentes a los nuestros. Begoña Villacís es un activo esencial de Cs para mayo y será nuestra candidata en Madrid”.

En el mes de febrero el partido celebrará primarias para designar a los candidatos en las 12 comunidades autónomas en las que hay elecciones en mayo y en determinadas ciudades según el número de afiliados, como es el caso de Madrid. Está por ver si Villacís es la cabeza de lista de la capital y, sobre todo, bajo qué fórmula. Y no solo ella. Queda en el aire cómo se procederá en el resto de municipios.

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