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Ocho testigos sitúan a la ‘policía patriótica’ de Rajoy detrás de la guerra sucia contra Podemos

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El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado por el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en junio de 2016 en Barcelona.
El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado por el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en junio de 2016 en Barcelona.Quique García (EFE)

La guerra sucia contra Podemos no tuvo una única batalla, sino que fue una sucesión de escaramuzas contra el partido y sus dirigentes que se prolongó a lo largo de meses. Hasta ocho testigos sitúan detrás de esas maniobras a la llamada policía patriótica, un grupo de agentes que funcionó durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior con el objetivo de perjudicar a rivales del PP. Sus relatos encajan como las piezas de un puzle y reflejan una dinámica generalizada, que duró al menos desde 2015 a 2016. Las últimas declaraciones que apuntan en esa línea han brotado en el caso Caranjuez, una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid sobre una supuesta trama dedicada a estafar a ex altos cargos del Gobierno de Venezuela, a los que se ofrecía supuesta ayuda y protección a cambio de dinero e información.

Dos presuntas víctimas de la red investigada en el caso Caranjuez (Javier Alvarado Ochoa y Carlos Luis Aguilera) y un imputado (José Aliste) han descrito en las últimas semanas indicios de cómo la policía patriótica se valió presuntamente de esta “organización criminal” para solicitar datos sobre la fuerza dirigida entonces por Pablo Iglesias. Han detallado, incluso, encuentros con altos mandos del Cuerpo durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Sus declaraciones se suman a las de otras cinco personas que apuntan en la misma dirección: como un confidente que lo dejó por escrito ante notario y al que se concedió la residencia en 2016; o el exministro Rafael Isea, entrevistado por EL PAÍS. Los otros tres restantes (Nervis Villalobos, Claudia Patricia Díaz y Adrián Velásquez) también han mantenido una versión similar, y la Fiscalía ha pedido que declaren en estas pesquisas.

La ‘policía patriótica’. El desembarcó de Mariano Rajoy en La Moncloa provocó una reacción en cadena que resulta clave para entender la irrupción de la bautizada como policía patriótica. El nuevo presidente del Gobierno colocó al frente del Ministerio del Interior a uno de sus hombres de máxima confianza en el PP, Jorge Fernández Díaz, un ultracatólico catalán obsesionado con los supuestos peligros que correría la integridad territorial del país. Un hombre de profundas creencias religiosas que ha llegado a afirmar que Benedicto XVI le dijo, en referencia al independentismo, que el “diablo quería destruir España porque el diablo sabe el servicio prestado por España a la Iglesia de Cristo”; o que la entrada de Podemos en el Ejecutivo resultaría “letal para España”. Fernández Díaz situó a su vez al comisario Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, máximo responsable no político del Cuerpo, capaz de decir en una comisión del Congreso que haría “todo” por España: “Todo es todo. En ese caso, seguramente la ley no existiría cuando tuviéramos que hacer todo por España”.

Bajo su autoridad, comenzó a funcionar un grupo de mandos policiales que urdirían diversas artimañas contra adversarios del PP. Se gestó así la Operación Kitchen (el espionaje irregular al extesorero popular Luis Bárcenas para arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del partido conservador, por el que se encuentran procesados Fernández Díaz y Pino, entre otros ex altos cargos de Interior y la Policía); la Operación Cataluña (la búsqueda de trapos sucios y fabricación de pruebas contra dirigentes independentistas catalanes, que ya se ha saldado con la condena de un año de cárcel a Pino por introducir en el caso Pujol un pendrive de origen desconocido sin autorización judicial); y la guerra sucia contra Podemos.

Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, en mayo de 2021, en la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Kitchen.
Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, en mayo de 2021, en la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Kitchen.Zipi (EFE)

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En este último caso, según evidencian los testimonios e indicios recabados, la actividad contra el partido de Iglesias se intensificó en 2015 y la primera mitad de 2016. El contexto político de esos momentos no resulta baladí. El PP había perdido la mayoría absoluta en el Congreso y Podemos, que había ido ganando fuerza en las sucesivas citas con las urnas, logró entrar con 69 diputados en el Parlamento en diciembre de 2015. Además, Rajoy no conseguía formar Gobierno y se vaticinaba una repetición electoral, que finalmente se producirá en junio de 2016. Ningún juzgado ha investigado hasta la fecha esta guerra sucia —solo la Audiencia Nacional comenzó a abordarla de forma tangencial en el caso Villarejo, pero esas pesquisas dieron finalmente un giro y cambiaron de dirección—.

