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Claves de una decisión sin precedentes: ¿Qué argumenta el Constitucional? ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Qué puede hacer el Gobierno?

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El Tribunal Constitucional adoptó este lunes una decisión insólita en democracia: interrumpir la actividad del Parlamento e impedir que se votara una reforma legal promovida por el Gobierno para desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías. La decisión, que prosperó por seis votos a favor (todos los magistrados conservadores) frente a cinco en contra (los progresistas), suspende la tramitación de dos enmiendas que el Ejecutivo había incorporado a un proyecto de ley sobre otro asunto, y blinda, por ahora, la mayoría conservadora en el tribunal. Estas son algunas de las claves que explican lo acordado por el Constitucional y sus consecuencias.

¿Qué acordó ayer el Tribunal Constitucional? El pleno del tribunal de garantías paralizó la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas referidas a la renovación del tribunal que el PSOE y Unidas Podemos habían introducido en la proposición de ley de reforma del Código Penal. Es la primera vez que este órgano frena la actividad de las Cortes. Lo ha hecho a petición del PP, que recurrió la semana pasada las dos enmiendas con las que los partidos que forman el Gobierno buscaban precipitar la sustitución de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato caducó en junio pasado. Lo que acordó ayer el tribunal (por seis votos a cinco) es admitir el recurso de amparo presentado por el PP y suspender la tramitación de las enmiendas de forma urgente. No entró a valorar si el contenido de las enmiendas era o no constitucional, sino si lo era el procedimiento parlamentario utilizado.

Antes de tomar esta decisión, los magistrados habían rechazado la petición de PSOE y Unidas Podemos de que se apartara de la causa a dos magistrados conservadores nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy —el presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narvaez— cuyo mandato venció en junio y que deberán abandonar el tribunal si se lleva a cabo la renovación. Hay otros dos magistrados (uno conservador y otro progresista, designados en su día por el Consejo General del Poder Judicial) que también tienen el mandato caducado desde junio y perderían el cargo si hay renovación, pero su recusación no la pidió nadie.

¿Qué consecuencias tiene la decisión del tribunal? El acuerdo alcanzado por la mayoría conservadora impide al Senado votar este jueves las dos enmiendas suspendidas, el último paso de la tramitación parlamentaria. La primera enmienda modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar la mayoría necesaria en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a los dos magistrados que le corresponde designar, y cuyo nombramiento impiden desde septiembre los vocales conservadores de ese órgano. La segunda enmienda modificaba la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional para eliminar la potestad que ahora tiene de dar el plácet a los nuevos magistrados que designan el CGPJ, el Gobierno y el Parlamento. Así, ya no sería necesario que el Constitucional estudiara la idoneidad de los dos magistrados propuestos por el Ejecutivo, que este anunció hace tres semanas: el exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez, exalto cargo de La Moncloa. La suspensión de la votación de enmiendas ordenada por el Constitucional no afecta, sin embargo, a la ley madre en la que se incluyeron, la reforma del Código Penal, por lo que la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación, entre otros cambios, seguirán adelante.

¿Qué argumenta la mayoría conservadora del tribunal para frenar la tramitación de las enmiendas? El PP alegó que la introducción de las enmiendas sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sobre el Tribunal Constitucional en una norma que nada tiene que ver con eso —la del Código Penal— y con un trámite de urgencia vulneraba el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes —los diputados—, un derecho blindado por el artículo 23.2 de la Constitución. La mayoría conservadora del Constitucional ha admitido el recurso porque considera que esta vulneración no carece a primera vista “de verosimilitud” atendiendo a la propia doctrina del tribunal, que establece que no cabe, en una tramitación parlamentaria, introducir enmiendas ajenas a la ley que se debate. Además, entienden que este asunto tiene una “especial trascendencia constitucional”, ya que trasciende el caso concreto al plantear una cuestión jurídica “de relevante y general repercusión social, que, además, tiene unas consecuencias políticas generales”.

