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La nueva vida de cuatro jóvenes migrantes extutelados: “Nunca ha parado de trabajar, pero ahora paga impuestos”

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Michel Bustillo, delegado de la ONG Voluntarios Por Otro Mundo, con los jóvenes migrantes en el parque de Los Lagos, en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Michel Bustillo, delegado de la ONG Voluntarios Por Otro Mundo, con los jóvenes migrantes en el parque de Los Lagos, en Jerez de la Frontera (Cádiz).Juan Carlos Toro

Abdetawad Afilal todavía se pone triste cada vez que ve a una familia pasear por la calle. Sus padres y sus ocho hermanos siguen en Tánger, de donde él huyó hace siete años escondido en la sala de máquinas de un ferry. El hombre marroquí, de 24 años, vivió seis en Madrid, sin documentación, durmiendo en la calle y con trabajos ocasionales que solo podía cobrar en negro. Hace un año, la reforma de la ley de extranjería abrió un resquicio para que jóvenes inmigrantes como él, a los que hasta entonces se exigía un sinfín de requisitos para legalizar su situación, pudieran acceder a la residencia y por tanto a un trabajo. Ahora Abdetawad sirve con soltura la comida y el café en un prestigioso restaurante de Madrid.

Hasta que se aprobó esa reforma en octubre de 2021, a los menores extranjeros y jóvenes extutelados se les demandaban más de 2.000 euros de ingresos propios y otros muchos requisitos para expedirles los permisos de residencia y trabajo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reformó la ley para rebajar esas condiciones. Se redujeron las exigencias económicas, se facilitó que a partir de los 16 años estos jóvenes pudieran trabajar como cualquier adolescente español y se aceleró el plazo de tramitación de los papeles. Mientras, crecía el discurso de odio contra ellos en un sector de la política y de la calle. Un año después de la entrada en vigor de dicha reforma, alrededor de 16.000 chavales que parecían destinados a ser invisibles han conseguido los permisos de residencia. En junio del año pasado, cerca del 50% estaba trabajando, y la tendencia sigue al alza. Estas son las historias de cuatro de ellos.

De dormir en un callejón a soñar con ser metre

Abdetawad, camarero en el restaurante DSPEAK, en Madrid.
Abdetawad, camarero en el restaurante DSPEAK, en Madrid. Samuel Sánchez

Abdetawad Afilal llegó con 17 años a Tarifa, donde le recibió la policía. Cuenta que le condujeron a un centro de menores del que escapó asustado. Sin papeles no podía apuntarse a ningún curso de formación. Ser mayor de edad y no haber estado a cargo de una institución de protección suponía estar destinado a la irregularidad. “Hay timadores en la calle que ofrecen documentación falsa por cerca de dos mil euros”, dice. Pagó, pero los papeles nunca llegaron. Vivió en callejones, en casas abandonadas y en una okupada. Allí solo pernoctaba, porque no le gustaban ni el ruido ni la fiesta, y porque debía trabajar horas de más montando unas ferias que nunca disfrutó.

Su suerte cambió hace un año y tres meses, cuando un colega le habló de la Fundación Raíces, en la que encontró cobijo, formación y una manera de cumplir los nuevos requisitos. Consiguió los papeles tres días antes de la fecha límite, su 24º cumpleaños. Con ellos ya puede trabajar. Recibió clases en una antigua nave industrial que ahora hace de restaurante. Entre plantas que trepan hacia las claraboyas del techo, espejos antiguos y mesas que presumen del blanco del mantel, Afilal aprendió a servir mesas. Ahora se ha mudado a uno distinto, el Dspeak de Diego Guerrero. Cobra 1.200 euros y ha alquilado una habitación “decente” por poco más de 200. Por primera vez no duda cuando se le pregunta sobre su futuro:

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— ¿Cuál es tu plan?

— Quiero ser el mejor metre de la capital.