Cascada de testimonios. Javier Alvarado Ochoa, exviceministro venezolano de Desarrollo Energético, relató su experiencia el pasado 30 de septiembre en el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid. Según contó, se reunió “dos veces” en enero y febrero de 2016 con Pino, en el propio despachó del DAO. Allí, ante “una mesa muy grande”, Ochoa dice que entregó a los agentes cientos de documentos sobre las relaciones de Chávez con eléctricas, movimientos de dinero, empresas españolas, francesas… Pero al jefe de la Policía le interesaba otra cosa: “El director, paseando por mis documentos, me pregunta si tengo algo relativo al partido Podemos […] Yo le digo al director Pino: ‘No, pero yo puedo hablar con las agencias de inteligencia a ver qué tienen”. El exvicemistro asegura que no era la primera vez que le hacían ver el interés de la policía española por obtener datos de la fuerza política. Antes, se lo “escuchó” a Martín Rodil, [uno de los supuestos miembros de la trama de extorsión a venezolanos que mantendría contacto con la cúpula policial] y Nervis Villalobos: “Me dicen: ‘Javier, están buscando [algo] del partido Podemos”.

El abogado Jesús Aliste, acusado de formar parte del grupo que extorsionaba a los venezolanos, confirmó esa reunión en su declaración en el mismo juzgado: “Bonifacio [Díez Sevillano, un inspector jefe a las órdenes de Pino] dijo [a Alvarado] si tendría alguna información sobre Podemos y la financiación […] Le preguntaron si tenía o podía tener, dada su forma de llegar, información sobre la financiación de Podemos […] Se lo dijo Bonifacio y también el DAO. Le dijo: ‘Señor Alvarado, usted que parece muy importante, ¿tiene?”. Según Aliste, Alvarado les dijo que en ese momento no tenía documentación sobre el partido, pero días después “consiguió una nota de cuentas” firmada supuestamente por Chávez y Rafael Isea, exministro de Finanzas del país latinoamericano, que habla de un supuesto pagó de siete millones de dólares a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge —a través de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS)— para que “buscasen la creacion de un partido político que fuera mas proclive a los principios bolivarianos”. Al poco, El Confidencial y la web Okdiario publicaron el contenido de esa nota. Era 4 de abril de 2016.

“Para eso me parece que fueron a tomar declaración a Nueva York a Isea”, apostilló Aliste ante la jueza del caso Caranjuez. El abogado se refiere al viaje a EE UU que protagonizó el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, otro hombre de confianza de Pino. Una cita conocida gracias a que se filtró en 2019 la grabación de ese encuentro. El 10 de abril de 2016, Gago salió de Madrid rumbo al país americano, según consta en los archivos del Ministerio del Interior, que costeó el desplazamiento con dinero público. Un día después, 11 de abril, este agente y otros dos policías se ven con el exministro venezolano en el consulado español en Nueva York, donde le prometen “protección” y una “nueva vida” para él y su familia en España. Según se escucha en los audios, el inspector jefe llega a decir que lo hace en nombre del Gobierno: “Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente”.

En una entrevista en EL PAÍS, Isea aseguró que le presionaron y “manipularon” para conseguir que confirmara el contenido de aquella nota sobre la fundación, que funcionó antes de la creación de Podemos, pese a que subraya que les manifestó sus dudas sobre su autenticidad —solo le enseñaron una copia—, y le insistieron para que mencionara a Iglesias, Monedero y Verstrynge. Según cuenta, del documento le chirriaban muchos datos, como las fechas. O la propia redacción: “Yo no suelo redactar así. Existe un formato. No decía ‘solicitar recursos’ sino ‘solicitud de recursos’, no usaba el infinitivo. Tampoco el nombre me cuadra. Yo acostumbraba a colocar mi nombre y el cargo completo, ‘ministro del Poder Popular para las Finanzas’, no solo ‘ministro’. Y nunca se ponía en un documento ‘Hugo Chávez Frías’, no se usaba el segundo apellido”. Isea aseveró que le dijeron que nunca saldría su nombre a la luz. Sin embargo, solo unas semanas después de su encuentro en el consulado, cuando apenas faltaba un mes para las elecciones, Abc publicó el contenido de su declaración: “La policía me utilizó para una trama política”. Nunca le volvieron a contactar, según su relato.

El exministro venezolano Rafael Isea, en Washington el mayo de 2019.
El exministro venezolano Rafael Isea, en Washington el mayo de 2019.XAVIER DUSSAQ

Cuando se desveló aquella cita en Nueva York —donde Gago llega a decir a Isea: “Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos [al Gobierno], mejor para todos”—, el equipo de Interior de la etapa de Fernández Díaz distribuyó un argumentario donde apuntaba que ese viaje contó “con el conocimiento previo de la Fiscalía”, a la que entregaron una copia del acta del encuentro. Sin embargo, fuentes de esta cuentan una versión distinta: Gago y otro agente acudieron a la Audiencia Nacional con el informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un documento policial donde se afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido, pero el ministerio público les dijo que no tenía fundamento. Entonces, los policías informaron que iban a ir a EE UU y pidieron que les acompañara un fiscal. Javier Zaragoza, entonces fiscal jefe de la Audiencia, se negó. “Si ellos querían viajar, la Fiscalía no era nadie para autorizar ni prohibir el viaje, pero la Fiscalía no avaló ese traslado ni ninguna diligencia referida al Informe PISA”, señalan fuentes del ministerio público.

