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Pablo Hasél se sienta de nuevo en el banquillo por los desórdenes públicos tras la detención de Puigdemont

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El rapero leridano Pablo Rivadulla Duró, conocido artísticamente como Pablo Hasél, se ha sentado este miércoles —por enésima vez— en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Lleida. En esta ocasión, no le acusan de enaltecer con las letras de sus canciones a terroristas ni de injuriar a la corona. El cantante se enfrenta ahora a una pena de cinco años y nueve meses de cárcel acusado de originar desórdenes públicos en la protesta que tuvo lugar el 25 de marzo de 2018 delante de la subdelegación del gobierno de Lleida contra la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Hasél llevará el próximo febrero dos años preso. Fue detenido el 16 de febrero de 2021 en la Universidad de Lleida e ingresado en la prisión de Ponent para cumplir una condena de nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Dentro de prisión al rapero le han ido cayendo condenas. Este miércoles, Hasél se ha sentado en el banquillo de la Audiencia de Lleida junto a otros diez acusados. Seis agentes de los Mossos d’Esquadra han custodiado al rapero para el que la Fiscalía solicita cinco años y nueve meses de prisión. La acusación pública pide para el resto de imputados penas que van de los tres a los cinco años. A todos se les acusa de desórdenes públicos, atentado contra los agentes de la autoridad y lesiones provocadas a diversos agentes durante esa jornada de protestas.

Antes de comenzar el juicio, cuatro de los imputados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y han aceptado nueve meses de prisión y el pago de una multa. El resto de acusados, entre ellos el propio Hasél, no se han conformado y el juicio sigue este jueves para ellos. La Fiscalía sostiene que, el 25 de marzo de 2018, el rapero y el resto de acusados acorralaron a los agentes que custodiaban la subdelegación del gobierno de Lleida con patadas y empujones. “Sustrajeron” a algunos mossos las emisoras de radio, lanzaron objetos y realizaron pintadas en el edificio. Por estos hechos, el ministerio público imputa a Hasél un delito de desórdenes públicos, un delito de atentado, un delito de lesiones y un delito de daños, y se enfrenta ahora a una condena de hasta cinco años y nueve meses de prisión.

Las declaraciones de los acusados, entre ellos el propio Hasél, no se realizarán hasta este jueves. En la primera jornada del juicio los Mossos que custodiaban la subdelegación han manifestado ante el tribunal que aquel día percibieron un “peligro real” por su integridad.

En diciembre de 2021 el Tribunal Supremo confirmó una sentencia que condena al cantante a dos años y seis meses de cárcel por obstrucción a la justicia y amenazas. Hasél difundió en redes sociales la imagen de un testigo que, supuestamente, había declarado en un juicio en contra de un amigo del rapero. El amigo de Hasél acusaba a un policía local de haberle agredido, pero la declaración del testigo no le benefició. El cantante, según la sentencia, se encontró en Lleida al testigo y le amenazó por declarar en contra de su amigo. Por este hecho le condenaron a dos años y seis meses. En 2014, la Audiencia Nacional condenó a Hasél a dos años de prisión por subir a Youtube canciones que enaltecían a ETA, Grapo, Terra Lliure, Al Qaeda… Tras varios recursos la condena fue firme, pero quedó en suspenso tres años en los que Hasél no debía delinquir. El cantante no dejó pasar el tiempo acordado y publicó tuits enalteciendo el terrorismo y la canción contra Juan Carlos I por lo que le condenaron a nueve meses por los que acabó ingresando en Ponent.

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El 16 de febrero de 2021, los Mossos protagonizaron uno de los arrestos más mediáticos: el de Hasél. Decenas de agentes se personaron en el rectorado de la Universidad de Lleida donde se había encerrado con varios de sus afines. Los agentes lo detuvieron y lo trasladaron a la prisión de Ponent para cumplir una condena de nueve meses por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Disturbios

La detención del cantante provocó días de disturbios en Cataluña y varias peticiones de indulto. La Academia Catalana de la Música solicitó para Hasél el indulto pero todos los informes tanto de la Fiscalía como los informes de los técnicos de Ponent resultaron desfavorables. También pidió el indulto Unidas Podemos, que presentó la solicitud a un gobierno del que también forma parte. El diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, fue el encargado de reclamar en febrero de 2021 “por la vía de urgencia” el indulto de Hasél. Cuando falta poco para que se cumplan dos años de la petición, esta no ha llegado al Consejo de Ministros. Según fuentes de En Comú Podem, la petición se encuentra todavía en el Ministerio de Justicia, que sigue recopilando los informes antes de presentar la solicitud.

Desde que ingresó en prisión, Rivadulla se ha negado a someterse a cualquier programa de rehabilitación y, por tanto, no se le han otorgado beneficios penitenciarios: permanece clasificado en segundo grado y sin permisos.

Además, de los nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, Hasél tenía que abonar una multa de 40.000 euros. No la ha pagado y el impago fue sustituido por una pena de prisión superior a la del delito cometido, de modo que los nueve meses de prisión se transformaron en dos años y un mes. Hasél acabará de cumplir esta pena en marzo de 2023, pero tiene más condenas. Hasél fue condenado a seis meses de cárcel por agredir a un periodista de TV3 que estaba cubriendo el encierro de unos estudiantes precisamente en el rectorado de la UdL: el último lugar donde el rapero estuvo en libertad.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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