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Feijóo al Gobierno: “Salgan de la trinchera y vuelvan al feminismo con sentido común que critica los insultos a las mujeres sin mirar su filiación política”

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha conmemorado el Día contra la Violencia de la Mujer en un acto de su formación en Málaga, presumiendo de que su partido es el que más avances legales ha logrado en la lucha contra esta lacra —aunque no ha mencionado la Ley contra la Violencia de Género―, para diferenciarse de “los errores garrafales” de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. El líder de los populares ha insistido al Gobierno para que reforme cuanto antes la norma y “volver a imponer las penas que salvaguardaban más los derechos de las mujeres”.

“Tras todos estos años de avance, en este 25-N llegamos con menos cosas que celebrar”, ha sostenido Feijóo, en alusión a la llamada ley del solo sí es sí y a las excarcelaciones y revisiones a la baja de una decena de condenas a agresores sexuales que se han derivado de su aplicación. “Hoy las mujeres están más desprotegidas que antes a consecuencia de una ley mal planteada”, ha abundado el dirigente popular, que deriva, en su opinión, de un afán “de querer patrimonializar el trabajo de todos y de querer sacar rédito político de un asunto de Estado, de desoír a la opinión de los expertos y de actuar de una forma soberbia”.

En el día tan señalado por el 25º aniversario del asesinato de Ana Orantes la intervención de Feijóo en Málaga, para la entrega de los premios Junt@s contra la violencia de género, organizados por el PP malagueño, era la primera después de los insultos de Vox a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados, sobre la que el líder del PP aún no se había pronunciado.

Aunque tampoco esta mañana ha mencionado expresamente el bochornoso ataque en la Cámara baja, sí se ha referido a los insultos a las mujeres, aunque de forma genérica. Feijóo ha pedido los miembros del Consejo de Ministros que “salgan de la trinchera y vuelvan al feminismo que busca consensos” y ha definido ese feminismo como “el del sentido común que es capaz de criticar los insultos a las mujeres, a todas las mujeres, sin mirar la filiación política de cada una de ellas, al que es capaz de denunciar la situación en Irán, al feminismo que es capaz de ver que la ley del sí es sí ha tenido unas consecuencias nefastas y que hay que cambiar urgentemente”.

Y en la necesidad de reformar la ley, sin esperar a que el Tribunal Supremo unifique doctrina, ha insistido Feijóo a lo largo de buena parte de su discurso. “El mal ya está hecho y es irreversible, pero debemos arreglarlo cuanto antes, aceptando que el Gobierno y sus socios se equivocaron”, ha comenzado, para continuar, más adelante, recordando que el PP “está cumpliendo con su deber”, ultimando una proposición de ley para hacer los cambios cuanto antes. “Si el Gobierno se ha equivocado, les tendemos la mano para rectificar y restituir las penas que ha modificado la ley del sí es sí para volver a imponer las que salvaguardaban más los derechos de las mujeres”, ha añadido.

Para Feijóo, “la igualdad entre hombres y mujeres debe ser un punto de encuentro permanente: todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas sociales y toda la sociedad civil”, ha señalado Feijóo, quien ha cerrado esa parte de su alocución con una extraña reflexión que ha sido de las más aplaudidas entre los asistentes: “Málaga tiene nombre de mujer, Andalucía tiene nombre de mujer, España tiene nombre de mujer y Galicia tiene nombre de mujer”.

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“Esto va de nosotros”

Casi al mismo tiempo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del inicio del 26º Congreso de la Internacional Socialista en Madrid, ha hecho todo lo contrario que Feijóo: defender la necesidad de la ley del solo sí es sí, apelando también al consenso social. El dirigente socialista ha reiterado que hay que esperar a que el Tribunal Supremo siente doctrina. “El Gobierno y el Parlamento aprobaron una ley importante, la Ley Integral de Garantía de Libertad Sexual, que tiene el único cometido de reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones y que nunca más una víctima sea cuestionada. (…) Es una ley pensada para proteger a las mujeres, que de hecho va a protegerlas, es una ley pionera y a la vanguardia, necesaria, que pone el consentimiento en el centro de las relaciones entre hombres y mujeres”, ha esgrimido, frente a las críticas por la rebaja de las condenas a agresores sexuales que ha provocado la aplicación de la nueva normativa, en vigor desde el 7 de octubre.

La Fiscalía General del Estado ya se ha pronunciado, ha unificado criterio para la aplicación de la ley y ha habido audiencias provinciales que se han posicionado en favor de una lectura, otros de otra. Como presidente del Gobierno, creo que es importante esperar a que se pronuncie también el Tribunal Supremo para que se unifique toda esa doctrina y garanticemos entre todos la seguridad de las mujeres”, ha recalcado. El presidente ha destacado, en conversación informal con los periodistas, que el Supremo ha iniciado las deliberaciones sobre la aplicación de la ley y ha insistido en que hay que esperar a que sienten jurisprudencia: los primeros informes presentados por la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre cómo debe aplicarse la ley a hechos juzgados o cometidos antes de su entrada en vigor son contrarios a rebajar la pena. El ministerio público considera que la nueva norma no debe variar los castigos impuestos en el caso Arandina, al que el presidente se ha referido.

Sánchez se ha dirigido con énfasis a los hombres para que asuman un papel activo en la lucha contra la violencia machista. “Esto va de nosotros. No basta con decir que no soy machista. No basta con guardar silencio. Para dejar de ser machista hay que aprender, dejemos que las mujeres nos enseñen a no serlo”, ha enfatizado.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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