Carlos Luis Aguilera, ex jefe de los servicios secretos chavistas, también contó a la jueza del caso Caranjuez que, aunque él cree que no se llegó a reunir con dirigentes de la Policía española, los miembros de la supuesta trama extorsionadora sí le hablaron de “Bonifacio” y le pidieron “si podía obtener algún tipo de información” de Podemos. Entre otros, le solicitaron datos de Monedero.

En esos meses, en el seno de la Policía se trabaja a pleno rendimiento en busca de indicios contra Podemos. Así lo afirmó también Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano al que Interior premió en abril de 2016 con un permiso extraordinario de residencia en España por “circunstancias excepcionales” debido a “razones de colaboración con las autoridades policiales”. Arias depositó ante notario el documento donde se le concedía la residencia —validado después por dos tribunales de Madrid y cuya veracidad confirmaron fuentes policiales—; y relató al fedatario que, desde febrero de ese año, trabajaba como “informador” para la Policía española, “aportándole todo tipo de documentos” sobre el dinero que supuestamente el Gobierno de Venezuela había entregado a dirigentes de Podemos y a Pablo Iglesias, en este caso, a través de una cuenta de Euro Pacific Bank en las Islas Granadinas, un paraíso fiscal. Una información que la justicia rechazó. El permiso de Arias lo firmó Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Fernández Díaz, que aseguró a EL PAÍS en 2019 que no recordaba el episodio: “Me imagino que, como en tantas otras ocasiones, me pasan un expediente por el motivo que sea y, si viene propuesto por la policía, pues yo lo firmo. Lógicamente”. Martínez está otro de los altos cargo de Interior procesado en el caso Kitchen.

Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, mantiene una historia similar sobre la policía patriótica. “Ellos siempre me han pedido información. Estaban tratando de conseguir información sobre Podemos. Siempre hacían preguntas sobre eso. Querían saber si yo conocía a alguien que tuviera pruebas de la financiación ilegal de Podemos”, dijo a El Mundo ya en 2019, cuando relató que se reunió con Bonifacio Díez en 2016 en cuatro ocasiones después de que este se viera con él por primera vez en noviembre de 2015 en Estados Unidos. Fuentes de su entorno recalcan que ese contacto se produjo a través de Martín Rodil y que, si declara como testigo en el caso Caranjuez como ha pedido la Fiscalía, Villalobos contará lo mismo a la jueza.

Claudia Patricia Díaz Guillén, en septiembre de 2018, en la Audiencia Nacional.
Claudia Patricia Díaz Guillén, en septiembre de 2018, en la Audiencia Nacional.Luca Piergiovanni (EFE)

Una operativa similar describen fuentes del entorno en España de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera tesorera nacional de Venezuela de 2011 a 2013, y de su marido, el militar Adrián Velásquez, miembro de la Guardia Presidencial de Hugo Chávez, cuya declaración también ha solicitado el ministerio público en el caso Caranjuez. De hecho, antes de que la Audiencia Nacional aprobara en 2021 la extradición de ambos a EE UU, ella aseguró al mismo diario: “Se querían aprovechar de nuestra situación, pero nosotros no quisimos […] Creían que teníamos una información que les beneficiaba a ellos”. Su abogado, Manuel Varela, cuenta a EL PAÍS que él se llegó a ver entonces personalmente con Bonifacio Díez en un hotel de Madrid y que este les reclamaba “información sobre la financiación de Podemos”: “Yo me reuní con Bonifacio. No estaban Claudia y Adrián en esa reunión. Fui como el represéntate de ellos”. Según añade el letrado, otro agente acompañaba al inspector, pero no recuerda su nombre: “Hoy en día no se quien fue el policía que estaba con Bonifacio”.

La versión de la excúpula policial. Eugenio Pino declaró en la Audiencia Nacional el 15 marzo de 2022 en el marco del caso Villarejo, pero le preguntaron sobre las maniobras contra el partido de izquierdas. Según dijo, “nunca hemos hecho ninguna investigación a Podemos”. “A los partidos políticos no se les puede investigar. Se puede investigar a las personas individuales por hechos individuales”, añadió. El exDAO aseguró ante el juez Manuel García-Castellón que tampoco investigaron a Iglesias, sino que “existe una cosa de una declaración que se tomó en Nueva York donde aparecía mencionado”. Ante las evasivas, un abogado le inquirió: “¿Entonces sí que había una investigacion sobre algo de personas que pudieran estar en Podemos?” “Se dieron tres nombres, ninguna sigla del partido Podemos”, contestó el antiguo mando del Cuerpo. ¿Quiénes? “Se ha publicado: Verstrynge, Monedero e Iglesas. […] La declaración se metió en un sobre y se puso en conocimiento de Fiscalía”.

