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Una red yihadista planeaba atentar en Barcelona contra un colegio y yates de magnates rusos

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El argelino Berkan Azizi, tras su detención en Barcelona en 2019.
El argelino Berkan Azizi, tras su detención en Barcelona en 2019.Albert Garcia

Un grupo yihadista planeó en 2017 atentar contra un colegio en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y embarcaciones de superlujo de oligarcas rusos amarradas en el puerto de la ciudad condal, según informes de los Mossos d’Esquadra a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La organización, integrada por ocho miembros y pilotada por el argelino Berkan Azizi Rabeh, de 39 años, pretendía comprar en el mercado negro un arsenal de granadas, bombas lapa y fusiles para acometer su acción. La red yihadista fue desmantelada en 2019 en Barcelona y se sentará la semana que viene en el banquillo por un presunto delito de terrorismo.

La célula disponía de información y fotos de tres colosales barcos atracados en 2017 en el puerto de Barcelona. Entre ellos, figuraba el Dilbar, el yate más grande del mundo (156 metros de eslora) propiedad del oligarca de los metales ruso Alisher Usmánov. Con un coste de 545 millones, la embarcación de Usmánov, un aliado de Vladímir Putin con un patrimonio neto de 14.600 millones de dólares, según Forbes, fue confiscada el pasado marzo por las autoridades alemanas en el marco de las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania mientras era reacondicionada en un astillero de Hamburgo.

La organización yihadista también almacenaba imágenes del Hermitage, un yate de 68 metros de eslora valorado en 100 millones y que es propiedad de Anatoly Sedikh, dueño de United Metallurgical Company (OMK), segundo fabricante de tubos de Rusia.

El tercer objetivo sobre el mar en la mirilla de los terroristas fue el Radiant, un yate de 110 metros de eslora construido en 2010 por el exmagnate ruso Boris Berezovsky y que hoy pertenece a un empresario de Emiratos Árabes Unidos. Berezovsky, feroz opositor de Putin, fue hallado muerto en 2013 en la bañera de su mansión de Surrey, al sur de Londres.

Los Mossos d’Esquadra conectan las imágenes de los yates guardadas en los móviles de los miembros de la organización con los preparativos de un atentado. La célula contaba con un colaborador externo que actuaba como informador de primera mano y que, por su condición de empleado de una compañía que trabajaba para navieras, disponía de una tarjeta emitida por Capitanía Marítima para acceder a las zonas restringidas del puerto de Barcelona.

Imagen del yate Dilbar propiedad del empresario ruso Alisher Usmánov.
Imagen del yate Dilbar propiedad del empresario ruso Alisher Usmánov.

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Para ejecutar su misión, la organización pretendía comprar un arsenal en el mercado negro y manejaba un presupuesto. El grupo intentó adquirir dos subfusiles automáticos UZI (16.500 euros), 15 silenciadores (2.000), 15 armas cortas (12.000), dos pistolas semiautomáticas Whalter P99 con silenciador (1.700), revólveres Magnum (600 euros cada uno) y un subfusil Daewoo K7 (4.000 euros). Los yihadistas también trataron de hacerse con una ametralladora K12 (4.000), un fusil Kalashnikov 47 (4.500), una escopeta automática K12 Puma, una granada, un explosivo lapa y un chaleco antibalas (400), según la lista de la compra del cerebro del grupo incautada por los Mossos d’Esquadra.

Las pesquisas que condujeron a abortar los planes de la célula de Berkan Azizi Rabeh arrancaron en junio 2017 con la confesión a los servicios de inteligencia de un testigo protegido. El informador reveló que, durante su estancia en la prisión de Brians 1 (Barcelona), Rabeh expresó que planeaba cometer un atentado en España —su primer objetivo era un barco frecuentado por rusos, militares y hombres de negocios— y otro ataque terrorista en Europa.

