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Final de año de alto riesgo

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Pedro Sánchez, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.Álvaro García

España se ha colocado esta semana como el país de la zona euro con la inflación más baja. Pero este hito, que se suma al buen dato de paro y a la confirmación tanto por parte del Banco de España como por el BBVA de que se aleja el riesgo de recesión, ha pasado casi desapercibido en el fragor de la batalla política española. El día que Eurostat hizo públicos estos datos de inflación, el miércoles, la atención pública estaba centrada en otro asunto: la tensión en el Congreso por la frase de Irene Montero, que acusó al PP de “fomentar la cultura de la violación”, algo que sentó mal incluso en el PSOE.

En una sola semana, el Gobierno ha multiplicado reuniones internas discretas y choques públicos por distintas leyes: la de familias, la trans, la reforma de la mordaza, la de vivienda, la de protección de animales, y sobre todo la del solo sí es sí, la más problemática. La primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación de esta última inquieta mucho al Gobierno, y la posibilidad de tener que hacer ajustes en la norma, que reclaman insistentemente distintos sectores del PSOE, está cada vez con más fuerza encima de la mesa.

Todo está abierto en una especie de negociación masiva a plena luz que está generando una tensión muy alta incluso para un Gobierno acostumbrado a vivir en una permanente tormenta. La sensación de euforia y calma que vivía el Ejecutivo tras la aprobación de los Presupuestos la semana anterior no duró más allá de 72 horas. A este ambiente de vértigo en el cierre del año se suma la crisis constitucional que se está fraguando por la resistencia —de momento— del Tribunal Constitucional, o al menos de su mayoría conservadora, a aceptar la renovación que ha aprobado el Consejo de Ministros de los dos miembros que corresponden al Gobierno.

Pedro Sánchez ha elegido al exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de La Moncloa, ambos ex miembros del Gobierno, y el PP y buena parte del mundo judicial conservador han estallado. El bloque conservador del CGPJ, que actúa en clara sintonía con el PP, ha decidido mantener el bloqueo de forma indefinida y no acepta ningún acuerdo con los progresistas para renovar el Constitucional. Y el bloque conservador en este tribunal, que disponde de mayoría, tampoco quiere renovar al menos de momento hasta ver qué pasa en el CGPJ, que tiene convocada una reunión el 22 para buscar una salida.

Y aún queda lo más delicado. Esta semana, en pleno puente, se cierran las enmiendas a la reforma de la sedición. Ahí debería entrar la polémica reforma de la malversación, que ERC quiere promover porque varios de sus dirigentes de segundo nivel están procesados por este delito. ERC desea plantear una rebaja de penas para los delitos de malversación cuando no haya lucro personal, que es lo que sucedió en el procés. Pero el riesgo es que eso beneficie a algunos de los condenados por diferentes casos de corrupción. Y ahí se está creando una línea roja para muchos sectores del PSOE y también en otros partidos de la mayoría de la investidura.

A pesar de este enorme ruido, varios barones socialistas consultados señalan que el PSOE está tranquilo. Lo de Javier Lambán, el presidente aragonés, que esta semana dijo que a España le habría ido mejor si el expresidente asturiano Javier Fernández hubiera seguido al frente del PSOE en vez de Sánchez, se ha quedado en algo aislado. De hecho Lambán lleva varios días pidiendo perdón por sus palabras, que incluso los más amigos consideran un error de libro.

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Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y hombre de confianza de Sánchez, le llamó para que rectificara y Lambán reconoció rápidamente su error.

—Son cosas de los titulares de la prensa —le dijo Lambán, tratando de minimizar esas declaraciones tan duras.

—Mírate bien lo que has dicho. Hay muchas comillas exactas ahí. Revísalo y luego hablamos— le contestó Cerdán, el hombre encargado de hablar con los barones y de tratar de resolver estas tensiones recurrentes.

Lambán escuchó de nuevo sus propias palabras y tuvo que reconocer que había metido la pata.

“Esto ya pasó, ya hicimos esa batalla contra Sánchez y la perdimos en 201″, resume un barón de los que se opusieron al actual líder en 2017, que son la mayoría. ” Nos ganó las primarias. Fue hace más de cinco años. Se acabó. Y además Sánchez está gestionando muy bien, tenemos mucho que reivindicar de este Gobierno progresista, que ha salvado a las autonomías en un momento crítico con una enorme inyección de dinero para sanidad y educación”.

