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“Volveremos a intentar saltar la valla de Melilla”

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De izquierda a derecha, Osmán Alí, sudanés; John Maruot, sursudanés, y Yamal Yaher, sudanés, muestran su documentación de la ONU como refugiados, el viernes en un parque  de Rabat. / J. C. S.
De izquierda a derecha, Osmán Alí, sudanés; John Maruot, sursudanés, y Yamal Yaher, sudanés, muestran su documentación de la ONU como refugiados, el viernes en un parque de Rabat. / J. C. S.J. C. S

“Volveré a intentarlo, aunque sé lo que significa. En junio conté unos 25 cadáveres solo en una parte de la valla, pero si regreso a Sudán del Sur me espera un destino peor. No veo alternativa. Lo intentaré las veces que haga falta. Toda mi vida si es preciso”.

John Maruot, sursudanés de 25 años, de religión cristiana, es uno de los supervivientes de la tragedia del pasado 24 de junio, en la que al menos 23 migrantes perdieron la vida, la mayoría aplastados o asfixiados, mientras intentaban saltar la valla de Melilla” para entrar en España.

Lleva ocho meses en Marruecos tras vagar cinco años por el norte de África desde que salió de Yuba, la capital de Sudán del Sur. Mira a uno y otro lado con inquietud mientras relata su peripecia en un parque de Rabat. Dice percibir un profundo rechazo de los paseantes en ese distrito acomodado de la capital marroquí. “Los marroquíes no nos quieren aquí”, remacha.

Ha declinado la invitación para conversar en la terraza de un café: prefiere un lugar más discreto. “El dueño llamará a la policía, como de costumbre”, alega. Le acompañan los sudaneses Osmán Alí, de 22 años, y Yamal Yaher, de 27, que también participaron en el dramático salto a la valla. Otros inmigrantes vigilan en los alrededores por si se presentan las fuerzas de seguridad.

John y Osmán aseguran que la policía española les devolvió a Marruecos el 24 de junio, tras haber recorrido decenas de metros en territorio español al otro lado de la valla que rodea la ciudad de de Melilla. El primero recibió golpes en la cabeza. El segundo se hirió en una pierna. El tercero del grupo, Yamal, había sido interceptado por los gendarmes en territorio marroquí.

“Luego nos llevaron a Uchda [al este] y nos dejaron tras la frontera argelina, pero regresamos de inmediato a Marruecos. Si volvemos a nuestros países estamos muertos”, relata John, que aparenta ser el líder del grupo.

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Malviven en las afueras de Rabat entre seis decenas de subsaharianos, casi todos compatriotas. “La policía se presenta cada noche a las cuatro o las cinco de la madrugada para identificarnos. Quienes solo tenemos documentos de la ONU nos arriesgamos a ser detenidos y deportados a la frontera de Argelia”, explica. “Nos quitan las mantas. Nos rompen los papeles de Naciones Unidas en la cara y nos detienen con malos tratos”, denuncian los tres.

“Los vecinos de los barrios populares son los únicos que nos ayudan. Nos traen algo de comida y ropa de abrigo”, agrega John, mientras sus compañeros asienten. Dejó a sus seis hermanos menores en un campo de refugiados en Uganda —su madre murió y de su padre no tiene noticias— antes de emprender un peligroso periplo por el norte de África: Egipto, donde permaneció tres años, Libia y Argelia. “Se ofrecían a embarcarnos para cruzar hasta Europa, pero no teníamos dinero”, rememora. “Y otros subsaharianos nos revelaron que las mafias les habían dejado en tierra tras haberles cobrado miles de euros”.

Todos vinieron hace semanas a Rabat. “Aquí están las oficinas del ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados). Son los únicos que nos reconocen”, señalan, mientras muestran la documentación que les reconoce como refugiados procedentes de zonas en conflicto o demandantes de asilo. “El ACNUR no hace nada más. No tiene dónde acogernos. Nos dicen que esperemos. Pero en Marruecos no tenemos futuro”, advierten.