Una barra de pan para un viaje de dos días

En el parque de Los Lagos de Jerez de la Frontera, unos 20 jóvenes hacen un corro alrededor de Michel Bustillo, delegado de la ONG Voluntarios Por Otro Mundo. Todos son marroquíes, han cumplido la mayoría de edad hace poco y vienen de centros de menores de Ceuta y Melilla. Allí escucharon por primera vez el nombre de Michel, y se enteraron de que los podía ayudar a conseguir o renovar sus papeles y a buscar trabajo. Algunos llevan ya más de un año en la ciudad gaditana, otros acaban de llegar. Trabajan o estudian, y viven en los pisos de la ONG hasta que consiguen independizarse.

Todos cuentan que han sufrido situaciones de discriminación. En una ocasión, varios intentaron abrir una cuenta en un banco y los echaron sin darles motivo. Otro día, en un supermercado, una señora alertó a Bustillo de que unos “moros” lo estaban siguiendo. “Vienen conmigo, si quieres te los presento”, contestó él. Los que han trabajado en el campo relatan que han recibido insultos y malos tratos por parte de sus superiores. A pesar de todo, sus miradas transmiten ilusión porque desde que llegaron a España “ven futuro”.

Uno de los chicos es Mohamed Rafik. Llegó en 2019 desde Nador, con 17 años. Estuvo internado en el centro de menores la Purísima, en Melilla. Cuenta que dormía en la misma estancia con otros 83 niños, y que, en total, eran unos 700. Ahora vive, con seis compañeros, en uno de los pisos de la asociación. Una de las condiciones para vivir allí es cumplir con las tareas del hogar, y se nota: todo está limpio y ordenado. Una gran estantería preside el salón y allí ponen los chicos sus pertenencias: desde unas pesas hasta la novela El niño del pijama de rayas.

Mohamed Rafik trabaja como mecánico en un taller de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Mohamed Rafik trabaja como mecánico en un taller de Jerez de la Frontera (Cádiz).JUAN CARLOS TORO

Cuando cumplió la mayoría de edad, Rafik abandonó el centro sin tener papeles, lo que dificultó su búsqueda de trabajo y vivienda. Se hospedó durante un año en un albergue municipal y trabajó en un taller de neumáticos donde cobraba en negro menos de 300 euros al mes. Al final decidió marcharse de Melilla rumbo a la Península. Logró esconderse en el interior de un camión, entre unos sacos de ropa de segunda mano, junto con su amigo Abdil. “Solo teníamos una botella de agua y una barra de pan para los dos”, recuerda. Desembarcaron en el puerto de Almería después de dos días y medio de viaje.

Estuvo trabajando un tiempo en los campos recogiendo calabacín. No guarda buenos recuerdos de aquella época: “Tenía que hacer el trabajo de dos personas”. El 18 de enero le dieron por fin la documentación de residencia y trabajo. “El cambio de reglamento le ha facilitado la legalidad. Él nunca ha parado de trabajar desde que salió del centro, pero ahora lo hace de forma legal, cotizando y pagando impuestos”, subraya Bustillo. El joven, que ahora tiene 20 años, trabaja como mecánico en Talleres Racero. “Tenía que pasar dos meses de prueba, pero me contrataron al tercer día”, explica orgulloso.

Ahorrar para volver a ver a la familia

Tarik El Fahssi llegó a España hace ocho años, pero por el acento parece que ha vivido en Andalucía toda su vida. Al igual que Rafik, viene de Nador y también estuvo en la Purísima y trabajó en el campo. Cumplió los 18 años dos meses después del cambio del reglamento. “Ahora le toca renovar sus papeles, y lo hará por dos años con contrato de trabajo y residencia”, celebra Bustillo. Antes solo se podía renovar por uno. El Fahssi afirma estar muy feliz en el bar Lalomanu, donde trabaja de camarero. “Iré a visitar a mi familia cuando tenga algo de dinerito. Hace cuatro años que no veo a mis padres”.