Las cosas han cambiado bastante en los últimos meses. El PSOE y el Gobierno están recuperando fuerza en las encuestas y el PP ha frenado su crecimiento. Alberto Núñez Feijóo se está desgastando después del verano, y especialmente tras su polémica decisión de romper las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Y la mayoría de los barones socialistas —Lambán y el castellano manchego Emiliano García Page son las excepciones más evidentes— ya no están pensando tan claramente en alejarse de Sánchez para sus elecciones autonómicas.

Pero a todos les precupa el ruido que llega del Congreso, de la política nacional. Las dinámicas de las agendas autonómicas son muy diferentes, más tranquilas, mientras que el choque permanente, sobre todo con Podemos, unido a la reaparición de Pablo Iglesias como referente en ese espacio, inquieta mucho a los barones socialistas.

Las encuestas no detectan ningún ambiente de cambio. Ni en los territorios gobernados por la izquierda ni en los que están en manos de la derecha. Todos los barones esperan poder renovar mandato. Pero una ola tóxica de la política nacional podría cambiar el panorama.

Los barones están más tranquilos de lo que se podría pensar con la reforma de la sedición. En general creen que es positiva para resolver el conflicto en Cataluña, y que la estrategia de Sánchez está debilitando al independentismo más que nunca. Pero sobre todo, incluso los que no ven clara la reforma, creen que eso ya no tiene coste electoral. “La gente no va a votar en junio por la sedición. Cataluña ha dejado de ser un problema con Sánchez en La Moncloa. Y eso lo percibe la gente en todas las comunidades le guste o no le guste lo que hace. No va a mover un solo voto. La inflación sí, y por eso es tan importante lo de esta semana, se está empezando a controlar”, resume un barón.

Por mucho que el PP o Vox intenten llevar este asunto y los pactos con ERC o Bildu a los Parlamentos autonómicos, que lo hacen, no cuaja, insisten varios de los consultados. Pero estos mismos barones creen que tocar la malversación es una línea roja. Y están inquietos porque La Moncloa no acaba de descartar la idea. “Esto afecta a los delitos de corrupción, creo que visto lo visto también con la ley del solo sí es sí lo mejor es dejar la malversación como está, no creo conveniente tocarla”, dijo el valenciano Ximo Puig en la SER el viernes. Sánchez y su equipo insisten: esperarán a las enmiendas de ERC. Esto es, no descartan el cambio.

El presidente ha dado una orden muy clara que está en el origen de este gran incendio con múltiples focos simultáneos: hay que resolver todos los conflictos ya, antes de final de año, para arrancar 2023 sin tensiones. “La legislatura está agotándose desde el punto de vista legislativo. Enero es inhábil y a partir de febrero o marzo, con las elecciones autonómicas y municipales a la vista, va a ser muy complicado negociar nada. Es ahora o nunca. El mensaje a Unidas Podemos ha sido muy claro. Tenemos que cerrar ya”, resume un ministro.

El PSOE no le está diciendo solo eso a su socio. También le está explicando que, como fuerza mayoritaria, tienen capacidad para dirigir algunas políticas importantes. Y UP debe aceptar algunas líneas rojas que están planteando los socialistas o las leyes, algunas de ellas iniciativas de los ministerios en manos del socio minoritario, correrán el riesgo de quedar aparcadas.

Después de la aprobación de los Presupuestos, que garantiza a Sánchez la estabilidad política —aunque todavía faltan las votaciones en el Senado y de nuevo en el Congreso si hay cambios— los mensajes que llegan desde La Moncloa son mucho más rotundos. Y por eso también la reacción del socio minoritario, en especial del núcleo de Podemos, está siendo más dura, porque ve peligrar sus normas si no cede ante el PSOE.

Desde Podemos culpan al PSOE de enrocarse en varias leyes clave. En la de vivienda, en la reforma de la mordaza, en la ley trans, en la de bienestar animal o en la de familias. Esta última se retrasará de nuevo al menos una semana, sobre todo por una discusión acerca de la definición de los tipos de familias que a los socialistas no les cuadra porque creen que abre paso a una polémica innecesaria en una norma que reparte mucho dinero en ayudas. En la de bienestar animal los socialistas han marcado una línea roja clarísima: los animales de caza tienen que tener un trato distinto. La presión del mundo rural es fortísima. En España hay 800.000 licencias de caza. No es un asunto que afecte a la clase alta, como algunos piensan, sino una afición muy popular en miles de pueblos.. Los socialistas están dispuestos a sacar su enmienda con el PP si UP no la acepta. Así que la ley o sale con esa modificación o quedará aparcada.

