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Sánchez abre la puerta a reformar también el delito de malversación

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Tras el pacto para eliminar el delito de sedición y sustituirlo por un delito agravado de desórdenes públicos, el presidente Pedro Sánchez no cierra la puerta a modificar el delito de malversación, por el que también han sido condenados o acusados algunos líderes del procés.”La propuesta de los dos grupos que sustentan al Gobierno [PSOE y Unidas Podemos] es cambiar el delito de sedición y homologarlo a Europa. Ahora viene la tramitación parlamentaria. Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación”, respondía ayer Sánchez en una entrevista en La Vanguardia.

En el Gobierno no quieren ser muy explícitos con este asunto, especialmente delicado, ya que afecta directamente a algunos de los principales casos de corrupción, pero el mensaje que se traslada es que no hay que descartar un cambio en la regulación de la malversación. “Habrá que ver qué sucede en la tramitación parlamentaria”, señalan desde el Ejecutivo.

PSOE y Unidas Podemos no tocaron el artículo del Código Penal que regula la malversación en la proposición de ley que presentaron el viernes en el registro del Congreso, una forma de dejar claro que si ese cambio se produce no será a iniciativa de los grupos que forman el Gobierno de coalición, pero nada impide que se pueda negociar una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o de otro grupo.

Tras conseguir la derogación del delito de sedición, ERC aspira a modificar el de malversación durante la tramitación parlamentaria de la reforma, según fuentes de dicho partido. Su objetivo es reducir las condenas o las peticiones fiscales contra otros políticos independentistas encausados con el argumento de que no se lucraron personalmente con los fondos públicos que supuestamente habrían desviado para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. ERC hace bandera de no haber tenido casos de corrupción en sus 80 años de historia, por lo que tiene especial cuidado en no salirse de ese marco.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsejeros republicanos Raül Romeva y Dolors Bassa fueron condenados por sedición y malversación, pero posteriormente resultaron indultados de las penas de cárcel pendientes. El partido tiene, no obstante, a otros miembros de su dirección a la espera de juicio. Josep María Jove, jefe del grupo parlamentario de ERC, o el diputado Lluís Salvadó serán juzgados junto a casi una treintena de exaltos cargos, muchos de ellos acusados de malversación. Este caso, que afecta a los segundos escalones de la Generalitat, fue instruido por el Juzgado número 13 de Barcelona.

Además, ERC tiene el objetivo de aclarar a qué delitos corresponden las penas de la inhabilitación impuestas a varios de sus dirigentes. El caso de Junqueras es paradigmático: fue condenado a 13 años de prisión por un delito de sedición en concurso medial con el de malversación y a 13 de inhabilitación. La pena de cárcel fue indultada, pero la de inhabilitación, que sigue vigente. La sentencia del Tribunal Supremo no aclaraba a cuál de los dos delitos (sedición o malversación) correspondía la segunda.

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Esquerra teme que, al desaparecer el primer delito, la inhabilitación se asocie a la malversación. La cuestión es clave pues, con la pena actual, Junqueras está inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2031. En cambio, si se acortara la inhabilitación, podría incluso concurrir a las próximas elecciones autonómicas, en 2025. ERC exige esas certezas en el Código Penal para poder despejar el horizonte de algunos de sus dirigentes.

Raül Romeva y Dolors Bassa están en la misma situación que Junqueras, pero Esquerra no es el único partido afectado. Jordi Turull, secretario general de Junts (12 años de pena de cárcel ya indultados y 12 de inhabilitación) podría ser uno de los beneficiados por la reforma, pero ayer arremetió contra la misma. Con la etiqueta DiguemNo (Digamos no), el número dos del partido de Puigdemont escribió en las redes sociales: “El a por ellos [en alusión al lema con el que se despedía en algunas localidades a los guardias civiles que iban a Cataluña en 2017] está a punto de entrar oficialmente en el Código Penal”. El viernes ya dijo que la reforma era un “traje a medida” para que lo sucedido el 1-O siga siendo delito rebajando la gravedad de la pena pero no despenalizándolo.

La reforma del Código Penal afecta además a los políticos independentistas fugados. El expresident Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí están acusados de sedición y malversación; mientras que el exconsejero Lluís Puig está solo de malversación y la republicana Marta Rovira de sedición.