Tarik trabaja en el bar Lalomanu, en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Tarik trabaja en el bar Lalomanu, en Jerez de la Frontera (Cádiz).Juan Carlos Toro

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social de junio, 2.000 de estos jóvenes se han empleado en la hostelería. Le sigue el campo y el mar, donde son 969. En actividades administrativas hay 776. El número de autorizaciones de trabajo crece desde hace un año. En junio de 2022, ocho meses después de la aprobación de la reforma, eran 12.083 menores y extutelados con autorización de residencia, frente a los 8.023 de junio del año anterior. La afiliación también aumenta. En junio de 2021 eran 2.217. En el verano de este año, 6.206.

Un año yendo a clases sin saber español

Mohammed Benamrane llegó a España para cumplir un sueño: trabajar entre motores. “Y ahora soy mecánico”, dice orgulloso. Las trabas burocráticas le frustraron durante mucho tiempo, pero una semana después de que la reforma entrara en vigor el joven marroquí ya tenía trabajo en un taller. Corrió a la oficina de extranjería para renovar su autorización en cuanto supo que las nuevas condiciones le permitían hacerlo. “Creo que fui el primero en Valladolid”, ríe.

Benamrane sonríe con complicidad cada vez que su antiguo compañero de piso y educador, Alfonso de Nicolás, le ayuda a expresarse.

— No lo puedo olvidar, si no fuese por él yo ahora mismo no estaría aquí.

— ¡Oye, que me voy a emocionar!

De Nicolás, el educador social que le ha acompañado durante los últimos años en los pisos de acogida para extutelados de la Fundación Adsis en Valladolid, sostiene que “no tenía sentido mantener a estos chavales y no dejarles trabajar, porque además aportan a la sociedad”. El joven, que ahora tiene 23 años, iba al mismo tiempo al instituto y aprendía español. Luego se sacó el grado de formación profesional. Lo hizo dos veces: el primer año no entendía español pero fue a todas las clases “aunque fuera solo a mirar”. El segundo año lo consiguió.

Muchos de estos jóvenes han tenido un pasado difícil y ningún apoyo familiar. El educador explica que cada caso es diferente, pero que “la baja autoestima, el poco nivel educativo y la escasa tolerancia a la frustración” son habituales. De Nicolás cuenta, mientras Benamrane se escurre vergonzoso por la silla, que el chico nunca ha querido desechar comida. “Siempre guardaba en su habitación una bolsa con pan seco que nadie había querido comer y que él no quería tirar. Luego paseaba hasta un estanque que hay cerca y se lo daba de comer a los patos”, rememora. “Lo sigo haciendo”, confiesa él, riendo.

Michel Bustillo con los jóvenes migrantes en el parque de Los Lagos, en Jerez de la Frontera, Cádiz
Michel Bustillo con los jóvenes migrantes en el parque de Los Lagos, en Jerez de la Frontera, CádizJuan Carlos Toro

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El atasco administrativo impidió la expulsión del atacante de Algeciras

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Yasine Kanjaa con el machete en la mano, tras asesinar a Diego Valencia, en una imagen del vídeo grabado por un viandante.
Yasine Kanjaa con el machete en la mano, tras asesinar a Diego Valencia, en una imagen del vídeo grabado por un viandante.

La situación irregular en España del marroquí Yassine Kanjaa, detenido el pasado miércoles tras matar a machetazos al sacristán Diego Valencia en Algeciras (Cádiz) y herir a otras cuatro personas, no es una excepción. En la actualidad, el Ministerio del Interior solo consigue devolver o expulsar (dos figuras legales distintas) a sus países de origen a un 9% de los extranjeros en situación irregular contra los que dicta una orden para hacerlo, porcentaje ligeramente superior al que se registraba a finales de 2022, cuando era del 7,5%. Pese al incremento del último mes, se mantiene por encima del 90% las órdenes que, como en el caso de Kanjaa, no se pueden ejecutar por diversos motivos administrativos, confirman fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. En la actualidad hay 178 inmigrantes irregulares recluidos en los Centros de Internamiento Extranjero (CIE, instalaciones en los que los extranjeros pueden estar retenidos un máximo de 60 días) para su expulsión inmediata.