¿Qué argumentan los progresistas? Los magistrados de este sector creen que el Constitucional no debe interrumpir la tramitación parlamentaria de una ley porque eso implica interferir en la actividad del poder legislativo antes de que esta se produzca. Consideran también que conceder las medidas cautelarísimas, suspendiendo la tramitación de las enmiendas, supone adelantarse al fallo sobre el fondo del asunto (si el procedimiento legislativo es o no legal), como ha advertido en un informe el letrado del tribunal Juan Carlos Duque.

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¿Hay precedentes de lo ocurrido? Los partidos independentistas han subrayado en las últimas horas que, aunque es la primera vez que el Constitucional suspende una tramitación en el Congreso y el Senado, ya lo hizo antes en el Parlament de Cataluña, durante la última fase del procés. Citan el pleno del 9 de octubre de 2017, que el tribunal de garantías ordenó suspender preventivamente porque en él se iba a informar de los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre y previsiblemente, apoyándose en ellos, se iba a declarar la independencia. Algunos juristas sostienen, sin embargo, que no es un caso equiparable al actual, porque en aquella ocasión los magistrados valoraron que ese pleno estaba directamente vinculado a sendas leyes ya declaradas inconstitucionales por el tribunal (la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica). De hecho, el pleno finalmente se celebró, un día después (el 10 de octubre) pero ya sin remitirse expresamente a esas leyes anuladas.

¿Por qué ha rechazado el Constitucional apartar a los dos magistrados recusados? El tribunal no llegó a votar este lunes la recusación de González-Trevijano y Antonio Narváez. Se limitó a abordar el trámite previo: si el PSOE y Unidas Podemos, los grupos parlamentarios que pedían apartar a esos magistrados, estaban legitimados para hacerlo. Y la mayoría conservadora —en una votación en la que participaron los dos magistrados cuestionados— decidió que esos partidos no estaban legitimados, porque aún no estaban formalmente personados en la causa. PSOE y Unidas Podemos habían pedido que González-Trevijano y Narváez no participaran en la deliberación de este lunes alegando que la reforma legal les afecta de forma directa, ya que, al eliminar la potestad que ahora tiene el tribunal de garantías de dar el plácet a los nuevos magistrados designados por el Gobierno, estos serían automáticamente elegidos, lo que precipitaría la salida de Trevijano y Narváez del tribunal. Hay otros dos magistrados con el mandato vencido —Santiago Martínez-Vares (conservador) y Juan Antonio Xiol (progresista)—, pero la sustitución de estos depende del Consejo General del Poder Judicial y los dos grupos que forman el Gobierno no les recusaron.

¿Por qué no se han renovado los dos magistrados ya designados por el Gobierno? La renovación pendiente del Constitucional afecta a cuatro magistrados, dos de los cuales deben ser designados por el Ejecutivo y dos por el CGPJ. El Consejo de Ministros nombró a los suyos el 9 de noviembre, pero el Constitucional rechazó entonces abrir el debate sobre el plácet y optó por esperar a que el órgano de gobierno de los jueces designara a los suyos, lo que todavía no se ha producido. El Constitucional decidió esperar porque la Constitución establece que el tribunal de garantías se renueva por tercios, lo que implica que cada tres años son cambiados cuatro de sus doce magistrados: un tercio corresponde al Congreso, otro al Senado y en el último están agrupados los dos del CGPJ y los dos del Gobierno.

Pero existe un debate jurídico sobre si se puede hacer una renovación parcial del último tercio (nombrar a dos magistrados, en lugar de a cuatro) si, como ocurre en este caso con el CGPJ, una de las partes incumple su obligación de nombrar su cupo. Hay una sentencia sobre una situación similar, aunque no idéntica: el Constitucional avaló por unanimidad en 2016 una reforma legal aprobada un año antes por el Gobierno del PP para permitir que el Consejo General del Poder Judicial se renovara parcialmente (solo los 10 vocales correspondientes al Congreso o solo los 10 del Senado) si una de las Cámaras no elegía a los suyos. La sentencia decía: “Ninguna objeción constitucional cabe oponer a que el legislador disponga prevenciones subsidiarias para la hipótesis de que, debiendo concurrir ambas Cámaras, por separado, a la designación de los vocales cuya propuesta les corresponde, tan sólo una de ellas, por los motivos que sean, esté en condiciones de cumplir su cometido”. No está claro, sin embargo, que esta jurisprudencia pueda aplicarse a la situación actual: porque no se refería a la renovación del Constitucional sino a la del CGPJ, y en esta la Constitución no establece el requisito de que deba hacerse por partes.