El miedo se refleja en sus miradas. Caminan muy rápido y evitan detenerse mucho tiempo en el mismo lugar. Temen ser siempre los primeros en ser identificados si pasa la policía. “Si en tus papeles pone que eres sudanés, estás acabado”, lamentan.

Yamal dejó una esposa y dos hijos en su país en 2018. Osmán salió de allí en 2020 para ayudar a sus seis hermanos. Ambos llevan casi un año en Marruecos. Dicen hablar en representación de un amplio grupo oculto en la periferia de Rabat. “No tenemos otra opción que dirigirnos hacia España, hacia Europa, antes de poder traer a nuestras familias”, justifican la obstinación por llegar a Ceuta o Melilla, “pero ahora estamos atrapados y tampoco podemos regresar a nuestra tierra”.

Admiten que alcanzar las ciudades autónomas españolas es ahora muy peligroso. “Te pueden detener en cualquier parte. En una carretera, en una estación de autobuses”, aseguran. “Nos tratan como animales. No como a ser humanos. Solo si alguien nos lleva hasta allí podremos saltar a España”, zanjan.

Los entre 2.000 y 3.000 migrantes irregulares sudaneses en Marruecos se sienten, como Maruot y sus compañeros, abandonados a su suerte. “No podemos ir al hospital. No tenemos acceso a medicinas. No nos dejan ganarnos la vida con nuestro trabajo, a pesar de contar con la documentación de la ONU”, desgrana el refugiado sursudanés un memorial de agravios. Sus compañeros admiten que en Libia la vida era aún peor, y que en Argelia también resultaba difícil sobrevivir.

“Tenemos que salir de aquí como sea”, tercia Osmán. “En Marruecos no me siento seguro. No reconocen nuestros derechos. Nos arrojan a las calles, a dormir al raso. Nos expulsan a golpes de casas en ruinas”, concluye.

Necesitarían contar con al menos 3.500 euros por persona para intentar llegar en patera hasta Canarias, como el también sudanés Yusef Abu Obaida, de 25 años. Dos meses después del asalto a la valla de Melilla, él alcanzó las costas de Lanzarote. Desde allí se dirigió hasta Sevilla y más tarde recaló en París, desde donde conversa por teléfono. “Acabo de recibir la documentación de residencia como refugiado durante un año, pero aún no puedo trabajar”, explica Abu Obaida, quien aspira a estudiar en la capital francesa para convertirse en intérprete.

Su testimonio ha formado parte del documental Muerte en la frontera, emitido la semana pasada por la BBC. “Llegué a cruzar las vallas de Melilla, y entré en España, pero la Guardia Civil me expulsó por la fuerza de nuevo a Marruecos”, condensa su peripecia en el asalto de junio. “Salim, unos de mis mejores amigos, desapareció el 24 de junio. No he vuelto a saber nada de él”.

“Ahora estoy bien. Mi vida en Marruecos era un infierno. Teníamos muchos problemas con la policía. ‘No sois nadie, no sois humanos’, nos decían los agentes entre golpes y empujones”, afirma. “En cada ciudad nos expulsaban, como si fuéramos animales”, recuerda. Después del asalto de Melilla, Yusef fue trasladado a Agadir (más de mil kilómetros al sur por carretera). De esa ciudad portuaria pudo salir para emprender después la travesía hacia Canarias. “Unos senegaleses me ayudaron a cruzar en barco hasta Lanzarote”, se limita a aclarar ahora. “Intenté pedir asilo en Marruecos, pero a los sudaneses no nos respetan en ese país. Por eso queremos ir a Europa. Mis amigos solo me cuentan malas noticias sobre su vida en Marruecos”.

Lugar donde duermen varios de los sudaneses rechazados en la frontera de Melilla en las afueras de Casablanca.
Lugar donde duermen varios de los sudaneses rechazados en la frontera de Melilla en las afueras de Casablanca.

La Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR han recordado a los Estados tras la tragedia de la valla de Melilla la necesidad de respetar los derechos fundamentales de los migrantes. Ambas organizaciones subrayan la importancia de encontrar “soluciones duraderas” para las personas desplazadas para prevenir los “intentos de paso peligrosos”.

El Gobierno de Marruecos define como violentos a los grupos de inmigrantes sudaneses. Les acusa de haber empleado “técnicas de guerra” en el asalto del 24 de junio y de estar “habituados a los enfrentamientos”. El Ministerio del Interior marroquí consideró el suceso como un “acto premeditado de una violencia no habitual”. El tránsito de migrantes en situación irregular, de jóvenes procedentes de países en conflicto o con guerras recientes, es visto por Rabat como un problema de “seguridad pública”.

“Marruecos no va a cambiar su política de firmeza en la contención de la inmigración irregular porque ha recibido el respaldo de la Unión Europea y de España para que controle las fronteras del sur de la UE, sobre todo con Ceuta y Melilla”, analiza Khadija Inani, responsable del área de inmigración de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). “En nuestra organización pensamos que se va a instrumentalizar la cuestión de la inmigración para demandar más apoyo financiero de la UE”, agrega. “No hay voluntad real de cambio. Marruecos no tiene un sistema legislativo de asilo, a pesar de que ha ratificado la Convención de Ginebra [de 1951 sobre refugiados y demandantes de asilo]. Y los refugiados van a intentar siempre ir hacia el norte para acogerse a ese derecho”.

Inani considera que el contexto marroquí actual está caracterizado por la regresión en materia de derechos humanos en general, a la vista de la detención de periodistas y comunicadores, incluso de ciudadanos que escriben en las redes sociales y que son encausados. “La restricción del espacio de la sociedad civil tiene repercusiones muy negativas sobre los inmigrantes”, advierte.

Ibrahim, de 24 años, también es un refugiado sudanés en Marruecos. Prefiere ocultar su apellido y comunicarse a través de WhatsApp desde la ciudad costera de Casablanca, adonde llegó hace apenas cuatro días desde Beni Melal, en el interior rural del país. “Las autoridades españolas me arrestaron [tras atravesar la valla de Melilla] y me devolvieron a Marruecos”, relata con voz nerviosa a través de un teléfono móvil prestado por otra persona. “Si se hacen públicos los vídeos [del 24 de junio] se podrá comprobar que muchos atravesamos la frontera y entramos a fondo en territorio español”.

“Cuando llegué a Marruecos por primera vez, en 2021, nos perseguían las fuerzas de seguridad, pero ahora nos están tratando como a criminales. Sin piedad. Si eres sudanés, estás perdido”, define su situación y la de sus compatriotas indocumentados. “Solo tengo los documentos [de refugiado] de la ONU. A veces sale algún trabajillo en la construcción o recogiendo fruta. Pagan entre 50 y 70 dirham, no más de 100 (nueve euros) por día, a veces por jornadas de hasta 12 horas”, describe la penuria de su vida cotidiana. Se aloja en una infravivienda semiderruida en las afueras de la mayor urbe marroquí, como si durmiera al raso.

“Quiero irme. España es nuestra única salida. En patera es muy caro. No tenemos más remedio que volver a saltar la valla [de Ceuta o Melilla] una y otra vez. Es mejor morir intentándolo que volver a Sudán”, resume el sentimiento compartido por la gran mayoría de los sudaneses en Marruecos. “Si vuelvo a mi país, mi vida no vale nada”, sentencia cuatro años después de haberlo abandonado. “Los documentos que nos da la ONU son papel mojado”, solo sirven para malvivir. “Nadie me ha ayudado en Marruecos. Cada día que sigo aquí es como si fuera mi ultimo día”, apostilla.

Ibrahim precisa que uno de sus compañeros en el asalto permaneció encarcelado más de un mes en Nador. Pero luego fue liberaron. “Sé que otros han recibido condenas de cárcel”, confirma con desesperación después de haber pasado un año en Marruecos, más de dos en Egipto y varios meses en Libia y Argelia. “Creía que aquí las cosas iban a ir mejor, pero todo está siendo igual de peligroso. La ONU no hace nada por nosotros”, responsabiliza a la comunidad internacional.

