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Dos magistrados del Constitucional, contra la actual pena de la sedición

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Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre las condenas impuestas por el Supremo en relación con el procés han llevado aparejados votos particulares con un contenido abiertamente crítico tanto con el delito de sedición y su actual redacción en el Código Penal como con las penas que prevé, de hasta 15 años de prisión. Dichos votos —pertenecientes al vicepresidente del tribunal, Juan Antonio Xiol, y a la magistrada María Luisa Balaguer, ambos del sector progresista— sostuvieron la tesis de que los hechos enjuiciados pudieron constituir, como estimó el Supremo, un delito de sedición, pero cuestionaron su aplicación al considerar que las penas impuestas fueron desproporcionadas y que su aplicación podía tener un efecto de “desaliento” para el ejercicio de derechos fundamentales como los de manifestación y libre expresión de las ideas. El resto de magistrados del Constitucional, incluidos varios progresistas, respaldaron las condenas del Supremo y consideraron proporcionadas las penas impuestas por sedición.

Así, los razonamientos de los magistrados Xiol y Balaguer encierran una doctrina alternativa a la que sostienen las sentencias del propio Constitucional sobre el referéndum ilegal de independencia del 1-O de 2017. Esa alternativa pone el acento tanto en el excesivo rigor del delito de sedición como en la indeterminación de las conductas merecedoras de esta calificación penal y en la posibilidad de que todo ello implique que los ciudadanos se inhiban o renuncien a ejercer sus derechos democráticos; una forma indirecta de negárselos.

Los votos particulares de Xiol y Balaguer, sin cuestionar la gravedad de lo ocurrido y la culpa de los condenados, señalaron que el Supremo pudo haber “atemperado” las penas que impuso, y al no hacerlo lesionó los derechos fundamentales de los recurrentes, todos los condenados por el procés. En el caso de los autores de un delito de sedición, dichas penas oscilaron entre los 8 y los 13 años de prisión. A este respecto, los citados magistrados estimaron que debió recurrirse a mecanismos como la aplicación de una eximente incompleta, o que el Supremo pudo haberse dirigido al Gobierno para proponer un indulto parcial, en los términos que prevé el propio Código Penal, cuando el tribunal considera que la pena legalmente prevista es excesiva.

Balaguer y Xiol subrayaron, de este modo, que el Supremo aplicó con indebido rigor el delito de sedición, “pudiendo haber sido ajustado cuantitativamente acudiendo a previsiones de la normativa penal”. Añadieron que, al no hacerlo, el resultado fue “contrario a las exigencias del principio de proporcionalidad penal”. Por ello, proseguía su texto alternativo, “debemos insistir en una idea final: las sanciones previstas en una norma no deben exceder de lo que resulta necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos por esa normativa, debiendo adecuarse la gravedad de las sanciones a la gravedad de las infracciones que castigan”.

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol, y a la magistrada María Luisa Balaguer.
El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol, y a la magistrada María Luisa Balaguer.EFE / Álvaro García

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El voto discrepante de ambos magistrados entendía que “la gravedad de los hechos enjuiciados (…) no se cuestiona en ningún momento”, pero consideraba que habría sido necesario “tener en cuenta las dudas técnicas que el recurso al tipo penal de sedición suscita en este caso”, todo ello “para evitar cualquier reparo respecto de que las sanciones impuestas excedan de lo necesario para alcanzar la garantía del Estado de Derecho que ellas mismas persiguen”. Ambos coincidieron en que “sin garantía de la preservación de la norma, el Estado de Derecho no es posible”, pero al mismo tiempo “sin una observancia escrupulosa de los derechos fundamentales tampoco lo es”.

El argumento del excesivo rigor en las acusaciones contra los líderes del procés ya fue utilizado en resoluciones de la justicia alemana y belga para negar la entrega de dirigentes independentistas huidos de la justicia española. Y después, los pronunciamientos y votos de Balaguer y Xiol —unidos formalmente en un solo texto compartido— han sido utilizados por las defensas en sus recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pendientes de sentencia.