Hay mucha discusión de contenido, y esta misma semana ha habido reuniones discretas sobre casi todas las leyes. Vivienda también está atascada por los límites a los precios del alquiler, la limitación de los desahucios o la decisión de pasar los pisos de la Sareb (el banco malo) a un parque público de vivienda y cómo hacerlo. En la ley trans la situación es diferente. El PSOE está más débil porque no tiene el apoyo del PP para su enmienda sobre el control judicial de los menores de 14 a 16 años que quieran cambiar de sexo, y cabe la posibilidad de que la norma siga adelante tal como está.. Ahí los socialistas tendrán que tomar la decisión difícil de aprobarla sin esa enmienda o dejarla caer.

Intensas discusiones

Pero más allá de las discusiones de contenido, muy intensas en estos días porque la decisión es cerrar todo cuanto antes, hay un debate de fondo que inquieta mucho en el PSOE. Mientras en Podemos creen que son los socialistas los que frenan el avance de estas normas, en el PSOE ven al grupo de Ione Belarra e Irene Montero, con una fuerte presencia de Iglesias —que ya incluso anuncia en la SER los problemas de la ley de familias— decidido a forzar la máquina para ganar espacio político pensando ya en municipales y autonómicas. “No tienen ni idea”, replica un dirigente socialista. “Les irá bien si al Gobierno le va bien y sacamos todas las leyes pendientes. La tensión no beneficia a nadie.

En UP hay muchos dirigentes preocupados, tanto o más que los socialistas. Creen que Podemos está forzando al máximo la máquina porque teme que las municipales acaben de debilitar el proyecto que fundó Iglesias en 2014 y que ahora vive una gran tensión con el resto de grupos —con los comunes, con IU— y en especial con Yolanda Díaz, que ha decidido concentrarse en las elecciones generales y dejar las municipales y autonómicas para los partidos.

En Podemos creen que la estrategia de los demás grupos que están reunificándose alrededor de Sumar, el proyecto de Díaz, es esperar que ellos se debiliten en las municipales y autonómicas para que tengan mucha menos fuerza negociadora para las listas de las generales. En los próximos meses se decide el futuro de la izquierda a la izquierda del PSOE. Y ahí se puede estar jugando también el destino del Gobierno y las elecciones generales.

La incertidumbre es total. Pero, de nuevo, Sánchez y los suyos parecen tranquilos. Sobre todo al ver que el PP ha dejado de poner el foco en la economía —esta semana fue muy evidente en el Congreso— porque los datos empiezan a mejorar. Diciembre será un mes de vorágine. Pero 2023 debería arrancar más tranquilo. O no.

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Muere una conocida militante del PP de Zaragoza y toda su familia en un choque frontal con el hermano del diseñador Mariscal, también fallecido

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En el accidente ha perdido la vida Inés Bellido, directora en la Cámara de Comercio, embarazada de cinco meses, y su marido y su hijo, además de Santi Errando Mariscal

Accidente ha ocurrido en la N-234. la noche del viernes

Un total de cuatro personas han fallecido esta noche al colisionar dos vehículos cuando circulaban por la carretera N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, en la Comarca de Comunidad de Calatayud, han informado la DPZ y la Guardia Civil.

POLITICA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD
DPZ.
Accidente ha ocurrido en la N-234. la noche del viernes

Un total de cuatro personas han fallecido esta noche al colisionar dos vehículos cuando circulaban por la carretera N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, en la Comarca de Comunidad de Calatayud, han informado la DPZ y la Guardia Civil.

POLITICA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD
DPZ.DPZ. (Europa Press)

Fue un choque frontal en la noche del viernes, en el kilómetro 267 de la N-234, a la altura de la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, muy cerca de Calatayud. Presuntamente el vehículo que conducía solo Santi Errando Marisca, hermano del diseñador valenciano, invadió el carril contrario por el que venía Inés Bellido, la directora de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Zaragoza, embarazada de cinco meses, junto a su marido, el profesor Tomás Aróstegui, del colegio Montearagón en la capital aragonesa, y el hijo de ambos, Enrique, que iba a cumplir tres años en marzo. Todos fallecieron tras el siniestro, que provocó que ambos coches ardieran. A medida que se han ido conociendo las identidades de los fallecidos la consternación se ha extendido por todo Aragón.

