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María Luisa Balaguer: “Es una barbaridad dictar medidas al Senado por unas lesiones producidas en el Congreso”

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María Luisa Balaguer (Almería, 1953) es catedrática de Derecho Constitucional y magistrada del Tribunal Constitucional. En las próximas horas firmará uno de los cinco votos particulares, todos del sector progresista, contra la decisión tomada la víspera por la mayoría conservadora del tribunal: suspender la tramitación de dos enmiendas parlamentarias presentadas por el PSOE y Unidas Podemos que modifican el sistema de elección y validación de magistrados en el Consejo General del Poder Judicial y en el propio Tribunal Constitucional.

P. Ha declarado en la Cadena SER que el Tribunal Constitucional no puede condicionar la soberanía nacional. ¿Por qué cree usted que esta decisión la condiciona?

R. Creo que el Parlamento tiene un principio de soberanía nacional que tiene que ser respetado porque es el derecho a la representación política, que es la base interna de la democracia. Sin la representación no hay democracia y, por tanto, el sistema democrático debe atenerse a las funciones que cada organismo debe desarrollar. El Tribunal Constitucional debe ser un instrumento de control a posteriori cuando se producen las resoluciones. Si en un momento determinado ha de adoptar una decisión preventiva, tiene que ser muy cauteloso con cuáles son los bienes jurídicos que puede condicionar. Y en este caso me parece que la decisión de la mayoría ha sido incorrecta: no había ninguna necesidad de esa urgencia. Y, en segundo lugar, si tú estás favoreciendo que no haya una votación, estás privando al resto de las personas [los diputados] de ejercer ese derecho. Por lo tanto, hay que analizar mejor la proporcionalidad y el contrapeso.

P. El Constitucional ha dictado en los últimos meses otras resoluciones por unanimidad en recursos de amparo: negó medidas cautelares al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, al que la presidenta del Congreso le privó de su escaño por una sentencia del Supremo; o a la diputada Teresa Rodríguez y ocho diputados expulsados del grupo parlamentario por una decisión de la Mesa de la Cámara andaluza. ¿Se argumentó en la deliberación de ayer por qué en esos casos procedía rechazar las cautelares pedidas y en el caso del recurso de amparo del PP había que aprobarlas?

R. Es la base de la defensa de las personas que haremos el voto particular. Y eso se verá enseguida. Yo intentaré sacar el voto particular entre mañana y pasado. Lo haré público, porque me parece importante que se pueda ver la discrepancia. Y es la siguiente: no se adoptan generalmente las cautelares en el Tribunal Constitucional porque sería tanto como anticipar la decisión sobre el recurso de amparo. Es decir, si un grupo o una persona te solicita un amparo y te dice que ya se lo adelantes (si se trata, por ejemplo, de evitar una votación o suspender una publicación en prensa) lo que se está haciendo ya no sería necesario hacerlo en sentencia porque ya se ha conseguido. Eso no es razonable en derecho, porque estás pendiente de una prueba, estás pendiente de dar traslado a las partes, estás pendiente de que se conteste. Entonces, inaudita parte [sin escuchar a las partes concernidas] no se suele conceder esa medida.

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P. Si el letrado principal del Constitucional sostiene que es doctrina reiterada del tribunal denegar esas medidas cautelares y la Fiscalía informó siempre contra ese tipo de medidas cautelares, ¿por qué cree que la mayoría conservadora optó por desoír esos antecedentes y aprobar las cautelares que pidió el PP?