Por su parte, Fuentes Gago mintió en una comisión de investigación sobre la policía política en el Congreso en julio de 2017. Entonces aún no se conocía su viaje a Nueva York para verse con Isea y la diputada Gloria Elizo (Podemos) le preguntó directamente si “existió alguna investigación, nota, documento o informe más, aparte del Informe PISA, relacionado con el señor Iglesias”. Él dijo que no sabía nada: “Lo desconozco completamente. Desde luego, yo no participé en ninguno”. Sobre ese encuentro, en el que Isea situó también a un tal “Bonifacio”, el inspector Bonifacio Díez aseguró en 2021 en otra comisión del Parlamento que no era él: “Sería otro Bonifacio”, dijo a los parlamentarios, ante los que negó haber desarrollado cualquier tipo de investigación policial mientras formó parte de la DAO.

El precedente. Las maniobras contra Podemos no se limitaron a la búsqueda de testimonios contra la formación. En aquellos meses —cuando ya se habían iniciado contactos con ciudadanos venezolanos, según la versión de Nervis Villalobos—, se fabricó en el seno de la Policía el llamado informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un documento policial donde se afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido y que se publicó en varios medios solo unas semanas después de que Podemos irrumpiera por primera vez en el Congreso con 69 escaños.

Ese informe no llevaba firma, ni el sello de ninguna unidad policial, pero acabó introducido en el flujo oficial. Y su autoría se atribuye a la policía patriótica. De hecho, el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel y a quien la cúpula policial de Rajoy boicoteó para lastrar la investigación sobre la caja b del PP, relató que el informe PISA se “elaboró en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa”. Según contó en 2021 en una comisión del Congreso, Pino lo había sacado en 2015 de su puesto para mandarlo a la DAO y así ponerle bajo sus órdenes directas con la idea de controlarlo e impedir avances en las pesquisas sobre la corrupción del partido conservador. Fue entonces cuando recibió el encargo de Fuentes Gago de analizar ese documento: “Me dijo que lo evaluara”.

“Era un informe elaborado en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa, pero no hecho dentro de las formalidades y de lo que exigen los protocolos de funcionamiento y de elaboración de documentos oficiales por parte del Cuerpo Nacional de Policía”, relató Morocho a los diputados el pasado año. Y añadió que el documento apócrifo presentaba “una visión no neutral desde el punto de vista político” que arrojaba una “serie de informaciones a modo de construcción de algo, con el fin de provocar el inicio de algo más”. Morocho se negó a darle el visto bueno, pero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo envió al Tribunal de Cuentas —lo que también provocó titulares—, que lo consideró “irrelevante”. La justicia tampoco le ha concedido nunca ningún crédito.

Precisamente, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, otro de los miembros del grupo de agentes bajo sospecha, implicó a Pino y Fuentes Gago en la operación del documento apócrifo. En una conversación que mantuvo en junio de 2017 con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el policía aseguró tras referirse a ambos mandos del Cuerpo: “Hicieron la mierda esa del informe PISA, que eso es basura”. Por su parte, el comisario Enrique García-Castaño, también señalado como miembro de la policía patriótica, atribuyó la autoría material de dicho informe al comisario Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha y que colaboró con la DAO en la Operación Kitchen.

Conversación entre Villarejo y Cospedal en junio de 2017 donde conversan del informe PISA.

Qué se investiga en el ‘caso Caranjuez’

En el caso Caranjuez, en el que se acumulan testimonios sobre supuestas maniobras de la policía patriótica surgida durante el Gobierno de Mariano Rajoy, no se investiga, ni mucho menos, la guerra sucia de este grupo de policías contra Podemos y sus dirigentes, sino la existencia de una trama de extorsión y blanqueo de capitales que tiene como víctimas a antiguos altos cargos del gobierno venezolano de Hugo Chávez. De hecho, las pesquisas surgen en otra causa en la que algunos de estos últimos son los investigados: la abierta en 2017 en la Audiencia Nacional para investigar el blanqueo en España de parte del supuesto botín obtenido en  el saqueo de la petrolera estatal venezolana, el llamado caso PDVSA por las siglas de la compañía energética.

En enero de 2021, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía elaboró dentro de esta causa un informe tras detectar la existencia de “un grupo organizado que prestaba servicios de carácter ilícito” en España a varios de los investigados. “Estos servicios incluirían la obtención de permisos de residencia o la obtención de información sobre investigaciones policiales, entre otros, y se obtendrían a través de contactos con funcionarios policiales y otros funcionarios públicos”, destaca el documento.

