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El Gobierno admite su “preocupación” por las rebajas de penas por delitos sexuales pero pide tiempo

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El Gobierno mantiene que hay esperar a que a jueces y fiscales sienten jurisprudencia y unifiquen la doctrina para extraer conclusiones sobre el vacío legal que denuncian numerosos juristas en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual o ley del solo sí es sí, en vigor desde el pasado 7 de octubre, que ha permitido en la última semana la rebaja de condenas a agresores sexuales de menores. “Se han producido esos casos, y, por tanto, se comprende la preocupación ciudadana y del Gobierno, pero permítanme un llamamiento a la prudencia para estudiar las sentencias, desde el rigor, y confiar en la acción de la justicia y de la fiscalía a la hora de unificar la doctrina”, ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, este jueves en un desayuno informativo. PP y Vox han llevado la presión política por esta polémica al Congreso con proposiciones sobre el cese y la reprobación de la ministra Irene Montero y reforma urgente de la ley. El PNV también se abre a esa opción, como otros partidos.

El aluvión de críticas no ha cambiado, al menos por el momento, el paso del Ejecutivo, que ha recordado que la ley se aprobó en las Cortes. “¿Alguien puede dudar de cuál era la voluntad del Gobierno y del Parlamento? No hay otra inspiración y voluntad en esta ley que la protección de las mujeres ante los abusos y agresiones sexuales y condenar a los agresores”, ha observado la ministra. Dentro de la estrategia de La Moncloa de ganar tiempo, a la espera de que Pedro Sánchez finalice su gira por Asia, la portavoz ha resaltado que no hay que olvidar que España es una democracia que se rige por “la separación de poderes” y que los jueces “son siempre los que interpretan la ley”.

El presidente ya le pasó la pelota a los tribunales y a la fiscalía el miércoles en Bali (Indonesia) al término de la cumbre del G-20, donde se mostró confiado en que la jurisprudencia marque la interpretación correcta de la ley. Como hizo Sánchez entonces, la portavoz del Gobierno y miembro de la dirección del PSOE ha evitado la menor crítica, directa o indirecta, implícita o explícita, a una de las normas estrella de Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición.

Mientras, los partidarios de revisar la ley para atajar la situación ganan adeptos. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que habría que “retocar” la norma si se detecta que no se ha hecho “adecuadamente” y para que no haya margen a que la judicatura rebaje penas. El Gobierno, dos ministerios, el Congreso, el Senado, el CGPJ, y el Consejo Fiscal no se dieron cuenta de la falta de una disposición transitoria para combatir efectos indeseados en la revisión de condenas. Hasta el diputado de EH Bildu, Óskar Matute, ha comentado que podrían apoyar que la norma “se mejore” si al final de este debate se constata por juristas prestigiosos que esos cambios podrían ser beneficiosos para las mujeres y sus derechos, al margen del ruido generado desde ámbitos de la derecha política y mediática.

PP, Vox y Ciudadanos lo tienen mucho más claro. Quieren responsabilidades políticas ya y al máximo nivel. La estrategia de la derecha parlamentaria consiste en aprovechar esta situación y trasladarla al Congreso, para intentar acorralar al propio presidente, Pedro Sánchez, por no cesar de inmediato a la ministra Irene Montero. La portavoz popular en la Cámara, Cuca Gamarra, compareció este jueves para apuntar directamente contra el jefe del Ejecutivo “por pactar con el populismo, algo que no sale gratis”. El PP, además de exigir la cabeza política de Montero, registró ya una proposición no de ley para recuperar en el caso de las penas previstas en la ley del sí es sí para los abusos y agresiones sexuales con castigos más bajos las condenas previstas antes de la reforma impulsada ahora por el equipo del Ministerio de Igualdad.

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Vox, por su parte, también registró otra PNL para demandar la reprobación de la titular de ese departamento. El portavoz de la formación ultra en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, anunció además el recurso de inconstitucionalidad de esa ley y denunció: “Pederastas, violadores, secuestradoras, terroristas, sediciosos, corruptos, sindicalistas subvencionados y multimillonarios extranjeros globalistas… esos son los grandes beneficiados de los cuatro años de Gobierno de Pedro Sánchez. Y los perjudicados los españoles honrados y decentes”.