Interior admite que la situación es peor que la que había antes de que estallara la pandemia, cuando estas cifras de expulsión casi se triplicaban. En 2019, el año anterior al inicio de la crisis sanitaria que obligó a cerrar las fronteras, la Policía concluyó la expulsión a sus países de origen de 4.677 personas y la devolución de otras 6.476 personas, según datos oficiales obtenidos a través del Portal de Transparencia. En total, suponen cerca de un 30% de las 37.890 órdenes que se dictaron contra extranjeros para que abandonasen territorio español, según Eurostat. El porcentaje de expulsiones y devoluciones estaba por debajo de la por entonces media europea (36%).

Además, desde octubre de 2020, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide a España expulsar inmigrantes solo por estar en situación irregular. El fallo obliga al Gobierno a aplicar la propia Ley de Extranjería española que impone multa en casos de estancia irregular y solo contempla la expulsión de extranjeros sin papeles cuando existan circunstancias agravantes. La Policía Nacional dictó entonces nuevas instrucciones para el cumplimiento de esta sentencia en las que ordenaba a los agentes que priorizasen aquellos expedientes en los que fuese posible motivar la expulsión con “elementos negativos” de la actuación del inmigrante frente a aquellos en los que la única infracción sea su situación irregular en España.

En concreto, planteaba que sería motivo suficiente para tramitar la expulsión que el inmigrante hubiera sido detenido por la comisión de un delito o que tuviera antecedentes penales; que hubiera invocado una falsa nacionalidad; que hubiera una prohibición de entrada anterior; que carezca de domicilio y documentación; que hubiera incumplido una orden de salida obligatoria, y que no exista posibilidad de comprobar cómo y cuándo entró en territorio español por falta de documentación o la ausencia en esta del sello de entrada. En el caso de Kanjaa se daba uno de estos requisitos, ya que cuando se detectó su presencia en Algeciras en junio del año pasado iba indocumentado. Sin embargo, este fue también un obstáculo para su expulsión.

De hecho, el expediente administrativo que se le abrió entonces se concluyó cinco meses después, el pasado 3 de noviembre, cuando se le notificó su expulsión. Se inició entonces el plazo de ejecución de la orden que, sin embargo, no se materializó. Según detallan fuentes de Interior, a no estar en posesión de documentación de su país, las autoridades españolas tuvieron que iniciar el proceso de pedir a Rabat que lo documentase o, en su defecto, se le expidiese un salvoconducto para que la policía le pudiera llevar a Marruecos. Este proceso no siempre es ejecutado por los más de 30 países con los que España tiene acuerdos para que acepten el retorno de sus nacionales.

Los responsables policiales encargados del control fronterizo consideran las expulsiones un buen instrumento para frenar la inmigración irregular y, de hecho, el cierre de fronteras a causa de la covid-19 ―con la consiguiente suspensión de los vuelos de repatriación― hizo que la Comisión Europea expresase en varias ocasiones en documentos internos su preocupación por sus consecuencias en estas políticas. Tras la progresiva reapertura de la frontera, las expulsiones y devoluciones han vuelto, pero aún se está lejos de las cifras de 2019. La Policía Nacional, de la que depende la ejecución de las expulsiones a través de la Comisaría General de Extranjería, fijaba en su último Plan Estratégico, elaborado el pasado septiembre, como objetivo “aumentar las repatriaciones” de extranjeros en situación irregular.

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En concreto, el documento policial ponía el foco en los de origen subsahariano, para lo que proponía el empleo de “vuelos macro [de gran tamaño] a los países de origen” mediante la firma de acuerdos bilaterales “eficaces”. También planteaba incrementar las repatriaciones “con Argelia y Marruecos”, punto de origen de la mayor parte de las pateras que llegan a las costas españolas. E insistía en consolidar la expulsión de “la población reclusa extranjera”, una figura contemplada en el caso de condenas superiores a un año de cárcel. El informe también apuntaba en una previsible “alta presión migratoria procedente de África” fruto de “la situación económica mundial”, causada primero por la covid-19 y, posteriormente, por la guerra en Ucrania.