R. Porque son siempre los distintos puntos de vista que hay entre un concepto de la función constitucional y otro. Esto lo venimos viendo a lo largo de la trayectoria del Constitucional: las sensibilidades son distintas. Desde un punto de vista técnico no tenía solución este problema en unas cautelarísimas. Para empezar, la supuesta lesión la había producido el Congreso y al que se le dice ahora que no se vote es al Senado. Se está estableciendo una medida a un órgano que no es el que ha producido la lesión. El Senado obedecerá, porque es su obligación, las resoluciones del Tribunal Constitucional. Pero el Senado no ha producido ninguna lesión, la ha producido el Congreso y nosotros se la estamos imputando al Congreso y estamos dictando unas medidas para el Senado. Esto me pareció una esquizofrenia, y así lo puse de manifiesto. En el Constitucional hay una gran diversidad de enfoques y de puntos de vista. Yo tengo un sentido más académico y otros compañeros tienen un sentido más práctico, pero la decisión me pareció una barbaridad, sinceramente lo digo.

P. ¿Cuánto daño hará esta decisión a la imagen del Constitucional?

R. El tribunal debería pensar los efectos de algunas de las resoluciones que toma. Yo siempre pienso en la sentencia sobre el estado de alarma [que consideró inconstitucional uno de los puntos del decreto que afectaba al confinamiento domiciliario] y me parece que en su momento se tendría que haber dictado otra sentencia. Pero es que la falta de entendimiento interno también es muy razonable si se quiere tener un Constitucional plural. El problema con el pluralismo, no solamente ideológico, sino desde el punto de vista del conocimiento y político, es que determina siempre estos choques de trenes. Verdaderamente, se trataba de un asunto muy difícil. Pero se podía haber hecho con un poco más de tranquilidad. Podríamos haber oído al menos a las partes y ver si era necesario hacer eso.

P. ¿Pedirán ustedes un pleno para dar el plácet a los dos magistrados elegidos por el Gobierno o renuncian a ello viendo la posición del grupo conservador?

R. Todo está pendiente del día 22 o del adelanto que se ha producido ahora [en el Consejo General del Poder Judicial para intentar acordar el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que le corresponden]. El horizonte estará en el día 22 de diciembre. Y a partir de ahí debería hacerse el pleno para discutir si damos el plácet, pero eso es competencia del presidente, no sé si en su intención estará convocar ese pleno.

P. Y, en caso de que lo convoque, ¿el grupo progresista, al que usted pertenece, apoyará la entrada en el tribunal de los dos magistrados nombrados por el Gobierno, aunque el Poder Judicial no haya nombrado a los suyos?

R. Eso lo he dicho siempre. Yo y más compañeras y compañeros del tribunal consideramos que el Gobierno ha tomado su decisión y el tribunal deberá recepcionar eso como cualquier otra norma constitucional.

P. ¿Le sorprendió que no se abstuvieran en el debate el presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, dado que estaban afectados directamente por la decisión que se tomara?

R. Mi capacidad de sorpresa es infinita siendo magistrado del Tribunal Constitucional. Ellos tenían su derecho y lo ejercieron. Yo sobre eso no quiero opinar. Lo único que me queda es respetarlo.

P. El artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que es posible la recusación de un juez que tenga interés directo o indirecto en el pleito o causa que analiza. ¿No cree que Trevijano y Narvaez se encontraban en este caso?

R. No lo sé. Es un tema muy complicado. Nosotros dictamos hace poco un auto porque a lo largo del procés se recusó a algunos compañeros, que se abstuvieron. Yo siempre estuve en contra de esa abstención porque consideré que, aunque se hubiese hecho alguna declaración sobre el procés, a favor o en contra, un magistrado no tendría por qué ser parcial, pero en este caso se trata de una cuestión personalísima de si esa persona se sentirá o no concernida. No estoy para entrar en la conciencia de nadie, pero creo que el derecho tiene que crear las condiciones, y el día que las partes pidan la recusación, que todavía no se ha podido pedir, entonces habrá que ver ese escrito de cómo viene fundamentado y podremos tomar una decisión más clara.

P. Si usted estuviera en la misma situación que Trevijano, ¿se sentiría concernida para abstenerse?

R. No quiero pensar en esos casos. Yo creo que en una situación personal se tienen que contemplar muchas cosas. Como soy una persona de bastante consenso, lo más seguro es que yo me hubiese abstenido. Dependería del compromiso personal que yo tuviese con el tribunal, porque también es verdad que una persona puede considerar que no se abstiene porque considere que tiene obligación moral de resolver. Yo en eso no juzgo, la verdad.

