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Sánchez acusa al PP de instalarse en el “raca raca’ del Gobierno ilegítimo” para no tener que hablar de economía

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Ya no se habla tanto de economía, de la inflación o del precio de la luz en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso. El asunto es otro. El foco se ha puesto este miércoles, como era esperable tras la tormentosa última semana, en el conflicto entre instituciones del Estado. El presidente, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de ese cambio de discurso del principal partido de la oposición y ha acusado al PP de instalarse “en el raca raca de siempre, del Gobierno ilegítimo, del Gobierno okupa”, para no reconocer, según Sánchez, que su gestión está siendo buena para España. La portavoz popular, Cuca Gamarra, se ha volcado en la polémica de estos días y ha reprochado al presidente que su anuncio de “ir a por todas” (”Tomaremos cuantas medidas sean necesarias”, dijo Sánchez el martes) significase en realidad “echar un pulso al Estado de derecho”. “Y el Estado de derecho le ha doblado el brazo, por suerte para todos”, ha concluido la portavoz del PP.

No cabía presumir otro tipo de duelo dialéctico en estos momentos en el Parlamento de España que el centrado en el conflicto inusual vivido estos días entre el Gobierno, el poder legislativo y el Constitucional, máximo tribunal de garantías. La portavoz del PP preguntó al presidente: “¿A quién defiende su Gobierno?”, en referencia a la reforma exprés del Código Penal pactada por el Ejecutivo y ERC para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación, y también a “los intentos de cambiar los nombramientos en el Tribunal Constitucional por la puerta de atrás”. Curiosamente, una expresión, la de la “puerta de atrás”, que recordaba a aquel mensaje de WhatsApp enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en 2018 —vanagloriándose de que los populares iban a controlar el Supremo “desde detrás”— y que hizo saltar por los aires la negociación que entonces mantenían el Gobierno y el PP de Pablo Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, interviene durante la sesión de control celebrada, este miércoles, en el Congreso de los Diputados.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, interviene durante la sesión de control celebrada, este miércoles, en el Congreso de los Diputados.
JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

Pedro Sánchez ignoró esas acusaciones y dirigió su respuesta a la economía, remarcando que el Gobierno trabaja para “la mayoría social del país, para la gente de a pie”. Enhebró a continuación una serie de actuaciones, planes y ayudas que benefician ahora a millones de ciudadanos, para reprochar de nuevo al PP que las mismas hayan salido adelante sin su apoyo. Fue ahí cuando el líder socialista concluyó que la prueba de que el resultado de esas acciones es bueno es que el PP “ya no habla de economía y ha vuelto al raca raca de siempre, del Gobierno ilegítimo, el Gobierno okupa”. Sánchez ironizó incluso con que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, cuestione que el Gobierno pueda nombrar al presidente de Correos (su exjefe de gabinete en el PSOE) e hizo guasa recordando que en su día el entonces presidente José María Aznar nombró al propio Feijóo para ese cargo público por su “cualificada experiencia como cartero”.

El jefe de Gobierno tampoco desperdició el momento para remachar varias veces que el PP no cumple la Constitución, “la que existe, la apoyada por los españoles”, al no permitir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que funciona con el mandato caducado desde hace cuatro años.

Cuca Gamarra reprochó al presidente que el viernes pasado, durante una comparecencia desde Bruselas, afirmara que en España se estaba produciendo “un burdo complot”, en referencia al recurso de amparo presentado por el PP ante el Constitucional para paralizar la tramitación parlamentaria de dos enmiendas. “Lo que hay es legalidad”, subrayó Gamarra. La portavoz del principal partido de la oposición añadió que el presidente “se cree que [él] es el Estado y la ley” y ha querido en este caso “echar un pulso al Estado de derecho”. Y se congratuló de que el TC le haya “doblado el brazo” en ese pulso. La dirigente popular llegó casi a identificar a Sánchez, por esas palabras, con los líderes separatistas catalanes, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, y remató con el leitmotiv que usa desde hace varias semanas el PP de Feijóo: que su proyecto es “la alternativa moderada, útil y responsable”.

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Gamarra y Sánchez solo coincidieron en algo: ambos pidieron un poco de tranquilidad, aunque con enfoques diferentes. El presidente recordó que Feijóo dijo esta semana que haría “lo que hiciera falta” para frenar al Gobierno, y apuntó que los populares han ido “demasiado lejos” al incumplir sus obligaciones constitucionales. Muchos de esos argumentos, de un lado y de otro, se repitieron más tarde en otros duelos dialécticos.

