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Se profundiza la “grieta” española con el intento de eliminar el delito de sedición

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Diputados aprobaron por mayora de 187 votos a favor y 155 en contra y seis abstenciones las reformas propuestas
Diputados aprobaron por mayoría de 187 votos a favor y 155 en contra y seis abstenciones las reformas propuestas.

 

La eliminación en España del delito de sedición, propuesto por el Gobierno, que este jueves pasó su primer trámite en un tenso debate de los diputados, profundizó las diferencias entre la izquierda del país, que la reivindica por adaptar la normativa española a la europea, y la derecha, que la impugna por considerarla “un regalo” a los independentistas catalanes, a cambio de su apoyo parlamentario.

Este viernes a la madrugada, los diputados aprobaron por una holgada mayoría de 187 votos a favor y 155 en contra y seis abstenciones reformar la ley en este punto, abriendo el periodo para hacer efectiva la supresión del delito, algo que debería suceder antes de fines de año, según las estimaciones de medios españoles.

Durante el debate de este jueves a la noche ya se anticipaba el tono áspero que adquiriría todo el trámite parlamentario, cuando el conservador Partido Popular (PP), la ultraderecha de Vox y la formación Ciudadanos acusaron al Gobierno de hacer una legislación “a la medida de los delincuentes” que protagonizaron el proceso independentista de Cataluña en 2017 -el procés-, con el solo objeto de asegurar su supervivencia política.

La portavoz y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó al Gobierno de “abrir las puertas de la cárcel a los delincuentes”, “suplantar al poder judicial” que condenó a los promotores de la intentona independentista y provocar un “estropicio de dimensiones históricas”

Enfrente, el portavoz del independentista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, señaló que la reforma permitirá suavizar algunos de los procesos todavía abiertos contra dirigentes independentistas y “le quita el juguete a los jueces fascistas”.

Vox convocó una gran manifestación en Madrid y en otras provincias para este domingo, mientras el PP, primera formación de la oposición, hará mítines por todo el país en los próximas semanas para expresar su rechazo.

La derecha argumenta que la supresión del delito, por el que se condenó a penas de 9 a 13 años a la mayoría de los 12 dirigentes castigados por la intentona independentista catalana de 2017, posteriormente indultados, allanará el camino para que otra tentativa similar en el futuro quede sin castigar.

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez dice que los problemas para conseguir la extradición de los dirigentes catalanes que huyeron al extranjero tras “el procés”, como el expresidente regional Carles Puigdemont, se debe a que las legislaciones europeas no contemplan ese delito, y propone sustituirlo por uno de “desórdenes públicos agravados”.

Este delito “será como el que ya tienen las principales democracias europeas con las que nos queremos identificar”, argumentó Sánchez.

“Los delitos que se cometieron en el año 2017 son delitos que continúan estando presentes en nuestro código penal” tras la reforma, aclaró Sánchez en una entrevista con la televisión LaSexta.

De hecho, el propio Puigdemont expresó su recelo ante este cambio, y dijo que los independentistas que lo celebran “no han aprendido nada de estos últimos cinco años”. 

El nuevo delito contempla una pena máxima de cinco años de cárcel,frente a los 15 actuales.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, invitó a Sánchez a “aclarar si va a reformar el delito de sedición y si protegerá la democracia española o solo pretende sobrevivir”, reprochándole implícitamente que esté pagando a los independentistas catalanes su apoyo en el Congreso.

“El PP es claro: agravaremos las penas de sedición y rebelión, los tipificaremos de forma clara y será delito la convocatoria de un referendo ilegal”, añadió Feijóo.

El PP consiguió que la votación de anoche se hiciera de viva voz, un procedimiento inusual en el que cada diputado tiene que dar su voto en voz alta, para que los socialistas más reacios a la medida quedaran retratados ante su electorado.

El delito de sedición

El código penal español dice que son culpables de sedición quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”.

De modo más sucinto, la Real Academia de la Lengua española la define como un “alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión”.

El delito se ha ido manteniendo a lo largo de las sucesivas reformas del código penal hasta la última, en 1995, pero sus detractores sostienen que pertenece al tiempo en que se sucedían en España los alzamientos militares, en el siglo XIX.

Su reemplazo por un delito de “desórdenes públicos graves” no acaba de tranquilizar a una parte de la izquierda que cree podría aplicarse a las manifestaciones.

“Nos preocupa” que el cambio “pudiera tener algún tipo de efecto en la limitación del derecho a la protesta pacífica”, afirmó Pablo Echenique, portavoz del partido de izquierda radical Podemos, que forma parte de la coalición del gobierno y que impulsó la supresión de la sedición.

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Reportaron un falso brote de Covid para evitar la ocupación de un hospital en Jerson

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Foto: AFP

Médicos evitaron que las tropas rusas ocuparan un hospital en Jerson, Ucrania, al hacerles creer a los invasores que en el lugar había un brote de coronavirus, reveló este domingo la prensa internacional.