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Interior niega que el atacante de Algeciras responda al perfil de yihadista

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Mientras continúa la investigación sobre los ataques perpetrados por un joven marroquí de 25 años el miércoles en Algeciras (Cádiz), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves durante una rueda de prensa en la ciudad gaditana que el agresor “nunca ha estado en el radar de un servicio nacional por radicalización, pero tampoco en ninguna de las bases de datos de los distintos países amigos cercanos donde haya tenido residencia”. Se mantiene así el ministro en la línea de las pesquisas policiales que sostienen que Yasine Kanjaa, que mató a machetazos al sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, e hirió gravemente al sacerdote de la parroquia de San Isidro, Antonio Rodríguez, sufría “algún tipo de trastorno mental, actuó solo y no consta que estuviera radicalizado”. El ministro se distancia así de la tesis que mantiene el auto inicial del juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, en el que califica los hechos como un delito de asesinato “con fines terroristas”, y lo vincula con el “salafismo yihadista”, la corriente más radical del Islam.

Durante sus violentos ataques, Kanjaa, que se encontraba de manera irregular en España y tenía abierto un procedimiento de expulsión desde junio, insultó e increpó a los feligreses que se encontraban en las iglesias a la hora de la misa de la tarde y realizó manifestaciones en defensa del islam frente al cristianismo. Sus compañeros de piso, una destartalada vivienda okupada en el centro de la ciudad y a escasos metros de los templos atacados, aseguran que había cambiado mucho en los últimos dos meses, tras dejar de consumir drogas, y que les había amenazado en varias ocasiones, enloquecido, asegurando que veía al diablo y rezando.

Marlaska ha viajado hasta la localidad de Algeciras este jueves para reunirse con fuerzas policiales y familiares y allegados del sacristán fallecido. El ministro ha explicado que no hay otras personas investigadas en relación con los hechos y ha definido lo ocurrido como “una violencia absolutamente irracional”. Kanjaa, que fue detenido minutos más tarde de perpetrar sus ataques por la policía local, había sido detenido ya en Gibraltar en agosto de 2019, tras llegar a la colonia británica en una moto de agua y ser deportado a los pocos días, según ha comunicado el Gobierno gibraltareño. Fuentes policiales revelan que se encontraba en España desde hace “algo más de un año” adonde presumiblemente pudo llegar en patera desde una pequeña localidad cercana a Castillejos. Fuentes de la investigación aseguran que Kanjaa se ganaba la vida en España “haciendo trabajillos esporádicos, chapuzas”.

“La investigación sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero estamos en el inicio de las investigaciones y todos las hipótesis siguen abiertas”, ha matizado Marlaska, que ha avanzado que “será el desarrollo de la investigación quien lo pueda concluir”. El ministro ha explicado que, durante los registros realizados la noche del miércoles en la casa donde vivía el investigado se han intervenido “efectos que se aportarán a la autoridad judicial”, pero ha eludido detallar qué objetos han intervenido los agentes. “Se está estudiando, investigando con una razonable naturaleza terrorista, pero como está en ciernes y hay circunstancias concurrentes no hay nada que pueda descartarse”, ha abundado Marlaska. Fuentes policiales dicen no haber encontrado de momento material yihadista entre los dispositivos electrónicos incautados, aunque fuentes de la fiscalía aseguran que “hay elementos” que permitirían concluir que sí se trata de un ataque propio de partidarios de la guerra santa en nombre de Alá, a quien se encomendó el agresor segundos antes de asestar el golpe mortal al sacristán en plena calle.

Yasine Kanjaa, de quien no constan tampoco antecedentes penales por terrorismo ni en España ni en países aliados, ha permanecido en la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras a la espera de ser puesto a disposición judicial. La policía ha solicitado una prórroga de la detención “para tener más tiempo para investigar” y está previsto que el arrestado pase a disposición judicial el lunes.

