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Los pescadores amigos de la infancia en Alhucemas que se convirtieron en los amos del hachís en el Estrecho

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La tríada del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar vivió unos años de esplendor en el que los relojes de oro y diamantes que llegaban desde Dubai se lucían con orgullo en cochazos y fiestas para mostrar sin recato el poderío de los señores del hachís. La droga la proveían Fikri Amellah Agharbi y un amigo de la infancia, Adil Abdid, quienes se habían criado desde pequeños en Alhucemas (Marruecos) hasta convertirse “en los mayores suministradores de hachís conocidos”. El pase lo dejaban en manos de Abdellah El Haj Sadek el Membri, más conocido como El Messi del hachís, el jefazo del narco que primero escapó de España aprovechando una prebenda judicial y luego se quitó de la circulación por miedo. El tramo final ya quedaba en manos de los gaditanos hermanos Tejón, Isco y Antonio, más conocidos como Los Castaña y calificados como “los reyes del hachís”, a punto de sentarse en el banquillo en el mayor juicio hasta ahora a una mafia campogibraltareña de la droga. Ahora la Guardia Civil ha cortado el flujo de chocolate que aún controlaba la organización de Fikri Amellah al detener a su amigo de la niñez, con quien solía salir a navegar y pescar. Entre uno y otro se calcula que han colocado en España al menos 117 toneladas de hachís y 3,3 de cocaína.

La Guardia Civil ha detenido a 10 personas durante la segunda fase de la operación MVRAD, en cuya primera parte, desarrollada en diciembre del año pasado, fue detenido Fikri Amellah Agharbi, de 44 años, “uno de los narcotraficantes más buscados del mundo”. Su red, que llevaba funcionando al menos 20 años, era perseguida por Europol, la Gendarmería Francesa, la Policía belga, y hasta la DEA… Ahora el que ha caído es su íntimo amigo de barcos y pesca, identificado como Adil Abdid, que había heredado el negocio. Entre los arrestados se encuentra un abogado afincado en la provincia de Málaga, especializado en casos relacionados con el narcotráfico.

Detención del heredero de la red de Fikri.
Detención del heredero de la red de Fikri.

Los investigadores han efectuado registros en Barcelona, Almería, Ceuta y Málaga (donde fue detenido el heredero) y consideran acreditada la vinculación de los 10 detenidos con “un total de 117.000 kilogramos de hachís y de 3.359 de cocaína”, según una nota difundida esta mañana por la Guardia Civil. “Solo durante los últimos meses del año 2021, se ha constatado como suministraron más de 100 toneladas de hachís a diferentes organizaciones criminales que operaban en España.”, añade el instituto armado. En este periodo, la banda ha recibido numerosos golpes, como los que supusieron la aprehensión de 4.360 kilogramos de hachís en San Pedro de Pinatar (Murcia), otra de 1,35 toneladas de cocaína en Tánger (Marruecos),1.003 kilos de hachís en Francia y otros 15.000 kilogramos de hachís en Huelva, todas ellas entre junio y octubre de 2021.

Antonio Tejón Carrasco, durante su detención en La Línea de la Concepción (Cádiz), en junio de 2018.
Antonio Tejón Carrasco, durante su detención en La Línea de la Concepción (Cádiz), en junio de 2018.Policía Nacional

El sistema de tráfico de esta banda se había convertido en el estándar del trasiego de drogas en el Estrecho: narcolanchas a todo correr entre la costa de Marruecos y la de España, desembarco clandestino, escondite en una guardería, distribución en España y el extranjero y cobro. Las lanchas y los motores con los que compiten en velocidad con Guardia Civil y Vigilancia Aduanera las importaban desde Países Bajos hasta Portugal, donde eran puestas a puntos y enviadas a trabajar “en las diferentes rutas de entrada de sustancia estupefaciente”. Hasta que caían o se estropeaban.

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Guardias civiles, tras incautar uno de los alijos de la red de Fikri.
Guardias civiles, tras incautar uno de los alijos de la red de Fikri.

El dinero era gestionado por la red mediante una estructura radicada en Dubái, desde donde tenía varios sistemas para retornar el dinero de la droga, ya lavado. “A modo de ejemplo, ha quedado corroborado cómo enviaban “mulas” desde ese Emirato trasladando relojes de gran valor económico a España, habiéndose intervenido por los investigadores varias de estas piezas, algunas de ellas de coleccionista y cuyo valor en el mercado alcanzaría precios superiores a los 800.000 euros”, escribe literalmente la Guardia Civil. Y también habían adquirido yates de lujo y habían utilizado sociedades en Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Irlanda o Turquía.

Eran los tiempos de esplendor de esta red, de este triángulo del hachís, que ahora está contra la pared. Fikri y su amigo Adil Abdid están presos. Su organización ha perdido a 27 soldados, les han sido bloqueadas 58 cuentas corrientes y se les han incautado 10 inmuebles y 36 coches de alta gama. El Messi del hachís se ha retirado (aparentemente) por miedo y depresión, tal y como él mismo contó en marzo de 2019, aunque debería estar en la cárcel: se fugó después de haber protagonizado una primera huida de película y de alcanzar, en noviembre de 2017, un polémico acuerdo con el fiscal jefe de Algeciras para entregarse a cambio de quedar en libertad bajo fianza si colaboraba en una investigación antiterrorista. La tercera pata de la tríada, la formada por los hermanos Castaña, está ahora mismo a punto de volver a sentarse en el banquillo en un macrojuicio con 157 investigados, que se enfrentan a 2.000 años de cárcel y 16.000 millones de euros en multas, por delitos como el tráfico de drogas, organización criminal o contrabando. El negocio.

Ficha del llamado Messi del hachís, en Europol.
Ficha del llamado Messi del hachís, en Europol.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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