El caso de Griñán

La sustitución del delito de sedición por el agravado de desórdenes públicos supondrá pasar de un máximo de 15 años de cárcel a solo cinco. En el caso de la malversación, no se sabe cómo podría quedar, pero en su actual redacción contempla penas de dos a seis años de prisión y de seis a 10 de inhabilitación.

Los efectos de una reforma de este artículo no se limitarían obviamente a Cataluña. Si se rebajase el castigo para quienes no se han lucrado personalmente de la desviación de fondos públicos uno de los beneficiados podría ser el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación en el fraude de los ERE, pendiente de su ingreso en prisión.

En una entrevista publicada ayer en El Periódico, Junqueras aseguró que el delito de malversación castiga “la malversación por pensamiento, solo pensada”. “Lo que se nos imputa [la sentencia de Supremo] no es una malversación, sino el haber pensado en una posible destinación de fondos públicos para organizar un referéndum”, asegura. “Lo que se debe evitar es que alguien sea condenado por pensar en una malversación”, agrega. Junqueras inicia hoy un viaje de nueve días a Colombia, Chile y Argentina para explicar el procés y la “represión del Estado”, según informó ERC. Junqueras afirmó en la citada entrevista que para pactar en Cataluña los presupuestos con el PSC “falta ver su compromiso” con la reforma del delito de malversación.

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España

El Congreso y las palabras de destrucción masiva

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En ese peculiar lenguaje jurídico, el artículo 120.1 del Reglamento del Congreso establece: “Los oradores serán llamados a la cuestión siempre que estuvieren fuera de ella, ya por digresiones extrañas al punto que se trata, ya por volver sobre lo que estuviere discutido o votado”. Hace tiempo que esa disposición se ha vuelto papel mojado y cada uno aprovecha el menor pretexto para introducir lo que le viene en gana. Lo ilustró de nuevo el reciente debate presupuestario. Ante las cuentas de cualquier departamento, se prodigaban las mayores “digresiones extrañas al punto”: la ley del solo sí es sí, los pactos del Gobierno con los independentistas, el sello conmemorativo del centenario del PCE… Ahora la presidencia pretende recuperar esa prerrogativa de “llamar a la cuestión” en un intento de frenar el envilecido clima en el hemiciclo. La respuesta de varios grupos evidencia que no se lo van a poner fácil.

Nadie podría imaginar que el debate, el martes pasado, sobre una propuesta para apoyar la candidatura de Málaga a la Exposición Universal de 2027 encendería la mecha de una nueva bronca parlamentaria. Y, sin embargo, lo hizo. La iniciativa socialista salió adelante sin ningún voto en contra. Vox también la apoyó, pero su diputada Patricia Rueda no dejó pasar la ocasión de arrojar sobre el hemiciclo la cantinela habitual: “Este Gobierno ningunea a Málaga y a las regiones que son leales a España para premiar a filoetarras, nacionalistas y golpistas”. Se armó la marimorena.

Unos minutos antes, durante un debate sobre la ocupación de inmuebles, Pilar Garrido, de Unidas Podemos, se había dirigido al PSOE para emplazarlo a desbloquear la ley de vivienda: “Es urgente desmarcarse claramente de la agenda de la ultraderecha”. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, pidió entonces la palabra para preguntar a la presidencia si va a seguir autorizando el uso de palabras que considera “tremendamente ofensivas” para su grupo como “extrema derecha, ultraderecha o fascista”. La presidenta, Meritxell Batet, obvió este último término —que no había sido pronunciado por Garrido— y le replicó que los otros dos son “calificativos ideológicos” como “izquierda o ultraizquierda”. Se ahorró agregar lo obvio: que así le llama a menudo Vox al Gobierno y sus aliados.

Espinosa había asistido por la mañana a la reunión de la Junta de Portavoces, donde varios de los aliados del Ejecutivo reclamaron más contundencia contra los exabruptos de Vox. La presidencia había mostrado su disposición a aplicar el reglamento en sentido más estricto, ese artículo 120 y el siguiente, que estipula una llamada al orden cuando se viertan “conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad”. La semana anterior ya se le había aplicado a Néstor Rego, parlamentario del BNG, por sus ataques a la “Monarquía corrupta”.

