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El Poder Judicial elige por unanimidad a los magistrados propuestos por el sector conservador para el Constitucional

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Pleno del CGPJ el pasado 20 de diciembre.
Pleno del CGPJ el pasado 20 de diciembre.CGPJ (CGPJ/EFE)

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado esta tarde por unanimidad designar magistrados del Tribunal Constitucional al presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, de tendencia conservadora, y a la expresidenta de la Sala Cuarta del alto tribunal, María Luisa Segoviano, progresista. Son los dos magistrados propuestos por el sector conservador y ambos han salido adelante con el voto de los 18 vocales del órgano, incluidos los ocho progresistas, que han renunciado a su candidato, el magistrado José Manuel Bandrés. Fuentes de este grupo señalan que los ocho vocales han adoptado esta decisión “por sentido institucional”.

La elección de Tolosa y Segoviano implica la renovación inmediata del tribunal de garantías. El Ejecutivo no ha aclarado, por ahora, si va a seguir adelante con la reforma legal que impulsaba el Gobierno para rebajar la mayoría necesaria para estos nombramientos y que ha provocado la primera suspensión cautelar de una tramitación legislativa en el Tribunal Constitucional. La renovación pendiente del Constitucional supone nombrar a cuatro magistrados: dos los elige el Gobierno y dos el CGPJ. El Ejecutivo designó a los suyos (Juan Carlos Campo y Laura Díez) el pasado 29 de noviembre, pero el Constitucional rechazó permitir que tomaran posesión sin que el CGPJ eligiera sus dos nombres porque había dudas sobre la legalidad de la renovación parcial. Con esta decisión, los cuatro nuevos magistrados del tribunal de garantías podrán tomar posesión en los próximos días y el Constitucional quedará compuesto por siete magistrados de sensibilidad progresista y cuatro de sensibilidad conservadora.

El Ejecutivo ha aplaudido el resultado de la votación del órgano de gobierno de los jueces y el cambio en las mayorías del Constitucional. “El Gobierno valora muy positivamente el nombramiento de los dos Magistrados del TC por parte del CGPJ. Es lo que esperábamos desde hace meses y a lo que obligaba la Ley desde septiembre. Pese al retraso y el bloqueo provocado por el PP, hoy el CGPJ ha cumplido sus obligaciones, la Ley y la Constitución”, ha señalado el Ejecutivo en un comunicado enviado a los medios en el que no menciona el cambio de candidato del sector progresista. “Los dos magistrados nombrados son, como ha ocurrido siempre con los nombramientos del CGPJ, uno de sensibilidad conservadora (César Tolosa) y otra de sensibilidad progresista (María Luisa Segoviano). Ahora, el TC tendrá que validar también a los otros dos nuevos magistrados del TC nombrados por el Gobierno (la Catedrática Laura Díez y el magistrado Juan Carlos Campo)“, añade el texto, en el que el Gobierno asegura que el desbloqueo del Constitucional convierte a este martes en “un gran día para la democracia española, para sus instituciones y para la Constitución”. “El PP no podrá nunca imponer su bloqueo frente al normal funcionamiento de la democracia”, sostiene el Ejecutivo.

Los populares han reaccionado también a la designación de los dos magistrados del Constitucional vendiéndolo como un éxito del sector conservador y un fracaso del Gobierno. “Es una buena noticia que el Consejo General del Poder Judicial haya llegado a un acuerdo de manera unánime para la designación de dos magistrados al Tribunal Constitucional”, recoge un comunicado remitido a los medios. “Ha quedado demostrado que aquellos a los que el Gobierno insultó gravemente, acusándolos de bloquear los órganos constitucionales, han materializado la propuesta que finalmente ha facilitado el acuerdo. Lo mínimo que debería hacer el Ejecutivo es disculparse con todos y cada uno de los vocales a los que ha insultado en las últimas semanas”, añade el texto, en el que los populares deslizan que el Ejecutivo debería cambiar el nombre de sus dos elegidos como nuevos magistrados del tribunal de garantías. “El Consejo ha cumplido con su deber y ha elegido dos perfiles independientes. Ahora, corresponde al Gobierno cumplir con su deber y elegir dos perfiles de ejemplaridad contrastada y no dos altos cargos del Ejecutivo de Pedro Sánchez”, sostienen.