La organización criminal —en la que presuntamente participaban abogados, policías y exmilitares— tenía como forma de actuar “aproximarse a ciudadanos venezolanos que pudieran estar relacionados con actividades de blanqueo de capitales con el fin de solicitarle dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales [Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos] o la propia Policía Nacional, y ello con el fin de ‘solucionar los problemas que el ciudadano venezolano iría a tener por estar investigado por estos organismos”. A cambio, exigían el cobro de elevadas cantidades de dinero.

Como avanzó La Razón, es en los interrogatorios, que tanto la Policía como la jueza han hecho a las presuntas víctimas, donde surgen las referencias a varios de los presuntos integrantes de la policía patriótica, con los que la trama tenía contacto, y sus maniobras contra Podemos. Por ello, el partido pidió personarse como perjudicado en la causa, pero la magistrada, que ha dejado claro en varias ocasiones que en estas pesquisas no se investigan estos hechos, lo rechazó al considerar que no se le podía considerar damnificado por las actividades del grupo. Finalmente, la formación consiguió entrar en la causa como acusación popular. Javier Alvarado Ochoa aseguró en su declaración ante la jueza que llegó a temer que Eugenio Pino estuviese compinchado con la supuesta trama de extorsión. El abogado del exviceministro ha pedido que el exDAO declare en las pesquisas.

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Andalucía renuncia a la ayuda para la infancia que prometió Moreno justo cuando la pobreza infantil crece hasta el 43,7%

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La ley que iba a regular el Ingreso para la Infancia y la Inclusión en Andalucía era el proyecto estrella de la anterior consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, que entonces militaba en Cs. Se trataba de una prestación para sustituir la fallida Renta Mínima de Inserción Social (RMISA) en esa comunidad y que se había diseñado para ser una ayuda complementaria o alternativa al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y dar cobertura a personas y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, poniendo el foco especialmente en la infancia. La norma estaba lista en febrero y debía haberse aprobado en junio, pero el adelanto electoral obligó a guardarla en un cajón. En su discurso de investidura, el presidente, Juan Manuel Moreno, se refirió expresamente a ese proyecto de ley: “En el próximo periodo de sesiones también traeremos al Parlamento el proyecto de ley que regulará el Ingreso para la Infancia y la Inclusión”. Sin embargo, en los primeros Presupuestos de mayoría absoluta del PP, no solo no se contempla una partida para ese ingreso, sino que las partidas destinadas a la RMISA se han recortado en un 36%, justo cuando la población menor de edad en riesgo de exclusión social se ha vuelto a incrementar en más de cinco puntos por la pandemia.

Los nuevos responsables de la consejería, rebautizada como Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, confirman que se ha dado carpetazo al que fue proyecto estrella de la anterior consejera y que contaba, además, con el apoyo de las principales asociaciones que trabajan en beneficio de la infancia que entendían que, al ser complementario con el IMV conseguiría paliar los casos de pobreza extrema de los menores de la comunidad. Un portavoz del departamento que ahora dirige Loles López reconoce que la ayuda se está rediseñando para ajustarla a aquellos ámbitos a los que no llegan los fondos del Gobierno central. “Como se amplió la cobertura del IMV a los menores de edad, un ingreso para la infancia ya no tiene sentido, por lo que se está trabajando para atender a los colectivos más vulnerables que no cubre ese ingreso mínimo”, explica el interlocutor.

Aunque la consejera de Inclusión de la Junta acordó con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado septiembre “trabajar para cerrar un acuerdo que haga complementario el ingreso mínimo y la renta mínima andaluza”, no parece haberse avanzado en ese sentido. ”El acuerdo con el ministerio aún no se ha producido, pero desde la Junta estamos modificando la normativa para evitar que exista esa colisión entre ambas rentas”, indica el portavoz de Inclusión. Esa imposibilidad legal de compaginar dos ayudas destinadas al mismo fin que alega el interlocutor es también a lo que apela el Gobierno andaluz para haber reducido la partida presupuestaria destinada a esa ayuda. “Como el IMV cubre buena parte de ese espectro, no tiene sentido destinar tanta cantidad”, indica el portavoz. Los fondos para esta ayuda han ido reduciéndose considerablemente de los 134.710.905 euros en 2020 a los 73.500.000 previstos en las cuentas para 2023.