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El desafío de la integración en Algeciras

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El sacristán Diego Valencia siempre tenía una bolsa de comida para quien se acercase a la puerta de la iglesia de La Palma, en Algeciras (Cádiz), pidiendo ayuda. Era una máxima de Cáritas, como explica el sacerdote Juan José Marina. El 80% de quienes piden auxilio en el templo son musulmanes, señala el párroco. Y añade: “Es un respeto mutuo”. Una situación que resume el espíritu de convivencia con el que centenares de algecireños despidieron este viernes a Valencia, asesinado dos días antes por el ciudadano de origen marroquí Yasine Kanjaa. El crimen ha convulsionado a esta ciudad de 120.000 habitantes que lleva a gala ser vecindario de más de 120 nacionalidades pero que, al igual que toda la comarca del Campo de Gibraltar, aún tiene obstáculos que dificultan la plena integración de los migrantes.

Efectivos sanitarios y policiales cubren el cadáver del sacristán fallecido en un ataque a diferentes iglesias, a 25 de enero de 2023 en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España).Foto: Nono Rico | Vídeo: EPV

Sabido es que Algeciras es un lugar multicultural, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), aprovechó su presencia en el funeral para recordarlo. “Siempre ha existido convivencia”, dijo antes de entrar a la iglesia. Roberto Espiñeira, de 70 años y gallego residente en la localidad desde hace tres, coincide con la aseveración, pero aporta la clave: “El problema son los chavales que se ven sin papeles, sin nada. Es fácil que caigan en cualquier red”, dice mientras pasea a su perra Lily por la plaza Alta. El 8,39% de los habitantes de la ciudad son extranjeros residentes, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de 2021. Y esos datos no tienen en cuenta a la población de paso, migrantes habitualmente en una situación irregular que les complica acceder a cualquier derecho.

“La inclusión social se encuentra obstáculos. Es una ciudad que sufre profundas desigualdades, y la exclusión y la pobreza afectan más a los migrantes”, resume el periodista local Alfonso Torres, autor de Manual de actuación frente al racismo. Torres trabajó además en la difusión de un análisis sobre la percepción de la convivencia entre población autóctona y alógena en Algeciras en 2017: el 79% de la población extranjera aseguró tener buena relación con los locales, y el 78% de estos veía positiva la diversidad étnica en los colegios públicos. Pese a esas cifras tan igualadas, su conclusión es que “la población migrante era más receptiva que la autóctona en integrarse”. “Hay zonas de la ciudad que siguen vivas gracias a que la población migrante es parte de la comunidad”, apunta el periodista. Algeciras está entre las diez ciudades de España con mayor tasa de paro (rozando el 25%), según un informe del INE con datos de 2021.

Los alrededores del puerto y el mercado son la viva estampa de ello. Mientras la plaza Alta bullía en aplausos durante la despedida del coche fúnebre del sacristán asesinado, los puestos de los comerciantes apuraban las últimas ventas del día, aún conmocionados por el crimen. El protésico dental marroquí Amid lleva 27 años viviendo en Algeciras y regenta como empresario un puesto de frutas y verduras. Asegura que nunca ha sufrido xenofobia. “La integración depende de las personas”, opina.

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Mercado principal de Algeciras.
Mercado principal de Algeciras.Marcos Moreno

Pepa —”mejor pon ese nombre si lo vas a publicar”, pide— apura sus últimas compras en el mercado. Nació en Tánger en tiempos del Protectorado Internacional y ahora reside en Algeciras. Tras vivir en las dos orillas, llega a la conclusión de que la convivencia es sencilla pero la integración “no tanto”. “En Tánger los españoles vivíamos separados y aquí ocurre algo similar. Vivo en un edificio en el que están llegando personas marroquíes para vivir y los vecinos no están contentos. Es difícil”, explica la mujer. Mohamed El Mkaddem, imán del templo de Al Huda y portavoz de la comunidad islámica en el Campo de Gibraltar, afirma que en la ciudad están “acostumbrados a la mezcla”, pero no niega que ataques como el ocurrido el miércoles hacen daño a la comunidad musulmana: “Los que más pagamos esto somos nosotros. No lograrán implantar el odio, compartimos el dolor”.

El alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), asegura que la ciudad invierte unos 10 millones de euros en gasto social, de los más de 110 millones del presupuesto municipal, y afirma que el número de familias atendidas ha crecido de 1.700 antes de la pandemia a 5.000 en la actualidad. El día después del ataque, el alcalde incidió en que lo que Algeciras necesita son más medios policiales. La petición contrasta con la realidad de la baja criminalidad de una ciudad con 22 infracciones por cada 1.000 habitantes —según datos del Ministerio del Interior del año pasado—, una cifra por debajo de ciudades turísticas como Sevilla.

Torres rechaza que esa sea la solución y cuestiona la cifra de inversión social aportada por Landaluce, porque asegura que engloba los costes del personal que trabaja en la delegación municipal. “La Administración debería tener más músculo social. Si hay un asunto que altera la paz social en el Campo de Gibraltar es el narcotráfico, y ahí hay personas de todo pelaje”, afirma.

En ese contexto, asociaciones y ONG llevan años trabajando por desmontar, además, los bulos y desinformaciones que señalan a los migrantes como beneficiarios privilegiados de las ayudas sociales. “Uno de los prejuicios más comunes es el del migrante que se lleva la ‘paguita’ o que viene a quitarnos el trabajo. La realidad es que quien no tiene papeles no recibe apenas ayudas”, apunta Torres.

Espiñeira ya ha recogido el periódico del que es suscriptor desde 1976 y está a punto de terminar el paseo a su perra por la plaza Alta. “Justo aquí donde estamos todos los fines de semana monta Vox su tenderete”, cuenta, preocupado por los mensajes xenófobos que puedan alentarse ahora, tras el asesinato de Diego Valencia, en “una ciudad de convivencia”. “Esos mensajes calan más en la incultura. Es más fácil buscar a alguien a quien echar la culpa de tus males”, razona el jubilado.

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El atacante de Algeciras recibió tratamiento psiquiátrico en Marruecos y carecía de antecedentes penales y policiales en su país

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Ued el Marsa se precipita hacia el mar desde los cerros que enmarcan el superpuerto de Tanger Med, más cercano a Ceuta que a la ciudad marroquí de la que toma el nombre. En una de las laderas que dominan las dársenas con macrogrúas para contenedores está escrito sobre piedras blancas “Dios, patria y rey”, el lema del reino jerifiano. Al anochecer del jueves estallaba el contraluz más brutal entre las futuristas instalaciones portuarias, una explosión de neón blanco, y las tenebrosas calles sin pavimentar que conducen al bar Madrid de Ued el Marsa, único lugar con señales aparentes de vida en la población, de unos 400 habitantes. Ante un televisor se habían reunido una docena de parroquianos poco antes del comienzo del partido que iban a disputar los dos principales equipos de la capital de España. “Yo soy del Barça”, terciaba Utman, un rifeño recio, en la treintena, curtido en los muelles de Algeciras y las fábricas de la corona sur de Madrid, y que evita facilitar su apellido. “A Yassine Kanjaa le conocíamos todos”, recuerda. “Ya no vive aquí, la droga le comió el coco”, diagnostica, mientras el resto de los hombres asienten con la cabeza. Fuentes del Ministerio del Interior marroquí añaden que hace años recibió tratamiento en un centro psiquiátrico de Tánger, sin ofrecer más detalles. También precisan que su nombre no constaba en los registros de antecedentes judiciales y policiales de Marruecos.