Así que Vox se dispuso a probar hasta dónde alcanzaría la severidad de la presidencia. Llegó el debate de la candidatura de Málaga a la Expo, y Patricia Rueda se descolgó con esos calificativos que no se sabe si a su jefe Espinosa de los Monteros le resultarían “tremendamente ofensivos”. Al vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, sí se lo parecieron. El azar ha situado a Gómez de Celis al mando provisional de la Mesa en algunos de los peores altercados de la legislatura. Esta vez exigió a Rueda que retirara “filoetarras”. A la tercera negativa de esta le quitó la palabra y todo el grupo de Vox abandonó airado el pleno. Así comenzó la que probablemente ha sido la semana más accidentada de una legislatura extraordinariamente accidentada.

Batet se ha pasado un día tras otro reconviniendo a los grupos. “Debemos contribuir a la convivencia en esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara”, los arengó el miércoles, después de que prendiese otro fuego: la ministra de Igualdad, Irene Montero, provocó la indignación de los populares al acusarlos de “fomentar la cultura de la violación”.

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Al día siguiente, el clima no estaba caldeado únicamente en el hemiciclo. En los pasillos, Luis Gestoso, exmiembro el PP ahora alistado en las filas de Vox y oficial de la Armada en la reserva, masculló al pasar junto a la periodista de La Sexta María Llapart, que entrevistaba al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu: “Blanqueadores de terroristas”. Dentro, Vox ponía al límite la paciencia de la Mesa. Durante el debate sobre la ley del sector ferroviario, la digresión de la diputada Patricia de las Heras no pudo resultar más extraña al caso. Se dedicó a hablar de un Gobierno que, entre otras fechorías, “intercambia presos por presupuestos” y lo remató con una ristra: “Comunistas, separatistas, golpistas, malversadores, pederastas, violadores y aquellos que defienden a los condenados por terrorismo, es decir, filoetarras”. Santiago Abascal le dio una palmadita de felicitación, y Batet estalló con un llamamiento entre enérgico y apesadumbrado: “No suban a esta tribuna a herir y a ofender”. Espinosa protestó muy enojado desde su escaño.

Otros diputados de Vox prolongaron el forcejo. Y no solo ellos. Pedro Antonio Honrubia, de UP, fue llamado al orden porque en el debate sobre la ley de evaluación de políticas públicas intentó reabrir el rifirrafe de Montero con el PP en la víspera. Llegó luego la popular Llanos de Luna y se dedicó también a hablar de la ley del solo sí es sí. Nueva llamada al orden, entre grandes protestas de la diputada, y anuncio de Gómez de Celis: no se tolerarán ciertas palabras, entre ellas “fascista”. UP no tardó de expresar su indignación en Twitter, con el portavoz del grupo, Pablo Echenique, y el mismo Pablo Iglesias al frente. No es que se haya confeccionado una especie de lista de palabras prohibidas, especificaron luego fuentes de la presidencia. Se actuará según el contexto y el momento. Nada apunta a que una parte de la Cámara vaya a colaborar.

El diputado del PP Adolfo Suárez Illana abrazándose a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el pasado jueves.
El diputado del PP Adolfo Suárez Illana abrazándose a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el pasado jueves.FERNANDO ALVARADO (EFE)

En medio de tantos días de furia, el Congreso encontró el jueves un pequeño remanso de concordia. Primero fue Txema Guijarro, uno de los bastiones de UP, con un acreditado currículo izquierdista, incluidos varios años en el Gobierno del ecuatoriano Rafael Correa. Guijarro acabó su intervención con unas cariñosas palabras de despedida para un miembro del PP, el hasta ahora secretario cuarto, Adolfo Suárez Illana, que deja su escaño, y todo su grupo lo acompañó con un aplauso. Al final del pleno, Batet dedicó un gran elogio al hijo del expresidente del Gobierno, ambos se abrazaron con mucho afecto, el hemiciclo se puso en pie y a Suárez Illana se le saltaron las lágrimas. La presidenta encomió el “estilo Suárez”. Sonó como si también estuviese pensando en otro Suárez y en otra época.

