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El origen de buena parte de nuestros actuales males

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Fachada del Tribunal Constitucional, en una imagen de archivo.
Fachada del Tribunal Constitucional, en una imagen de archivo.efe

Imposible entender la actual crisis que suscita la amenaza de suspensión del proceso legislativo de modificación de la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y la verificación de su idoneidad sin tener bien presente su origen. Éste se localiza en el secuestro de las instituciones que el principal partido de la oposición viene realizando desde hace más de cuatro años; ejecutado mediante el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dicho partido, y que no se ciñe al propio CGPJ al extenderse por todo el sistema de poderes e instituciones sucesivamente afectados. El primer secuestrado fue el CGPJ y contaminó el proceso de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y del resto de tribunales hasta abril del año pasado. La conformación del Poder Judicial mismo se ha seguido haciendo por quien conscientemente se sabía que no debía hacerla, afectando indirectamente al derecho fundamental al juez predeterminado por la ley.

Ahora asistimos al secuestro del Tribunal Constitucional (TC) bloqueado porque en el secuestrado CGPJ algunos impiden nombrar, con todo tipo de pretextos, los dos magistrados del TC que le corresponden. El último secuestro es el de la potestad del Gobierno mismo, atribuida por la Constitución (CE), de nombrar a dos magistrados del TC pretextando que si el CGPJ no nombra a sus dos magistrados (como sucede desde septiembre pasado) los que nombre el Gobierno no pueden ser sometidos al trámite de idoneidad que corresponde hacer al actual TC.

Solo teniendo siempre bien presente este secuestro original se puede comprender el problema que suscita una enmienda introducida a última hora en una proposición de ley sobre materia ajena completamente a los nombramientos del TC. Una enmienda que trata de solucionar el problema del citado secuestro, cambiando las mayorías que se exigen en la ley vigente y modificando el requisito de verificación por el TC de la idoneidad de los nuevos magistrados con la que el TC amaga con no permitir la eficacia de tal nombramiento.

Esa enmienda, sin entrar aquí en sus eventuales problemas de fondo, tiene el grave defecto de haberse introducido como enmienda a una ley sin relación con los nombramientos de nuevos magistrados del TC. Defecto completamente incomprensible, pues todos saben (aunque no siempre se respete) que a través de enmiendas no pueden introducirse cuestiones que no guarden conexión alguna con el tema objeto de la proposición de ley enmendada.

Solo desde la precipitación o desde la desesperación de contemplar impotentes el secuestro de poderes e instituciones durante cuatro años, se puede explicar —nunca justificar— el error en que han incurrido los autores de la enmienda. Lo que hubiera procedido es haber presentado una iniciativa legislativa autónoma para la cuestión del nombramiento de magistrados del TC y nunca una enmienda; error que todavía se puede corregir empleando el instrumento adecuado.

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Se trata de un error grave, aunque sea un error reaccional; es decir, cometido para acabar con la violación constitucional que supone el deliberado y permanente secuestro de las instituciones. Esta crítica a la pretensión de modificar, de forma contraria a los procedimientos más elementales, leyes orgánicas del CGPJ y del TC no habilita al PP a presentarse como víctima escandalizada cuando hace tan sólo un año aprobó en el Senado —después en el Congreso— una enmienda completamente ajena al proyecto de ley que se tramitaba (Ley 13/2021 de transportes terrestres) sobre el importe que AENA debía percibir por los arrendamientos de la zona comercial después de la pandemia. Ninguno de esos comportamientos inadmisibles se convalidan, sin embargo, por su mutua práctica, sino que deben denunciarse.

Equivocarse en la forma de solucionar una conducta inconstitucional sólo sirve para difuminar las responsabilidades; ello hará pensar al público que todos son iguales sin distinguir el origen del problema. Para acabar con el secuestro que está en el origen de todo, el Gobierno y los partidos que lo sostienen han de ser exquisitos en las formas y escrupulosos en los medios. Exquisitos también en las palabras. Las referencias al golpismo judicial realizadas por los diputados sostenedores del Gobierno o por alguno de sus miembros son preocupantes e inadmisibles. Toca rebajar el tono y apelar a la razón, sin perderla por los medios o las formas que se emplean.

Tras señalar el error de modificar leyes tan esenciales como la del poder judicial o el TC por enmienda es preciso destacar el error, muy grave también, en que incurriría el TC si llegase a acordar la suspensión de la tramitación de la enmienda que afecta a la elección de magistrados del TC o a la verificación de su idoneidad. Tal suspensión se haría a petición de diputados del partido secuestrador —lo que no les priva del derecho a pedirlo— en un recurso de amparo (contra la admisión a trámite de dicha enmienda) solicitando medidas cautelarísimas (sin oír al Congreso) para que anulase tal admisión y se suspendiera el debate sobre ellas; debate ya concluido al haberse remitido la proposición al Senado.