El hecho ocurrió en el hospital Tropinka, en marzo pasado, cuando las tropas rusas tomaron Jerson, la ciudad del sur de Ucrania que acaba de volver bajo el control de Kiev, informó el diario estadounidense The Wall Street Journal.

El director del hospital, Leonid Remiga, ordenó al personal que usara trajes protectores contra el Covid-19 y llenaran las paredes de carteles con advertencias sobre infecciones, y recomendó a los militares rusos que no ingresaran porque había un brote de coronavirus.

La ocurrencia funcionó y los soldados rusos se fueron, según reprodujeron el diario ucraniano Ukrainska Pravda y la agencia de noticias italiana ANSA.

“Nuestro hospital no podía convertirse en un hospital ruso”, dijo Remiga, quien decidió quedarse en la ciudad incluso después de que su esposa y sus hijos la abandonaran en abril.

No obstante, en mayo, los militares rusos, que ya controlaban la ciudad, despidieron a Remiga y designaron en su lugar a la jefa de enfermeras, Larisa Maleta, quien aceptó el cargo con el propósito de entorpecer las actividades de los rusos.

Maleta se fue de Jerson el 1 de agosto y el hospital quedó en manos de la cardióloga Iryna Sviridova, quien colaboró con los rusos y aceleró el proceso de despido de médicos ucranianos.

En los últimos días antes de la retirada total de los rusos de Jerson, soldados rusos llegaron al hospital en busca de equipos para robar, pero, para evitarlo, empleados se llevaron computadoras y otros equipos a sus casas.

El 11 de este mes, tras la retirada rusa de Jerson, la bandera ucraniana volvió a flamear sobre el hospital.

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Netanyahu cederá competencias a un partido homófobo para formar gobierno

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Netanyahu ha cerrado acuerdos con varias formaciones para obtener un respaldo de 64 diputados en el Parlamento Foto APF
Netanyahu ha cerrado acuerdos con varias formaciones para obtener un respaldo de 64 diputados en el Parlamento. Foto: APF

El exprimer ministro Benjamin Netanyahu, vencedor en las elecciones del 1 de este mes, avanza en los diálogos con otros líderes políticos para formar el gobierno de Israel, y su partido Likud firmó este domingo un acuerdo con el ultraderechista Noam, conocido por su rechazo a la homosexualidad, para que en su próxima administración tenga competencias sobre el otorgamiento de las ciudadanías y nacionalización.

El entendimiento firmado entre Likud y Noam es el segundo de los cinco esperados para que Netanyahu se convierta en el primer ministro del gobierno más derechista de la historia de Israel.

Ahora, Noam establecerá una autoridad propia dentro de la Oficina del Primer Ministro para “centrarse en la identidad judía nacional”, que estará dirigida por el único diputado del partido, Avi Maoz, defensor de la restauración de las llamadas “terapias de conversión” contra la población homosexual y quien será nombrado viceministro.

Maoz también tomará el control de organismos adicionales, incluido el organismo oficial llamado Nativ, que gestiona la inmigración a Israel desde la antigua Unión Soviética.

The person Netanyahu is shaking hands with is Avi Maoz, the leader of Noam, a radical religious party that focuses on opposing LGBTQ & women’s rights. They signed a coalition deal today. Maoz will be a deputy minister at the PM office in charge of a new Jewish identity department pic.twitter.com/xEb5cNW2hY

— Barak Ravid (@BarakRavid) November 27, 2022

El diario Times of Israel recordó que varios partidos religiosos pidieron el endurecimiento de las condiciones de la llamada Ley de Retorno que rige los derechos de inmigración de los judíos, en particular la eliminación de la llamada “cláusula del abuelo” que permite a los nietos gentiles de judíos la obtención de la ciudadanía.

En el primer acuerdo, alcanzado el viernes, el líder colono ultraderechista Itamar Ben Gvir ocupará el puesto de ministro de Seguridad Nacional en el nuevo gobierno de Israel, en pleno repunte de las tensiones y la violencia entre israelíes y palestinos.

Su partido Poder Judío, formación ultranacionalista, recibirá también otros dos ministerios recién creados: el del Desarrollo del Negev -la zona desértica del sur de Israel- y Galilea -región histórica del norte de Israel que incluye a Cisjordania- y el de Patrimonio Judío.

Netanyahu y sus aliados religiosos y de extrema derecha lograron la mayoría absoluta en las elecciones legislativas en las que obtuvieron 64 escaños de los 120 del Knesset (Parlamento), por lo que el premier designado tiene el camino abierto para volver por sexta vez al cargo casi dos años después de su derrota electoral y con causas de corrupción abiertas.

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Buscan proteger el matrimonio igualitario ante la avanzada ultraconservadora en la Corte

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Foto AFP

El Congreso de Estados Unidos busca garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ con una Ley de Protección al Matrimonio Igualitario con la que pretende anticiparse a una posible avanzada de la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, que ya revirtió el derecho al aborto a nivel federal.