Durante el embate parlamentario entre el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el presidente del Gobierno, Sánchez se lamentó del contexto que ha sufrido el Ejecutivo, con circunstancias excepcionalmente difíciles en estos años (pandemia, guerra, borrasca Filomena…) y especuló con que todo podría ir mucho mejor “si el viento soplase algo a favor”. Rufián aterrizó de nuevo en los “ataques judiciales orquestados por la derecha” en las últimas horas, dio la bienvenida al líder del PSOE “a la guerra judicial” y le espetó: “Siempre duele el ‘ya te lo dije’, pero es que ya se lo dijimos”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la sesión de control al Ejecutivo este miércoles.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la sesión de control al Ejecutivo este miércoles.Luis Sevillano

Aludía así el portavoz de ERC a la intervención del Tribunal Constitucional en 2017, durante la última fase del procés independentista catalán, y en ese sentido sostuvo que aquellas actuaciones judiciales contra decisiones del Parlament son las mismas que ahora han frenado una iniciativa legislativa en el Congreso. Rufián avanzó al presidente que ERC está dispuesta a “involucrarse” en las nuevas iniciativas parlamentarias que se tomen para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como ya ha hecho en estas últimas semanas en la reforma del Código Penal. “Háganlo, allí estaremos”, le animó Rufián, y señaló: “Hay una diferencia entre ustedes y nosotros: nosotros no les dejaremos tirados. Lo hacemos para dignificar la democracia, porque nosotros antes que independentistas somos demócratas”.

Sánchez respondió que en España “la democracia es perfectible, imperfecta, necesita mejoras”, pero subrayó que en todo caso eso debe hacerse “desde el respeto a la ley y dentro de la ley”. Saludó que ahora ERC “haya asumido que primero está la soberanía popular y el respeto a la ley, la legalidad democrática y el marco constitucional”, y luego las ideas. El presidente animó a los grupos parlamentarios a perfilar cuanto antes “la solución” a “las interferencias de otro poder [en alusión al Constitucional] en el poder legislativo”, pero volvió a insistir en que el responsable es el PP, “que no reconoce el resultado electoral”.

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Muere una conocida militante del PP de Zaragoza y toda su familia en un choque frontal con el hermano del diseñador Mariscal, también fallecido

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En el accidente ha perdido la vida Inés Bellido, directora en la Cámara de Comercio, embarazada de cinco meses, y su marido y su hijo, además de Santi Errando Mariscal

Accidente ha ocurrido en la N-234. la noche del viernes

Un total de cuatro personas han fallecido esta noche al colisionar dos vehículos cuando circulaban por la carretera N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, en la Comarca de Comunidad de Calatayud, han informado la DPZ y la Guardia Civil.

POLITICA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD
DPZ.
Accidente ha ocurrido en la N-234. la noche del viernes

Un total de cuatro personas han fallecido esta noche al colisionar dos vehículos cuando circulaban por la carretera N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, en la Comarca de Comunidad de Calatayud, han informado la DPZ y la Guardia Civil.

POLITICA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD
DPZ.DPZ. (Europa Press)

Fue un choque frontal en la noche del viernes, en el kilómetro 267 de la N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, muy cerca de Calatayud. Presuntamente el vehículo que conducía solo Santi Errando Marisca, hermano del diseñador valenciano, invadió el carril contrario por el que venía Inés Bellido, la directora de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Zaragoza, embarazada de cinco meses, junto a su marido, el profesor Tomás Aróstegui, del colegio Montearagón en la capital aragonesa, y el hijo de ambos, Enrique, que iba a cumplir tres años en marzo. Todos fallecieron tras el siniestro, que provocó que ambos coches ardieran. A medida que se han ido conociendo las identidades de los fallecidos la consternación se ha extendido por todo Aragón.

Según explicó el alcalde del municipio de Cervera de la Cañada, Pascual Royo, en la prensa local, Santi Errando Mariscal llevaba apenas dos años afincado en el pueblo, al que llegó desde Madrid, aunque era natural de Valencia. Cervera se encuentra a 6,5 kilómetros de Torralba, donde se produjo el accidente.