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España

El Poder Judicial vegeta tras cuatro años de bloqueo

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendría que estar enfilando el último año de un mandato de cinco. Según el primer acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP en noviembre de 2018, el presidente sería el magistrado Manuel Marchena y habría 11 vocales progresistas y 9 conservadores. En la carrera judicial se estaría ya hablando de quiénes se postulan para ser vocales del próximo Consejo y los aspirantes estarían empezando a recabar apoyos entre sus compañeros para tenerlos listos a la vuelta del verano, cuando el Consejo tendría que enviar la lista de candidatos al Congreso y el Senado. Pero la realidad del órgano de gobierno de los jueces en España es muy distinta a la que ordena la Constitución y ese Consejo que ahora tendría que estar apurando su mandato nunca existió. En su lugar, los vocales elegidos en 2013 cumplen este domingo nueve años en el cargo, cuatro más de los que marca la ley.

Tras el último portazo del PP al pacto para renovar el CGPJ, cuando socialistas y populares lo daban ya por cerrado, el acuerdo entre los partidos se ve más lejano que nunca a las puertas de un año con elecciones municipales, autonómicas y generales. Los consejeros, que llevan cuatro años con los despachos a medio recoger, asumen como muy probable que van a permanecer en el puesto hasta 2024, cuando hayan pasado los comicios generales.

“Hemos perdido toda esperanza. La sensación es de decepción y frustración”, afirma un vocal progresista, para quien el responsable único es el Partido Popular. “Nunca pensé que un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno tenga esa ligereza a la hora de no renovar un órgano constitucional. El mayor desprestigio para España no es ni el modelo de consejo ni el de elección, sino la no renovación en sí misma”, advierte en referencia a la exigencia de los populares de cambiar el modo de designación de los miembros del CGPJ, la razón más recurrente que han alegado los populares en estos cuatro años para negarse a renovar el órgano.

Los conservadores insisten en repartir culpas entre el PP y el Gobierno, al que acusan de “boicotear” el pacto anunciando la reforma de la sedición. “La situación es vergonzosa, pero nuestra obligación es seguir”, afirma un vocal de este sector que, como la mayoría de miembros del órgano, no se plantea dimitir. Todos defienden su gestión en el día a día del órgano de gobierno que, aseguran, permite que la justicia siga funcionando con cierta normalidad pese a lo excepcional de la situación.

Pero, aunque los vocales sigan al frente, la prórroga del mandato está afectando de manera muy directa al Poder Judicial. La consecuencia más visible y que más preocupa dentro y fuera del Consejo son las 69 vacantes que se acumulan ya en la cúpula de los principales órganos, empezando por el Tribunal Supremo, por el veto legal a que el CGPJ apruebe nombramientos discrecionales mientras esté en funciones. Al margen de las plazas sin cubrir, la situación perjudica a la carrera de forma generalizada, asegura desde las asociaciones judiciales. “Estar caducado hace cuatro años hace que pierdas fuerza respecto al resto de instituciones a las que tienes que estar reivindicando medios”, lamenta María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y la mayoritaria de la carrera. De Barco pone un ejemplo reciente: en la última revisión de medidas de refuerzo para juzgados saturados o con necesidades especiales realizada por el Ministerio de Justicia, en septiembre pasado, cayeron muchas de las que estaban presupuestadas. “El Consejo ha perdido autoridad moral y así es muy difícil negociar nada”, se queja la presidenta de la APM.

Desde el lado progresista de la carrera las cosas no se ven mejor. “Casi todo funciona, pero mal”, asegura Edmundo Rodrígue, miembro del escretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD). “Como no hay impulso, no hay nuevas iniciativas, no hay un objetivo que perseguir, es un órgano que vegeta”, añade Rodríguez, que incide en la falta de respuesta del órgano a los problemas de saturación de muchos juzgados o la desidia en poner en marcha programas presenciales de formación.