Según explicó el alcalde del municipio de Cervera de la Cañada, Pascual Royo, en la prensa local, Santi Errando Mariscal llevaba apenas dos años afincado en el pueblo, al que llegó desde Madrid, aunque era natural de Valencia. Cervera se encuentra a 6,5 kilómetros de Torralba, donde se produjo el accidente.

Los servicios de emergencia que acudieron hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar sus vidas, después del brutal choque, que ocurrió hacia las 21.15 horas. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han abierto ya diligencias para aclarar las causas del siniestro y los bomberos también tuvieron que acudir para sofocar las llamas.

Las muestras de dolor en el PP aragonés se han multiplicado a lo largo de este sábado. Y también de otros partidos, sobre todo en los grupos municipales del ayuntamiento zaragozano, como la socialista Lola Ranera o Carmen Herrarte, concejal de Ciudadanos. El presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE) se ha unido a la avalancha de condolencias en las redes sociales: “Qué terrible tragedia el accidente de tráfico de Torralba de Ribota. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Les envío una palabra de ánimo, junto con un fuerte abrazo. Que la tierra les sea leve a las víctimas”.

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El Gobierno modificará la ‘ley del solo sí es sí’ para “resolver a futuro los problemas detectados”

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Casi tres meses después de que empezara el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales, el Gobierno se ha decidido finalmente a cambiar la ley del solo sí es sí, aunque aún no sabe cómo lo hará. El Ejecutivo es consciente de que no puede parar este proceso, porque los condenados pueden acogerse a la versión de ley actual ya en vigor por mucho que se modifique, pero ha decidido hacer cambios para “resolver a futuro los problemas detectados”, según una nota oficial de La Moncloa. Esto es, para los juicios que se hagan con la nueva ley, no para las revisiones de las condenas con normas anteriores.

No se sabe aún cómo lo hará, y no parece sencillo, pero lo que hay es una decisión política del presidente, Pedro Sánchez, de hacer algo para frenar la sangría de imagen para el Gobierno progresista en un asunto muy sensible que está suponiendo este problema, que se ha convertido en el centro de las críticas de la oposición.

Sánchez ha forzado así a Irene Montero, que se ha resistido durante semanas a este cambio con la idea de que no encontraban una solución viable. La ministra de Igualdad ha rechazado públicamente esta posibilidad en varias ocasiones hasta que La Moncloa lo ha confirmado oficialmente. De hecho, después de la nota de La Moncloa, fuentes de Podemos, el partido de Montero, admiten que se está trabajando en una solución pero se han encargado de destacar que “a día de hoy aún no hay acuerdo sobre una solución válida” y añaden que “el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del Código Penal”, informa Paula Chouza. El mensaje parece evidente: Sánchez y su equipo han decidido hacer algo ya —como adelantó este sábado La Vanguardia— y Montero ha aceptado la instrucción del presidente, pero aún no ve cómo aplicarla, mostrando así sus reticencias.

El Gobierno sabía que necesitaba hacer algo frente al goteo de rebajas de penas y excarcelaciones que está provocando desde el pasado noviembre la aplicación de la ley del solo sí es sí. Aunque la postura pública y unitaria de los socios de coalición ha sido una defensa cerrada de la norma —”la ley es sólida”, repiten los dos sectores del Ejecutivo—, la nota oficial de La Moncloa señala que “desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados”.

El Ejecutivo sabe, en todo caso, que las grietas en la parte penal del texto no pueden ser ya taponadas: una vez que la ley entra en vigor no se puede hacer nada, las rebajas y las excarcelaciones no se pueden frenar. El motivo es el principio básico que impide aplicar de forma retroactiva una ley que perjudique al reo. Y por tanto, aunque ahora se modifiquen al alza las penas, ese cambio solo afectará a quienes cometan delitos después de que la nueva reforma haya entrado en vigor. El pasado viernes la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya incidió en ello.

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Tanto Llop la semana pasada, como en otros momentos la ministra de Igualdad y ahora fuentes gubernamentales, reconocen los “efectos indeseados” que ha tenido la ley. “Conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema. Abordar con responsabilidad esta situación requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico”. Aseguran que la modificación será acordada entre los socios de gobierno, “con plena sintonía” y que el texto que se está redactando para la modificación estará listo “pronto”.