Mohamed Amín Abidar, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador, puntualiza que los presos juzgados por el asalto a la valla de Melilla han sido 96, 28 de ellos por el Tribunal de Apelaciones, para las acusaciones más graves, y el resto por el de Primera Instancia. Suman 300 años de cárcel en total. “En lugar de juzgar a los traficantes de seres humanos, se ha procesado a los inmigrantes”, cuestiona. “Siempre hemos defendido que los demandantes de asilo deben ser tratados como víctimas y no como delincuentes. En estos procesos no se han respetado los derechos de los demandantes de asilo y de los inmigrantes”, afirma Abidar.

Responsabilidad compartida

El activista sostiene que, en cierta manera, los juicios han servido para dar una imagen distinta sobre lo que realmente ha pasado. “España y Marruecos intentan criminalizar a los inmigrantes cuando se producen tentativas de entrada en la frontera”, argumenta el responsable de la AMDH en Nador, “pero nuestros abogados han seguido el proceso desde el primer día y han observado irregularidades en los atestados de la policía judicial marroquí, que no reflejaban las declaraciones de los inmigrantes, efectuadas en ocasiones en ausencia de intérprete”. Anticipa que se van a revisar todos los casos en los que los testimonios no han quedado bien detallados para estudiar si se recurren ante un tribunal superior.

“Es necesario que España entregue las imágenes tomadas desde sus cámaras [en la valla de Melilla] para que se pueda hacer justicia”, completa sus declaraciones desde Nador. “Lo contrario implica ocultar la realidad y escapar a las responsabilidades, cuando se ha utilizado la violencia contra los inmigrantes. Y hay una responsabilidad compartida entre Marruecos y España, así como con la UE”, asevera.

En la actualidad, en los alrededores de Nador y Melilla no hay inmigrantes que quieran seguir intentando asaltar la frontera, según confirman los observadores de la ONG marroquí defensora de los derechos humanos. “Toda la zona está militarizada. Y los migrantes tampoco tienen medios para llegar hasta aquí”, puntualiza el presidente de la AMDH en la provincia rifeña.

El despliegue de fuerzas de seguridad, detalla, es masivo tras la normalización de relaciones entre Marruecos y España, en marzo de este año, a raíz del giro dado por el Gobierno español al abandonar la posición de neutralidad en el conflicto del Sáhara Occidental. “Lo que ocurrió el 24 de junio en la valla de Melilla fue el reflejo de esa normalización”, remata Abidar. “Solo esperamos que la UE pueda encontrar una solución humanitaria para la situación inhumana que sufren estos inmigrantes”.

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La federación de la España Vaciada busca implantarse en todo el país

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La Federación de la España Vaciada ha celebrado este domingo su congreso fundacional en Teruel con el objetivo de convertirse una organización con representación política en todo el territorio nacional. Se ha conformado como una federación de seis partidos (Teruel Existe, España Vaciada, Aragón Existe, Soria Ya, Cuenca Ahora y Jaén Merece Más) en la que, de momento, están representadas 14 provincias. El diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, ha sido elegido coordinador federal y portavoz nacional. Con esta unión, pretenden llegar a formar grupo propio en el Parlamento que surja de las próximas elecciones generales. “Es una acción dirigida al conjunto de la sociedad española, no solo a los territorios afectados”, afirmó Guitarte en la rueda de prensa posterior. La plataforma aspira a presentarse a todas las elecciones, municipales, autonómicas, nacionales e incluso europeas.

En este encuentro se conformó una Ejecutiva compuesta por un representante de cada una de las provincias que han participado en el congreso. No obstante, afirmó Guitarte, este no es un número cerrado y está abierto para que se vayan incorporando más de aquí a la cita de las municipales y autonómicas de mayo del año que viene.