“Correspondería retocar la ley a través de una unificación de criterio por parte del Tribunal Supremo, pero ¿esto cuándo se va a dar? ¿Hasta que empiecen a llegar bastantes casos? Creo que sí hay que reconocer que ha habido una equivocación por parte del Parlamento al no haber previsto una disposición transitoria que no dejara margen de interpretación a los jueces”, ha afirmado Esteban en RNE. “Veíamos que había una necesidad social; pensábamos que el Gobierno lo había ajustado mejor, pero faltaba esa disposición transitoria. Por tanto, creo que merece la pena una reflexión entre todos y corregirlo si no se ha hecho adecuadamente”, ha abundado el portavoz del PNV sobre el apoyo de su partido a la ley: el Congreso la aprobó el pasado mayo por 201 votos a favor, 140 en contra (PP y Vox) y tres abstenciones (la CUP y el Partido Regionalista de Cantabria). Una fórmula de modificación exprés podría ser presentar una proposición de ley con las debidas enmiendas, por vía urgente y con lectura única, según fuentes parlamentarias.

Esteban ha reprobado las acusaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha acusado a los jueces que están rebajando las penas de actuar con “machismo” y de “incumplir” una ley que a su juicio está “bien redactada”. Esteban le ha recomendado “moderarse en sus declaraciones y no convertir todo en una especie de batalla ideológica”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hablan este jueves en el Senado en Madrid.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hablan este jueves en el Senado en Madrid. FERNANDO VILLAR (EFE)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha exigido a la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos que “rectifique” sus acusaciones y le ha pedido “un poquito de humildad”. “Lo que ha hecho es muy grave; yo intentaría exigir una rectificación, sobre todo de lo que es la acusación a todo un cuerpo del Estado”, ha señalado en la COPE. La Junta de Castilla-La Mancha presentó alegaciones en julio de 2020 al entonces anteproyecto de ley. “Se nos generan dudas derivadas de la disminución de las penas máximas impuestas por la comisión de una agresión sexual”, recogía en una de sus alegaciones. Otro presidente autonómico socialista, el valenciano Ximo Puig, también es favorable a “corregir” la ley: “Si ha tenido consecuencias que no son las deseadas, habrá que actuar en consecuencia”. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sugerido esta mañana a la Fiscalía General del Estado que dé “alguna instrucción” para unificar criterio en la aplicación de la nueva ley, al tiempo que ha mostrado su “sorpresa” y “preocupación” por las excarcelaciones. Zapatero ha dicho que es consciente de que la aplicación de esta ley está provocando “algún problema” y ha defendido que hay que “afinar bien” lo que representa el periodo transitorio “desde el punto de vista del principio de retroactividad”.

El Partido Popular, por su lado, está centrando sus ataques en Irene Montero, cuya dimisión han solicitado todos los miembros del partido que han hablado hoy. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido el cese o la dimisión de Montero durante una entrevista con Telemadrid, en la que ha exigido “responsabilidades políticas” por las rebajas de penas. “Cuando pedimos la dimisión y el cese de Montero, lo podemos hacer desde la autoridad de haber advertido a la propia ministra y a las fuerzas políticas”, ha subrayado la número dos de Alberto Núñez Feijóo, que exige además revisar la ley y cambiar “la tipificación de los delitos para que nadie se pueda beneficiar de una pena más baja”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha pedido la dimisión de Montero por acatar a los jueces, a quienes, ha dicho, acusa “de sacar a los violadores cuando ella es la responsable”. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha tachado de “chapuza” la ley y ha sostenido que es “una vergüenza” que Pedro Sánchez no actúe.

Vox ha anunciado este jueves una iniciativa para solicitar al Congreso la reprobación de Montero. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al Ministerio de Igualdad de poner “alfombra roja a los violadores” y dejar “más desprotegidas” a las mujeres. “Están empeñados en márketing y la propaganda, pero mañana quien pagará las consecuencias serán las mujeres de verdad, las españolas de carne y hueso”, ha alertado exigiendo a Montero que rectifique, pida perdón y dimita. Espinosa de los Monteros ha rechazado además las críticas de la ministra a los jueces, coincidido una serie de comentarios publicados por el líder de Vox, Santiago Abascal, en Twitter. “Van a por los jueces porque son un freno a su totalitarismo. Mañana irán a por la oposición”, ha avisado Abascal.