“El Ingreso Mínimo Vital no anula la Renta Mínima de Inserción, esto es un mantra que ha lanzado la consejería”, advierte Javier Cuenca, portavoz de Save the Children en Andalucía. “La coexistencia de estas dos prestaciones no puede ser una condición insalvable para limitar el acceso a la renta mínima”. Cuando se estaba trabajando en la redacción de la ley ya se había producido la remodelación de la prestación del IMV para incluir a los menores. Su organización, como la mayoría en esta comunidad, siempre ha cuestionado la efectividad y el alcance de la RMISA, pero sí consideraban que su transformación como un ingreso para la infancia y la inclusión compatible y complementario al IMV, tal y como aparece redactado en el anteproyecto, iba a ser una herramienta útil para aliviar la situación de muchas familias cuya situación ha quedado mucho más hundida tras la pandemia. Cuando se estaba trabajando en la redacción de la ley ya se había producido la remodelación de la prestación del IMV para incluir a los menores.

“Da igual la denominación, RMISA o ingreso por la infancia y la inclusión”, advierte Maribel Martínez Belmonte, coordinadora de UNICEF en Andalucía, “lo importante es que estas medidas se mantengan y se doten de más fondos para afrontar la grave crisis que estamos sufriendo a nivel mundial y que está colocando a Andalucía de nuevo a la cola en los índices de pobreza infantil”. La última Encuesta de Condiciones de Vida de 2021 del INE, la primera en hacerse eco de los efectos de la crisis de la covid, confirma el significativo aumento de la vulnerabilidad y la pobreza de las familias y la infancia. El 43,7% de los menores de 18 está en riesgo de pobreza o exclusión social y el 11%, en situación de privación material severa, de acuerdo con ese estudio.

Los datos son similares a los que aporta el análisis de la encuesta, realizado por Save the Children, adaptando el umbral de renta autonómico de 2021, y que concluye que un 27,9% de los menores de 18 años en Andalucía —439.000― está en situación de pobreza relativa o moderada, 7,5 puntos más que la pobreza de la población en general y cinco más que el año anterior. En el caso de los menores que viven en situación de pobreza severa, el porcentaje es del 15,3%, 240.000 niños, 5,2 puntos superior a 2020. El coste de criar a un hijo en Andalucía en 2022 es de 641 euros, un gasto inalcanzable para los 166.467 hogares andaluces más empobrecidos.

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Carencias severas

En esa situación se encuentran Myriam Ortega y sus dos hijas de 14 y cuatro años. Hasta hace un mes trabajaba en una empresa de limpieza con un contrato indefinido. Por las tres horas y cuarto diarias de su jornada laboral percibía 360 euros, a los que sumaba otros 400 del IMV. Ahora está en el paro. “Me subieron la cantidad porque estaba percibiendo de menos, pero este mes me va a empezar a bajar porque estoy cobrándolo en función de mi renta de 2021″, explica. Con eso le da para abonar los 450 euros que paga por el alquiler, pero no le llega para más gastos. “Llevo cinco meses de retraso con el agua y la luz. Voy a informarme a ver si puedo beneficiarme del bono eléctrico”, reconoce.

Myriam Ortega, en su casa de Sevilla el 5 de diciembre.
Myriam Ortega, en su casa de Sevilla el 5 de diciembre.PACO PUENTES

El estudio de Save the Children revela que 180.000 menores viven en hogares con carencias materiales severas, como no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener la posibilidad de comer cada dos días carne o pescado. La inflación también azota con más virulencia a esas familias. Ortega y sus hijas son un ejemplo de esas estadísticas. “La mayor parte del tiempo estoy en casa de mi madre para no gastar luz y ellas comen allí, si tuviera que hacer la compra sería imposible. Compro para la merienda de las niñas a veces y para la cena”, sostiene. Save the Children le proporciona una tarjeta para poder comprar ropa para sus hijas y le ayudó para las gafas que necesita la mayor.

“Allí donde no llegan ni el IMV ni las prestaciones o subsidios de desempleo, las rentas mínimas autonómicas tienen que intervenir para evitar que un gran número de familias se queden sin ninguna fuente formal de ingresos”, subraya Martínez. Según los datos del Ministerio de Inclusión Social actualizados a 30 de octubre, en Andalucía 157.425 hogares se benefician del IMV, de los que 109.773 tienen menores a su cargo. De los 455.421 beneficiarios, 191.747 son menores de 18 años. De acuerdo con los cálculos facilitados por Save the Children, el IMV estaría llegando a un 66% de los hogares con menores de edad en situación de pobreza severa y a un 79% de la población infantil en la misma situación. La RMISA alcanza solo a 72.000 andaluces. “Estamos hablando de unos 49.000 niños y adolescentes de 25.000 hogares que se encuentran fuera de la cobertura del IMV”, alerta Cuenca.