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Los aniversarios de mandato prorrogado del CGPJ empiezan a ser ya una (mala) costumbre, pero los vocales admiten que del anterior a este han pasado muchas cosas que han agravado la situación. La primera, la dimisión en octubre pasado del presidente, Carlos Lesmes, que ha dejado un órgano descabezado en el que la interinidad es visible hasta en las convocatorias públicas, donde junto al nombre del sustituto de Lesmes, el vocal Rafael Mozo, figuran siempre las siglas “p. s.” (presidente suplente) y que en los actos organizados en el Supremo ha dado lugar a escenas llamativas al no tener sitio reservado en la presidencia (al frente de la cual se ha situado el jefe de la Sala Primera del tribunal, Francisco Marín Castán).

La elección de Mozo, acordada por 16 de los 18 miembros del pleno y que está recurrida ante el CGPJ, fue pactada como una decisión a corto plazo dando por hecho que las conversaciones que iniciaron el PSOE y el PP el día de la dimisión de Lesmes darían sus frutos. Pero ahora la mayoría de los vocales prevén que Mozo se jubilará en el cargo el próximo mes de julio, cuando cumple 72 años, y habrá que elegir a un nuevo sustituto del sustituto. Manteniendo la tesis de nombrar al vocal de mayor edad que guió la designación de Mozo, el encargo recaería sobre Vicente Guilarte, del sector conservador.

Lesmes se fue sin cumplir su último compromiso: dejar nombrados a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde elegir al Gobierno. Dos meses después, el sector progresista y el conservador siguen sin ponerse de acuerdo y la negociación se ha convertido, en palabras de un consejero progresista, en un “vodevil” que ahonda en la maltrecha imagen del órgano. “Hasta ahora, el desprestigio no era culpa nuestra. Nosotros estábamos cumpliendo nuestro trabajo, eran los partidos los que hacían el daño no renovando el Consejo. Pero el espectáculo de no nombrar a los magistrados del Constitucional es nuestra responsabilidad, no nos lo podemos permitir”, admite este vocal, que responsabiliza a los conservadores de ir solapando excusas desde el inicio de la negociación.

Hasta ahora, pese a sus diferencias ideológicas, el órgano se ha mantenido relativamente unido frente a las críticas y las dudas sobre su interinidad, y ha cerrado filas en las situaciones más delicadas, como tras la dimisión de Lesmes, cuando las discrepancias iniciales sobre su sucesión se zanjaron con un acuerdo amplio entre los dos grupos. Pero la posibilidad de que el CGPJ deje los nombramientos sin hacer por falta de acuerdo abriría una brecha entre los dos bloques que, admiten los vocales, puede tener consecuencias imprevisibles.

69 plazas sin cubrir en la cúpula judicial

El retraso de cuatro años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dejado ya 69 plazas vacantes en la cúpula judicial: más de un tercio de los alrededor de 200 puestos discrecionales en los principales tribunales. Las vacantes son consecuencia de la reforma legal impulsada en 2021 por el Gobierno para vetar que el actual Consejo pudiera seguir decidiendo sobre los principales cargos de la justicia. La carrera tiene opiniones encontradas sobre la oportunidad de esta medida, pero todos coinciden en que ha generado una situación difícil de sostener. 

El Tribunal Supremo es el órgano más afectado, ya que todos sus magistrados son designados de forma discrecional, por lo que cada juez que se jubila, fallece o renuncia deja una silla vacía. Ya lo están 16 de sus 79 puestos, y de aquí a final de año está prevista la salida, por jubilación, de otro magistrado. Las salas más afectadas son la Tercera (Contencioso-Administrativo), con nueve vacantes, y la Cuarta (Social), donde ha habido que reestructurar las secciones de enjuiciamiento, pero las dificultades se extenderán el próximo año a todo el tribunal. Magistrados consultados consideran imprescindible negociar con el Ministerio de Justicia un plan de choque con medidas de refuerzo extraordinarias, un asunto que hasta ahora se ha estado posponiendo a la espera de la renovación.

Las vacantes afectan también a otros tribunales, desde la Audiencia Nacional (que tiene sin cubrir la presidencia de la Sala Penal) a más de medio centenar de puestos en Audiencias Provinciales y tribunales superiores de justicia, donde se encuentran pendientes de nombramiento siete presidencias. 

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La historia de cómo terminó sin acusados el ‘caso Cursach’, la mayor causa judicial de Baleares

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La sombra de las irregularidades durante el proceso de investigación del caso Cursach anulan casi una década de pesquisas. La Fiscalía retiró todas las acusaciones que pesaban contra 17 investigados por favorecer los negocios del empresario del ocio mallorquín. El juez instructor y el fiscal que dirigieron la investigación están al borde del banquillo acusados de presionar a testigos y filtrar información.