¿Qué ocurre ahora con la reforma legal promovida por el Gobierno? El Congreso y el Senado han anunciado que acatan la decisión del Constitucional, por lo que la reforma del Código Penal seguirá adelante pero retirando las enmiendas suspendidas. No obstante, varios socios del Gobierno ya han anunciado su intención de recuperar el contenido de las iniciativas paralizadas para que estas se tramiten por otro procedimiento legislativo: una proposición de ley, en lugar de una enmienda, y desbloquear así igualmente la renovación del Constitucional. El presidente del Gobierno también ha asegurado este martes que se tomarán “cuantas medidas sean necesarias” para renovar tanto el tribunal de garantías como el CGPJ, cuyo mandato caducó hace más de cuatro años.

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Interior niega que el atacante de Algeciras responda al perfil de yihadista

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Mientras continúa la investigación sobre los ataques perpetrados por un joven marroquí de 25 años el miércoles en Algeciras (Cádiz), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves durante una rueda de prensa en la ciudad gaditana que el agresor “nunca ha estado en el radar de un servicio nacional por radicalización, pero tampoco en ninguna de las bases de datos de los distintos países amigos cercanos donde haya tenido residencia”. Se mantiene así el ministro en la línea de las pesquisas policiales que sostienen que Yasine Kanjaa, que mató a machetazos al sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, e hirió gravemente al sacerdote de la parroquia de San Isidro, Antonio Rodríguez, sufría “algún tipo de trastorno mental, actuó solo y no consta que estuviera radicalizado”. El ministro se distancia así de la tesis que mantiene el auto inicial del juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, en el que califica los hechos como un delito de asesinato “con fines terroristas”, y lo vincula con el “salafismo yihadista”, la corriente más radical del Islam.

Durante sus violentos ataques, Kanjaa, que se encontraba de manera irregular en España y tenía abierto un procedimiento de expulsión desde junio, insultó e increpó a los feligreses que se encontraban en las iglesias a la hora de la misa de la tarde y realizó manifestaciones en defensa del islam frente al cristianismo. Sus compañeros de piso, una destartalada vivienda okupada en el centro de la ciudad y a escasos metros de los templos atacados, aseguran que había cambiado mucho en los últimos dos meses, tras dejar de consumir drogas, y que les había amenazado en varias ocasiones, enloquecido, asegurando que veía al diablo y rezando.

Marlaska ha viajado hasta la localidad de Algeciras este jueves para reunirse con fuerzas policiales y familiares y allegados del sacristán fallecido. El ministro ha explicado que no hay otras personas investigadas en relación con los hechos y ha definido lo ocurrido como “una violencia absolutamente irracional”. Kanjaa, que fue detenido minutos más tarde de perpetrar sus ataques por la policía local, había sido detenido ya en Gibraltar en agosto de 2019, tras llegar a la colonia británica en una moto de agua y ser deportado a los pocos días, según ha comunicado el Gobierno gibraltareño. Fuentes policiales revelan que se encontraba en España desde hace “algo más de un año” adonde presumiblemente pudo llegar en patera desde una pequeña localidad cercana a Castillejos. Fuentes de la investigación aseguran que Kanjaa se ganaba la vida en España “haciendo trabajillos esporádicos, chapuzas”.

“La investigación sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero estamos en el inicio de las investigaciones y todos las hipótesis siguen abiertas”, ha matizado Marlaska, que ha avanzado que “será el desarrollo de la investigación quien lo pueda concluir”. El ministro ha explicado que, durante los registros realizados la noche del miércoles en la casa donde vivía el investigado se han intervenido “efectos que se aportarán a la autoridad judicial”, pero ha eludido detallar qué objetos han intervenido los agentes. “Se está estudiando, investigando con una razonable naturaleza terrorista, pero como está en ciernes y hay circunstancias concurrentes no hay nada que pueda descartarse”, ha abundado Marlaska. Fuentes policiales dicen no haber encontrado de momento material yihadista entre los dispositivos electrónicos incautados, aunque fuentes de la fiscalía aseguran que “hay elementos” que permitirían concluir que sí se trata de un ataque propio de partidarios de la guerra santa en nombre de Alá, a quien se encomendó el agresor segundos antes de asestar el golpe mortal al sacristán en plena calle.