Nunca hasta ahora, salvo con ocasión de los acontecimientos secesionistas de Cataluña (en circunstancias extraordinarias y distintas, pues se suspendió la convocatoria de un pleno por tratarse de un pleno de ejecución que una ley ya suspendida había expresamente prohibido convocar), se había accedido a tal suspensión, aunque se haya solicitado en más de una ocasión. Lo explica la preservación de la separación e independencia de los poderes y el principio general de que los recursos de amparo no conllevan suspensión, salvo cuando, de no suspenderse, sea irreparable el daño producido y superior este daño al derivado de la suspensión.

Aunque la tramitación continuase en el Senado y se llegase a aprobar la ley, el TC siempre podría llegar, de estimarse el amparo, a dictar una segunda sentencia, ante un eventual recurso de inconstitucionalidad del PP, que declarase la nulidad de la ley. Una ley no sólo es inconstitucional por la violación sustantiva de la Constitución, sino también puede llegar a serlo porque en el procedimiento de aprobación se haya violado el derecho de participación política (artículo 23 CE). Así lo afirmó la STC 114/2017 que declaró nula la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña del referéndum de autodeterminación. En esas condiciones no hay daño irreparable que legitime la suspensión ahora, pues siempre podría anularse posteriormente la ley.

Además, la existencia del Senado como Cámara de segunda lectura exigirá considerar si se convalidan los defectos producidos en el Congreso al no tener los senadores limitación alguna (de debate y enmienda) sobre lo que ya no son enmiendas, sino artículos de la proposición remitida por el Congreso.

Urge recuperar la serenidad y reconstruir los destrozos y el mal ambiente que ha generado el secuestro denunciado más arriba; secuestro que es el origen de nuestros actuales males que contaminan la vida política y el funcionamiento de los demás poderes e instituciones del Estado. Diagnosticar con claridad la enfermedad que padecemos es la primera exigencia, aunque la claridad parezca dura, pues no se pretende ser duro sino claro en el diagnóstico, sin confundir la enfermedad con sus síntomas y consecuencias para no equivocarse en su tratamiento. Ello exige reconstruir lo que se ha degradado, correspondiendo al principal partido de la oposición acabar con su comportamiento obstruccionista origen de todo. Al TC, en tan delicado momento para la institución, le corresponde no dejarse arrastrar al barro partidista y aplicar estrictamente, y si es posible con el consenso de todos sus miembros, la Constitución. Al Gobierno y a los partidos de la coalición, no dar pasos en falso siendo exquisitos en la forma, los medios y las palabras para propiciar condiciones que permitan centrarnos en la tarea de recuperar entre todos y con todos el consenso que un día hizo posible aprobar nuestra Constitución sentando las bases de la convivencia.

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Interior niega que el atacante de Algeciras responda al perfil de yihadista

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Mientras continúa la investigación sobre los ataques perpetrados por un joven marroquí de 25 años el miércoles en Algeciras (Cádiz), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves durante una rueda de prensa en la ciudad gaditana que el agresor “nunca ha estado en el radar de un servicio nacional por radicalización, pero tampoco en ninguna de las bases de datos de los distintos países amigos cercanos donde haya tenido residencia”. Se mantiene así el ministro en la línea de las pesquisas policiales que sostienen que Yasine Kanjaa, que mató a machetazos al sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, e hirió gravemente al sacerdote de la parroquia de San Isidro, Antonio Rodríguez, sufría “algún tipo de trastorno mental, actuó solo y no consta que estuviera radicalizado”. El ministro se distancia así de la tesis que mantiene el auto inicial del juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, en el que califica los hechos como un delito de asesinato “con fines terroristas”, y lo vincula con el “salafismo yihadista”, la corriente más radical del Islam.

Durante sus violentos ataques, Kanjaa, que se encontraba de manera irregular en España y tenía abierto un procedimiento de expulsión desde junio, insultó e increpó a los feligreses que se encontraban en las iglesias a la hora de la misa de la tarde y realizó manifestaciones en defensa del islam frente al cristianismo. Sus compañeros de piso, una destartalada vivienda okupada en el centro de la ciudad y a escasos metros de los templos atacados, aseguran que había cambiado mucho en los últimos dos meses, tras dejar de consumir drogas, y que les había amenazado en varias ocasiones, enloquecido, asegurando que veía al diablo y rezando.

Marlaska ha viajado hasta la localidad de Algeciras este jueves para reunirse con fuerzas policiales y familiares y allegados del sacristán fallecido. El ministro ha explicado que no hay otras personas investigadas en relación con los hechos y ha definido lo ocurrido como “una violencia absolutamente irracional”. Kanjaa, que fue detenido minutos más tarde de perpetrar sus ataques por la policía local, había sido detenido ya en Gibraltar en agosto de 2019, tras llegar a la colonia británica en una moto de agua y ser deportado a los pocos días, según ha comunicado el Gobierno gibraltareño. Fuentes policiales revelan que se encontraba en España desde hace “algo más de un año” adonde presumiblemente pudo llegar en patera desde una pequeña localidad cercana a Castillejos. Fuentes de la investigación aseguran que Kanjaa se ganaba la vida en España “haciendo trabajillos esporádicos, chapuzas”.