Por su parte, el ministro ha querido lanzar mensaje de apoyo a los allegados del fallecido y ha deseado un rápido restablecimiento de los heridos. Para el juez, los hechos ocurridos en Algeciras son “incompatibles con los valores que nos definen como sociedad democrática, donde la diversidad no es un problema, sino que enriquece”. Marlaska ha evitado relacionar la investigación terrorista en ciernes con una confesión religiosa, como ha hecho este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al decir: “No verá usted a un católico matar en nombre de su religión, otros pueblos tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Marlaska ha replicado: “Creo en la diversidad y no confundir. Si miramos la historia, todos tenemos trágicos sucesos en los que mirarnos y aprender”.

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Desde Interior han recordado, además, que los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar han crecido un 31% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, debido principalmente al plan especial contra el narcotráfico que se puso en marcha. “En concreto, la comarca ha pasado de tener 1.956 agentes de ambos cuerpos (en diciembre de 2017) a tener 2.579 (en agosto 2022)”. Y, concretamente en Algeciras, “la ciudad ha pasado de tener 1.201 agentes a los actuales 1.363″.

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El jubilado detenido por las cartas pirotécnicas manipuló un dron para que soltara artefactos

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Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.
Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.Iñaki Berasaluce (Europa Press)

La Policía Nacional ha encontrado en la casa de Pompeyo González Pascual, el jubilado detenido este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío de las seis cartas con material pirotécnico que recibieron entre noviembre y diciembre, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, un vehículo aéreo no tripulado, popularmente conocido como dron, manipulado para que pudiera transportar cajas con artefactos similares a las que metió en aquellos sobres y soltarlas por control remoto, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

La documentación recogida apunta a que este exfuncionario de 74 años estaba ideando artefactos con mayor potencia deflagrante (que provocan llama) que los que había remitido y que, solo en una ocasión, había llegado a activarse causando heridas leves a un trabajador de la legación diplomática de Kiev en España, añaden estas fuentes. El resto de envíos fueron neutralizados por las Fuerzas de Seguridad antes de que se funcionaran.

En el acta del registro de su vivienda en Miranda de Ebro se recoge como indicio “C-23″ un dron Dji Mavic 2, un modelo ya descatalogado de algo menos de un kilo de peso pensado para grabar imágenes desde el aire y con capacidad para volar durante media hora. Aficionado al aeromodelismo, el detenido tenía páginas en la red Youtube en las que mostraba algunos de los vídeos que supuestamente grababa en Miranda de Ebro con este dispositivo. De hecho, la policía encontró en el dron una tarjeta de memoria de 64 gigas utilizada supuestamente para registrar las imágenes.

Sin embargo, lo que más alarmó a los agentes fue el hallazgo, en la misma estancia del piso, de un “conjunto de dispositivos electrónicos de color gris” supuestamente ideado para “la suelta de carga de[sde] dron”, según recoge el documento judicial, donde aparece referencia como indicio “C-14″. Según las fuentes consultadas, este ingenio, supuestamente de fabricación casera, permitía transportar objetos de un tamaño similar a las cajas de madera que elaboró González Pascual para que contuvieran los artefactos que envió por correo postal, y que los soltara por control remoto.

Entre el material intervenido también se localizaron imanes, tubos metálicos de diferentes diámetros y longitudes, muelles, tornillería, trozos de madera, cables y virutas de acero, así como diferentes herramientas, como taladros, una sierra y un cortatubos. La intervención de este material era uno de los objetivos del registro, como reflejaba el autor del juez que autorizó la entrada en la vivienda y que expresamente pedía buscar “todos aquellos efectos, instrumentos y objetos de ferretería relacionados con el delito investigado, tales como armas, precursores, sustancias explosivas…” tras constatar los investigadores que los artefactos eran de fabricación casera.

