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Los conservadores del Poder Judicial persisten en las excusas y culpan a los progresistas de bloquear la renovación del Constitucional

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Pleno del CGPJ presidido por Rafael Mozo, el pasado 13 de octubre.
Pleno del CGPJ presidido por Rafael Mozo, el pasado 13 de octubre.

La renqueante negociación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que el pleno tenía que haber elegido antes del 13 de septiembre ha vuelto a atascarse este miércoles. Los vocales conservadores y los progresistas se habían citado para intentar avanzar en el proceso, pero el encuentro ha terminado sin avances porque los conservadores exigen un “cambio de metodología” que el otro sector rechaza porque lo considera un intento de vetar a su candidato, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. La novedad es que los vocales propuestos por el PP, que desde que empezó la negociación a principios de septiembre han ido planteando sucesivas excusas para bloquear, o al menos retrasar, la renovación del tribunal de garantías, acusan ahora a los progresistas de no querer negociar los candidatos de cada grupo y de llevar las conversaciones al borde del abismo.

La reunión de este miércoles llegaba con el camino despejado a la última razón que habían esgrimido los conservadores para mantener en pausa la renovación del tribunal de garantías: las dudas sobre la permanencia del vocal Rafael Mozo como presidente suplente del CGPJ. El Tribunal Supremo rechazó por la mañana la petición de que se suspendiera cautelarmente a Mozo que habían presentado el vocal Wenceslao Olea y el secretario del Consejo al recurrir su designación, por lo que el camino para elegir a los magistrados del Constitucional parecía despejado. Pero el relato de los vocales conservadores parece enfilar un camino insólito hasta ahora: si al final no hay acuerdo para renovar el tribunal de garantías, la culpa será de los progresistas. “Queremos negociar, pero ellos se niegan”, señala un vocal propuesto por el PP, que afea a sus compañeros de pleno que intenten imponer a su candidato y convertir los nombramientos en un “intercambio de cromos” en el que cada grupo vota a su aspirante y al designado por el otro bloque.

El cambio de método que buscan ahora los conservadores consiste en que cada sector ponga sobre la mesa dos o tres candidatos y ambos bloques negocien para acordar a los dos definitivos, uno progresista y otro conservador. Tras la reunión de este miércoles, el grupo de consejeros propuestos por el PP difundió una breve nota a los medios con su resumen de la situación: “Los interlocutores del otro grupo no aceptan el cambio metodológico que se les propuso. Ello supone que se niegan a valorar/negociar distintos candidatos para que los dos que se nombren respondan a la elección de ambos grupos, y no meramente de un intercambio de un nombre por otro. Por lo tanto, y en resumen, no aceptan ningún otro candidato diferente de Bandrés y no aceptan una metodología que suponga un debate real sobre la idoneidad de toda índole de los candidatos”.

Ambos grupos han quedado en verse de nuevo el próximo miércoles, una reunión que puede ser definitiva para constatar si el proceso se puede desatascar o corre peligro real de descarrilar definitivamente, según admiten vocales de ambos bloques. Los progresistas rechazaron este miércoles la fórmula de elección que propone ahora el otro sector y los dos vocales conservadores que participan en la comisión que negocia los nombramientos han quedado en informar a sus compañeros y comunicar la respuesta la semana que viene. Fuentes progresistas insisten en que desde el inicio de la negociación se habló de que cada grupo propondría a un candidato, y se dio a entender que no habría vetos. Los conservadores no han elegido a su aspirante oficial, sino que mantienen una lista con seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro (de la Sala Penal), César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba (Sala de lo Contencioso-Administrativo). Por ahora no han comunicado quién o quiénes son sus preferidos y fuentes de este sector sugieren que no lo harán si los progresistas no aceptan cambiar el método de elección para que la discusión se centre en varios nombres.

Los progresistas han preguntado durante la reunión de este miércoles si el problema real es de metodología o si es que algunos consejeros propuestos por el PP no quieren que los nombramientos salgan adelante. Y la respuesta, según miembros del órgano, ha sido que en el grupo conviven ambas situaciones. Los conservadores no vetan explícitamente a Bandrés, pero algunos miembros de este sector no quiere votarle porque consideran que es un candidato “gubernamental”. “No dudamos de que reúne las condiciones, pero hay que ver si es idóneo”, señala un vocal reticente a votar a este magistrado. Otros admiten que les parece buen candidato, pero dudan de si podrán convencer a sus compañeros.