Sin aclarar el delito de malversación

El Gobierno, por otro lado, sigue sin aclarar cuáles serían los límites de una posible reforma del delito de malversación, posibilidad que Sánchez dejó abierta el domingo en una entrevista en La Vanguardia y que podría beneficiar a dirigentes independentistas condenados por el procés y a los que están pendientes de juicio. La incomodidad en el PSOE es creciente. Varios dirigentes consultados reconocen la dificultad de explicar a la opinión pública esa reforma destinada, en principio, a rebajar las penas a condenados por corrupción que no se hayan enriquecido personalmente pero que sí hayan malversado dinero público. “Una de las principales banderas de este Gobierno es la lucha contra la corrupción, la ejemplaridad y la transparencia”, ha afirmado Isabel Rodríguez sin entrar en más detalles.

La portavoz ha defendido que desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se ha reconducido el conflicto territorial en Cataluña, que alcanzó su apogeo en octubre de 2017 con el referéndum ilegal. ”Aquí hay dos opciones: hacer política o no hacer nada. ¿Qué conseguimos con no hacer nada desde la política? Referendos ilegales, una declaración unilateral de independencia y que Cataluña fuera el segundo problema para los españoles en el CIS de octubre de 2017. El 40% de las familias catalanas dejaron de hablarse entre ellos por esta cuestión. Hemos conseguido que ya no sea un problema para los españoles [ocupa el puesto 41º en el último barómetro del CIS], que se haya rebajado el independentismo, que los catalanes vivan en cordialidad y que quienes se saltaron las normas se ajusten a ellas y, por tanto, a la Constitución. Hoy estamos infinitamente mejor que entonces”, ha defendido Rodríguez.

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Robles revela en Odesa la mayor entrega de ayuda militar española para Ucrania

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, con su homólogo ucranio, Oleksii Réznikov, con gafas, durante la ofrenda floral ante el monumento a los caídos en Odesa.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, con su homólogo ucranio, Oleksii Réznikov, con gafas, durante la ofrenda floral ante el monumento a los caídos en Odesa.OLEKSII PERK (EFE)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves por sorpresa el puerto de Odesa (Ucrania), donde se ha reunido con su homólogo ucranio, Oleksii Réznikov. Robles ha viajado por carretera desde Chisinau (Moldavia), a donde llegó el miércoles en viaje oficial, acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, y el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez.

En una comparecencia retransmitida por internet desde el Ukraine Media Center, Robles ha asegurado que el objetivo de su visita era expresar “el compromiso de España, que es el de [toda] la UE y la OTAN, con Ucrania, que no solo lucha por su soberanía y su integridad territorial, sino [que] defiende la paz en el mundo y la comunidad de valores democráticos”. “Vamos a seguir apoyando porque creemos que la causa de Ucrania es la causa justa”, ha enfatizado, acompañada por Réznikov.

El ministro de Defensa ucranio ha agradecido el apoyo prestado por España durante los más de nueve meses que dura ya la guerra, tanto en ayuda militar como humanitaria, atendiendo las demandas de las autoridades de Kiev. “Me gustaría destacar que el apoyo del pueblo español y del Gobierno de España es muy importante para nosotros porque entienden claramente la seriedad de la lucha de Ucrania por los valores de la democracia y del mundo civilizado”, ha subrayado.

Tras un primer momento en que el Gobierno español se resistió a entregar armamento a Kiev y solo empezó a hacerlo con cuentagotas, ya se ha suministrado ayuda militar por valor de casi 300 millones de euros, de manera directa o a través del fondo de financiación de la UE. Robles ha asegurado que España ha intensificado su apoyo a Ucrania mediante la donación del mayor paquete de material de Defensa proporcionado hasta la fecha. En la última semana, ha revelado, el Ministerio de Defensa ha hecho entrega en la base de Rzeszów (Polonia), a 80 kilómetros de la frontera ucrania, donde se ubica el hub logístico de la OTAN, “de distinto armamento pesado, munición de largo alcance y antitanque”, además de tres generadores eléctricos, 30 palets y siete contenedores con material médico urgente, uniformes y equipamiento contra el frío.

Robles ha anunciado también el próximo envío de equipos para mejorar las capacidades ya entregadas y el suministro de nuevos equipos para reforzar la defensa frente a los ataques rusos con misiles y drones. “En las reuniones del Grupo de Contacto [de apoyo a Kiev, liderado por Estados Unidos] y a nivel OTAN sabemos que los sistemas antiaéreos son una prioridad máxima para Ucrania, pero deben entender que los envíos que se hagan deben ser siempre con mucha discreción y prudencia”, ha señalado Robles aludiendo, entre otras entregas, a la donación de lanzadores de misiles antiaéreos Hawk y Aspide ya realizada por España.