La nota oficial de La Moncloa se esfuerza por evitar la imagen de un conflicto entre socios y deja en todo momento la gestión en manos de Igualdad. Pero las tensiones de las últimas semanas son inocultables y la resistencia de Montero frente al deseo del sector socialista de hacer algo era muy evidente. “Somos conscientes de esta situación y queremos contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento”, añade la nota. El cómo aún no está definido. No pueden “concretar” la forma en la que se procederá; si será tocando la parte penal de la ley —elevando las penas, por ejemplo— o si será haciendo ajustes en el resto de la normativa.

Una fórmula que significaría eliminar por completo el espíritu de la ley, que nació precisamente del clamor social por el caso de La Manada para que la justicia no dirimiese la diferencia entre abuso y agresión según la violencia e intimidación que los agresores hubiesen usado para cometer el delito, es decir, según la resistencia de las mujeres agredidas.

En año electoral, la norma más importante para la protección de las mujeres de los últimos 20 años, tras la ley de 2004, de violencia de género, se ha vuelto en contra del propio Ejecutivo por el colador en el que se ha convertido la parte penal de ese texto. Aunque el Gobierno sabe que ese problema estructural no puede ser reparado a estas alturas, sí quiere intentar acotar las consecuencias en el futuro.

Ya este viernes, Montero, reticente desde el primer momento a tocar la ley porque achaca lo que está ocurriendo a una incorrecta aplicación y no a ninguna laguna del texto, aludía a que se estaba trabajando en perfeccionarla, confirman fuentes gubernamentales.

En rueda de prensa tras la segunda reunión del comité de crisis por los asesinatos machistas que se han producido en lo que va de enero, Montero fue preguntada por las declaraciones de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, y la candidata a la alcaldía madrileña Rita Maestre, de Más Madrid, que han hablado en los últimos días sobre la necesidad de un cambio en la ley. La ministra mantuvo la postura: “No vamos a hacer ninguna valoración sobre esas declaraciones, la ley del solo sí es sólida y de carácter integral, y permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio Parlamento europeo, ofrecer la protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir”.

Pero matizó que estaban “trabajando” para una “correcta aplicación” de la norma: “Lógicamente, compartimos la preocupación que tiene también la sociedad española por esas decisiones judiciales de rebajas de penas que no se corresponden ni con el decreto de Fiscalía [el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, instó a los fiscales a oponerse “por norma general” a las rebajas de penas cuando el castigo impuesto con la anterior ley estuviera dentro de los previstos para ese delito en la nueva norma] ni con la propia ley del solo sí es sí y del espíritu y la voluntad del legislador, y por supuesto, precisamente porque estamos preocupadas, estamos también ocupadas en hacer todo lo que está en nuestra mano y todo lo que sea necesario. Llevamos meses haciendo todo lo que es necesario para garantizar la correcta aplicación de la ley del solo sí es sí y así seguirá siendo”, apuntó.

La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la llamada ley del solo sí es sí, entró en vigor el pasado 7 de octubre. El objetivo, que el foco para juzgar la violencia sexual dejara de estar en la resistencia que hubiesen puesto las víctimas y ponerlo en el consentimiento de las mujeres, libre y expresado claramente.

Para eso, el abuso desapareció y todo se unificó en agresión. Se amplió la horquilla de penas, para recoger en un solo tipo (agresión) todas las posibilidades y castigar de lo más leve a lo más grave. Al rehacer los tramos, se rebajaron algunos de los mínimos ―por ejemplo, en la agresión sexual con penetración, pasó de los seis a los cuatro años—, y algunas de las máximas ―como la agresión sexual sin ningún agravante, que pasó de cinco a cuatro años―. Esos cambios en el Código Penal conllevaron una obligación para con los agresores ya condenados establecida en la Constitución y en el propio Código Penal: aceptar las revisiones de condena que soliciten aquellos reos que se puedan ver beneficiados con la nueva ley.

El “trabajo” que Montero afirma que llevan meses haciendo comenzó a mediados de noviembre, cuando empezaron las primeras rebajas de penas y las primeras excarcelaciones tras las revisiones de condenas. Entonces, la primera reacción del Gobierno fue amagar con cambiar la norma por “los efectos indeseados”; pero Igualdad se cerró en banda y achacó las rebajas a una lectura incorrecta, incompleta y machista de la ley. El Ejecutivo decidió esperar a que el Tribunal Supremo unificara criterio, esperando que lo hiciera en el mismo sentido que la Fiscalía. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha respaldado las rebajas ya en media docena de ocasiones. Las excarcelaciones alcanzan ya la veintena y son casi 300 las reducciones de condena.