Solo este año, la Corte Suprema dejó de reconocer el derecho al aborto y lo dejó en manos de cada estado, limitó las restricciones para la portación de armas de fuego en la calle, habilitó el envío de fondos públicos a las escuelas religiosas, limitó el poder del presidente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y respaldó a un entrenador de una escuela que rezaba en el campo de juego después de los partidos.

“Existe hoy en día una Corte Suprema que es mucho más conservadora que la sociedad estadounidense y es una Corte que ha aceptado revisar casos que ponen en duda distintas leyes sociales establecidas y apoyadas por la mayoría”, analizó en una entrevista con Télam Jennifer Cyr, investigadora y directora de programas de posgrado en Ciencia Política en la Universidad Torcuato di Tella, quien subrayó que eso “es un problema para la democracia en el país”.

“Existe hoy en día una Corte Suprema que es mucho más conservadora que la sociedad estadounidense y es una Corte que ha aceptado revisar casos que ponen en duda distintas leyes sociales establecidas y apoyadas por la mayoría”Jennifer Cyr

En junio pasado, cuando se anuló el fallo de 1973 que garantizaba el aborto en todo el país, el juez supremo Clarence Thomas escribió en su opinión concurrente que los jueces deberían reconsiderar muchas decisiones referidas a los derechos individuales, entre ellas el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El matrimonio igualitario es legal en Estados Unidos desde 2015, luego de que la Corte Suprema lo reconociera como un derecho fundamental en su sentencia Obergefell contra Hodges, amparada en la cláusula sobre protección igualitaria de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

El fallo está basado en una ley de la era Clinton, fallos judiciales e iniciativas de los votantes de 36 estados y el distrito de Columbia.

“Lo que esta ley hace es poner en palabras esa decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto la ley de la de la era de Clinton”, explicó Gisela Sin, profesora de Ciencia Política y directora del Centro de Estudios para América Latina y el Caribe de la Universidad de Illinois, sobre la legislación para proteger el matrimonio igualitario que está siendo debatida actualmente en el Congreso.

“Eso no quiere decir que todos los estados tienen que aprobar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, pero con esta ley un estado sí tiene que aprobar o reconocer a un matrimonio civil entre personas del mismo sexo que se haya hecho en otro estado”, agregó la experta en diálogo con Télam.

Además, la nueva ley protegería a los matrimonios interraciales al exigir a los estados que los reconozcan más allá del “sexo, raza, etnia u origen nacional”.

Los estados podrían llegar a aprobar una ley que prohíba el matrimonio igualitario, pero para Sin es muy difícil que eso pase porque “el matrimonio gay tiene una aprobación muy grande en la población”.

El 70% de los estadounidenses apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el 94% apoya las uniones interraciales, según una reciente encuesta de Gallup.

Aunque muchos republicanos se mostraron reacios a que el proyecto de ley avance en el Senado, 12 miembros del partido opositor sorprendieron al sumarse el 16 de noviembre a los 50 demócratas de la cámara y desbloquear el procedimiento que impedía que se le dé tratamiento al proyecto, que ya había sido aprobado en julio por la Cámara de Representantes, también con apoyo republicano.

Una corte activista

El Congreso está cumpliendo con su rol “imponiendo cierto contrapeso contra una corte activista”, subrayó Cyr, al referirse un tribunal que desde 2018, con el nombramiento de tres magistrados por parte del expresidente Donald Trump, perdió su equilibrio, llegando a tener seis de sus nueve ministros de ideología conservadora.

Pero lo cierto es que el apoyo al matrimonio igualitario es tan amplio en Estados Unidos que hasta la iglesia mormona se pronunció a favor del proyecto de ley.

Un día antes de que se apruebe el procedimiento en el Senado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dio su aval señalando que si bien considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo es pecaminoso, la institución separa la doctrina religiosa de los derechos civiles.

Uno de sus principales representantes, el excandidato presidencial republicano (2012) y senador Mitt Romney, destacó que “esta legislación brinda protecciones importantes para la libertad religiosa, medidas que son particularmente importantes para proteger las libertades religiosas de nuestras instituciones basadas en la fe”.

“Brinda certeza a muchos estadounidenses LGBTIQ y señala que el Congreso, y yo, estimamos y amamos a todos nuestros conciudadanos por igual”, agregó el senador por Utah, estado donde tiene su sede principal la iglesia mormona.

Para Gisela Sin, parte del apoyo republicano tiene que ver con la opinión pública, con no quedarse pegados a una decisión de una corte conservadora -como ya les pasó con la anulación del fallo que legalizaba el aborto- en un tema como el matrimonio igualitario, que es apoyado por amplios sectores.

El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, fijó el jueves próximo la votación del proyecto, que deberá ser aprobado nuevamente por la Cámara de Representantes antes de ser enviado al presidente Joe Biden para su aprobación.

Los impulsores del proyecto de ley esperan que sea sometido a votación antes de fin de año porque en enero próximo se conformará la nueva Cámara de Representantes, de mayoría republicana.

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