Las impugnaciones de los recursos remiten a razonamientos como los que efectuaron los dos magistrados, en el sentido de que si bien se apreció en la conducta de los condenados su implicación en la “acción típica de alzamiento tumultuario” —la que describe el tipo penal de sedición—, esa calificación se proyectó “sobre actos públicos multitudinarios con incidentes aislados”. “El resultado típico de un efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia se ha predicado de situaciones controlables y controladas mediante instrumentos legales, cuyo objetivo era ejercer presión política para posibilitar la búsqueda de vías legales de autodeterminación y que se desarrollaron con reiterados llamamientos a que tuvieran carácter pacífico”, precisaban los magistrados, que denunciaron en su voto la “incertidumbre estructural del delito de sedición”.

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Un alcalde de Zamora, encausado por presunta prostitución de dos menores y por abusar de una de ellas

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Ayuntamiento de Castroverde de Campos, en una imagen de archivo.
Ayuntamiento de Castroverde de Campos, en una imagen de archivo.JAVIER ÁLVAREZ

El juzgado zamorano de Villalpando ha encausado al alcalde de Castroverde de Campos (Zamora, 270 habitantes), Cecilio Lera, por “prostituir presuntamente a dos menores y abusar sexualmente de una de ellas”, según la resolución judicial. El regidor, expulsado del PSOE en 2019 por una condena firme por violencia machista sobre su pareja, también ha sido recientemente penado con dos años de prisión por ofrecerle dinero a una menor, del pueblo, a cambio de mantener relaciones sexuales con él. El hombre, de 69 años, padece adicciones a las drogas y al alcohol, aunque no siempre acudía a las sesiones de rehabilitación ordenadas por los jueces que fallaron en su contra. Los hechos de los que se le acusan consisten en un delito de abuso sexual a una menor de 16 años, otros dos delitos de favorecimiento de la prostitución de una menor de edad, otro de exhibicionismo y otro de difusión de material pornográfico.

La investigación comenzó en verano de 2021 y ha permitido concluir que las dos víctimas, de 14 y de 16 años, acudieron con frecuencia, “durante al menos tres meses”, a la vivienda de Cecilio Lera, quien a cambio de “masajes y sexo” les abonaba entre 50 y 100 euros. El caso lo dirimirá la Audiencia Provincial. Fuentes cercanas al caso aseguran que las niñas son hijas de temporeros de países del este de Europa que acuden a la provincia de Zamora para trabajar en el campo o en la vendimia y “en extrema situación de vulnerabilidad social y económica”.

Este proceso se abrió apenas unos meses antes de que una chica de la localidad que regía lo grabara cuando este le ofrecía 300 euros por acostarse con él. Estos hechos ocurrieron en un bar de Castroverde de Campos y, tras contárselo la afectada a sus padres y que estos denunciaran, fueron reconocidos por parte de Lera; de hecho, aceptó por conformidad una sanción de dos años de prisión. Fuentes judiciales de Zamora confirman que pactó esa pena en el juicio celebrado en la Audiencia zamorana el pasado 1 de diciembre y que tiene pendientes “tres quebrantamientos [de orden de alejamiento] por la misma niña”, así como la causa recién abierta por lo acontecido con estas dos menores a las que pagaba por sexo y masajes.

Las conductas de Lera no resultan extrañas ni en la zona ni en la localidad, dividida entre quienes rechazan la actitud del alcalde y entre quienes lo respaldan, pues lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1978, las primeras elecciones democráticas de España. Una persona del entorno del político afirman rotundamente que “Cecilio está enfermo desde hace muchos años, lleva toda la vida haciendo esto”. Este informador detalla que el acusado “ha frecuentado todos los lupanares de Castilla y León con las peores compañías y era asiduo al casino de Boecillo (Valladolid), ahora cerrado y desplazado al centro de la ciudad”.

Lera se había convertido “en el bufón de la corte”, pues en los últimos años había sufrido un enorme declive tras haber sido muy popular en las filas socialistas, pues es un afamado cocinero a cuyo restaurante tradicional acudían grandes personalidades del ámbito político y de todo el arco ideológico, así como grandes personalidades. “Tenía mucha retranca y mucha labia”, explican quienes lo conocen, pero “se ha ido degenerando, le daba igual una chavala que una señora mayor”. El PSOE lo eliminó del partido cuando hace tres años recibió una sentencia en su contra por violencia de género a lo que se sumaban episodios por conducir bajo los efectos del alcohol, que le supusieron la retirada del carnet de conducir. La pena por la agresión sobre su pareja fue sustituida por un tratamiento de desalcoholización que, según fuentes de Castroverde, no cumplía. En 2018 también había sido condenado por lesiones leves y amenazas a un hombre.