En la cita, celebrada en la Cámara de Comercio de Teruel y la que asistieron unas 30 personas, se definió a la federación España Vaciada como una “formación transversal en lo ideológico, con vocación mayoritaria y decisiva para formar gobierno”. En su ideario, su principal objetivo sigue siendo el desarrollo sostenible acompañado del equilibrio territorial. “No queremos seguir siendo territorios de sacrificio”, dijo Guitarte.

Listas en Madrid

La estrategia que se ha decidido en el cónclave pasa por presentar listas en las grandes ciudades para atraer el voto de todas aquellas personas que han emigrado. Como, por ejemplo, Madrid, donde ya se ha constituido un movimiento de la España Vaciada. No obstante, en la organización admiten que aún es demasiado pronto para hablar de listas. Los partidos ya constituidos no cambiarán sus siglas y se presentarán con ellas a todas las elecciones.

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Además, España Vaciada, que ya se registró como partido en septiembre del año pasado, renovó los cargos orgánicos. La alcaldesa de Nieva de Cameros (La Rioja), Inma Saénz, ha sido escogida como coordinadora general del partido, y Sergio Díez, de León, como secretario de organización.

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España

Sánchez pide a la patronal que negocie con los sindicatos un acuerdo salarial

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Pedro Sánchez, en la clausura del XXVI Congreso de la Internacional Socialista.
Pedro Sánchez, en la clausura del XXVI Congreso de la Internacional Socialista.chema Moya Chema Moya (EFE)

Pedro Sánchez ha vuelto a reclamar a los empresarios españoles que lleguen a un acuerdo de rentas con los sindicatos en un contexto marcado por las secuelas económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Su petición, en la clausura del XXVI Congreso de la Internacional Socialista (IS) en la que ha sido nombrado presidente —hasta ahora ningún español había ostentado el cargo—, se produce días después de que Antonio Garamendi haya sido reelegido al frente de la patronal. Y en un momento en el que España es el segundo país de la UE con la inflación más alta (7,3%), por debajo de la media en la zona euro (10,7%) y solo peor que Francia pero aun así en unos niveles muy elevados. “En España gracias a la reforma laboral, aprobada por mi Gobierno y acordada con los agentes sociales, hemos avanzado como nunca se ha avanzado a lo largo de estos últimos 40 años en estabilidad y dignidad laboral. Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales. Por eso pido a la patronal, a la CEOE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores”, ha solicitado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

La propuesta de Sánchez, que viene demandando desde la primavera, se ha producido dentro de su defensa del “trabajo digno” y de “una economía justa que reemplace al modelo neoliberal”. La socialdemocracia, ha enfatizado, debería ofrecer ese modelo alternativo frente al “nacionalismo reaccionario” y a la receta del austericidio con que la UE respondió a la Gran Recesión de 2008.

“La redistribución de la riqueza es una cuestión de principios y de valores”, ha resaltado tras su elección, sin más candidatos, como presidente de una organización en estado comatoso. Fundada en 1971 e integrada por más de 130 partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas, Sánchez se ha puesto como tarea relanzar un organismo que languidece desde hace décadas y reconvertirlo en la “gran casa comun del socialismo internacional”. “Debemos fortalecer una organización que debe ser escuchada y ser tenida en cuenta en el mundo y que vuelva a unir a todos los partidos y organizaciones socialistas. La defensa del multilateralismo forma parte de nuestro ADN, y por eso es preciso reforzar el vínculo con Naciones Unidas: ese debe ser el foro para combatir las amenazas globales. Nuestro internacionalismo es el mejor antídoto contra las políticas miopes y de trincheras”, ha afirmado en un acto al que han asistido 14 ministros de la parte socialista del Gobierno, los presidentes autonómicos de Asturias, Extremadura, Navarra y La Rioja y 12 secretarios generales de las federaciones territoriales del PSOE.