La decisión de los progresistas de votar a Segoviano la han acordado este mismo martes los ocho vocales de este grupo y no se la habían comunicado a los conservadores, que se han enterado sobre la marcha una vez iniciado el pleno. La sorpresa de estos, señalan fuentes del órgano, ha sido unánime. Los conservadores habían presentado la candidatura de Segoviano, magistrada progresista del Supremo que se jubiló en octubre, para frenar la de Bandrés, el aspirante oficial de los progresistas, al que rechazaban los conservadores por considerarlo el candidato preferido del Gobierno. Los 10 consejeros propuestos por el PP necesitaban solo un voto para sumar los 11 necesarios para designar a Tolosa y Segoviano y las miradas estaban puestas en el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas, el único adscrito al sector progresista que no suscribía la candidatura de Bandrés. Pero los progresistas han sorprendido en bloque a los conservadores dándoles los ocho votos de este grupo.

Antes de votar, varios vocales progresistas han explicado que renunciaban a su candidato y aceptaban la propuesta de los conservadores “por sentido institucional”, como “ejercicio de responsabilidad” y para acabar con la situación de bloqueo. “Había que salir de este bucle”, señala un vocal de este sector. Otro consejero consultado explica que la prioridad era acabar con la actual crisis institucional y renovar el Constitucional. “Es una cesión, pero teníamos la sensación de que se había llegado muy lejos, la situación era insostenible. Y son dos candidatos muy buenos, Tolosa es conservador moderado y Segoviano una progresista que va a velar por los principios progresistas en el tribunal”, afirma este vocal. Algunos consejeros de este grupo creen que los conservadores no querían realmente que saliera adelante esta dupla y su intención era seguir dilatando la elección, pero sacudirse la culpa del bloqueo y endosársela a los progresistas.

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Hasta ahora, los nombramientos de magistrados para el tribunal de garantías por parte del CGPJ se habían hecho siempre con acuerdo entre los dos bloques y así pactaron hacerlo también ambos grupos en septiembre pasado, cuando empezaron a negociar la renovación pendiente. Pero la mayoría de los vocales propuestos por el PP pusieron desde el principio trabas a unas designaciones que implican que los conservadores perderán la mayoría de la que ahora gozan en el tribunal de garantías. Durante semanas, maniobraron para bloquear cualquier posible acuerdo, lo que acabó precipitando la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Tras la renuncia de este, los conservadores, ya sin margen para seguir negándose a negociar, centraron su estrategia en frenar la candidatura de Bandrés, para lo que primero exigieron que los progresistas pusieran más nombres sobre la mesa y, ante el rechazo de estos, optaron por presentar candidatos afines a este grupo con la esperanza de que algún vocal le diera su apoyo. Finalmente, han conseguido su objetivo. “Hemos renunciado a Bandrés y nos hemos tragado un sapo, es evidente. Pero si alejas el foco creo que hemos hecho lo responsable”, señala un vocal progresista.

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Interior niega que el atacante de Algeciras responda al perfil de yihadista

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Mientras continúa la investigación sobre los ataques perpetrados por un joven marroquí de 25 años el miércoles en Algeciras (Cádiz), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves durante una rueda de prensa en la ciudad gaditana que el agresor “nunca ha estado en el radar de un servicio nacional por radicalización, pero tampoco en ninguna de las bases de datos de los distintos países amigos cercanos donde haya tenido residencia”. Se mantiene así el ministro en la línea de las pesquisas policiales que sostienen que Yasine Kanjaa, que mató a machetazos al sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, e hirió gravemente al sacerdote de la parroquia de San Isidro, Antonio Rodríguez, sufría “algún tipo de trastorno mental, actuó solo y no consta que estuviera radicalizado”. El ministro se distancia así de la tesis que mantiene el auto inicial del juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, en el que califica los hechos como un delito de asesinato “con fines terroristas”, y lo vincula con el “salafismo yihadista”, la corriente más radical del Islam.

Durante sus violentos ataques, Kanjaa, que se encontraba de manera irregular en España y tenía abierto un procedimiento de expulsión desde junio, insultó e increpó a los feligreses que se encontraban en las iglesias a la hora de la misa de la tarde y realizó manifestaciones en defensa del islam frente al cristianismo. Sus compañeros de piso, una destartalada vivienda okupada en el centro de la ciudad y a escasos metros de los templos atacados, aseguran que había cambiado mucho en los últimos dos meses, tras dejar de consumir drogas, y que les había amenazado en varias ocasiones, enloquecido, asegurando que veía al diablo y rezando.

Marlaska ha viajado hasta la localidad de Algeciras este jueves para reunirse con fuerzas policiales y familiares y allegados del sacristán fallecido. El ministro ha explicado que no hay otras personas investigadas en relación con los hechos y ha definido lo ocurrido como “una violencia absolutamente irracional”. Kanjaa, que fue detenido minutos más tarde de perpetrar sus ataques por la policía local, había sido detenido ya en Gibraltar en agosto de 2019, tras llegar a la colonia británica en una moto de agua y ser deportado a los pocos días, según ha comunicado el Gobierno gibraltareño. Fuentes policiales revelan que se encontraba en España desde hace “algo más de un año” adonde presumiblemente pudo llegar en patera desde una pequeña localidad cercana a Castillejos. Fuentes de la investigación aseguran que Kanjaa se ganaba la vida en España “haciendo trabajillos esporádicos, chapuzas”.