Yasine Kanjaa, de quien no constan tampoco antecedentes penales por terrorismo ni en España ni en países aliados, ha permanecido en la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras a la espera de ser puesto a disposición judicial. La policía ha solicitado una prórroga de la detención “para tener más tiempo para investigar” y está previsto que el arrestado pase a disposición judicial el lunes.

Por su parte, el ministro ha querido lanzar mensaje de apoyo a los allegados del fallecido y ha deseado un rápido restablecimiento de los heridos. Para el juez, los hechos ocurridos en Algeciras son “incompatibles con los valores que nos definen como sociedad democrática, donde la diversidad no es un problema, sino que enriquece”. Marlaska ha evitado relacionar la investigación terrorista en ciernes con una confesión religiosa, como ha hecho este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al decir: “No verá usted a un católico matar en nombre de su religión, otros pueblos tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Marlaska ha replicado: “Creo en la diversidad y no confundir. Si miramos la historia, todos tenemos trágicos sucesos en los que mirarnos y aprender”.

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Desde Interior han recordado, además, que los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar han crecido un 31% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, debido principalmente al plan especial contra el narcotráfico que se puso en marcha. “En concreto, la comarca ha pasado de tener 1.956 agentes de ambos cuerpos (en diciembre de 2017) a tener 2.579 (en agosto 2022)”. Y, concretamente en Algeciras, “la ciudad ha pasado de tener 1.201 agentes a los actuales 1.363″.

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El jubilado detenido por las cartas pirotécnicas manipuló un dron para que soltara artefactos

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Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.
Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.Iñaki Berasaluce (Europa Press)

La Policía Nacional ha encontrado en la casa de Pompeyo González Pascual, el jubilado detenido este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío de las seis cartas con material pirotécnico que recibieron entre noviembre y diciembre, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, un vehículo aéreo no tripulado, popularmente conocido como dron, manipulado para que pudiera transportar cajas con artefactos similares a las que metió en aquellos sobres y soltarlas por control remoto, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

La documentación recogida apunta a que este exfuncionario de 74 años estaba ideando artefactos con mayor potencia deflagrante (que provocan llama) que los que había remitido y que, solo en una ocasión, había llegado a activarse causando heridas leves a un trabajador de la legación diplomática de Kiev en España, añaden estas fuentes. El resto de envíos fueron neutralizados por las Fuerzas de Seguridad antes de que se funcionaran.

En el acta del registro de su vivienda en Miranda de Ebro se recoge como indicio “C-23″ un dron Dji Mavic 2, un modelo ya descatalogado de algo menos de un kilo de peso pensado para grabar imágenes desde el aire y con capacidad para volar durante media hora. Aficionado al aeromodelismo, el detenido tenía páginas en la red Youtube en las que mostraba algunos de los vídeos que supuestamente grababa en Miranda de Ebro con este dispositivo. De hecho, la policía encontró en el dron una tarjeta de memoria de 64 gigas utilizada supuestamente para registrar las imágenes.

Sin embargo, lo que más alarmó a los agentes fue el hallazgo, en la misma estancia del piso, de un “conjunto de dispositivos electrónicos de color gris” supuestamente ideado para “la suelta de carga de[sde] dron”, según recoge el documento judicial, donde aparece referencia como indicio “C-14″. Según las fuentes consultadas, este ingenio, supuestamente de fabricación casera, permitía transportar objetos de un tamaño similar a las cajas de madera que elaboró González Pascual para que contuvieran los artefactos que envió por correo postal, y que los soltara por control remoto.

Entre el material intervenido también se localizaron imanes, tubos metálicos de diferentes diámetros y longitudes, muelles, tornillería, trozos de madera, cables y virutas de acero, así como diferentes herramientas, como taladros, una sierra y un cortatubos. La intervención de este material era uno de los objetivos del registro, como reflejaba el autor del juez que autorizó la entrada en la vivienda y que expresamente pedía buscar “todos aquellos efectos, instrumentos y objetos de ferretería relacionados con el delito investigado, tales como armas, precursores, sustancias explosivas…” tras constatar los investigadores que los artefactos eran de fabricación casera.