Formación de soldados ucranios en Toledo

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Réznikov ha valorado que España haya ido un paso más allá y se haya implicado en la formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el Toledo Training Command (TTC) se están formando 67 soldados ucranios, que se unen a los cinco que siguen un curso en el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCC) y a los 21 que ya se han instruido en Almería y 19 en Zaragoza. España se ha ofrecido para instruir, en el marco de la misión de asistencia militar de la Unión Europea (EUMAM Ucrania), hasta 400 soldados cada dos meses, 2.400 al año.

Antes de reunirse con su homólogo ucranio, Robles ha visitado el monumento dedicado al español José de Ribas, fundador de la ciudad, así como la base naval de Odesa y el buque escuela de la Armada ucrania Dubna, allí atracado. Odesa es el mayor puerto de Ucrania, principal proveedor del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, cuyos cargamentos sortean el bloqueo ruso gracias a un acuerdo supervisado por Turquía. La ciudad ha sido sometida a intensos bombardeos desde el inicio de la guerra con el objetivo de privar a Kiev de su salida al mar Negro. Robles ha elogiado “el coraje y sacrificio” de la población civil, que está sufriendo ataques indiscriminados y el chantaje de Putin con la destrucción de las infraestructuras eléctricas y energéticas del país en vísperas de la llegada del invierno. “En España, en el otro extremo de Europa, cuentan con un buen amigo y socio, que continuará prestando toda la ayuda y asistencia que sea posible al pueblo ucranio”, ha prometido.

Antes de abandonar Odesa, Robles ha visitado también un hospital militar y una unidad del Ejército ucranio y ha realizado una ofrenda floral ante el monumento a los caídos. La visita ha estado marcada por las noticias sobre el envío de sobres con sustancias pirotécnicas al presidente Pedro Sánchez, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, la base aérea de Torrejón o la sede de la empresa de armamento Instalaza en Zaragoza, así como una carta trampa remitida a la sede de Defensa a nombre de la propia ministra. “Ninguno de estos envíos va a cambiar el compromiso claro y firme de España con los países de OTAN y la UE de apoyar a Ucrania”, ha subrayado.

Robles es la tercera miembro del Gobierno español que visita Ucrania y la primera que lo hace en Odesa. Antes que ella, estuvieron en Kiev el presidente Sánchez, el 21 de abril, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el 2 de noviembre. El pasado martes, este último recibió en Bucarest (Rumania), de manos de su homólogo ucranio, Dymitro Kuleva, la medalla de Yaroslav el Sabio por el apoyo de España a su país.

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La reforma de la sedición: a toda prisa y en horario de mínima audiencia

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La eliminación del delito de sedición y su reemplazo por otro de desórdenes públicos agravados pasó el primer trámite parlamentario la pasada semana en un debate que finalizó pasada la medianoche. El segundo lo superó este jueves —de nuevo con un apoyo muy holgado, 185 diputados— a la hora de comer, con el banco azul vacío y un hemiciclo casi desierto hasta el momento de la votación. La próxima semana se cerrará el plazo de presentación de enmiendas y las previsiones del Gobierno y sus aliados son elaborar el texto a toda prisa para aprobarlo antes de fin de año y enviarlo al Senado.

La propuesta de los dos partidos del Gobierno —que suavizará los procesos judiciales todavía abiertos contra algunos dirigentes independentistas— fue admitida a trámite tras un tenso debate que acabó ya entrada la madrugada del pasado viernes 25. El siguiente paso era debatir las enmiendas a la totalidad, en las que coincidían, por motivos radicalmente opuestos, las derechas en la oposición y el independentismo más irreductible, Junts y la CUP. Las prisas del Ejecutivo llevaron a convocar este jueves un pleno extraordinario tras finalizar el ordinario semanal, que comenzó después de las dos de la tarde.

Las urgencias del Ejecutivo y sus aliados nacionalistas dieron pie a las protestas de la derecha. “Qué molestos les resultan los trámites legislativos, cuánto les incomoda dar cuentas del Código Penal”, criticó el popular Carlos Rojas, quien también censuró la ausencia de miembros del Gobierno “en un debate de tanta trascendencia”. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y el regionalista navarro Sergio Sayas sostuvieron incluso que se había buscado a propósito su coincidencia con el partido del Mundial de fútbol España-Japón, previsto para cinco horas más tarde. Esta última queja dio pie a la diputada de ERC Carolina Telechea para ironizar: “Tienen razón, se han puesto de acuerdo el pleno y el partido para que no se hable del tema ni en España ni en Japón”.