“La investigación sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero estamos en el inicio de las investigaciones y todos las hipótesis siguen abiertas”, ha matizado Marlaska, que ha avanzado que “será el desarrollo de la investigación quien lo pueda concluir”. El ministro ha explicado que, durante los registros realizados la noche del miércoles en la casa donde vivía el investigado se han intervenido “efectos que se aportarán a la autoridad judicial”, pero ha eludido detallar qué objetos han intervenido los agentes. “Se está estudiando, investigando con una razonable naturaleza terrorista, pero como está en ciernes y hay circunstancias concurrentes no hay nada que pueda descartarse”, ha abundado Marlaska. Fuentes policiales dicen no haber encontrado de momento material yihadista entre los dispositivos electrónicos incautados, aunque fuentes de la fiscalía aseguran que “hay elementos” que permitirían concluir que sí se trata de un ataque propio de partidarios de la guerra santa en nombre de Alá, a quien se encomendó el agresor segundos antes de asestar el golpe mortal al sacristán en plena calle.

Yasine Kanjaa, de quien no constan tampoco antecedentes penales por terrorismo ni en España ni en países aliados, ha permanecido en la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras a la espera de ser puesto a disposición judicial. La policía ha solicitado una prórroga de la detención “para tener más tiempo para investigar” y está previsto que el arrestado pase a disposición judicial el lunes.

Por su parte, el ministro ha querido lanzar mensaje de apoyo a los allegados del fallecido y ha deseado un rápido restablecimiento de los heridos. Para el juez, los hechos ocurridos en Algeciras son “incompatibles con los valores que nos definen como sociedad democrática, donde la diversidad no es un problema, sino que enriquece”. Marlaska ha evitado relacionar la investigación terrorista en ciernes con una confesión religiosa, como ha hecho este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al decir: “No verá usted a un católico matar en nombre de su religión, otros pueblos tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Marlaska ha replicado: “Creo en la diversidad y no confundir. Si miramos la historia, todos tenemos trágicos sucesos en los que mirarnos y aprender”.

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Desde Interior han recordado, además, que los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar han crecido un 31% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, debido principalmente al plan especial contra el narcotráfico que se puso en marcha. “En concreto, la comarca ha pasado de tener 1.956 agentes de ambos cuerpos (en diciembre de 2017) a tener 2.579 (en agosto 2022)”. Y, concretamente en Algeciras, “la ciudad ha pasado de tener 1.201 agentes a los actuales 1.363″.

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El jubilado detenido por las cartas pirotécnicas manipuló un dron para que soltara artefactos

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Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.
Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.Iñaki Berasaluce (Europa Press)

La Policía Nacional ha encontrado en la casa de Pompeyo González Pascual, el jubilado detenido este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío de las seis cartas con material pirotécnico que recibieron entre noviembre y diciembre, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, un vehículo aéreo no tripulado, popularmente conocido como dron, manipulado para que pudiera transportar cajas con artefactos similares a las que metió en aquellos sobres y soltarlas por control remoto, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

La documentación recogida apunta a que este exfuncionario de 74 años estaba ideando artefactos con mayor potencia deflagrante (que provocan llama) que los que había remitido y que, solo en una ocasión, había llegado a activarse causando heridas leves a un trabajador de la legación diplomática de Kiev en España, añaden estas fuentes. El resto de envíos fueron neutralizados por las Fuerzas de Seguridad antes de que se funcionaran.

En el acta del registro de su vivienda en Miranda de Ebro se recoge como indicio “C-23″ un dron Dji Mavic 2, un modelo ya descatalogado de algo menos de un kilo de peso pensado para grabar imágenes desde el aire y con capacidad para volar durante media hora. Aficionado al aeromodelismo, el detenido tenía páginas en la red Youtube en las que mostraba algunos de los vídeos que supuestamente grababa en Miranda de Ebro con este dispositivo. De hecho, la policía encontró en el dron una tarjeta de memoria de 64 gigas utilizada supuestamente para registrar las imágenes.

Sin embargo, lo que más alarmó a los agentes fue el hallazgo, en la misma estancia del piso, de un “conjunto de dispositivos electrónicos de color gris” supuestamente ideado para “la suelta de carga de[sde] dron”, según recoge el documento judicial, donde aparece referencia como indicio “C-14″. Según las fuentes consultadas, este ingenio, supuestamente de fabricación casera, permitía transportar objetos de un tamaño similar a las cajas de madera que elaboró González Pascual para que contuvieran los artefactos que envió por correo postal, y que los soltara por control remoto.