La renovación pendiente del Constitucional consta de cuatro magistrados: dos a elección del CGPJ y dos, del Gobierno. El Ejecutivo sigue a la espera de que el Consejo proponga sus dos nombres para proceder a designar a los suyos, pero no está dispuesto a mantener el proceso parado mucho más tiempo. En La Moncloa no quieren confirmar oficialmente ninguna fecha, pero si el presidente, Pedro Sánchez, quiere llegar al día 6 de diciembre, cuando se celebra el día de la Constitución, con este asunto resuelto, solo le quedan dos consejos de ministros para hacerlo: el próximo, martes 29, y el lunes 5, donde muy probablemente se convocará otro. Preguntado por esta cuestión, el presidente, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el Gobierno va a designar a sus dos magistrados: “No estaríamos en esta situación si no sufriéramos a una oposición negacionista que no cumple con sus obligaciones desde hace cuatro años. El Gobierno cumplirá con la Constitución y nombrará a sus dos magistrados”, ha dicho.

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Robles revela en Odesa la mayor entrega de ayuda militar española para Ucrania

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, con su homólogo ucranio, Oleksii Réznikov, con gafas, durante la ofrenda floral ante el monumento a los caídos en Odesa.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, con su homólogo ucranio, Oleksii Réznikov, con gafas, durante la ofrenda floral ante el monumento a los caídos en Odesa.OLEKSII PERK (EFE)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves por sorpresa el puerto de Odesa (Ucrania), donde se ha reunido con su homólogo ucranio, Oleksii Réznikov. Robles ha viajado por carretera desde Chisinau (Moldavia), a donde llegó el miércoles en viaje oficial, acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, y el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez.

En una comparecencia retransmitida por internet desde el Ukraine Media Center, Robles ha asegurado que el objetivo de su visita era expresar “el compromiso de España, que es el de [toda] la UE y la OTAN, con Ucrania, que no solo lucha por su soberanía y su integridad territorial, sino [que] defiende la paz en el mundo y la comunidad de valores democráticos”. “Vamos a seguir apoyando porque creemos que la causa de Ucrania es la causa justa”, ha enfatizado, acompañada por Réznikov.

El ministro de Defensa ucranio ha agradecido el apoyo prestado por España durante los más de nueve meses que dura ya la guerra, tanto en ayuda militar como humanitaria, atendiendo las demandas de las autoridades de Kiev. “Me gustaría destacar que el apoyo del pueblo español y del Gobierno de España es muy importante para nosotros porque entienden claramente la seriedad de la lucha de Ucrania por los valores de la democracia y del mundo civilizado”, ha subrayado.

Tras un primer momento en que el Gobierno español se resistió a entregar armamento a Kiev y solo empezó a hacerlo con cuentagotas, ya se ha suministrado ayuda militar por valor de casi 300 millones de euros, de manera directa o a través del fondo de financiación de la UE. Robles ha asegurado que España ha intensificado su apoyo a Ucrania mediante la donación del mayor paquete de material de Defensa proporcionado hasta la fecha. En la última semana, ha revelado, el Ministerio de Defensa ha hecho entrega en la base de Rzeszów (Polonia), a 80 kilómetros de la frontera ucrania, donde se ubica el hub logístico de la OTAN, “de distinto armamento pesado, munición de largo alcance y antitanque”, además de tres generadores eléctricos, 30 palets y siete contenedores con material médico urgente, uniformes y equipamiento contra el frío.

Robles ha anunciado también el próximo envío de equipos para mejorar las capacidades ya entregadas y el suministro de nuevos equipos para reforzar la defensa frente a los ataques rusos con misiles y drones. “En las reuniones del Grupo de Contacto [de apoyo a Kiev, liderado por Estados Unidos] y a nivel OTAN sabemos que los sistemas antiaéreos son una prioridad máxima para Ucrania, pero deben entender que los envíos que se hagan deben ser siempre con mucha discreción y prudencia”, ha señalado Robles aludiendo, entre otras entregas, a la donación de lanzadores de misiles antiaéreos Hawk y Aspide ya realizada por España.