“La investigación sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero estamos en el inicio de las investigaciones y todos las hipótesis siguen abiertas”, ha matizado Marlaska, que ha avanzado que “será el desarrollo de la investigación quien lo pueda concluir”. El ministro ha explicado que, durante los registros realizados la noche del miércoles en la casa donde vivía el investigado se han intervenido “efectos que se aportarán a la autoridad judicial”, pero ha eludido detallar qué objetos han intervenido los agentes. “Se está estudiando, investigando con una razonable naturaleza terrorista, pero como está en ciernes y hay circunstancias concurrentes no hay nada que pueda descartarse”, ha abundado Marlaska. Fuentes policiales dicen no haber encontrado de momento material yihadista entre los dispositivos electrónicos incautados, aunque fuentes de la fiscalía aseguran que “hay elementos” que permitirían concluir que sí se trata de un ataque propio de partidarios de la guerra santa en nombre de Alá, a quien se encomendó el agresor segundos antes de asestar el golpe mortal al sacristán en plena calle.

Yasine Kanjaa, de quien no constan tampoco antecedentes penales por terrorismo ni en España ni en países aliados, ha permanecido en la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras a la espera de ser puesto a disposición judicial. La policía ha solicitado una prórroga de la detención “para tener más tiempo para investigar” y está previsto que el arrestado pase a disposición judicial el lunes.

Por su parte, el ministro ha querido lanzar mensaje de apoyo a los allegados del fallecido y ha deseado un rápido restablecimiento de los heridos. Para el juez, los hechos ocurridos en Algeciras son “incompatibles con los valores que nos definen como sociedad democrática, donde la diversidad no es un problema, sino que enriquece”. Marlaska ha evitado relacionar la investigación terrorista en ciernes con una confesión religiosa, como ha hecho este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al decir: “No verá usted a un católico matar en nombre de su religión, otros pueblos tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Marlaska ha replicado: “Creo en la diversidad y no confundir. Si miramos la historia, todos tenemos trágicos sucesos en los que mirarnos y aprender”.

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Desde Interior han recordado, además, que los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar han crecido un 31% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, debido principalmente al plan especial contra el narcotráfico que se puso en marcha. “En concreto, la comarca ha pasado de tener 1.956 agentes de ambos cuerpos (en diciembre de 2017) a tener 2.579 (en agosto 2022)”. Y, concretamente en Algeciras, “la ciudad ha pasado de tener 1.201 agentes a los actuales 1.363″.

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El jubilado detenido por las cartas pirotécnicas manipuló un dron para que soltara artefactos

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Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.
Agentes de la Policía Nacional trasladan, el miércoles, a Pompeyo González, detenido como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico.Iñaki Berasaluce (Europa Press)

La Policía Nacional ha encontrado en la casa de Pompeyo González Pascual, el jubilado detenido este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío de las seis cartas con material pirotécnico que recibieron entre noviembre y diciembre, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, un vehículo aéreo no tripulado, popularmente conocido como dron, manipulado para que pudiera transportar cajas con artefactos similares a las que metió en aquellos sobres y soltarlas por control remoto, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

La documentación recogida apunta a que este exfuncionario de 74 años estaba ideando artefactos con mayor potencia deflagrante (que provocan llama) que los que había remitido y que, solo en una ocasión, había llegado a activarse causando heridas leves a un trabajador de la legación diplomática de Kiev en España, añaden estas fuentes. El resto de envíos fueron neutralizados por las Fuerzas de Seguridad antes de que se funcionaran.

En el acta del registro de su vivienda en Miranda de Ebro se recoge como indicio “C-23″ un dron Dji Mavic 2, un modelo ya descatalogado de algo menos de un kilo de peso pensado para grabar imágenes desde el aire y con capacidad para volar durante media hora. Aficionado al aeromodelismo, el detenido tenía páginas en la red Youtube en las que mostraba algunos de los vídeos que supuestamente grababa en Miranda de Ebro con este dispositivo. De hecho, la policía encontró en el dron una tarjeta de memoria de 64 gigas utilizada supuestamente para registrar las imágenes.

Sin embargo, lo que más alarmó a los agentes fue el hallazgo, en la misma estancia del piso, de un “conjunto de dispositivos electrónicos de color gris” supuestamente ideado para “la suelta de carga de[sde] dron”, según recoge el documento judicial, donde aparece referencia como indicio “C-14″. Según las fuentes consultadas, este ingenio, supuestamente de fabricación casera, permitía transportar objetos de un tamaño similar a las cajas de madera que elaboró González Pascual para que contuvieran los artefactos que envió por correo postal, y que los soltara por control remoto.