Sánchez, que no ha hecho ninguna alusión a las rebajas de penas de agresores sexuales a raíz de la entrada en vigor de la ley de solo sí es sí —el Gobierno espera que esta semana el Tribunal Supremo dicte la doctrina a seguir— ni a la manifestación que a la misma hora había convocado Vox en la Plaza de Colón, ha hecho un llamamiento “para globalizar la justicia climática, los derechos y libertades”. “Esa globalización fue ignorada por quienes llevaron al mundo al desastre hace una década y quienes privatizaron ganancias obscenas y socializaron las pérdidas. Ante ellos debemos confrontar con una alternativa socialdemócrata más internacional y más socialista que nunca”, ha instado.

El nuevo líder de la IS, puesto que antes desempeñaron el alemán Willy Brandt o el portugués António Guterres, ha contado con el respaldo de su antecesor socialista en La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero. “Hoy es un día trascendente, no es que haya una nueva Internacional Socialista, es la Internacional Socialista de nuevo, con toda la fuerza histórica y el liderazgo que ha sido capaz de transmitir en el mundo”, ha subrayado el expresidente del Gobierno. Zapatero ha apuntado implícitamente que la IS que Sánchez se propone potenciar no atraviesa por su mejor momento: “Ha sido la organización internacional política más importante en el siglo XX y debe serlo en el siglo XXI. Es nuestra responsabilidad construir una comunidad política internacional frente a las fuerzas reaccionarias e insensibles a los problemas globales”.

El desafío que encara Sánchez es mayúsculo: revivir a un organismo que lleva adormecido décadas. La parálisis de la IS llegó a tal punto los últimos años que incluso le surgió un competidor, la Alianza Progresista, de la que forman parte más de 140 partidos y organizaciones, entre ellas el PSOE. La inacción durante la etapa de Yorgos Papandreu, presidente desde 2006 —antes de que su partido, el PASOK, sucumbiera ante el ímpetu de Syriza y de las durísimas recetas de la UE en la Gran Recesión—, y de Luis Ayala, secretario general desde 1989, terminaron provocando la salida de la IS de los socialdemócratas alemanes y suecos. Uno de los primeros retos de Sánchez es que regresen esos partidos. Este domingo se vieron ya las primeras señales de acercamiento en las buenas palabras que dedicó Lars Klingbeil, copresidente del SPD, a Sánchez en un vídeo.

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Relevo en la cúpula

El XXVI Congreso de la IS se ha desarrollado como el PSOE quería. Pero eso no implica que haya sido sencillo. Varios partidos europeos eran reacios, según varias fuentes socialistas, a la continuidad de Ayala, que seguirá como asesor de la organización. Su sucesora como secretaria general será por primera vez una mujer africana, Benedicta Lasi (Ghana). En el PSOE tenían claro que era necesario “un giro de 180º″ en la cúpula de la IS para poner lo cimientos para reflotar el organismo, pero en Ferraz se encontraron resistencias al relevo de Ayala. El presidente del Comité de África de la IS, el maliense Bokary Treta, defendió en una carta presentada en octubre a la organización “la fórmula de Pedro Sánchez como presidente y Luis Ayala como secretario general como la mejor oportunidad de éxito” y su respaldo “inequívoco” al dirigente chileno “porque es casi el único que viene a [vernos a] nosotros en África”.

El Comité de los países de la Comunidad de Estados Independientes y del Cáucaso también apoyó de manera “unánime” que Ayala permaneciese como “un garante de estabilidad” en otra misiva. El dominicano Miguel Vargas, presidente del Comité para América Latina y el Caribe, también propuso en septiembre a Ayala para la secretaría general “para un nuevo periodo”. Al final el cambio fue posible sin estridencias gracias a las negociaciones entre bambalinas de Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo de la dirección del PSOE, y su equipo. El juego de equilibrios atendiendo a las diferentes regiones y sensibilidades también resultó clave: por ejemplo, Janet Camilo, de la República Dominicana, fue elegida esta semana nueva presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres tras los dos mandatos de la marroquí Ouafa Jajji.