Formación de soldados ucranios en Toledo

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Réznikov ha valorado que España haya ido un paso más allá y se haya implicado en la formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el Toledo Training Command (TTC) se están formando 67 soldados ucranios, que se unen a los cinco que siguen un curso en el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCC) y a los 21 que ya se han instruido en Almería y 19 en Zaragoza. España se ha ofrecido para instruir, en el marco de la misión de asistencia militar de la Unión Europea (EUMAM Ucrania), hasta 400 soldados cada dos meses, 2.400 al año.

Antes de reunirse con su homólogo ucranio, Robles ha visitado el monumento dedicado al español José de Ribas, fundador de la ciudad, así como la base naval de Odesa y el buque escuela de la Armada ucrania Dubna, allí atracado. Odesa es el mayor puerto de Ucrania, principal proveedor del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, cuyos cargamentos sortean el bloqueo ruso gracias a un acuerdo supervisado por Turquía. La ciudad ha sido sometida a intensos bombardeos desde el inicio de la guerra con el objetivo de privar a Kiev de su salida al mar Negro. Robles ha elogiado “el coraje y sacrificio” de la población civil, que está sufriendo ataques indiscriminados y el chantaje de Putin con la destrucción de las infraestructuras eléctricas y energéticas del país en vísperas de la llegada del invierno. “En España, en el otro extremo de Europa, cuentan con un buen amigo y socio, que continuará prestando toda la ayuda y asistencia que sea posible al pueblo ucranio”, ha prometido.

Antes de abandonar Odesa, Robles ha visitado también un hospital militar y una unidad del Ejército ucranio y ha realizado una ofrenda floral ante el monumento a los caídos. La visita ha estado marcada por las noticias sobre el envío de sobres con sustancias pirotécnicas al presidente Pedro Sánchez, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, la base aérea de Torrejón o la sede de la empresa de armamento Instalaza en Zaragoza, así como una carta trampa remitida a la sede de Defensa a nombre de la propia ministra. “Ninguno de estos envíos va a cambiar el compromiso claro y firme de España con los países de OTAN y la UE de apoyar a Ucrania”, ha subrayado.

Robles es la tercera miembro del Gobierno español que visita Ucrania y la primera que lo hace en Odesa. Antes que ella, estuvieron en Kiev el presidente Sánchez, el 21 de abril, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el 2 de noviembre. El pasado martes, este último recibió en Bucarest (Rumania), de manos de su homólogo ucranio, Dymitro Kuleva, la medalla de Yaroslav el Sabio por el apoyo de España a su país.

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La reforma de la sedición: a toda prisa y en horario de mínima audiencia

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La eliminación del delito de sedición y su reemplazo por otro de desórdenes públicos agravados pasó el primer trámite parlamentario la pasada semana en un debate que finalizó pasada la medianoche. El segundo lo superó este jueves —de nuevo con un apoyo muy holgado, 185 diputados— a la hora de comer, con el banco azul vacío y un hemiciclo casi desierto hasta el momento de la votación. La próxima semana se cerrará el plazo de presentación de enmiendas y las previsiones del Gobierno y sus aliados son elaborar el texto a toda prisa para aprobarlo antes de fin de año y enviarlo al Senado.

La propuesta de los dos partidos del Gobierno —que suavizará los procesos judiciales todavía abiertos contra algunos dirigentes independentistas— fue admitida a trámite tras un tenso debate que acabó ya entrada la madrugada del pasado viernes 25. El siguiente paso era debatir las enmiendas a la totalidad, en las que coincidían, por motivos radicalmente opuestos, las derechas en la oposición y el independentismo más irreductible, Junts y la CUP. Las prisas del Ejecutivo llevaron a convocar este jueves un pleno extraordinario tras finalizar el ordinario semanal, que comenzó después de las dos de la tarde.

Las urgencias del Ejecutivo y sus aliados nacionalistas dieron pie a las protestas de la derecha. “Qué molestos les resultan los trámites legislativos, cuánto les incomoda dar cuentas del Código Penal”, criticó el popular Carlos Rojas, quien también censuró la ausencia de miembros del Gobierno “en un debate de tanta trascendencia”. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y el regionalista navarro Sergio Sayas sostuvieron incluso que se había buscado a propósito su coincidencia con el partido del Mundial de fútbol España-Japón, previsto para cinco horas más tarde. Esta última queja dio pie a la diputada de ERC Carolina Telechea para ironizar: “Tienen razón, se han puesto de acuerdo el pleno y el partido para que no se hable del tema ni en España ni en Japón”.

