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El Poder Judicial acuerda votar el 22 de diciembre los nombramientos del Constitucional, aunque sin garantía de pacto

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El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) votará por fin los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional el 22 de diciembre. Es la primera vez que el Consejo pone fecha a las votaciones, aunque fuentes del pleno advierten de que eso no significa que las designaciones vayan a salir adelante. Se intentará llegar a un acuerdo entre conservadores y progresistas, pero nadie tiene muy claro que se vaya a conseguir porque las posturas están muy distantes. La decisión de poner una fecha se ha tomado durante el pleno celebrado este jueves, en el que se ha rechazado la petición que habían hecho los ocho miembros del núcleo duro del sector conservador para que se reclamara al Gobierno que le consulte antes de reformar el delito de sedición, por el que fueron condenados Oriol Junqueras y otros ocho líderes independentistas a entre 9 y 13 años de cárcel.

El pleno de este jueves llegaba después de que la última reunión mantenida entre ambos bloques para intentar desatascar la renovación del Constitucional terminara el miércoles sin acuerdo. Los conservadores exigieron un “cambio de metodología” consistente en que cada sector ponga sobre la mesa dos o tres candidatos y ambos bloques negocien para acordar a los dos definitivos, uno por grupo. Pero los progresistas lo rechazan porque lo consideran un intento de vetar a su candidato, el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Ante la perspectiva de que las conversaciones se eternicen, el órgano ha optado por poner una fecha que, en principio, es límite: la del último pleno ordinario del año, previsto para el 22 de diciembre, día del sorteo de la Lotería de Navidad. Entonces habrán pasado tres meses del plazo máximo previsto en la ley para hacer estos nombramientos (que vencía el 13 de septiembre), pero es la primera vez que el CGPJ pone fecha a las votaciones.

La intención es apurar estas semanas para acordar dos candidatos de consenso, pero ninguno de los dos grupos está convencido de que se vaya a conseguir. La próxima reunión prevista es el miércoles que viene y ahí los conservadores dirán si aceptan o no el rechazo de los progresistas a cambiar el método de negociación y que se debata entre varios candidatos propuestos por cada grupo. Al término de la reunión, el CGPJ ha emitido un comunicado en el que señala que “los vocales del CGPJ han mostrado hoy su plena disposición a intentar cerrar el próximo 22 de diciembre los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuya designación corresponde al CGPJ y han acordado incluir en el orden del día de la reunión señalada para esa fecha un punto relativo a este asunto”. “Previamente, los miembros de la comisión negociadora ―que volverá a reunirse el próximo miércoles 30 de noviembre― han dado cuenta de la marcha de las conversaciones mantenidas hasta ahora”, añade.

El pleno de este miércoles ha dejado otra decisión llamativa: el rechazo, por nueve votos a ocho, de la propuesta presentada por el núcleo duro de los conservadores para reclamar al Gobierno que pida la opinión del CGPJ antes de reformar el delito de sedición. La propuesta para cambiar este delito en el Código Penal ha sido registrada por el PSOE y Unidas Podemos como proposición de ley, una fórmula exprés que elude la petición de informes a órganos como el CGPJ y el Consejo de Estado. Pero los vocales conservadores sostienen que los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a informe de los Consejos de Justicia.

No es la primera vez que los consejeros propuestos por el PP se enfrentan al Gobierno por reformas legales tramitadas por la vía rápida y fuerzan al pleno a pronunciarse sobre ellas, pero hasta ahora todas habían salido adelante, la mayoría de ellas con adhesiones de vocales progresistas, como cuando en 2020 el órgano protestó porque el Ejecutivo obvió al CGPJ en la ley que vetó al órgano de gobierno de los jueces los nombramientos discrecionales cuando, como ahora, esté en funciones (tenía que haberse renovado en diciembre de 2018).

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Esta vez, sin embargo, todos los progresistas han votado en contra, y a ellos se ha unido el conservador Vicente Guilarte, un vocal elegido a propuesta del PP, pero que nunca ha formado parte del núcleo duro de consejeros de este grupo, formado por los ocho vocales que suelen entrar al choque con el Gobierno y que son los que habían presentado la petición para que el pleno se pronunciara sobre la reforma de la sedición. Otro conservador que a menudo se separa también de la disciplina de estos ocho, Wenceslao Olea, ha votado en blanco, por lo que la propuesta ha acabado rechazada. Los ocho que la impulsaron han anunciado que presentarán un voto particular.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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