La apertura al África subsahariana con la apuesta de Lasi ha sido otro factor determinante en el encaje del sudoku con el que Sánchez espera reactivar la IS. La primera de los aires de renovación es que la mitad de partidos se ha puesto al día para pagar las cuotas y así poder participar en la votación en la que Sánchez ha asumido el timón de una organización “con mucho potencial y capacidad de influencia” según comparten en La Moncloa y la ejecutiva federal del PSOE.

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Abascal defiende la violencia verbal de Vox y sus insultos a la “enloquecida” ministra Montero

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este domingo en Madrid la violencia verbal de su partido, que esta semana ha provocado la indignación de los demás grupos parlamentarios por sus insultos machistas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, con el argumento de que lo único que hace es “decir la verdad” y ha asegurado que seguirá haciéndolo. “Llevarles la contraria es violencia, según ellos, tienen la lengua muy larga y la piel muy fina”, ha dicho en un multitudinario mitin en la Plaza de Colón.

Lejos de retirar los insultos a Montero, Abascal la ha calificado de “ministra enloquecida” y la ha culpado de poner en la calle a violadores y hacer apología de la pederastia. Tras asegurar que su diputada Carla Toscano solo dijo la verdad cuando acusó a Montero de que su único mérito era haber “estudiado en profundidad” a Pablo Iglesias, añadió que “en ningún país serio “ se admitiría que un matrimonio se sentase en el Consejo de Ministros, como sucedía con la ministra de Igualdad y el anterior vicepresidente segundo. Aunque ha acusado a la izquierda de victimizarse “con el numerito de Montero”, ha presentado como víctima a al porpia Toscano, asegurando que fue increpada por dos miembros de la Mesa del Congreso sentados junto a la tribuna de oradores.

La manifestación convocada por Vox y su brazo sindical, Solidaridad, para exigir la dimisión del Gobierno, bajo el lema “¡Vete ya!”, referido a Pedro Sánchez, se ha quedado en un mitin ultra. Aunque el objetivo era el mismoque entonces, reclamar elecciones anticipadas, no ha tenido las dimensiones del gran acto de Colón de febrero de 2019, cuando se unieron las tres derechas: PP, Ciudadanos y Vox.

El centro de la plaza estaba ocupado esta vez por un mercadillo navideño y el mitin ha quedado acotado a un lateral, la calle de la Armada española, que no se ha llenado por completo, aunque el público la ha desbordado por detrás del escenario y ha cortado el Paseo de la Castellana frente a la calle Génova. Los organizadores han cifrado los asistentes en 80.000, pero la Delegación del Gobierno los ha reducido a 25.000, una estimación más ajustada a los que se ha podido observar sobre el terreno.

En cualquier caso, Vox ha conseguido rehacerse del pinchazo del pasado fin de semana en Barcelona, donde solo congregó a unos centenares de personas ante la indiferencia de los viandantes. La polémica de esta semana en el Congreso ha servido a Abascal para enardecer a sus seguidores, cargando contra EL PAÍS, del que ha leído su principal titular (“La violencia verbal de Vox desborda el Parlamento”), o la Cadena Ser. También ha arremetido contra El Mundo y El Español, a los que se ha referido sin citarlos como prensa “supuestamente amiga”, por publicar una viñeta humorística en la que se le dibujaba sobre un brazo levantado realizando el saludo fascista y por calificar a Toscano como “la pitbull de Abascal”..

El líder ultra ha calificdo de “verdugo”, “político sin escrúpulos” y “jefe de demoliciones”, entre otros epítetos (y a quien por megafonía se ha llamado “rata”), pero no ha mencionado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su más directo competidor electoral. Solo ha aludido veladamente a él cuando ha dicho que “no basta con recuperar el delito de sedición”, como ha prometido el líder popular, sino que hay que tipificar el delito de traición para juzgar a políticos como el actual presidente del Gobierno. En realidad, el delito de traición ya está tipicado en el Código Penal español y castigado con hasta 20 años de cárcel.

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