A la hora del debate, la mayoría de los diputados ya se había ido a comer, una vez finalizadas las votaciones del pleno ordinario anterior. Del Gobierno, ni rastro. Algunos grupos rebajaron además el rango de los diputados elegidos para defender sus posiciones, a diferencia del primer debate. En el PP, la portavoz, Cuca Gamarra, cedió el testigo a Rojas, su número dos, y en ERC Gabriel Rufián delegó en Telechea. Solo Ciudadanos puso en liza a su líder, Arrimadas.

Como hace una semana, el PP intentó sin éxito abrir fisuras en las filas socialistas. “Rompan la disciplina de voto por respeto a su país y a sus votantes”, les instó Rojas. En el primer intento los populares habían reclamado el voto por llamamiento, es decir, de viva voz y uno a uno de los diputados. Entonces la respuesta fue que todos los socialistas se levantasen al unísono cuando llamaron a la primera parlamentaria de ese grupo. Esta vez, con la votación electrónica habitual, el cierre de filas se escenificó mediante una ovación del grupo entero puesto en pie —ya habían regresado la mayoría para la votación— cuando finalizó la intervención de su compañero Felipe Sicilia, quien había replicado a los ataques del PP: “Ustedes prefieren la Cataluña de 2017 a la actual, la de la división y el enfrentamiento, porque es así, en la crispación, donde ustedes hacen su papel”.

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El grupo de los contrarios a la reforma no podía ser más heterogéneo y sus razones más opuestas. De un lado, la oposición: el PP y Ciudadanos proponían dejar el delito tal como está, y en el caso de esta última formación se sugería introducir además uno nuevo de “rebelión impropia” cuando medie la “amenaza de violencia”. Vox pretendía agravar las penas previstas e introducir otro delito nuevo, el de traición. Del otro, Junts y la CUP abogaban por eliminarlo por completo y sostenían que la nueva tipificación de desórdenes públicos permitirá continuar lo que ellos califican de “criminalización” del independentismo y la protesta ciudadana. Como todas las enmiendas contenían textos alternativos se votaron por separado. La del PP logró el apoyo de toda la derecha. Los populares se abstuvieron en la de Vox, lo mismo que hizo ERC con las de los otros dos grupos independentistas catalanes.

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El PSOE pide al Senado que investigue a la alcaldesa de Marbella

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La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
  (Foto de ARCHIVO)
08/08/2021
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
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08/08/2021
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (AYUNTAMIENTO DE MARBELLA)

El PSOE ha pedido al Senado que abra un expediente para investigar a la senadora y también alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz (PP), después de que esta actualizase su declaración de bienes ante la Cámara alta. Los socialistas argumentan que la regidora, que se encuentra señalada por la oposición después de que la Audiencia Nacional procesase a su marido e hijastro por una trama de narcotráfico y blanqueo de capitales, ha “ocultado información sumamente relevante” a las Cortes Generales y ha incumplido varios principios de su Código de Conducta. Es más, la acusan de “falsear” datos con el objetivo, “más que probable”, de “encubrir las presuntas actividades delictivas de su entorno más cercano y ocultar el enriquecimiento ilícito fruto de dichas actividades”. La política, que guarda silencio desde hace días, mantiene el apoyo de su formación.

Fuentes del partido conservador admiten la incomodidad que genera este caso en el seno de los populares, pero la fuerza política la ha ratificado como candidata para las próximas elecciones municipales. Muñoz no se encuentra imputada y, según añaden fuentes de la investigación, la Fiscalía Antidroga y el juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, en ningún momento han dirigido las pesquisas contra ella. Actualmente, se están resolviendo los recursos que se presentaron contra el auto de procesamiento y, según explican fuentes del ministerio público, este descarta de momento presentar acusación contra el marido de la regidora, Lars Gunnar Sune Broberg, ya que la causa se encuentra suspendida contra él por su mal estado de salud. La Fiscalía sí prevé presentar acusación contra el hijastro, Joakim Broberg.