Portavoces de todos los ministerios implicados —Igualdad, Justicia e Interior— y de cualquier otra instancia gubernamental han repetido que estas consecuencias de la entrada en vigor de la ley “no eran la voluntad del legislador”. Pero esas implicaciones han provocado sorpresa y alarma social, ataques en el Parlamento por parte de la oposición —Carla Toscano, de Vox, llegó a llamar a Montero “libertadora de violadores” en el hemiciclo— y tensión entre los socios de coalición, sobre todo entre Igualdad y la parte socialista del Ejecutivo, que además arrastraban ya la batalla interna que ha provocado la llamada ley trans.

A pesar de esa tirantez dentro de la coalición, durante los dos últimos meses se ha mantenido una defensa de la ley en bloque por parte de ambos socios. Una unidad necesaria para un Gobierno que se enfrenta este año a elecciones locales, autonómicas y poco después a las generales.

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Ciudadanos baraja presentar listas conjuntas con otros partidos en algunos Ayuntamientos: “Se pueden debatir distintas estrategias”

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La portavoz en el Congreso de CS, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante la asamblea general de Ciudadanos el 14 de enero. De fondo, miembros de la nueva ejecutiva.
La portavoz en el Congreso de CS, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante la asamblea general de Ciudadanos el 14 de enero. De fondo, miembros de la nueva ejecutiva.Jesús Hellín (Europa Press)

A la asamblea general de Ciudadanos, celebrada hace dos semanas, asistió el dirigente popular Pedro Rollán como invitado. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP siguió en primera fila el discurso de Patricia Guasp como nueva portavoz política de Cs. Rollán se mantuvo impasible, sin moverse de la silla, mientras todos aplaudían y jaleaban los ataques de Guasp hacia Alberto Núñez Feijóo. “Nuestros principios ni se venden ni se compran”, sentenció la líder de Ciudadanos desde el escenario, en referencia al presidente del PP. Tras el discurso, Rollán salió escopeteado. Pero, a punto de abandonar el cónclave, Begoña Villacís lo agarró del brazo. “Son cosas que hay que decir”, musitó cariñosamente la vicealcaldesa de Madrid a Rollán sobre las palabras de Guasp, para que el dirigente popular no se marchase enfadado. De fondo, su predisposición a integrarse como “corriente interna” dentro del PP.

Villacís había formado parte de la candidatura de Patricia Guasp y Adrián Vázquez a las primarias de Ciudadanos en el penúltimo puesto de su lista. En el último lugar estaba Inés Arrimadas. Por lo que ninguna de las dos dirigentes de mayor proyección mediática de Ciudadanos forma ahora parte del núcleo duro de la toma de decisiones de la dirección nacional. Pero el rumbo que adoptase la vicealcaldesa de Madrid era clave para el propio camino de Cs, abocado a la desintegración pese a la refundación del partido. Un proceso de renovación que pretendía sacar del pozo a Ciudadanos.

Como así hicieron durante la asamblea, los vencedores de las primarias, Guasp y Vázquez, han repetido hasta la saciedad que su intención es no ser “subalternos” de nadie. Pero los planes de Villacís no están tan claros. La vicealcaldesa de Cs no solo había trasladado a concejales de su Ayuntamiento su intención de integrarse como una “corriente interna” dentro del PP, sino que, además, había sondeado a otros miembros del partido sobre esa misma solución recientemente, después de la celebración de la asamblea. Pese a que ganó la candidatura que ella apoyaba y pese a haber reiterado en público que no se marcharía al Partido Popular, ya contaba con la oferta en firme de Génova.

La intención de Villacís era dotar de libertad a los cargos de la formación para que se integrasen en las listas del PP a cambio de no presentar candidaturas en determinados municipios, como Madrid. En la mañana de este viernes, horas antes de que EL PAÍS adelantase esa información, hubo una reunión en la sede del partido. En el edificio de la calle de Alcalá de Madrid se congregaron, entre otros, Adrián Vázquez —secretario general— y Mariano Fuentes —vicesecretario de Cs y concejal en el Ayuntamiento madrileño, del ala de Villacís— para abordar asuntos orgánicos del partido. Fuentes de la dirección confirman que la ejecutiva ha debatido desde presentar “listas en todos los sitios” hasta plantear “listas conjuntas”. “Hemos hablado de distintas posibilidades. Todas ellas desde listas en todos los sitios a listas conjuntas, etcétera. Pero como comentario y nunca como decisión”, explica un miembro de la ejecutiva.