Con estos datos, Save the Children ha pedido a los grupos políticos que incluyan entre las enmiendas parciales a los Presupuestos una adicional que reclame la reforma de la RMISA por una ayuda complementaria al IMV, como ya se recogía en el proyecto de ley redactado durante la anterior legislatura, y que entre en vigor en el plazo de cuatro meses desde que se aprueben las cuentas autonómicas. También se solicita aumentar la financiación a la RMISA hasta los 210 millones de euros. Adelante Andalucía, Por Andalucía y el PSOE han confirmado a este diario que recogerán esta petición, si no en la literalidad del documento presentado por la ONG, sí en su esencia.

El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, señaló el pasado martes que “las enmiendas que sean positivas y que sirvan para corregir problemas se aceptarán y se incluirán”, pero desde la Consejería de Inclusión se confirma que se está trabajando en el rediseño del proyecto de ley que, en principio y para no colisionar con el alcance del IMV, se centrará en los jóvenes de entre 18 y 22 años.

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Un alcalde de Zamora, encausado por presunta prostitución de dos menores y por abusar de una de ellas

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Ayuntamiento de Castroverde de Campos, en una imagen de archivo.
Ayuntamiento de Castroverde de Campos, en una imagen de archivo.JAVIER ÁLVAREZ

El juzgado zamorano de Villalpando ha encausado al alcalde de Castroverde de Campos (Zamora, 270 habitantes), Cecilio Lera, por “prostituir presuntamente a dos menores y abusar sexualmente de una de ellas”, según la resolución judicial. El regidor, expulsado del PSOE en 2019 por una condena firme por violencia machista sobre su pareja, también ha sido recientemente penado con dos años de prisión por ofrecerle dinero a una menor, del pueblo, a cambio de mantener relaciones sexuales con él. El hombre, de 69 años, padece adicciones a las drogas y al alcohol, aunque no siempre acudía a las sesiones de rehabilitación ordenadas por los jueces que fallaron en su contra. Los hechos de los que se le acusan consisten en un delito de abuso sexual a una menor de 16 años, otros dos delitos de favorecimiento de la prostitución de una menor de edad, otro de exhibicionismo y otro de difusión de material pornográfico.

La investigación comenzó en verano de 2021 y ha permitido concluir que las dos víctimas, de 14 y de 16 años, acudieron con frecuencia, “durante al menos tres meses”, a la vivienda de Cecilio Lera, quien a cambio de “masajes y sexo” les abonaba entre 50 y 100 euros. El caso lo dirimirá la Audiencia Provincial. Fuentes cercanas al caso aseguran que las niñas son hijas de temporeros de países del este de Europa que acuden a la provincia de Zamora para trabajar en el campo o en la vendimia y “en extrema situación de vulnerabilidad social y económica”.

Este proceso se abrió apenas unos meses antes de que una chica de la localidad que regía lo grabara cuando este le ofrecía 300 euros por acostarse con él. Estos hechos ocurrieron en un bar de Castroverde de Campos y, tras contárselo la afectada a sus padres y que estos denunciaran, fueron reconocidos por parte de Lera; de hecho, aceptó por conformidad una sanción de dos años de prisión. Fuentes judiciales de Zamora confirman que pactó esa pena en el juicio celebrado en la Audiencia zamorana el pasado 1 de diciembre y que tiene pendientes “tres quebrantamientos [de orden de alejamiento] por la misma niña”, así como la causa recién abierta por lo acontecido con estas dos menores a las que pagaba por sexo y masajes.

Las conductas de Lera no resultan extrañas ni en la zona ni en la localidad, dividida entre quienes rechazan la actitud del alcalde y entre quienes lo respaldan, pues lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1978, las primeras elecciones democráticas de España. Una persona del entorno del político afirman rotundamente que “Cecilio está enfermo desde hace muchos años, lleva toda la vida haciendo esto”. Este informador detalla que el acusado “ha frecuentado todos los lupanares de Castilla y León con las peores compañías y era asiduo al casino de Boecillo (Valladolid), ahora cerrado y desplazado al centro de la ciudad”.

Lera se había convertido “en el bufón de la corte”, pues en los últimos años había sufrido un enorme declive tras haber sido muy popular en las filas socialistas, pues es un afamado cocinero a cuyo restaurante tradicional acudían grandes personalidades del ámbito político y de todo el arco ideológico, así como grandes personalidades. “Tenía mucha retranca y mucha labia”, explican quienes lo conocen, pero “se ha ido degenerando, le daba igual una chavala que una señora mayor”. El PSOE lo eliminó del partido cuando hace tres años recibió una sentencia en su contra por violencia de género a lo que se sumaban episodios por conducir bajo los efectos del alcohol, que le supusieron la retirada del carnet de conducir. La pena por la agresión sobre su pareja fue sustituida por un tratamiento de desalcoholización que, según fuentes de Castroverde, no cumplía. En 2018 también había sido condenado por lesiones leves y amenazas a un hombre.

