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Unidas Podemos critica el archivo de la Fiscalía sobre la tragedia de Melilla: “Es una oportunidad perdida”

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Unidas Podemos ha criticado este viernes el archivo de las diligencias de la Fiscalía sobre la tragedia de Melilla. Los sucesos ocurridos en la frontera entre Nador (Marruecos) y la ciudad autónoma se saldaron con al menos 23 muertos, pero el ministerio público no ha apreciado indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas. La fiscal encargada de la investigación mantiene en su decreto que los guardias civiles desplegados en el operativo no fueron conscientes en ningún momento de que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio. También ha avalado la ejecución de 470 devoluciones, las mismas en las que el Defensor del Pueblo consideró que no se había seguido ningún procedimiento legal. Ismael Cortés, diputado de la formación, ha afirmado que el archivo “supone una oportunidad perdida para esclarecer bajo qué circunstancias y responsabilidades se ha producido la que sería la mayor tragedia de la historia en una frontera española”. Por su parte, el portavoz de Interior del mismo grupo en el Congreso, Enrique Santiago, señala que hay “un problema de serias contradicciones” entre el informe oficial de los hechos y las imágenes que vieron los parlamentarios que viajaron en delegación a Melilla.

“Está claro que la Fiscalía tiene que indagar sobre quién movió los cuerpos de las personas fallecidas y heridas, y en qué situación quedaron”, ha afirmado Santiago en un comunicado. El diputado de IU cree que “no parece adecuado que se cierre una investigación por parte de la Fiscalía simplemente aludiendo al intercambio de piedras ocurrido entre la Guardia Civil y las personas que intentaban entrar en España”. “Parece evidente que las personas que resultaron heridas y fallecidas fueron movidas de un lado a otro del edificio fronterizo del Barrio Chino y hace falta aclarar cómo ha ocurrido, quiénes son los fallecidos, ya que no se conoce el nombre ni de los 23 que las autoridades de Marruecos”. El diputado subraya, además, que el ministerio público “tiene la obligación de proteger y velar por las víctimas”, por lo que cuestiona su decisión de cerrar las pesquisas.

Cortés, portavoz adjunto de la Comisión de Interior en el Congreso, ha asegurado que el socio del Ejecutivo defiende que “se deben seguir investigando los hechos” y que la Fiscalía “no debería establecer este precedente, en el que se deja sin resolver un ilícito penal, en este caso la muerte de decenas de personas”.

Según el diputado, “si el paso fronterizo no hubiera estado cerrado estos dos años y se hubieran normalizado las relaciones migratorias con Melilla, esta tragedia no hubiera ocurrido”. Por último, Unidas Podemos demanda que se habiliten mecanismos de petición de asilo en consulados y embajadas, “para que las personas que huyen del hambre y la guerra no tengan que recurrir a medidas desesperadas como el salto a una frontera”.

En los últimos seis meses, UP ha ido rebajando el tono de sus críticas ante la actuación durante los hechos del 24 de junio. Tan solo tres días después de producirse la tragedia, el grupo registró junto a otros partidos de la izquierda y nacionalistas del Congreso una petición de comparecencia para que tanto el presidente Pedro Sánchez como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dieran explicaciones sobre lo ocurrido en la Cámara baja.

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En aquel primer escrito, los grupos, incluido UP, se referían a “vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades migratorias”, personas “asesinadas” y “víctimas de una grave actuación policial” y pedían una investigación sobre lo sucedido. Pero con el paso de los meses, mientras todos los partidos siguen cuestionando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su interpretación de lo sucedido, Unidas Podemos ha evitado los ataques directos al ministro. Tampoco se ha vuelto a mostrar partidario de abrir una comisión de investigación en el Congreso. La estrategia pretende no crear más divisiones en el seno del Gobierno, sobre todo tras la polémica generada por la rebaja de penas que trajo la ley del solo sí es sí que puso en el disparadero a Irene Montero y llevó al PSOE a apoyarla ante los ataques de la derecha.

En principio, no se esperan reacciones ni del PSOE ni del Gobierno. La diputada de ERC, Maria Dantas, también ha expresado su rechazo al archivo de la investigación. En un mensaje de Twitter Dantas ha dicho: “Después de lo que ha dicho la ONU, el Defensor del Pueblo, un grupo de medios europeos, todas las entidades de asilo y derechos humanos, las víctimas…[…] La extrema derecha y el ministerio comerán turrón a la salud de las muertas y desaparecidas en la masacre de Melilla”.