Entre el material intervenido también se localizaron imanes, tubos metálicos de diferentes diámetros y longitudes, muelles, tornillería, trozos de madera, cables y virutas de acero, así como diferentes herramientas, como taladros, una sierra y un cortatubos. La intervención de este material era uno de los objetivos del registro, como reflejaba el autor del juez que autorizó la entrada en la vivienda y que expresamente pedía buscar “todos aquellos efectos, instrumentos y objetos de ferretería relacionados con el delito investigado, tales como armas, precursores, sustancias explosivas…” tras constatar los investigadores que los artefactos eran de fabricación casera.

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Las pesquisas también revelaron que González Pascual ―al que se le considera un radical favorable a Rusia en la guerra de Ucrania― había adquirido, entre junio y julio pasados, a través de Amazon “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes”, todo ellos elementos potencialmente utilizables para elaborar artefactos explosivos. El acta judicial no refleja que durante el registro de la vivienda, el trastero y el coche del detenido se localizara nada de ello, aunque sí algunas sustancias que los expertos policiales deben analizar para concretar su composición.

Lo que sí localizaron los agentes fue documentación en papel, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, seis tarjetas de memoria y otros tantos pendrive (pequeños dispositivos informáticos de memoria). Los agentes analizan ahora todo ello en busca de más indicios contra González Pascual, que, cuando fue arrestado el miércoles aún aseguraba a los agentes que se habían “equivocado” al detenerle, según destaca el documento judicial. Aún no sabía la larga lista de indicios que en los últimos meses habían recabado contra él los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.

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Ares, el hombre del aparato socialista vasco

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Rodolfo Ares, fallecido este jueves, fue conocido públicamente hacia el final de su carrera política, en 2009, cuando Patxi López, elegido lehendakari, le nombró consejero de Interior del Gobierno vasco, donde le tocó afrontar los últimos coletazos de ETA en estrecho contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Era un hombre de aparato, discreto. No se recuerda, por ejemplo, que sustituyó a Fernando Buesa como portavoz socialista en el Parlamento vasco, cuando fue asesinado. Pero, desde la sombra, su historia se cruza con la del socialismo vasco desde los inicios democráticos hasta el final del terrorismo.

Su labor al frente de la Ertzaintza dejó huella en el final del terrorismo. Creó una unidad especial formada por un nutrido grupo de analistas a escala local en coordinación con las Fuerzas de Seguridad estatales, e impulsó una política de tolerancia cero y de eliminación de la impunidad del mundo etarra en los espacios públicos, acordadas con los ayuntamientos. Fueron decisiones muy eficaces en el final del terrorismo, apenas recordadas.

Para ese momento, Ares había hecho un largo recorrido en el aparato del PSE desde que ingresó en los albores de la democracia. En 1983 fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y luego parlamentario vasco. Pero fue, ante todo, un hombre de aparato, antes de que en 1997 fuera reconocido como secretario de Organización del PSE hasta 2014.

Su importancia en el aparato socialista fue evidente en el nombramiento de Nicolás Redondo Terreros como secretario general del PSE en 1997, en sustitución de Ramón Jáuregui, y fue decisivo en el relevo de Redondo por Patxi López en 2005. Ares había trabajado con ambos en el aparato. Pero como político pragmático entendió que en Euskadi se abría la etapa del final del terrorismo, y apostó por López, en sintonía con el Gobierno de Zapatero. Apoyó la apuesta política inteligente del diálogo con ETA para dividir y aislar a quienes querían continuar con el terrorismo que no contradecía el combate contra el terrorismo.

No jugó un papel sobresaliente en el proceso dialogado del fin de ETA. Pero Patxi López y Rubalcaba lo tuvieron informado y contaron con él para participar en la delegación socialista, con Jesús Eguiguren y el jurista Gómez Benítez, en la última reunión, celebrada con ETA y Batasuna en Ginebra en mayo de 2007.

Ares se sentía cómodo en el papel de hombre necesario en la sombra. Estaba detrás de todas las decisiones del PSE, de las pequeñas a las importantes. Protagonizó con López el acuerdo con el PP vasco para desbancar a Juan José Ibarretxe de la presidencia del Gobierno vasco en 2009 por empeñarse en mantener su política soberanista. Con Patxi López como lehendakari, además de dirigir desde Euskadi la lucha antiterrorista, estuvo detrás de la Vía Nanclares de reinserción; de las políticas de memoria y del reconocimiento a las víctimas, para las que organizó un congreso. Tuvo la satisfacción de participar en el fin del terrorismo en 2011 y poco después dejó la política discretamente.

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