A la hora del debate, la mayoría de los diputados ya se había ido a comer, una vez finalizadas las votaciones del pleno ordinario anterior. Del Gobierno, ni rastro. Algunos grupos rebajaron además el rango de los diputados elegidos para defender sus posiciones, a diferencia del primer debate. En el PP, la portavoz, Cuca Gamarra, cedió el testigo a Rojas, su número dos, y en ERC Gabriel Rufián delegó en Telechea. Solo Ciudadanos puso en liza a su líder, Arrimadas.

Como hace una semana, el PP intentó sin éxito abrir fisuras en las filas socialistas. “Rompan la disciplina de voto por respeto a su país y a sus votantes”, les instó Rojas. En el primer intento los populares habían reclamado el voto por llamamiento, es decir, de viva voz y uno a uno de los diputados. Entonces la respuesta fue que todos los socialistas se levantasen al unísono cuando llamaron a la primera parlamentaria de ese grupo. Esta vez, con la votación electrónica habitual, el cierre de filas se escenificó mediante una ovación del grupo entero puesto en pie —ya habían regresado la mayoría para la votación— cuando finalizó la intervención de su compañero Felipe Sicilia, quien había replicado a los ataques del PP: “Ustedes prefieren la Cataluña de 2017 a la actual, la de la división y el enfrentamiento, porque es así, en la crispación, donde ustedes hacen su papel”.

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El grupo de los contrarios a la reforma no podía ser más heterogéneo y sus razones más opuestas. De un lado, la oposición: el PP y Ciudadanos proponían dejar el delito tal como está, y en el caso de esta última formación se sugería introducir además uno nuevo de “rebelión impropia” cuando medie la “amenaza de violencia”. Vox pretendía agravar las penas previstas e introducir otro delito nuevo, el de traición. Del otro, Junts y la CUP abogaban por eliminarlo por completo y sostenían que la nueva tipificación de desórdenes públicos permitirá continuar lo que ellos califican de “criminalización” del independentismo y la protesta ciudadana. Como todas las enmiendas contenían textos alternativos se votaron por separado. La del PP logró el apoyo de toda la derecha. Los populares se abstuvieron en la de Vox, lo mismo que hizo ERC con las de los otros dos grupos independentistas catalanes.

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El PSOE pide al Senado que investigue a la alcaldesa de Marbella

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La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
  (Foto de ARCHIVO)
08/08/2021
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
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08/08/2021
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (AYUNTAMIENTO DE MARBELLA)

El PSOE ha pedido al Senado que abra un expediente para investigar a la senadora y también alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz (PP), después de que esta actualizase su declaración de bienes ante la Cámara alta. Los socialistas argumentan que la regidora, que se encuentra señalada por la oposición después de que la Audiencia Nacional procesase a su marido e hijastro por una trama de narcotráfico y blanqueo de capitales, ha “ocultado información sumamente relevante” a las Cortes Generales y ha incumplido varios principios de su Código de Conducta. Es más, la acusan de “falsear” datos con el objetivo, “más que probable”, de “encubrir las presuntas actividades delictivas de su entorno más cercano y ocultar el enriquecimiento ilícito fruto de dichas actividades”. La política, que guarda silencio desde hace días, mantiene el apoyo de su formación.

Fuentes del partido conservador admiten la incomodidad que genera este caso en el seno de los populares, pero la fuerza política la ha ratificado como candidata para las próximas elecciones municipales. Muñoz no se encuentra imputada y, según añaden fuentes de la investigación, la Fiscalía Antidroga y el juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, en ningún momento han dirigido las pesquisas contra ella. Actualmente, se están resolviendo los recursos que se presentaron contra el auto de procesamiento y, según explican fuentes del ministerio público, este descarta de momento presentar acusación contra el marido de la regidora, Lars Gunnar Sune Broberg, ya que la causa se encuentra suspendida contra él por su mal estado de salud. La Fiscalía sí prevé presentar acusación contra el hijastro, Joakim Broberg.