Los servicios de emergencia que acudieron hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar sus vidas, después del brutal choque, que ocurrió hacia las 21.15 horas. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han abierto ya diligencias para aclarar las causas del siniestro y los bomberos también tuvieron que acudir para sofocar las llamas.

Las muestras de dolor en el PP aragonés se han multiplicado a lo largo de este sábado. Y también de otros partidos, sobre todo en los grupos municipales del ayuntamiento zaragozano, como la socialista Lola Ranera o Carmen Herrarte, concejal de Ciudadanos. El presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE) se ha unido a la avalancha de condolencias en las redes sociales: “Qué terrible tragedia el accidente de tráfico de Torralba de Ribota. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Les envío una palabra de ánimo, junto con un fuerte abrazo. Que la tierra les sea leve a las víctimas”.

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El Gobierno modificará la ‘ley del solo sí es sí’ para “resolver a futuro los problemas detectados”

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Casi tres meses después de que empezara el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales, el Gobierno se ha decidido finalmente a cambiar la ley del solo sí es sí, aunque aún no sabe cómo lo hará. El Ejecutivo es consciente de que no puede parar este proceso, porque los condenados pueden acogerse a la versión de ley actual ya en vigor por mucho que se modifique, pero ha decidido hacer cambios para “resolver a futuro los problemas detectados”, según una nota oficial de La Moncloa. Esto es, para los juicios que se hagan con la nueva ley, no para las revisiones de las condenas con normas anteriores.

No se sabe aún cómo lo hará, y no parece sencillo, pero lo que hay es una decisión política del presidente, Pedro Sánchez, de hacer algo para frenar la sangría de imagen para el Gobierno progresista en un asunto muy sensible que está suponiendo este problema, que se ha convertido en el centro de las críticas de la oposición.

Sánchez ha forzado así a Irene Montero, que se ha resistido durante semanas a este cambio con la idea de que no encontraban una solución viable. La ministra de Igualdad ha rechazado públicamente esta posibilidad en varias ocasiones hasta que La Moncloa lo ha confirmado oficialmente. De hecho, después de la nota de La Moncloa, fuentes de Podemos, el partido de Montero, admiten que se está trabajando en una solución pero se han encargado de destacar que “a día de hoy aún no hay acuerdo sobre una solución válida” y añaden que “el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del Código Penal”, informa Paula Chouza. El mensaje parece evidente: Sánchez y su equipo han decidido hacer algo ya —como adelantó este sábado La Vanguardia— y Montero ha aceptado la instrucción del presidente, pero aún no ve cómo aplicarla, mostrando así sus reticencias.

El Gobierno sabía que necesitaba hacer algo frente al goteo de rebajas de penas y excarcelaciones que está provocando desde el pasado noviembre la aplicación de la ley del solo sí es sí. Aunque la postura pública y unitaria de los socios de coalición ha sido una defensa cerrada de la norma —”la ley es sólida”, repiten los dos sectores del Ejecutivo—, la nota oficial de La Moncloa señala que “desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados”.

El Ejecutivo sabe, en todo caso, que las grietas en la parte penal del texto no pueden ser ya taponadas: una vez que la ley entra en vigor no se puede hacer nada, las rebajas y las excarcelaciones no se pueden frenar. El motivo es el principio básico que impide aplicar de forma retroactiva una ley que perjudique al reo. Y por tanto, aunque ahora se modifiquen al alza las penas, ese cambio solo afectará a quienes cometan delitos después de que la nueva reforma haya entrado en vigor. El pasado viernes la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya incidió en ello.

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Tanto Llop la semana pasada, como en otros momentos la ministra de Igualdad y ahora fuentes gubernamentales, reconocen los “efectos indeseados” que ha tenido la ley. “Conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema. Abordar con responsabilidad esta situación requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico”. Aseguran que la modificación será acordada entre los socios de gobierno, “con plena sintonía” y que el texto que se está redactando para la modificación estará listo “pronto”.

La nota oficial de La Moncloa se esfuerza por evitar la imagen de un conflicto entre socios y deja en todo momento la gestión en manos de Igualdad. Pero las tensiones de las últimas semanas son inocultables y la resistencia de Montero frente al deseo del sector socialista de hacer algo era muy evidente. “Somos conscientes de esta situación y queremos contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento”, añade la nota. El cómo aún no está definido. No pueden “concretar” la forma en la que se procederá; si será tocando la parte penal de la ley —elevando las penas, por ejemplo— o si será haciendo ajustes en el resto de la normativa.