“Este procedimiento es un fracaso total de la administración de justicia”. Estas palabras salieron, entre pausas y lágrimas de emoción, de boca del fiscal anticorrupción Tomás Herranz durante la última sesión del juicio del caso Cursach, que desde junio juzgaba la mayor trama de corrupción policial y empresarial de Baleares y que se investigaba desde hace nueve años. La Fiscalía confirmó durante esa jornada, en el trámite de informes, lo que había avanzado días antes: que retiraba todas las acusaciones que pesaban contra las 17 personas que se sentaban en el banquillo acusadas de delitos como pertenencia a organización criminal, amenazas o prevaricación. Habían sido 24 justo al comienzo de las sesiones. “Este informe, más que justificar la retirada de acusación, tiene otro objetivo, que es reconocer ante los acusados que han sufrido una injusticia y que el cambio de la Fiscalía obedece a un intento mínimo de reparar el daño”, dijo Herranz, casi sin poder hablar de la emoción. La sala estalló en aplausos, algunos abogados se enjugaron las lágrimas, los acusados se pusieron en pie y la presidenta del tribunal interrumpió la sesión para dar un respiro a los presentes. Pero para entender cómo uno de los mayores procesos judiciales de Baleares, con decenas de detenidos con meses de prisión provisional a sus espaldas, ha terminado en absolutamente nada, hay que retroceder hasta muchos años atrás.

El empresario Bartolomé Cursach a su llegada a un juicio en marzo de 2017.
El empresario Bartolomé Cursach a su llegada a un juicio en marzo de 2017.C. CLADERA (Efe)

En febrero de 2017 la imagen del todopoderoso empresario de la noche mallorquina Bartolomé Cursach vestido con un plumas de color azul claro, desaliñado, saliendo de un furgón de la Policía Nacional esposado, llenó los informativos y periódicos de Baleares. Cursach siempre ha sido un personaje esquivo, abonado al silencio, cuidadoso de su imagen y envuelto en multitud de leyendas populares de las que nadie en Mallorca sabe lo que es verdad y lo que no. La rumorología ha perseguido siempre al hombre que erigió un imperio de discotecas, restaurantes y pubs en las principales zonas turísticas de Mallorca y al que durante décadas nadie hizo sombra. Su imagen esposado sorprendió, aunque en el ambiente judicial hacía semanas que se oía hablar de su posible detención, considerada la traca principal del caso que desde 2013 investigaba en un juzgado de instrucción las presuntas prácticas corruptas de un grupo de agentes de la Policía Local de Palma a quienes se acusaba de beneficiar los negocios del empresario mediante el acoso y hundimiento de su competencia.

El ambiente judicial en Palma, donde todo el mundo se conoce, estaba ya muy caldeado cuando la investigación alcanzó su cénit con el ingreso del magnate en prisión preventiva. Después de eso, el caso recorrió un camino cuesta abajo que derivó en el fin de un juez y un fiscal, a punto de ser juzgados por irregularidades durante la investigación, otro juez que ya fue procesado y una sala de vistas que comenzó con 24 personas acusadas y ha terminado con una absolución masiva. Solo una de las acusaciones particulares mantiene la inculpación contra dos agentes municipales por un presunto delito de coacciones continuadas y reclama dos años de cárcel para cada uno.

Los inicios

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Rebobinando hasta el principio de esta historia regresamos a 2013, época de ebullición de las instrucciones judiciales derivadas de casos de corrupción política, cuando la Fiscalía Anticorrupción de las islas contaba con cuatro funcionarios para dar salida a los escándalos que habían derivado del gobierno del PP de Jaume Matas y de la Unió Mallorquina de Maria Antònia Munar.