Utman observa con la mirada perdida las luces de Algeciras en el horizonte, que compiten con las de Gibraltar, con el destello hacia el oeste de Tarifa. Es el mismo paisaje en el que creció Kanjaa, el autor de los ataques a machetazos de Algeciras que el miércoles se cobraron la vida de un sacristán y causaron varios heridos. Entre los vecinos de Ued el Marsa, cubiertos con las gruesas chilabas de los días más fríos del invierno, existe un pacto de omertá que no se rompe hasta la llamada de uno de los compañeros de vivienda de Kanjaa en Algeciras. La ley del silencio se difumina poco a poco en el bar Madrid, pero no las trabas de las autoridades locales.

La casa de Yassine Kanjaa en Ued el Marsa, un pequeño pueblo costero marroquí ubicado a seis kilómetros de la frontera con Ceuta.
La casa de Yassine Kanjaa en Ued el Marsa, un pequeño pueblo costero marroquí ubicado a seis kilómetros de la frontera con Ceuta.
Mohamed Siali (EFE)

En la oscuridad, las miradas de rechazo al forastero parecen adquirir un destello de aceptación. “Soy Hasan Sellah, el alcalde; aquí hay que pedir permiso para hacer preguntas. Esta noche no se puede pasar, lo ha prohibido la autoridad. Además, los padres de Yasim Kanjaa tienen ya unos 70 años y ni se les puede molestar”, advertía el regidor, barbudo y en la cincuentena, mientras manoseaba la acreditación de prensa concedida por el Ministerio de la Comunicación marroquí al corresponsal de EL PAÍS.

La familia de Kanjaa no tiene casa en el núcleo del pueblo, sino en la minúscula pedanía de El Hatba, a los pies del monte Musa, simbólica representación de la segunda columna de Hércules que da la réplica en África al peñón de Gibraltar.

Ya en la mañana del viernes, se abre junto a la cadena montañosa el espectacular paisaje del Estrecho y la patente cercanía entre dos mundos tan alejados económica y culturalmente. El alcalde Sellah ha marcado el número de teléfono del caíd de Taghramt, 20 kilómetros al sur, que agrupa a las municipalidades de la zona en el caidato o mancomunidad del mismo nombre.

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“Es el encargado”. Así explica en castellano Utman para traducir en su jerga de currante en España quién es el verdadero representante del poder central en este confín del Rif. El caíd, que no quiso identificarse, es el delegado del Ministerio del Interior en la zona, dentro de la compleja división territorial del país magrebí, que conjuga una creciente descentralización administrativa con un centralismo de raíz feudal. “Tiene que pedir permiso. Eso es todo”, explicaba en un pulcro francés.

El ceutí Mohamed, de 26 años, se mueve con familiaridad en el restaurante Isla Perejil de las afueras de Ued el Marsa. Tiene una privilegiada vista sobre el Estrecho mientras exhibe en una vitrina refrigerada besugos, calamares y un plateado pez espada. “Nadie osa contradecir al caíd”, reconoce, mientras el funcionario del Ministerio pasea por el local y advierte de nuevo al periodista extranjero de que sin permiso no puede acceder a la aldea de El Hatba. Repetidamente, se inhibe ante las llamadas de responsables de los Ministerios de Comunicación y de Interior que le reclaman que le franquee el paso al reportero.

“YassineKanjaa nunca estuvo bien. Era mi amigo”, asegura Mohamed en el restaurante en cuanto se aleja el caíd. “Compartimos cervezas y porros y salíamos con chicas, hacíamos de todo, pero parece que últimamente había cambiado. Tal vez por las drogas, por sus trastornos psíquicos. Dicen que en su familia ha habido casos de enfermedades mentales, su padre, un hermano. Pero yo no lo sé bien”, admite el ceutí.

“Cuando estaba aquí y estaba bien de la cabeza, si se producía un atentado yihadista, lo condenaba. ‘Si cojo a ese cabrón lo mato’, me decía’, pero en Algeciras le entró el pánico en el último mes y cambió. Me llamaba: ‘Tenéis que rezar’, decía, ‘me ha poseído el demonio”, relata Mohamed, quien no puede precisar si Kanjaa, de su misma edad, había recibido tratamiento psiquiátrico. “Me llamaron el miércoles de Algeciras. ‘Mira lo que ha hecho tu amigo’, decían”, se lamenta dos días después.