Una fórmula que significaría eliminar por completo el espíritu de la ley, que nació precisamente del clamor social por el caso de La Manada para que la justicia no dirimiese la diferencia entre abuso y agresión según la violencia e intimidación que los agresores hubiesen usado para cometer el delito, es decir, según la resistencia de las mujeres agredidas.

En año electoral, la norma más importante para la protección de las mujeres de los últimos 20 años, tras la ley de 2004, de violencia de género, se ha vuelto en contra del propio Ejecutivo por el colador en el que se ha convertido la parte penal de ese texto. Aunque el Gobierno sabe que ese problema estructural no puede ser reparado a estas alturas, sí quiere intentar acotar las consecuencias en el futuro.

Ya este viernes, Montero, reticente desde el primer momento a tocar la ley porque achaca lo que está ocurriendo a una incorrecta aplicación y no a ninguna laguna del texto, aludía a que se estaba trabajando en perfeccionarla, confirman fuentes gubernamentales.

En rueda de prensa tras la segunda reunión del comité de crisis por los asesinatos machistas que se han producido en lo que va de enero, Montero fue preguntada por las declaraciones de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, y la candidata a la alcaldía madrileña Rita Maestre, de Más Madrid, que han hablado en los últimos días sobre la necesidad de un cambio en la ley. La ministra mantuvo la postura: “No vamos a hacer ninguna valoración sobre esas declaraciones, la ley del solo sí es sólida y de carácter integral, y permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio Parlamento europeo, ofrecer la protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir”.

Pero matizó que estaban “trabajando” para una “correcta aplicación” de la norma: “Lógicamente, compartimos la preocupación que tiene también la sociedad española por esas decisiones judiciales de rebajas de penas que no se corresponden ni con el decreto de Fiscalía [el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, instó a los fiscales a oponerse “por norma general” a las rebajas de penas cuando el castigo impuesto con la anterior ley estuviera dentro de los previstos para ese delito en la nueva norma] ni con la propia ley del solo sí es sí y del espíritu y la voluntad del legislador, y por supuesto, precisamente porque estamos preocupadas, estamos también ocupadas en hacer todo lo que está en nuestra mano y todo lo que sea necesario. Llevamos meses haciendo todo lo que es necesario para garantizar la correcta aplicación de la ley del solo sí es sí y así seguirá siendo”, apuntó.

La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la llamada ley del solo sí es sí, entró en vigor el pasado 7 de octubre. El objetivo, que el foco para juzgar la violencia sexual dejara de estar en la resistencia que hubiesen puesto las víctimas y ponerlo en el consentimiento de las mujeres, libre y expresado claramente.

Para eso, el abuso desapareció y todo se unificó en agresión. Se amplió la horquilla de penas, para recoger en un solo tipo (agresión) todas las posibilidades y castigar de lo más leve a lo más grave. Al rehacer los tramos, se rebajaron algunos de los mínimos ―por ejemplo, en la agresión sexual con penetración, pasó de los seis a los cuatro años—, y algunas de las máximas ―como la agresión sexual sin ningún agravante, que pasó de cinco a cuatro años―. Esos cambios en el Código Penal conllevaron una obligación para con los agresores ya condenados establecida en la Constitución y en el propio Código Penal: aceptar las revisiones de condena que soliciten aquellos reos que se puedan ver beneficiados con la nueva ley.

El “trabajo” que Montero afirma que llevan meses haciendo comenzó a mediados de noviembre, cuando empezaron las primeras rebajas de penas y las primeras excarcelaciones tras las revisiones de condenas. Entonces, la primera reacción del Gobierno fue amagar con cambiar la norma por “los efectos indeseados”; pero Igualdad se cerró en banda y achacó las rebajas a una lectura incorrecta, incompleta y machista de la ley. El Ejecutivo decidió esperar a que el Tribunal Supremo unificara criterio, esperando que lo hiciera en el mismo sentido que la Fiscalía. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha respaldado las rebajas ya en media docena de ocasiones. Las excarcelaciones alcanzan ya la veintena y son casi 300 las reducciones de condena.