Jon Iñarritu, diputado de EH-Bildu, ha calificado el archivo de “auténtica vergüenza” en unas declaraciones a la ETB. “Hay elementos de investigación de medios de comunicación, que tienen muchos menos recursos, y llegan mucho más lejos y llegan a unos indicios claros de que se produjeron hechos de carácter delictivo”.

Por otro lado, Amnistía Internacional, que acaba de publicar una investigación sobre la tragedia en la que apunta la violación del derecho internacional por parte de los agentes de España y Marruecos, ha condenado la decisión de la Fiscalía. Para su director, Esteban Beltrán, el ministerio público ha confirmado que produjeron “graves hechos”, pero que “paradójicamente” se exonera a las fuerzas de seguridad españolas y “se avanza en la impunidad”.

También este viernes el PP ha registrado en el Congreso una moción en la que reclama a Sánchez la destitución de Marlaska. En el texto recogido por Europa Press los populares acusan al titular del Interior de “mentir” y critican su gestión en la tragedia y la “frialdad” de Sánchez ante unos hechos que califican de “extraordinaria magnitud”. No está previsto que la iniciativa llegue a pleno hasta febrero.

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Interior niega que el atacante de Algeciras responda al perfil de yihadista

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Mientras continúa la investigación sobre los ataques perpetrados por un joven marroquí de 25 años el miércoles en Algeciras (Cádiz), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves durante una rueda de prensa en la ciudad gaditana que el agresor “nunca ha estado en el radar de un servicio nacional por radicalización, pero tampoco en ninguna de las bases de datos de los distintos países amigos cercanos donde haya tenido residencia”. Se mantiene así el ministro en la línea de las pesquisas policiales que sostienen que Yasine Kanjaa, que mató a machetazos al sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, e hirió gravemente al sacerdote de la parroquia de San Isidro, Antonio Rodríguez, sufría “algún tipo de trastorno mental, actuó solo y no consta que estuviera radicalizado”. El ministro se distancia así de la tesis que mantiene el auto inicial del juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, en el que califica los hechos como un delito de asesinato “con fines terroristas”, y lo vincula con el “salafismo yihadista”, la corriente más radical del Islam.

Durante sus violentos ataques, Kanjaa, que se encontraba de manera irregular en España y tenía abierto un procedimiento de expulsión desde junio, insultó e increpó a los feligreses que se encontraban en las iglesias a la hora de la misa de la tarde y realizó manifestaciones en defensa del islam frente al cristianismo. Sus compañeros de piso, una destartalada vivienda okupada en el centro de la ciudad y a escasos metros de los templos atacados, aseguran que había cambiado mucho en los últimos dos meses, tras dejar de consumir drogas, y que les había amenazado en varias ocasiones, enloquecido, asegurando que veía al diablo y rezando.

Marlaska ha viajado hasta la localidad de Algeciras este jueves para reunirse con fuerzas policiales y familiares y allegados del sacristán fallecido. El ministro ha explicado que no hay otras personas investigadas en relación con los hechos y ha definido lo ocurrido como “una violencia absolutamente irracional”. Kanjaa, que fue detenido minutos más tarde de perpetrar sus ataques por la policía local, había sido detenido ya en Gibraltar en agosto de 2019, tras llegar a la colonia británica en una moto de agua y ser deportado a los pocos días, según ha comunicado el Gobierno gibraltareño. Fuentes policiales revelan que se encontraba en España desde hace “algo más de un año” adonde presumiblemente pudo llegar en patera desde una pequeña localidad cercana a Castillejos. Fuentes de la investigación aseguran que Kanjaa se ganaba la vida en España “haciendo trabajillos esporádicos, chapuzas”.