“Los vecinos y vecinas de Marbella estarán estupefactos viendo las relaciones de quien les gobierna con una trama internacional que no se dedica a cuestiones sanas”, ha cargado este jueves Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz. Desde que se conociera el procesamiento de los familiares de la alcaldesa, los socialistas han arremetido contra el PP. Un concejal socialista del Ayuntamiento malagueño intentó, incluso, personarse en la causa como acusación popular, pero García-Castellón lo rechazó al no encontrar ningún indicio contra la regidora: “En los hechos, no se menciona a ningún cargo público que por acción u omisión pudiera tener relación con los delitos mencionados, ni se menciona tampoco la existencia de ningún destino irregular de fondos públicos. Tampoco se afirma en dichos hechos que el Ayuntamiento de Marbella haya sido utilizado para la realización de un posible blanqueo de capitales”, expuso el magistrado.

Ahora, el PSOE centra sus esfuerzos en el Senado. Esta es la primera ocasión en la que un grupo de la Cámara alta recurre al Código de Conducta de las Cortes Generales, que se aprobó el 1 de octubre de 2020. Los socialistas lo hacen dos semanas más tarde de que Muñoz actualizase su declaración de bienes. En el documento que la alcaldesa de Marbella presentó el pasado 17 de noviembre, comunicó que se ha hecho con la totalidad de una vivienda en Suecia de la que antes solo poseía la mitad; que ha incrementado su participación hasta el 100% en otros bienes inmuebles; y que ha ampliado su capital “en una sociedad vinculada con el paraíso fiscal de Gibraltar”, según el PSOE.

Los socialistas consideran que “haber ocultado información sumamente relevante en sus declaraciones de bienes y rentas” es un hecho de “extraordinaria gravedad”. También acusan a Muñoz de no declarar ante el Ayuntamiento de Marbella un crédito hipotecario con la entidad Nordea Bank, con sede en Luxemburgo; e insisten en que tampoco informó de que su “mansión” fue valorada en 4,7 millones de euros durante la contratación de un seguro de vida. Durante la rueda de prensa realizada esta mañana por la portavoz del Grupo parlamentario socialista de las Cortes Generales, Eva Granados, esta ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie sobre estas presuntas irregularidades.

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Una “inquietante realidad”

El PSOE subraya que “una visión global” de las finanzas de la regidora desvela que ha acumulado “un patrimonio superior a los 12 millones de euros”. “Se trata de un dato inquietante”, dice el partido de izquierda: “Muñoz lleva dedicada en exclusiva a la política desde hace décadas y ni siquiera cobra un salario en su condición de alcaldesa de Marbella”. Eso sí, el documento no aclara cómo han calculado esos 12 millones de euros, aunque fuentes del partido explican que es “una estimación” basada en las tasaciones del mercado inmobiliario y que el patrimonio “realmente es más de esa cifra”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, explicó hace unos días que desconoce los orígenes del patrimonio de la alcaldesa. “Pero seguro que son lícitos y legales”, subrayó.

La petición al Senado menciona también la investigación de la Audiencia. El PSOE cree que “han aflorado diversos comportamientos en el seno del consistorio marbellí que apuntan a que las organizaciones delictivas estarían muy presentes en el propio Ayuntamiento”. Una tesis que el juez Manuel García-Castellón ha descartado.

“Conductas como las anteriormente descritas tienen un grave impacto en el prestigio e incluso en la legitimidad del Senado para el desempeño de sus funciones constitucionales”, señala el texto del PSOE, que pide que “los órganos parlamentarios actúen con la máxima diligencia para evitar que presuntas actividades de alguno de sus miembros llegasen a afectar al mismo funcionamiento de la Cámara”. El partido afirma que Muñoz ha incumplido los principios de “integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto”, y que ha incurrido en un “quebranto grave” de las obligaciones constitucionales que incumben a todo miembro del Senado”.

Mientras, el PSOE de Marbella ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento “obstaculiza” el acceso a información de las contrataciones municipales con la empresa Codecosol, que aparece en el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional. José Bernal, portavoz del grupo municipal socialista, solicitó las adjudicaciones y contratos sellados con dicha compañía desde 2007. El Consistorio ha contestado que solo están informatizados esos documentos desde 2018 y que los de años anteriores están repartidos por distintos archivos municipales, de ahí que hayan pedido más plazo “para realizar una búsqueda y hallazgo concreto y fidedigno”. “Entendemos que sobre el ayuntamiento ahora mismo hay una nube oscura”, ha subrayado Bernal, que apunta que seguirá empeñado en “que se aclare este asunto”.

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