El cerebro de la organización —un delincuente común que acumula 17 detenciones en España desde 2006 por hurtos y robos con violencia— aseguró a su entorno penitenciario que disponía en el ordenador de su casa de un programa encriptado para acceder a información sobre cómo fabricar explosivos. Y que era capaz de producir un kilo de material detonante de forma artesanal con acetona, clavos y bolas de hierro.

Los Mossos d’Esquadra dieron credibilidad a esta afirmación tras analizar los ingredientes y proporciones que manejaba Rabeh. Y establecieron la similitud de sus fórmulas y el explosivo Triperóxido de Triacetona (TATP), conocido como Madre de Satán por su poder letal y usado en atentados yihadistas en París, Bruselas y en la explosión de Alcanar (Tarragona) de 2017.

Mientras que los investigadores consideran que el plan contra yates de oligarcas rusos en el puerto de Barcelona estaba avanzado, el proyecto de atentar contra una escuela en L’Hospitalet de Llobregat se encontraba en fase embrionaria. Y se basaba en una revelación del testigo protegido, que relató a los agentes las intenciones del grupo de atacar contra “un colegio judío” en este municipio catalán.

“Euforia” tras un atentado con 22 muertos

El testigo protegido también desveló las simpatías del cabecilla de la organización con el movimiento yihadista global y su apoyo al terrorismo internacional. “Después del atentado de Mánchester [un ataque suicida con bomba que causó tras un concierto 22 muertos en 2017], estaba eufórico. Después de saber que había niños muertos, su corazón se quedaba en paz, como si hubiera conseguido consumar una venganza”, confesó el informador a los investigadores.

Las pesquisas han aflorado que el cerebro de la célula envió en 2017 a su número dos una nota en la que le solicitaba información sobre los avances del Estado Islámico en Mosul (Irak), Raqqa (Siria), Yemen y noticias sobre los mensajes del entonces portavoz del ISIS, Abu Hassan.

Los investigadores vinculan al cerebro del grupo de Barcelona con una familia ligada al Grupo Islámico Armado (GIA), la violenta organización argelina que perpetró decenas de asesinatos. Y relacionan su salida de este país del norte de África con su conexión con organizaciones terroristas. Durante su estancia en España, Berkan Azizi Rabeh usó la identidad falsa de un ciudadano libio.

El jefe de la red fue arrestado en la operación policial Alejandría, que se desarrolló en 2019 y 2020. La investigación fue dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y se saldó con una veintena de detenidos en Cataluña. Tres de ellos, ingresaron en prisión preventiva.

Junto al cabecilla, los agentes arrestaron a O. N. Brahim, de 43 años. Se trata de un argelino que se movía en España con siete identidades diferentes y sumaba 40 detenciones desde 2000 por hurtos, robos con violencia y atentados contra la autoridad.

El ‘número dos’ de la red: “A los secuestrados hay que cortarles el cuello y sacarles el corazón”

El cometido en la estructura criminal de O. N. Brahim consistía —según las pesquisas— en facilitar información para los atentados y reclutar a colaboradores. Además, pasaba por ser uno de los miembros más radicalizados de la organización. “No hay que dejar a los secuestrados en libertad, hay que cortarles el cuello, sacar su corazón y ponerlo en la cara”, reclamaba en julio de 2017, según una conversación interceptada por los investigadores.

Brahim era también el integrante que más inquina y animadversión mostraba hacia los rusos. “Como es ruso, está en contra del Estado, que jodan a su puta madre”, dijo en septiembre de 2017, según otro pinchazo, registrado durante la preparación de un atraco.

La célula contaba con un informático para formar a sus miembros en el manejo de la internet profunda, un subsuelo cibernético donde flotan manuales para fabricar explosivos. El experto era también el encargado de enseñar trucos para eludir la monitorización e identificación en la red. Una de las tretas consistía en pedir a los yihadistas que se conectaran a redes wifi de lugares públicos como bares para dificultar el rastreo de sus teléfonos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El informático era también el responsable de blindar la privacidad de las videoconferencias que los miembros de la organización mantenían con otros terroristas de Oriente Medio.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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