“La investigación sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero estamos en el inicio de las investigaciones y todos las hipótesis siguen abiertas”, ha matizado Marlaska, que ha avanzado que “será el desarrollo de la investigación quien lo pueda concluir”. El ministro ha explicado que, durante los registros realizados la noche del miércoles en la casa donde vivía el investigado se han intervenido “efectos que se aportarán a la autoridad judicial”, pero ha eludido detallar qué objetos han intervenido los agentes. “Se está estudiando, investigando con una razonable naturaleza terrorista, pero como está en ciernes y hay circunstancias concurrentes no hay nada que pueda descartarse”, ha abundado Marlaska. Fuentes policiales dicen no haber encontrado de momento material yihadista entre los dispositivos electrónicos incautados, aunque fuentes de la fiscalía aseguran que “hay elementos” que permitirían concluir que sí se trata de un ataque propio de partidarios de la guerra santa en nombre de Alá, a quien se encomendó el agresor segundos antes de asestar el golpe mortal al sacristán en plena calle.

Yasine Kanjaa, de quien no constan tampoco antecedentes penales por terrorismo ni en España ni en países aliados, ha permanecido en la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras a la espera de ser puesto a disposición judicial. La policía ha solicitado una prórroga de la detención “para tener más tiempo para investigar” y está previsto que el arrestado pase a disposición judicial el lunes.

Por su parte, el ministro ha querido lanzar mensaje de apoyo a los allegados del fallecido y ha deseado un rápido restablecimiento de los heridos. Para el juez, los hechos ocurridos en Algeciras son “incompatibles con los valores que nos definen como sociedad democrática, donde la diversidad no es un problema, sino que enriquece”. Marlaska ha evitado relacionar la investigación terrorista en ciernes con una confesión religiosa, como ha hecho este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al decir: “No verá usted a un católico matar en nombre de su religión, otros pueblos tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Marlaska ha replicado: “Creo en la diversidad y no confundir. Si miramos la historia, todos tenemos trágicos sucesos en los que mirarnos y aprender”.

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Desde Interior han recordado, además, que los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar han crecido un 31% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, debido principalmente al plan especial contra el narcotráfico que se puso en marcha. “En concreto, la comarca ha pasado de tener 1.956 agentes de ambos cuerpos (en diciembre de 2017) a tener 2.579 (en agosto 2022)”. Y, concretamente en Algeciras, “la ciudad ha pasado de tener 1.201 agentes a los actuales 1.363″.

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El jubilado detenido por las cartas pirotécnicas manipuló un dron para que soltara artefactos

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Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.
Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.Iñaki Berasaluce (Europa Press)

La Policía Nacional ha encontrado en la casa de Pompeyo González Pascual, el jubilado detenido este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío de las seis cartas con material pirotécnico que recibieron entre noviembre y diciembre, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, un vehículo aéreo no tripulado, popularmente conocido como dron, manipulado para que pudiera transportar cajas con artefactos similares a las que metió en aquellos sobres y soltarlas por control remoto, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

La documentación recogida apunta a que este exfuncionario de 74 años estaba ideando artefactos con mayor potencia deflagrante (que provocan llama) que los que había remitido y que, solo en una ocasión, había llegado a activarse causando heridas leves a un trabajador de la legación diplomática de Kiev en España, añaden estas fuentes. El resto de envíos fueron neutralizados por las Fuerzas de Seguridad antes de que se funcionaran.

En el acta del registro de su vivienda en Miranda de Ebro se recoge como indicio “C-23″ un dron Dji Mavic 2, un modelo ya descatalogado de algo menos de un kilo de peso pensado para grabar imágenes desde el aire y con capacidad para volar durante media hora. Aficionado al aeromodelismo, el detenido tenía páginas en la red Youtube en las que mostraba algunos de los vídeos que supuestamente grababa en Miranda de Ebro con este dispositivo. De hecho, la policía encontró en el dron una tarjeta de memoria de 64 gigas utilizada supuestamente para registrar las imágenes.

Sin embargo, lo que más alarmó a los agentes fue el hallazgo, en la misma estancia del piso, de un “conjunto de dispositivos electrónicos de color gris” supuestamente ideado para “la suelta de carga de[sde] dron”, según recoge el documento judicial, donde aparece referencia como indicio “C-14″. Según las fuentes consultadas, este ingenio, supuestamente de fabricación casera, permitía transportar objetos de un tamaño similar a las cajas de madera que elaboró González Pascual para que contuvieran los artefactos que envió por correo postal, y que los soltara por control remoto.