Portavoces de todos los ministerios implicados —Igualdad, Justicia e Interior— y de cualquier otra instancia gubernamental han repetido que estas consecuencias de la entrada en vigor de la ley “no eran la voluntad del legislador”. Pero esas implicaciones han provocado sorpresa y alarma social, ataques en el Parlamento por parte de la oposición —Carla Toscano, de Vox, llegó a llamar a Montero “libertadora de violadores” en el hemiciclo— y tensión entre los socios de coalición, sobre todo entre Igualdad y la parte socialista del Ejecutivo, que además arrastraban ya la batalla interna que ha provocado la llamada ley trans.

A pesar de esa tirantez dentro de la coalición, durante los dos últimos meses se ha mantenido una defensa de la ley en bloque por parte de ambos socios. Una unidad necesaria para un Gobierno que se enfrenta este año a elecciones locales, autonómicas y poco después a las generales.

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Ciudadanos baraja presentar listas conjuntas con otros partidos en algunos Ayuntamientos: “Se pueden debatir distintas estrategias”

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La portavoz en el Congreso de CS, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante la asamblea general de Ciudadanos el 14 de enero. De fondo, miembros de la nueva ejecutiva.
La portavoz en el Congreso de CS, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante la asamblea general de Ciudadanos el 14 de enero. De fondo, miembros de la nueva ejecutiva.Jesús Hellín (Europa Press)

A la asamblea general de Ciudadanos, celebrada hace dos semanas, asistió el dirigente popular Pedro Rollán como invitado. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP siguió en primera fila el discurso de Patricia Guasp como nueva portavoz política de Cs. Rollán se mantuvo impasible, sin moverse de la silla, mientras todos aplaudían y jaleaban los ataques de Guasp hacia Alberto Núñez Feijóo. “Nuestros principios ni se venden ni se compran”, sentenció la líder de Ciudadanos desde el escenario, en referencia al presidente del PP. Tras el discurso, Rollán salió escopeteado. Pero, a punto de abandonar el cónclave, Begoña Villacís lo agarró del brazo. “Son cosas que hay que decir”, musitó cariñosamente la vicealcaldesa de Madrid a Rollán sobre las palabras de Guasp, para que el dirigente popular no se marchase enfadado. De fondo, su predisposición a integrarse como “corriente interna” dentro del PP.

Villacís había formado parte de la candidatura de Patricia Guasp y Adrián Vázquez a las primarias de Ciudadanos en el penúltimo puesto de su lista. En el último lugar estaba Inés Arrimadas. Por lo que ninguna de las dos dirigentes de mayor proyección mediática de Ciudadanos forma ahora parte del núcleo duro de la toma de decisiones de la dirección nacional. Pero el rumbo que adoptase la vicealcaldesa de Madrid era clave para el propio camino de Cs, abocado a la desintegración pese a la refundación del partido. Un proceso de renovación que pretendía sacar del pozo a Ciudadanos.

Como así hicieron durante la asamblea, los vencedores de las primarias, Guasp y Vázquez, han repetido hasta la saciedad que su intención es no ser “subalternos” de nadie. Pero los planes de Villacís no están tan claros. La vicealcaldesa de Cs no solo había trasladado a concejales de su Ayuntamiento su intención de integrarse como una “corriente interna” dentro del PP, sino que, además, había sondeado a otros miembros del partido sobre esa misma solución recientemente, después de la celebración de la asamblea. Pese a que ganó la candidatura que ella apoyaba y pese a haber reiterado en público que no se marcharía al Partido Popular, ya contaba con la oferta en firme de Génova.

La intención de Villacís era dotar de libertad a los cargos de la formación para que se integrasen en las listas del PP a cambio de no presentar candidaturas en determinados municipios, como Madrid. En la mañana de este viernes, horas antes de que EL PAÍS adelantase esa información, hubo una reunión en la sede del partido. En el edificio de la calle de Alcalá de Madrid se congregaron, entre otros, Adrián Vázquez —secretario general— y Mariano Fuentes —vicesecretario de Cs y concejal en el Ayuntamiento madrileño, del ala de Villacís— para abordar asuntos orgánicos del partido. Fuentes de la dirección confirman que la ejecutiva ha debatido desde presentar “listas en todos los sitios” hasta plantear “listas conjuntas”. “Hemos hablado de distintas posibilidades. Todas ellas desde listas en todos los sitios a listas conjuntas, etcétera. Pero como comentario y nunca como decisión”, explica un miembro de la ejecutiva.