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Las pesquisas también revelaron que González Pascual ―al que se le considera un radical favorable a Rusia en la guerra de Ucrania― había adquirido, entre junio y julio pasados, a través de Amazon “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes”, todo ellos elementos potencialmente utilizables para elaborar artefactos explosivos. El acta judicial no refleja que durante el registro de la vivienda, el trastero y el coche del detenido se localizara nada de ello, aunque sí algunas sustancias que los expertos policiales deben analizar para concretar su composición.

Lo que sí localizaron los agentes fue documentación en papel, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, seis tarjetas de memoria y otros tantos pendrive (pequeños dispositivos informáticos de memoria). Los agentes analizan ahora todo ello en busca de más indicios contra González Pascual, que, cuando fue arrestado el miércoles aún aseguraba a los agentes que se habían “equivocado” al detenerle, según destaca el documento judicial. Aún no sabía la larga lista de indicios que en los últimos meses habían recabado contra él los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.

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Ares, el hombre del aparato socialista vasco

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Rodolfo Ares, fallecido este jueves, fue conocido públicamente hacia el final de su carrera política, en 2009, cuando Patxi López, elegido lehendakari, le nombró consejero de Interior del Gobierno vasco, donde le tocó afrontar los últimos coletazos de ETA en estrecho contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Era un hombre de aparato, discreto. No se recuerda, por ejemplo, que sustituyó a Fernando Buesa como portavoz socialista en el Parlamento vasco, cuando fue asesinado. Pero, desde la sombra, su historia se cruza con la del socialismo vasco desde los inicios democráticos hasta el final del terrorismo.

Su labor al frente de la Ertzaintza dejó huella en el final del terrorismo. Creó una unidad especial formada por un nutrido grupo de analistas a escala local en coordinación con las Fuerzas de Seguridad estatales, e impulsó una política de tolerancia cero y de eliminación de la impunidad del mundo etarra en los espacios públicos, acordadas con los ayuntamientos. Fueron decisiones muy eficaces en el final del terrorismo, apenas recordadas.

Para ese momento, Ares había hecho un largo recorrido en el aparato del PSE desde que ingresó en los albores de la democracia. En 1983 fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y luego parlamentario vasco. Pero fue, ante todo, un hombre de aparato, antes de que en 1997 fuera reconocido como secretario de Organización del PSE hasta 2014.

Su importancia en el aparato socialista fue evidente en el nombramiento de Nicolás Redondo Terreros como secretario general del PSE en 1997, en sustitución de Ramón Jáuregui, y fue decisivo en el relevo de Redondo por Patxi López en 2005. Ares había trabajado con ambos en el aparato. Pero como político pragmático entendió que en Euskadi se abría la etapa del final del terrorismo, y apostó por López, en sintonía con el Gobierno de Zapatero. Apoyó la apuesta política inteligente del diálogo con ETA para dividir y aislar a quienes querían continuar con el terrorismo que no contradecía el combate contra el terrorismo.

No jugó un papel sobresaliente en el proceso dialogado del fin de ETA. Pero Patxi López y Rubalcaba lo tuvieron informado y contaron con él para participar en la delegación socialista, con Jesús Eguiguren y el jurista Gómez Benítez, en la última reunión, celebrada con ETA y Batasuna en Ginebra en mayo de 2007.

Ares se sentía cómodo en el papel de hombre necesario en la sombra. Estaba detrás de todas las decisiones del PSE, de las pequeñas a las importantes. Protagonizó con López el acuerdo con el PP vasco para desbancar a Juan José Ibarretxe de la presidencia del Gobierno vasco en 2009 por empeñarse en mantener su política soberanista. Con Patxi López como lehendakari, además de dirigir desde Euskadi la lucha antiterrorista, estuvo detrás de la Vía Nanclares de reinserción; de las políticas de memoria y del reconocimiento a las víctimas, para las que organizó un congreso. Tuvo la satisfacción de participar en el fin del terrorismo en 2011 y poco después dejó la política discretamente.

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