La nueva cúpula ha repetido constantemente, desde que llegaron al poder, que defendería la marca propia. Y los nuevos estatutos, ratificados en la asamblea hace dos semanas, mencionan expresamente que no se harán pactos “preelectorales”, sino solo con posterioridad, en coalición para gobernar y sin socios preferentes.

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Lo que no esperaba el resto de miembros de la dirección es que Villacís convulsionara su planificación tan pronto. “Han pasado solo dos semanas desde la asamblea, no se puede dar esa imagen”, afirman otras fuentes de la ejecutiva, al tiempo que revelan que sobre la mesa está la posibilidad de explorar listas conjuntas, no solo con el PP sino también con el PSOE, en aquellos municipios donde se haya gobernado en coalición y el acuerdo haya funcionado. Siempre atendiendo a las características de cada lugar y a las opciones, conscientes del peligro que corre Ciudadanos de desaparecer. En la cúpula cayó como un jarro de agua fría la noticia sobre Villacís, cuando se intentaba centrar el foco mediático en los nuevos liderazgos y en los frutos de la refundación. Muchos eran ya conscientes de las intenciones de la vicealcaldesa de Madrid.

En cualquier caso, la ejecutiva no quiso dar su versión oficial hasta que Villacís hiciera una declaración formal y en público tras la información publicada en EL PAÍS sobre las 15.45 de este viernes. Una contestación que la propia dirección esperaba se hiciese lo antes posible. Sobre las 19.00 llegó la respuesta. La vicealcaldesa colgó en su perfil de Instagram un vídeo de dos minutos y medio. “En este momento del partido lo más inteligente sería ejercer como partido liberal y darle libertad a los municipios para que ellos decidan cuál es la manera más inteligente para concurrir”, afirma Villacís en la grabación sin referirse expresamente al PP. Además, subraya que en Cs están “preocupados” por “salvar el centro político” y que para ello existen “muchas formas de hacerlo”. Sin embargo, ni durante la celebración de la asamblea ni durante todo el proceso previo de primarias estas opciones se pusieron sobre la mesa. Lo que ha provocado el rechazo de muchos militantes en las redes sociales.

La censura también llegó desde el bando contrario —y perdedor—, de las primarias: el de Edmundo Bal. El portavoz parlamentario en el Congreso, al que la nueva ejecutiva ha restado protagonismo y margen de maniobra, manifestó abiertamente su rechazo a la estrategia propuesta por Villacís. “Una refundación con tantas horas de trabajo de técnicos, militantes y cargos, un proceso de primarias para debatir sobre el proyecto y tantos kilómetros visitando agrupaciones… No vinimos a Ciudadanos para esto. Que tengas mucha suerte, Begoña Villacís”, espetó Bal a través de Twitter. Unas críticas a las que se sumaron en tromba y desde la misma red social otros diputados, como María del Carmen Martínez, Juan Ignacio López-Bas y Miguel Gutiérrez. Porque el grupo parlamentario está además —y por su parte—, rebotado con la nueva dirección por haber restado presencia a Bal y haber impuesto a Guillermo Díaz como supervisor.

Ya en la noche, pasadas las 21.00, llegó la versión oficial de la dirección. Fuentes de la ejecutiva admiten que, una vez finalizada la refundación, la decisión es la siguiente: “Defender la autonomía del espacio liberal. Ello no quiere decir que la Ejecutiva y los distintos órganos del partido puedan debatir distintas estrategias, en especial con nuestros representantes en los territorios. Pero en ningún caso integrando nuestro proyecto bajo siglas del bipartidismo, cuyos planes para España son absolutamente diferentes a los nuestros. Begoña Villacís es un activo esencial de Cs para mayo y será nuestra candidata en Madrid”.

En el mes de febrero el partido celebrará primarias para designar a los candidatos en las 12 comunidades autónomas en las que hay elecciones en mayo y en determinadas ciudades según el número de afiliados, como es el caso de Madrid. Está por ver si Villacís es la cabeza de lista de la capital y, sobre todo, bajo qué fórmula. Y no solo ella. Queda en el aire cómo se procederá en el resto de municipios.

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