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El rojo y verde de las luces de Navidad en Murcia desata una falsa polémica por ser los colores de la bandera de Marruecos

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Mundial de fútbol. España es eliminada por Marruecos en los penaltis. Luces navideñas rojas y verdes en un edificio histórico de Murcia. Y la imaginación y las redes sociales han hecho el resto. Así se resume la polémica surgida en la capital murciana a raíz del comentario en Twitter de una usuaria que confundió la iluminación habitual que usa en las fiestas la empresa Aguas de Murcia, que tiene su sede en un edificio en el centro de la ciudad, con un homenaje a la selección que ha sacado a La Roja del mundial. La tuitera se llama Cristina Seguí y se presenta en su perfil como “presidenta de @Gobierna_Te”, autora de “LaMafiaFeminista” y “analista en CesarVidal.tv”. Fue también una de las fundadoras de Vox. Al finalizar el partido subió un escueto mensaje: “Murcia esta noche. By @SerranoJAntonio”. El tuit está acompañado de una vista aérea de la Plaza Circular, en el centro de la ciudad. La sede de la empresa de aguas es un edificio histórico, el de la antigua estación de Zaraíche, y estaba iluminado por completo con luces verdes y rojas. Para esta usuaria, una afrenta directa responsabilidad del alcalde, el socialista José Antonio Serrano, por poner unos colores que coinciden con los de la selección marroquí.

El mensaje se ha hecho viral, pero por desafortunado: tanto la empresa como el PSOE de Murcia no tardaron en señalar que no es más que una casualidad, porque esas mismas luces, con esos mismos colores, son las que han iluminado el edificio cada Navidad, al menos desde 2019. Un portavoz de la compañía explica a EL PAÍS que esos colores se eligieron hace ya varios años, porque son “típicos de la época navideña” y se suman a partir del puente de diciembre al resto de la iluminación ornamental de la ciudad. Nada que ver con el fútbol y, ni siquiera, con el alumbrado público que instala el Ayuntamiento en estas fechas, ya que este lo costea la empresa, que es mixta, con capital municipal y privado. Son luces, explican desde la compañía, que están programadas de manera automática y que se seguirán encendiendo hasta el final de la Navidad todos los días, puesto que nada tienen que ver con temas futbolístico o político. La iluminación de la fachada de este edificio, señala el portavoz, es habitual también en otras fechas y efemérides. Por ejemplo, el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el edificio lució de color violeta.

Seguí, lejos de reconocer su error o borrar el mensaje, contestó al alcalde y al grupo municipal socialista con otro tuit en el que asegura que “Murcia es la segunda región que más inmigrantes marroquíes acoge, con 253.411″. Según el INE, el 1 de enero de 2022 había censados en toda la Región de Murcia 226.431 extranjeros. De ellos, 92.299 son marroquíes. Seguí es una de las acusaciones particulares en el caso del presunto encubrimiento por parte de la Consejería de Igualdad, cuando esta era dirigida por la investigada Mónica Oltra, de los abusos sexuales a una menor de su exmarido.

El PP pide explicaciones

Entre quienes se lanzaron a compartir el mensaje sobre la supuesta polémica de las luces, el grupo del PP en el Ayuntamiento, que aseguraba que pediría “explicaciones formalmente” al alcalde por este alumbrado. “Con independencia del espíritu y la competitividad deportiva, no entendemos que en octavos de final el Ayuntamiento tome este tipo de iniciativas contra la Selección Española”, agregaban. Horas más tarde y ante el revuelo generado, los populares locales publicaban otro mensaje en la red social, no para reconocer su error, sino para asegurar que “ante el clamor popular y el revuelo generado, el Ayuntamiento ha retirado las luces y ha dado las explicaciones solicitadas”. Numerosos usuarios respondían insistiendo en que el asunto no es más que un bulo y aportando fotos del edificio con la misma iluminación ya en 2019, cuando en la alcaldía estaban precisamente en manos de los populares.