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El rojo y verde de las luces de Navidad en Murcia desata una falsa polémica por ser los colores de la bandera de Marruecos

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Mundial de fútbol. España es eliminada por Marruecos en los penaltis. Luces navideñas rojas y verdes en un edificio histórico de Murcia. Y la imaginación y las redes sociales han hecho el resto. Así se resume la polémica surgida en la capital murciana a raíz del comentario en Twitter de una usuaria que confundió la iluminación habitual que usa en las fiestas la empresa Aguas de Murcia, que tiene su sede en un edificio en el centro de la ciudad, con un homenaje a la selección que ha sacado a La Roja del mundial. La tuitera se llama Cristina Seguí y se presenta en su perfil como “presidenta de @Gobierna_Te”, autora de “LaMafiaFeminista” y “analista en CesarVidal.tv”. Fue también una de las fundadoras de Vox. Al finalizar el partido subió un escueto mensaje: “Murcia esta noche. By @SerranoJAntonio”. El tuit está acompañado de una vista aérea de la Plaza Circular, en el centro de la ciudad. La sede de la empresa de aguas es un edificio histórico, el de la antigua estación de Zaraíche, y estaba iluminado por completo con luces verdes y rojas. Para esta usuaria, una afrenta directa responsabilidad del alcalde, el socialista José Antonio Serrano, por poner unos colores que coinciden con los de la selección marroquí.

El mensaje se ha hecho viral, pero por desafortunado: tanto la empresa como el PSOE de Murcia no tardaron en señalar que no es más que una casualidad, porque esas mismas luces, con esos mismos colores, son las que han iluminado el edificio cada Navidad, al menos desde 2019. Un portavoz de la compañía explica a EL PAÍS que esos colores se eligieron hace ya varios años, porque son “típicos de la época navideña” y se suman a partir del puente de diciembre al resto de la iluminación ornamental de la ciudad. Nada que ver con el fútbol y, ni siquiera, con el alumbrado público que instala el Ayuntamiento en estas fechas, ya que este lo costea la empresa, que es mixta, con capital municipal y privado. Son luces, explican desde la compañía, que están programadas de manera automática y que se seguirán encendiendo hasta el final de la Navidad todos los días, puesto que nada tienen que ver con temas futbolístico o político. La iluminación de la fachada de este edificio, señala el portavoz, es habitual también en otras fechas y efemérides. Por ejemplo, el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el edificio lució de color violeta.

Seguí, lejos de reconocer su error o borrar el mensaje, contestó al alcalde y al grupo municipal socialista con otro tuit en el que asegura que “Murcia es la segunda región que más inmigrantes marroquíes acoge, con 253.411″. Según el INE, el 1 de enero de 2022 había censados en toda la Región de Murcia 226.431 extranjeros. De ellos, 92.299 son marroquíes. Seguí es una de las acusaciones particulares en el caso del presunto encubrimiento por parte de la Consejería de Igualdad, cuando esta era dirigida por la investigada Mónica Oltra, de los abusos sexuales a una menor de su exmarido.

El PP pide explicaciones

Entre quienes se lanzaron a compartir el mensaje sobre la supuesta polémica de las luces, el grupo del PP en el Ayuntamiento, que aseguraba que pediría “explicaciones formalmente” al alcalde por este alumbrado. “Con independencia del espíritu y la competitividad deportiva, no entendemos que en octavos de final el Ayuntamiento tome este tipo de iniciativas contra la Selección Española”, agregaban. Horas más tarde y ante el revuelo generado, los populares locales publicaban otro mensaje en la red social, no para reconocer su error, sino para asegurar que “ante el clamor popular y el revuelo generado, el Ayuntamiento ha retirado las luces y ha dado las explicaciones solicitadas”. Numerosos usuarios respondían insistiendo en que el asunto no es más que un bulo y aportando fotos del edificio con la misma iluminación ya en 2019, cuando en la alcaldía estaban precisamente en manos de los populares.

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La iluminación navideña no ha hecho más que arrancar en Murcia, pero esta no es la primera polémica que suscita en redes, que ya reaccionaron con cierta sorna a las luces que cuelgan de la Gran Vía, de un aspecto algo retro, y que no han sido del gusto de todos. Las luces van cambiando de motivos y dejan ver diferentes dibujos, entre los que se ha hecho especialmente popular un camello que parece tirar rayos y que no ha escapado de los comentarios de los tuiteros. Uno de los primeros en llamar la atención sobre las luces, aprovechando las pruebas que se hicieron en los días previos al encendido, fue el periodista deportivo Germán R. Abril. Desde entonces, las luces han encontrado seguidores y detractores a partes iguales. Incluso la Policía Local de Murcia ha aprovechado el tirón de ese personaje para hacer un montaje en el que recuerdan que beber alcohol no es compatible con conducir un coche en estas fiestas.

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