Entre el material intervenido también se localizaron imanes, tubos metálicos de diferentes diámetros y longitudes, muelles, tornillería, trozos de madera, cables y virutas de acero, así como diferentes herramientas, como taladros, una sierra y un cortatubos. La intervención de este material era uno de los objetivos del registro, como reflejaba el autor del juez que autorizó la entrada en la vivienda y que expresamente pedía buscar “todos aquellos efectos, instrumentos y objetos de ferretería relacionados con el delito investigado, tales como armas, precursores, sustancias explosivas…” tras constatar los investigadores que los artefactos eran de fabricación casera.

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Las pesquisas también revelaron que González Pascual ―al que se le considera un radical favorable a Rusia en la guerra de Ucrania― había adquirido, entre junio y julio pasados, a través de Amazon “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes”, todo ellos elementos potencialmente utilizables para elaborar artefactos explosivos. El acta judicial no refleja que durante el registro de la vivienda, el trastero y el coche del detenido se localizara nada de ello, aunque sí algunas sustancias que los expertos policiales deben analizar para concretar su composición.

Lo que sí localizaron los agentes fue documentación en papel, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, seis tarjetas de memoria y otros tantos pendrive (pequeños dispositivos informáticos de memoria). Los agentes analizan ahora todo ello en busca de más indicios contra González Pascual, que, cuando fue arrestado el miércoles aún aseguraba a los agentes que se habían “equivocado” al detenerle, según destaca el documento judicial. Aún no sabía la larga lista de indicios que en los últimos meses habían recabado contra él los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.

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Ares, el hombre del aparato socialista vasco

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Rodolfo Ares, fallecido este jueves, fue conocido públicamente hacia el final de su carrera política, en 2009, cuando Patxi López, elegido lehendakari, le nombró consejero de Interior del Gobierno vasco, donde le tocó afrontar los últimos coletazos de ETA en estrecho contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Era un hombre de aparato, discreto. No se recuerda, por ejemplo, que sustituyó a Fernando Buesa como portavoz socialista en el Parlamento vasco, cuando fue asesinado. Pero, desde la sombra, su historia se cruza con la del socialismo vasco desde los inicios democráticos hasta el final del terrorismo.

Su labor al frente de la Ertzaintza dejó huella en el final del terrorismo. Creó una unidad especial formada por un nutrido grupo de analistas a escala local en coordinación con las Fuerzas de Seguridad estatales, e impulsó una política de tolerancia cero y de eliminación de la impunidad del mundo etarra en los espacios públicos, acordadas con los ayuntamientos. Fueron decisiones muy eficaces en el final del terrorismo, apenas recordadas.

Para ese momento, Ares había hecho un largo recorrido en el aparato del PSE desde que ingresó en los albores de la democracia. En 1983 fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y luego parlamentario vasco. Pero fue, ante todo, un hombre de aparato, antes de que en 1997 fuera reconocido como secretario de Organización del PSE hasta 2014.

Su importancia en el aparato socialista fue evidente en el nombramiento de Nicolás Redondo Terreros como secretario general del PSE en 1997, en sustitución de Ramón Jáuregui, y fue decisivo en el relevo de Redondo por Patxi López en 2005. Ares había trabajado con ambos en el aparato. Pero como político pragmático entendió que en Euskadi se abría la etapa del final del terrorismo, y apostó por López, en sintonía con el Gobierno de Zapatero. Apoyó la apuesta política inteligente del diálogo con ETA para dividir y aislar a quienes querían continuar con el terrorismo que no contradecía el combate contra el terrorismo.

No jugó un papel sobresaliente en el proceso dialogado del fin de ETA. Pero Patxi López y Rubalcaba lo tuvieron informado y contaron con él para participar en la delegación socialista, con Jesús Eguiguren y el jurista Gómez Benítez, en la última reunión, celebrada con ETA y Batasuna en Ginebra en mayo de 2007.

Ares se sentía cómodo en el papel de hombre necesario en la sombra. Estaba detrás de todas las decisiones del PSE, de las pequeñas a las importantes. Protagonizó con López el acuerdo con el PP vasco para desbancar a Juan José Ibarretxe de la presidencia del Gobierno vasco en 2009 por empeñarse en mantener su política soberanista. Con Patxi López como lehendakari, además de dirigir desde Euskadi la lucha antiterrorista, estuvo detrás de la Vía Nanclares de reinserción; de las políticas de memoria y del reconocimiento a las víctimas, para las que organizó un congreso. Tuvo la satisfacción de participar en el fin del terrorismo en 2011 y poco después dejó la política discretamente.

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