El mismo caíd del Ministerio del Interior, responsable de la seguridad local que se resistió a facilitar, hasta pasadas más de cuatro horas, el acceso a la aldea confirmó poco más tarde que YassineKanjaa había sido tratado hace años en un centro psiquiátrico de Tánger, sin ofrecer detalles. También precisó que su nombre no constaba en los registros de antecedentes judiciales y policiales de Marruecos.

“Lo que dice la gente por aquí es que el hombre [Kanjaa] tomaba drogas y eso es lo que le ha afectado”, diagnostica Utman en Ued el Marsa. “Estaba muy raro; él no se juntaba con nosotros. Hace dos años que casi no teníamos noticias suyas. Se juntaba con amigos que no eran del pueblo. Cuando se marchó a España dejó de comunicarse con la gente de aquí”, refería con aire de perplejidad.

“Su familia es de aquí. Nos conocemos de toda la vida”, corroboraba este vecino. “Vivía con sus padres y con seis hermanos. Y nunca tuvo incidentes importantes. Pasaba a nuestro lado y solo saludaba. Nada más. No sabíamos nada de su vida. Cuando fui a desayunar por la mañana [por el jueves] al bar me enteré de todo”, se limita a contestar Utman en un español de fuerte sonoridad magrebí.

A un par de kilómetros de la isla Perejil y a unos 15 de la frontera de Ceuta, en el acceso al puerto de Tanger Med, niños de 10 o 12 años se arrojaban el jueves al atardecer a los bajos de los tráiler, en el momento en el que los camiones reducen la velocidad en una rotonda camino de los transbordadores del Mediterráneo. Desde que cesó el comercio informal, de porteadores de mercancías, en la frontera de Ceuta, la droga o la patera son casi las únicas vías de escape para los jóvenes de la punta marroquí más septentrional.

“Los buenos trabajos en el nuevo puerto y en la cercana factoría de Renault se los llevan técnicos y especialistas venidos de Rabat y Casablanca”, apunta el taxista Mohamed camino de Ued el Marsa “Aquí nadie quiere, ni puede, estudiar”. La hermosa, único negocio turístico del pueblo, se queda desolada en enero. De sus arenales parten, a veces, las lanchas planeadoras que vuelan sobre las aguas con alijos de hachís hacia el otro lado del Estrecho.

Levantadas todas las barreas de seguridad, el lugar de El Hatba, adonde se accede por una tortuosa carretera de cemento agrietado, se presenta como un nuevo escenario para la ley del silencio. La casa familiar de los Kanjaa está vacía, sin señales de haber sido recientemente ocupada. Un perro atado con una cadena mira al visitante sin un ladrido.

“La familia se fue hace 10 años a Tánger. Yassine venía de vez cuando. No estaba bien de la cabeza”, abunda Ahmed Agzhi, un pescador de 45 años, a la salida del rezo del mediodía del viernes en la mezquita, el único punto con presencia humana visible en la aldea. Abdel Jalak, de 82 años, un agricultor que habita la casa colindante a la de los Kanjaa, insiste en que ellos viven permanentemente en Tánger desde hace una decena de años. “Pasan algunas temporadas. El joven Yassine estaba enfermo desde hace unos tres años y antes tuvo problemas con las drogas. Ahora estamos muy afectados. Es la primera vez que alguien de este pueblo comete un crimen tan horrible”, asegura, mientras se despide cariacontecido tras finalizar el rezo.

Muhamed Muracim, auxiliar de los servicios municipales de 62 años, puntualiza: “La familia Kanjaa pasó por aquí hace dos semanas”. El alcalde de Ued el Marsa creía en la noche del jueves que los padres de Yassine Kanjaa estaban durmiendo en su casa del pueblo. Al día siguiente, Hasan Shellal se encoge de hombros en presencia de un oficial de la Gendarmería Real y del omnipresente caíd.

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