Ese verano, una operación policial contra la banda de moteros Los Ángeles del Infierno desveló los lazos que algunos de ellos mantenían con agentes de la Policía Local palmesana, que tenía a algunos mandos bajo sospecha por el supuesto amaño de un concurso de promoción interna. Los nombres de los agentes se entrelazaban en ambas investigaciones, dirigidas en aquel momento por la jueza Carmen González con ayuda del entonces fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, hombre de carácter explosivo que había participado en la acusación de otros procesos por corrupción política. En esa génesis comenzó a cobrar cuerpo la tesis de que algunos agentes actuaban en colaboración con empresarios locales para extorsionar y cobrar sobornos en establecimientos de ocio.

Al fondo, la discoteca BCM, en Magaluf, el símbolo del imperio Cursach recién clausurado.
Al fondo, la discoteca BCM, en Magaluf, el símbolo del imperio Cursach recién clausurado.Samuel Aranda

González cambió de destino y en 2015 la investigación recayó en Manuel Penalva, al frente del Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma, que desde ese momento se consagró a esta investigación. Cazador consumado, hombre de carácter y de ideas fijas, no se anduvo con paños calientes y comenzó a desarrollar múltiples ramificaciones en tándem con el fiscal Subirán y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Baleares, con los que crearon un grupo cerrado en el que iban todos a una. Su presencia en los alrededores de los juzgados de Vía Alemania siempre en grupo, sus métodos de interrogatorio e investigación y el trato personal con los detenidos suscitaba fuertes críticas de los abogados defensores y de funcionarios de la Fiscalía, que no compartían las duras formas de los investigadores. Estas se materializaron tiempo después en una manifestación que tuvo lugar en noviembre de 2017 impulsada por uno de los abogados defensores y a la que asistieron unas 200 personas.

Entre 2015 y 2017 la investigación se centró en un desfile de testigos por los juzgados de instrucción: empresarios con negocios que se decían perjudicados por los agentes de la Policía Local —que a menudo eran enviados a prisión preventiva tras declarar—, trabajadores de la noche que acusaban a los policías de prácticas corruptas, funcionarios municipales y un nombre, el de Bartolomé Cursach, que comenzaba a sonar en las comparecencias como el instigador de las extorsiones que se practicaban sobre empresarios nocturnos de su competencia. En esta etapa múltiples confesiones fueron amparadas en la figura del testigo protegido, que dio rienda suelta a narraciones marcianas que posteriormente se han confirmado como meras elucubraciones. Algunas en boca del hijo de la matriarca de la droga del poblado de Son Banya, que aseguró que pagaba sobornos a policías, otras de un extrabajador que decía ser testigo de fiestas con drogas entre policías y prostitutas y, con especial relevancia, las de la dueña de un burdel, que resultó no serlo, que aseguraba que tenía una agenda con los nombres de políticos del PP en el Ayuntamiento que supuestamente lo frecuentaban a gastos pagados por el empresario. “Se ha producido un uso injustificado de testigos protegidos, deliberado sesgo contra reo y un seguimiento acrítico e irracional” denunció sobre este extremo el fiscal en la última sesión del juicio.

El chat

Con estos mimbres, el juez y el fiscal armaron la acusación contra el empresario, que fue finalmente detenido en febrero de 2017 junto al director general de sus empresas e imputado por más de 15 delitos entre los que figuraban un homicidio y corrupción de menores. Con los ánimos aún más caldeados en los pasillos de la sede judicial y en la creencia de que los investigadores solo buscaban fama y notoriedad, una de las defensas hizo públicos los mensajes que el juez se había enviado con la testigo protegida número 31, la dueña del burdel, en los que este insultaba a los abogados defensores y trataba de dirigir la declaración de la mujer, que se desdijo de todo y acusó al juez y al fiscal de haber inventado todo el relato. El castillo de naipes comenzó a desmoronarse y justo un año después de la detención de Cursach, que salió de prisión tras pagar una fianza millonaria, el juez Penalva fue apartado del caso tras el dictamen de la Audiencia Provincial que consideró que los mensajes intercambiados con esa testigo reflejaban que había perdido “la apariencia de imparcialidad”.