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Las pesquisas también revelaron que González Pascual ―al que se le considera un radical favorable a Rusia en la guerra de Ucrania― había adquirido, entre junio y julio pasados, a través de Amazon “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes”, todo ellos elementos potencialmente utilizables para elaborar artefactos explosivos. El acta judicial no refleja que durante el registro de la vivienda, el trastero y el coche del detenido se localizara nada de ello, aunque sí algunas sustancias que los expertos policiales deben analizar para concretar su composición.

Lo que sí localizaron los agentes fue documentación en papel, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, seis tarjetas de memoria y otros tantos pendrive (pequeños dispositivos informáticos de memoria). Los agentes analizan ahora todo ello en busca de más indicios contra González Pascual, que, cuando fue arrestado el miércoles aún aseguraba a los agentes que se habían “equivocado” al detenerle, según destaca el documento judicial. Aún no sabía la larga lista de indicios que en los últimos meses habían recabado contra él los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.

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Ares, el hombre del aparato socialista vasco

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Rodolfo Ares, fallecido este jueves, fue conocido públicamente hacia el final de su carrera política, en 2009, cuando Patxi López, elegido lehendakari, le nombró consejero de Interior del Gobierno vasco, donde le tocó afrontar los últimos coletazos de ETA en estrecho contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Era un hombre de aparato, discreto. No se recuerda, por ejemplo, que sustituyó a Fernando Buesa como portavoz socialista en el Parlamento vasco, cuando fue asesinado. Pero, desde la sombra, su historia se cruza con la del socialismo vasco desde los inicios democráticos hasta el final del terrorismo.

Su labor al frente de la Ertzaintza dejó huella en el final del terrorismo. Creó una unidad especial formada por un nutrido grupo de analistas a escala local en coordinación con las Fuerzas de Seguridad estatales, e impulsó una política de tolerancia cero y de eliminación de la impunidad del mundo etarra en los espacios públicos, acordadas con los ayuntamientos. Fueron decisiones muy eficaces en el final del terrorismo, apenas recordadas.

Para ese momento, Ares había hecho un largo recorrido en el aparato del PSE desde que ingresó en los albores de la democracia. En 1983 fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y luego parlamentario vasco. Pero fue, ante todo, un hombre de aparato, antes de que en 1997 fuera reconocido como secretario de Organización del PSE hasta 2014.

Su importancia en el aparato socialista fue evidente en el nombramiento de Nicolás Redondo Terreros como secretario general del PSE en 1997, en sustitución de Ramón Jáuregui, y fue decisivo en el relevo de Redondo por Patxi López en 2005. Ares había trabajado con ambos en el aparato. Pero como político pragmático entendió que en Euskadi se abría la etapa del final del terrorismo, y apostó por López, en sintonía con el Gobierno de Zapatero. Apoyó la apuesta política inteligente del diálogo con ETA para dividir y aislar a quienes querían continuar con el terrorismo que no contradecía el combate contra el terrorismo.

No jugó un papel sobresaliente en el proceso dialogado del fin de ETA. Pero Patxi López y Rubalcaba lo tuvieron informado y contaron con él para participar en la delegación socialista, con Jesús Eguiguren y el jurista Gómez Benítez, en la última reunión, celebrada con ETA y Batasuna en Ginebra en mayo de 2007.

Ares se sentía cómodo en el papel de hombre necesario en la sombra. Estaba detrás de todas las decisiones del PSE, de las pequeñas a las importantes. Protagonizó con López el acuerdo con el PP vasco para desbancar a Juan José Ibarretxe de la presidencia del Gobierno vasco en 2009 por empeñarse en mantener su política soberanista. Con Patxi López como lehendakari, además de dirigir desde Euskadi la lucha antiterrorista, estuvo detrás de la Vía Nanclares de reinserción; de las políticas de memoria y del reconocimiento a las víctimas, para las que organizó un congreso. Tuvo la satisfacción de participar en el fin del terrorismo en 2011 y poco después dejó la política discretamente.

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