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La justicia europea inicia el debate sobre la inmunidad parlamentaria de Puigdemont

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Carles Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas tras conocer la decisión del juez Pablo Llarena de cursar una orden europea e internacional de detención y entrega contra él.
Carles Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas tras conocer la decisión del juez Pablo Llarena de cursar una orden europea e internacional de detención y entrega contra él.DELMI ÁLVAREZ

El Tribunal General de la Unión Europea de Luxemburgo analiza desde ayer y este viernes dos casos pendientes del expresident catalán Carles Puigdemont en torno a su inmunidad como eurodiputado, una cuestión clave en su lucha por evitar ser juzgado en España por el referéndum ilegal de octubre de 2017 que lo llevó a refugiarse en Bélgica y a aspirar, y lograr, un escaño en el Parlamento Europeo.

Se trata de sendas audiencias previas a la fase de deliberación de los jueces europeos que se celebran sin cámaras y sin la presencia siquiera ni del expresident ni de los demás afectados, los también eurodiputados independentistas Toni Comín y Clara Ponsatí. Pero el acalorado debate en España sobre la reforma del delito de sedición, así como la inminencia de una decisión de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, sobre su condición de eurodiputados después de que la Junta Electoral Central recordara que no han acatado aún sus mandatos, ha creado una fuerte tensión en torno a este nuevo trámite judicial en el marco de una larga batalla judicial en los tribunales europeos de los líderes independentistas.

La audiencia clave tiene lugar este viernes, en la que la defensa pedirá formalmente la anulación del suplicatorio —la solicitud de anulación de la inmunidad— que el Tribunal Supremo envió al Parlamento Europeo en enero de 2020. Se trata de una cuestión clave porque Bélgica decidió congelar la tramitación de las euroórdenes contra los políticos independentistas (por sedición y malversación en el caso de Puigdemont y Comín, y solo sedición en el de Ponsatí) hasta que se resuelva este asunto de fondo. La defensa de los políticos catalanes ha adelantado que su estrategia se basará fuertemente en usar el debate sobre la reforma de la sedición y recientes declaraciones de los máximos responsables políticos del país para argumentar que su principal cliente, el expresident, sufre persecución política en España.

La audiencia previa del jueves sirvió en cierto modo de precalentamiento. Fue una sesión muy técnica para dirimir uno de los pasos del laberinto jurídico del caso: si el entonces presidente de la Eurocámara, el italiano David Sassoli, ya fallecido, debería haber tramitado rápidamente la carta de solicitud de amparo de inmunidad que acabó rechazando en diciembre de 2019. La misiva, firmada por 38 eurodiputados, entre ellos Diana Riba de ERC, había sido entregada el 10 de octubre de 2019, es decir, cuatro días antes de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena emitiera las euroórdenes nada más concluir el juicio del procés.

Mientras que tanto el abogado del Parlamento Europeo como la representante de España sostuvieron que la carta y su eventual tramitación parlamentaria no habrían tenido, esencialmente, ningún efecto jurídico vinculante, el abogado de los demandantes, Gonzalo Boye, aseveró lo contrario. Según su argumentación, el juez Llarena no habría podido emitir las euroórdenes —y, por lo tanto, no habrían sido detenidos en varias ocasiones desde entonces— si Sassoli hubiera tramitado la carta, empezando el proceso de análisis de la inmunidad de los catalanes. Más allá de que esta cuestión ya no tenga relevancia en sí, ya que desde entonces se han dado varios pasos jurídicos más que han acabado restableciendo de forma temporal su inmunidad, esta argumentación, si el tribunal de cinco jueces internacionales del TGUE decide darlo por bueno, le podría servir de base para otra cuestión fundamental en la audiencia clave del viernes: la legalidad misma del suplicatorio.

Las decisiones sobre estos dos casos no se conocerán probablemente hasta dentro de varios meses. Además, todavía pueden ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la UE, el TJUE, que es el que el pasado mayo restituyó de manera cautelar la inmunidad de Puigdemont, revirtiendo así una decisión previa del TGUE. Es, por tanto, muy posible que el caso siga sin resolverse antes de que acabe la actual legislatura del Parlamento Europeo, en 2024.

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Pendiente está también otra decisión clave del TJUE sobre una cuestión prejudicial presentada por el juez Llarena para aclarar cómo debe interpretarse el derecho europeo en el en el largo pulso que la justicia española mantiene con Bélgica por las órdenes europeas de detención (ODE) contra varias figuras del independentismo. A mediados de julio, el Abogado General del TJUE dio la razón a España al considerar que Bélgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir una euroorden ni puede denegar la entrega de los fugados del procés alegando posible vulneración de derechos fundamentales si no demuestra antes la existencia de “deficiencias sistémicas” en la justicia de España. Aunque su opinión no es vinculante, suele coincidir con las resoluciones del TJUE.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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