La nueva cúpula ha repetido constantemente, desde que llegaron al poder, que defendería la marca propia. Y los nuevos estatutos, ratificados en la asamblea hace dos semanas, mencionan expresamente que no se harán pactos “preelectorales”, sino solo con posterioridad, en coalición para gobernar y sin socios preferentes.

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Lo que no esperaba el resto de miembros de la dirección es que Villacís convulsionara su planificación tan pronto. “Han pasado solo dos semanas desde la asamblea, no se puede dar esa imagen”, afirman otras fuentes de la ejecutiva, al tiempo que revelan que sobre la mesa está la posibilidad de explorar listas conjuntas, no solo con el PP sino también con el PSOE, en aquellos municipios donde se haya gobernado en coalición y el acuerdo haya funcionado. Siempre atendiendo a las características de cada lugar y a las opciones, conscientes del peligro que corre Ciudadanos de desaparecer. En la cúpula cayó como un jarro de agua fría la noticia sobre Villacís, cuando se intentaba centrar el foco mediático en los nuevos liderazgos y en los frutos de la refundación. Muchos eran ya conscientes de las intenciones de la vicealcaldesa de Madrid.

En cualquier caso, la ejecutiva no quiso dar su versión oficial hasta que Villacís hiciera una declaración formal y en público tras la información publicada en EL PAÍS sobre las 15.45 de este viernes. Una contestación que la propia dirección esperaba se hiciese lo antes posible. Sobre las 19.00 llegó la respuesta. La vicealcaldesa colgó en su perfil de Instagram un vídeo de dos minutos y medio. “En este momento del partido lo más inteligente sería ejercer como partido liberal y darle libertad a los municipios para que ellos decidan cuál es la manera más inteligente para concurrir”, afirma Villacís en la grabación sin referirse expresamente al PP. Además, subraya que en Cs están “preocupados” por “salvar el centro político” y que para ello existen “muchas formas de hacerlo”. Sin embargo, ni durante la celebración de la asamblea ni durante todo el proceso previo de primarias estas opciones se pusieron sobre la mesa. Lo que ha provocado el rechazo de muchos militantes en las redes sociales.

La censura también llegó desde el bando contrario —y perdedor—, de las primarias: el de Edmundo Bal. El portavoz parlamentario en el Congreso, al que la nueva ejecutiva ha restado protagonismo y margen de maniobra, manifestó abiertamente su rechazo a la estrategia propuesta por Villacís. “Una refundación con tantas horas de trabajo de técnicos, militantes y cargos, un proceso de primarias para debatir sobre el proyecto y tantos kilómetros visitando agrupaciones… No vinimos a Ciudadanos para esto. Que tengas mucha suerte, Begoña Villacís”, espetó Bal a través de Twitter. Unas críticas a las que se sumaron en tromba y desde la misma red social otros diputados, como María del Carmen Martínez, Juan Ignacio López-Bas y Miguel Gutiérrez. Porque el grupo parlamentario está además —y por su parte—, rebotado con la nueva dirección por haber restado presencia a Bal y haber impuesto a Guillermo Díaz como supervisor.

Ya en la noche, pasadas las 21.00, llegó la versión oficial de la dirección. Fuentes de la ejecutiva admiten que, una vez finalizada la refundación, la decisión es la siguiente: “Defender la autonomía del espacio liberal. Ello no quiere decir que la Ejecutiva y los distintos órganos del partido puedan debatir distintas estrategias, en especial con nuestros representantes en los territorios. Pero en ningún caso integrando nuestro proyecto bajo siglas del bipartidismo, cuyos planes para España son absolutamente diferentes a los nuestros. Begoña Villacís es un activo esencial de Cs para mayo y será nuestra candidata en Madrid”.

En el mes de febrero el partido celebrará primarias para designar a los candidatos en las 12 comunidades autónomas en las que hay elecciones en mayo y en determinadas ciudades según el número de afiliados, como es el caso de Madrid. Está por ver si Villacís es la cabeza de lista de la capital y, sobre todo, bajo qué fórmula. Y no solo ella. Queda en el aire cómo se procederá en el resto de municipios.

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