Entre el material intervenido también se localizaron imanes, tubos metálicos de diferentes diámetros y longitudes, muelles, tornillería, trozos de madera, cables y virutas de acero, así como diferentes herramientas, como taladros, una sierra y un cortatubos. La intervención de este material era uno de los objetivos del registro, como reflejaba el autor del juez que autorizó la entrada en la vivienda y que expresamente pedía buscar “todos aquellos efectos, instrumentos y objetos de ferretería relacionados con el delito investigado, tales como armas, precursores, sustancias explosivas…” tras constatar los investigadores que los artefactos eran de fabricación casera.

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Las pesquisas también revelaron que González Pascual ―al que se le considera un radical favorable a Rusia en la guerra de Ucrania― había adquirido, entre junio y julio pasados, a través de Amazon “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes”, todo ellos elementos potencialmente utilizables para elaborar artefactos explosivos. El acta judicial no refleja que durante el registro de la vivienda, el trastero y el coche del detenido se localizara nada de ello, aunque sí algunas sustancias que los expertos policiales deben analizar para concretar su composición.

Lo que sí localizaron los agentes fue documentación en papel, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, seis tarjetas de memoria y otros tantos pendrive (pequeños dispositivos informáticos de memoria). Los agentes analizan ahora todo ello en busca de más indicios contra González Pascual, que, cuando fue arrestado el miércoles aún aseguraba a los agentes que se habían “equivocado” al detenerle, según destaca el documento judicial. Aún no sabía la larga lista de indicios que en los últimos meses habían recabado contra él los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.

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Ares, el hombre del aparato socialista vasco

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Rodolfo Ares, fallecido este jueves, fue conocido públicamente hacia el final de su carrera política, en 2009, cuando Patxi López, elegido lehendakari, le nombró consejero de Interior del Gobierno vasco, donde le tocó afrontar los últimos coletazos de ETA en estrecho contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de Interior del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Era un hombre de aparato, discreto. No se recuerda, por ejemplo, que sustituyó a Fernando Buesa como portavoz socialista en el Parlamento vasco, cuando fue asesinado. Pero, desde la sombra, su historia se cruza con la del socialismo vasco desde los inicios democráticos hasta el final del terrorismo.

Su labor al frente de la Ertzaintza dejó huella en el final del terrorismo. Creó una unidad especial formada por un nutrido grupo de analistas a escala local en coordinación con las Fuerzas de Seguridad estatales, e impulsó una política de tolerancia cero y de eliminación de la impunidad del mundo etarra en los espacios públicos, acordadas con los ayuntamientos. Fueron decisiones muy eficaces en el final del terrorismo, apenas recordadas.

Para ese momento, Ares había hecho un largo recorrido en el aparato del PSE desde que ingresó en los albores de la democracia. En 1983 fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao y luego parlamentario vasco. Pero fue, ante todo, un hombre de aparato, antes de que en 1997 fuera reconocido como secretario de Organización del PSE hasta 2014.

Su importancia en el aparato socialista fue evidente en el nombramiento de Nicolás Redondo Terreros como secretario general del PSE en 1997, en sustitución de Ramón Jáuregui, y fue decisivo en el relevo de Redondo por Patxi López en 2005. Ares había trabajado con ambos en el aparato. Pero como político pragmático entendió que en Euskadi se abría la etapa del final del terrorismo, y apostó por López, en sintonía con el Gobierno de Zapatero. Apoyó la apuesta política inteligente del diálogo con ETA para dividir y aislar a quienes querían continuar con el terrorismo que no contradecía el combate contra el terrorismo.

No jugó un papel sobresaliente en el proceso dialogado del fin de ETA. Pero Patxi López y Rubalcaba lo tuvieron informado y contaron con él para participar en la delegación socialista, con Jesús Eguiguren y el jurista Gómez Benítez, en la última reunión, celebrada con ETA y Batasuna en Ginebra en mayo de 2007.

Ares se sentía cómodo en el papel de hombre necesario en la sombra. Estaba detrás de todas las decisiones del PSE, de las pequeñas a las importantes. Protagonizó con López el acuerdo con el PP vasco para desbancar a Juan José Ibarretxe de la presidencia del Gobierno vasco en 2009 por empeñarse en mantener su política soberanista. Con Patxi López como lehendakari, además de dirigir desde Euskadi la lucha antiterrorista, estuvo detrás de la Vía Nanclares de reinserción; de las políticas de memoria y del reconocimiento a las víctimas, para las que organizó un congreso. Tuvo la satisfacción de participar en el fin del terrorismo en 2011 y poco después dejó la política discretamente.

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