Con Penalva fuera y una investigación prácticamente finalizada pero que empezaba a hacer aguas, el asunto pasó entonces a manos de un tercer juez, Miquel Florit, que detuvo a dos de los policías del grupo de blanqueo ante las sospechas de que estaban filtrando información de un sumario declarado secreto. Requisó sus teléfonos móviles y se descubrió la existencia de un chat de WhatsApp entre los investigadores en el que se destapaban multitud de prácticas dudosas e ilegales aplicadas a los investigados, insultos, métodos cuestionables y fijaciones con algunos de ellos. “Son unos hijos de puta, hay que machacarlos”. “A este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos”. Frases como estas plagaron durante meses el chat privado de los investigadores, una conducta ratificada después por dos inspectores de la Policía Nacional que elaboraron varios informes en los que se encargaron de documentar los procedimientos que se siguieron durante la instrucción y las mentiras de algunos de los testigos. En su intento de perseguir a los responsables de las filtraciones, el juez Florit también ordenó requisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas, una decisión que le llevó a juicio y que puso punto final a su trayectoria como juez.

Días antes de que todo estallara y se descubrieran estas conversaciones entre los policías y los investigadores, el fiscal Subirán y su compañero Juan Carrau presentaron un escrito de acusación por la pieza principal del caso contra 24 personas a las que imputaban hasta 13 delitos relacionados con el trato de favor dispensado al empresario, para quien reclamaban ocho años y medio de cárcel. Poco después, el fiscal Subirán recibió una baja médica y un año más tarde fue jubilado de forma anticipada después de que el Boletín Oficial del Estado publicase su cese de actividad. El caso entró en la Audiencia Provincial a la espera de señalarse una fecha, pero no fue fácil hallar un tribunal enjuiciador. Seis magistrados se abstuvieron al considerar que tras resolver 158 autos de apelación desde 2014 comprometían su apariencia de imparcialidad. No obtuvieron amparo y con la sala constituida y a diez días del inicio del juicio que arrancó el pasado mes de junio, el fiscal Tomás Herranz, designado por Madrid para continuar con el proceso tras la marcha de Subirán, procedente de la capital y totalmente ajeno a la fiscalía de Baleares, mostró sus cartas de cara al juicio al presentar un escrito de modificación en el que retiraba la acusación contra siete de los 24 acusados y rebajaba considerablemente la petición de penas para el resto al esgrimir una “falta de verosimilitud” de muchos de los hechos incluidos en el documento inicial.

El empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach a su salida de la Audiencia Provincial de Baleares junto a su mujer e hija, este martes.
El empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach a su salida de la Audiencia Provincial de Baleares junto a su mujer e hija, este martes.Isaac Buj (Europa Press)

Con ese movimiento tiraba por tierra la instrucción practicada por Subirán, que será juzgado en los próximos meses junto a Penalva y los cuatro agentes de blanqueo por los presuntos delitos cometidos durante la investigación. Esa sombra de sospecha, la de prácticas ilegales contra los acusados, ha sobrevolado todas las jornadas del juicio, donde se han podido escuchar testimonios dudosos, se han desgranado informes de la Policía Nacional en los que se constata que muchas de las denuncias de los empresarios por un abuso de inspecciones en sus locales nunca fueron comprobadas y se han podido ver interrogatorios de las defensas que han situado a los testigos en la cuerda floja para desmontar el caso. Las acusaciones particulares, que representaban a empresarios del ocio competencia de Cursach, tampoco han podido probar los hechos y se han bajado del tren antes de finalizar el juicio, manteniendo únicamente la acusación una de ellas contra dos agentes de la Policía Local para quienes reclaman dos años de cárcel.

“Estuve a punto de suicidarme, tenía la mano en la barandilla de un puente” confesó en el turno de última palabra el director general del grupo Cursach, Bartolomé Sbert. “Decidí pasar por esto solo. Le dije a la que ahora es mi exmujer que quería estar solo y que ella tuviese una vida normal, porque sabía por lo que iba a pasar”, aseguró Carlos Tomás, uno de los policías locales que se vino abajo y sólo pudo hablar entre sollozos. “Vuelvo a creer en la justicia” dijo otro de los agentes, Gabriel Torres, después de explicar sus vivencias en los últimos años. Los ahora absueltos sopesan reclamar una indemnización por el tiempo que pasaron en prisión preventiva, ya que ocho de ellos estuvieron varios meses en la cárcel. Casi una década de investigaciones han quedado aplastadas por quienes la dirigieron y que se enfrentarán a su propio juicio en los próximos meses.

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