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La iluminación navideña no ha hecho más que arrancar en Murcia, pero esta no es la primera polémica que suscita en redes, que ya reaccionaron con cierta sorna a las luces que cuelgan de la Gran Vía, de un aspecto algo retro, y que no han sido del gusto de todos. Las luces van cambiando de motivos y dejan ver diferentes dibujos, entre los que se ha hecho especialmente popular un camello que parece tirar rayos y que no ha escapado de los comentarios de los tuiteros. Uno de los primeros en llamar la atención sobre las luces, aprovechando las pruebas que se hicieron en los días previos al encendido, fue el periodista deportivo Germán R. Abril. Desde entonces, las luces han encontrado seguidores y detractores a partes iguales. Incluso la Policía Local de Murcia ha aprovechado el tirón de ese personaje para hacer un montaje en el que recuerdan que beber alcohol no es compatible con conducir un coche en estas fiestas.

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Una veintena de inmigrantes escapan de un avión en el aeropuerto de Barcelona tras un aterrizaje de emergencia

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Un avión comercial ha protagonizado un aterrizaje de emergencia esta madrugada en el aeropuerto de Barcelona, circunstancia que 28 personas han aprovechado para bajarse del aparato con la presunta intención de entrar ilegalmente en España. El vuelo de la compañía Pegasus cubría la ruta entre Casablanca y Estambul y ha declarado una emergencia médica cuando una pasajera ha asegurado que estaba de parto. Al aterrizar en Barcelona, inicialmente se han bajado corriendo del avión una quincena de pasajeros, cifra que después la Delegación del Gobierno en Cataluña ha aumentado a 28. En ese momento 14 personas han sido interceptadas, y cinco de ellas devueltas a la aeronave por propia voluntad y con la aceptación del comandante, según la delegación. Al resto se les ha iniciado el proceso de inadmisión de retorno y otros 14 siguen en búsqueda.

La mujer embarazada ha sido atendida en el hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona y no se han encontrado indicios de que se encontrase de parto, siempre según fuentes de la delegación del Gobierno. Después de recibir el alta, ha sido detenida por un delito de desórdenes públicos acusada de fingir que estuviera a punto de dar a luz. Es una de las personas a las que se ha iniciado el proceso de inadmisión de retorno, por lo que se les expulsa de nuevo a su país de origen, sin que hasta el momento se haya informado de las nacionalidades de las personas huidas del avión.

El aterrizaje ha tenido lugar a las cuatro y media de la madrugada, cuando el avión, con 228 pasajeros a bordo, ha comunicado que tenía una emergencia médica y necesitaba aterrizar en las pistas del aeropuerto de El Prat. En el aeropuerto se había activado el protocolo de este tipo de situaciones, con dos patrullas de la Guardia Civil, una de la Policía Nacional y los servicios médicos. En el momento de desembarcar a la mujer embarazada, con unos cinco meses de gestación, según fuentes policiales, un grupo de 28 pasajeros han huido corriendo del avión.

La policía busca a 14 personas que aún no han sido localizadas. Un conductor ha avisado pasadas las cinco y media de la madrugada de que ha visto a un grupo de gente que cruzaba la C-31 e intentaba parar vehículos, según fuentes policiales. En el aeropuerto se ha reunido la Policía Nacional, la Guardia Civil y el equipo de seguridad del aeropuerto para analizar lo ocurrido.

El suceso es parecido al que ocurrió el 5 de noviembre de 2021 en el aeropuerto de Palma, cuando un Airbus A321 de la compañía Air Arabia que cubría la ruta entre Casablanca y Turquía avisó a la torre de que uno de los pasajeros había sufrido un coma diabético. Tras el aterrizaje de emergencia y una vez evacuado el pasajero enfermo y su acompañante, un grupo de 23 pasajeros provocaron un tumulto y una situación de caos que les permitió salir por la escalerilla delantera del avión, obviando las instrucciones del comandante, y se dieron a la fuga por las pistas del aeropuerto para superar el perímetro del recinto y entrar irregularmente en el país. El suceso provocó la paralización del aeropuerto durante varias horas, que afectó a 81 vuelos.

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