“Los vecinos y vecinas de Marbella estarán estupefactos viendo las relaciones de quien les gobierna con una trama internacional que no se dedica a cuestiones sanas”, ha cargado este jueves Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz. Desde que se conociera el procesamiento de los familiares de la alcaldesa, los socialistas han arremetido contra el PP. Un concejal socialista del Ayuntamiento malagueño intentó, incluso, personarse en la causa como acusación popular, pero García-Castellón lo rechazó al no encontrar ningún indicio contra la regidora: “En los hechos, no se menciona a ningún cargo público que por acción u omisión pudiera tener relación con los delitos mencionados, ni se menciona tampoco la existencia de ningún destino irregular de fondos públicos. Tampoco se afirma en dichos hechos que el Ayuntamiento de Marbella haya sido utilizado para la realización de un posible blanqueo de capitales”, expuso el magistrado.

Ahora, el PSOE centra sus esfuerzos en el Senado. Esta es la primera ocasión en la que un grupo de la Cámara alta recurre al Código de Conducta de las Cortes Generales, que se aprobó el 1 de octubre de 2020. Los socialistas lo hacen dos semanas más tarde de que Muñoz actualizase su declaración de bienes. En el documento que la alcaldesa de Marbella presentó el pasado 17 de noviembre, comunicó que se ha hecho con la totalidad de una vivienda en Suecia de la que antes solo poseía la mitad; que ha incrementado su participación hasta el 100% en otros bienes inmuebles; y que ha ampliado su capital “en una sociedad vinculada con el paraíso fiscal de Gibraltar”, según el PSOE.

Los socialistas consideran que “haber ocultado información sumamente relevante en sus declaraciones de bienes y rentas” es un hecho de “extraordinaria gravedad”. También acusan a Muñoz de no declarar ante el Ayuntamiento de Marbella un crédito hipotecario con la entidad Nordea Bank, con sede en Luxemburgo; e insisten en que tampoco informó de que su “mansión” fue valorada en 4,7 millones de euros durante la contratación de un seguro de vida. Durante la rueda de prensa realizada esta mañana por la portavoz del Grupo parlamentario socialista de las Cortes Generales, Eva Granados, esta ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie sobre estas presuntas irregularidades.

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Una “inquietante realidad”

El PSOE subraya que “una visión global” de las finanzas de la regidora desvela que ha acumulado “un patrimonio superior a los 12 millones de euros”. “Se trata de un dato inquietante”, dice el partido de izquierda: “Muñoz lleva dedicada en exclusiva a la política desde hace décadas y ni siquiera cobra un salario en su condición de alcaldesa de Marbella”. Eso sí, el documento no aclara cómo han calculado esos 12 millones de euros, aunque fuentes del partido explican que es “una estimación” basada en las tasaciones del mercado inmobiliario y que el patrimonio “realmente es más de esa cifra”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, explicó hace unos días que desconoce los orígenes del patrimonio de la alcaldesa. “Pero seguro que son lícitos y legales”, subrayó.

La petición al Senado menciona también la investigación de la Audiencia. El PSOE cree que “han aflorado diversos comportamientos en el seno del consistorio marbellí que apuntan a que las organizaciones delictivas estarían muy presentes en el propio Ayuntamiento”. Una tesis que el juez Manuel García-Castellón ha descartado.

“Conductas como las anteriormente descritas tienen un grave impacto en el prestigio e incluso en la legitimidad del Senado para el desempeño de sus funciones constitucionales”, señala el texto del PSOE, que pide que “los órganos parlamentarios actúen con la máxima diligencia para evitar que presuntas actividades de alguno de sus miembros llegasen a afectar al mismo funcionamiento de la Cámara”. El partido afirma que Muñoz ha incumplido los principios de “integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto”, y que ha incurrido en un “quebranto grave” de las obligaciones constitucionales que incumben a todo miembro del Senado”.

Mientras, el PSOE de Marbella ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento “obstaculiza” el acceso a información de las contrataciones municipales con la empresa Codecosol, que aparece en el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional. José Bernal, portavoz del grupo municipal socialista, solicitó las adjudicaciones y contratos sellados con dicha compañía desde 2007. El Consistorio ha contestado que solo están informatizados esos documentos desde 2018 y que los de años anteriores están repartidos por distintos archivos municipales, de ahí que hayan pedido más plazo “para realizar una búsqueda y hallazgo concreto y fidedigno”. “Entendemos que sobre el ayuntamiento ahora mismo hay una nube oscura”, ha subrayado Bernal, que apunta que seguirá empeñado en “que se aclare este asunto”.

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