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La coalición rebajará de 15 a 5 años de cárcel la pena máxima por los delitos del ‘procés’

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista en La Sexta, este jueves.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista en La Sexta, este jueves.

La proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos registrarán hoy en el Congreso implica la desaparición en el Código Penal del delito de sedición, que tiene ahora una pena de hasta 15 años y se usó para condenar a los líderes del procés hasta 13 años de prisión, para sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravados con una pena máxima de cinco años, un tercio de la actual. Esto supondrá una reducción muy importante de las penas a las que tendrían que enfrentarse los líderes fugados como Carles Puigdemont y Marta Rovira, y reducirá la inhabilitación a un máximo de ocho años de otros que han sido indultados parcialmente como Oriol Junqueras, pero no implicará que los dirigentes aún no procesados puedan librarse de la cárcel, porque los actos del procés seguirán siendo delito aunque con una pena mucho más leve, en línea con la legislación de la mayoría de los países europeos, mucho más suave que la española en este asunto.

El punto 14 de la reforma del Código Penal que se registrará hoy, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, suprimirá por completo el capítulo I del título XXII del Código Penal, con seis artículos que detallan el delito de sedición, y cambiará el artículo 557, el de los desórdenes públicos, para decir que “serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios”. “Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años”, remata el nuevo artículo, la clave de bóveda de la proposición de ley que se presentará este viernes, aunque el PSOE y Unidas Podemos han incluido en ellas otras reformas del Código Penal de delitos de estafa para adaptarlo a las directivas europeas.

Esto, según la interpretación de los grupos que la proponen, incluye las principales actuaciones castigadas por los jueces con sedición tras el procés y supone que aunque se elimine la sedición, seguirá siendo delito lo que hicieron los líderes del proceso independentista, aunque de forma mucho más leve. La inhabilitación también baja mucho —Junqueras tiene 13 años y pasaría a un máximo de 8—, pero solo para la sedición, mientras que el líder de ERC también fue condenado por malversación, que de momento no se toca. Aunque podría abordarse más adelante.

Tampoco está previsto en la reforma que se presenta este viernes modificar el delito de rebelión, por el que fueron imputados en un principio los líderes del procés y que tiene un máximo de 30 años. Como nadie ha sido procesado finalmente por rebelión, porque los jueces entendieron que no correspondía dado que no hubo alzamiento armado, el PSOE y Unidas Podemos han optado por no tocarlo, aunque se podría hacer en la tramitación parlamentaria. El nuevo artículo se remata con un punto 3 que señala que “las penas de los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior a los intervinientes que portaran instrumentos peligrosos o a los que llevaran a cabo actos de pillaje. Estas penas se aplicarán en un grado superior cuando se portaran armas de fuego”.

El Gobierno precipita así la reforma del delito de sedición que había prometido Pedro Sánchez en muchas ocasiones pero nunca llevó a efecto porque no lograba un acuerdo con ERC. Si el PSOE y Unidas Podemos se han animado a llevar de forma inmediata esta reforma al Congreso, además mediante una proposición de ley para su tramitación más rápida —si fuera proyecto de ley del Ejecutivo sería mucho más lenta y tendría que pasar por varios órganos consultivos— es porque ahora sí cuenta con el respaldo de ERC, aunque los republicanos no firmarán la norma y esta tendrá que ser negociada en las Cortes. El texto necesitará el apoyo de otros grupos de la mayoría para llegar a los 176 escaños, y contará sin duda con el rechazo frontal de la oposición de PP, Vox y Ciudadanos. La idea que tienen el PSOE y Unidas Podemos es acelerar al máximo la tramitación para resolver este asunto políticamente cuanto antes y evitar que se acerque a la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de junio de 2023. Con la fórmula elegida y la mayoría que ha demostrado hasta ahora mucha solidez se podría resolver muy rápidamente la tramitación, aunque depende sobre todo del Congreso, que ahora da prioridad absoluta a la tramitación de los Presupuestos. El Gobierno insiste en desvincular las Cuentas de esta reforma, aunque ambas se van a tramitar en paralelo.

ERC señaló en la noche del jueves que esta reforma es “un paso en la buena dirección”, aunque siguen reclamando una amnistía que este texto descarta y que el Gobierno ha rechazado sistemáticamente. Unidas Podemos también apoyó la reforma, a través de su diputado Jaume Asens. “Estamos dando un paso adelante de homologación con Europa, estamos cambiando un delito que se promulgó en 1822. Es bueno que España dé un paso definitivo para homologarse a las democracias europeas”, insistió Sánchez en una entrevista en La Sexta. El presidente recordó que Alemania eliminó el delito de sedición en 1970. Mientras, el PP sostuvo que esta iniciativa confirma que “el Código Penal es moneda de cambio con el independentismo para facilitar la permanencia [de Sánchez] en el palacio de La Moncloa un año más”, y ha habló de “traición” y “humillación.

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Esta reforma, según recordó el propio Sánchez, no implicará que los líderes del procés que se fugaron, en especial el expresident Carles Puigdemont o también la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se queden sin ningún tipo de pena. Si después de que la reforma entre en vigor deciden volver a España se enfrentarán a una pena mucho menor y probablemente no sufrirían presión preventiva —para justificarla es necesaria una pena potencial muy alta—, pero eso no quiere decir que evitarían con seguridad la cárcel. Es algo que en cualquier caso dependerá de los jueces. Según el Gobierno, el delito de sedición español, que deriva de un Código Penal de 1822, está obsoleto y no existe prácticamente en ninguna legislación europea.

Mayoría de 176 escaños

Precisamente la reforma de la sedición fue el argumento que utilizó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para justificar la ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de casi cuatro años de bloqueo. Feijóo exigió a Sánchez que se comprometiera a no reformar el delito de sedición, y el presidente le contestó que eso era un “chantaje” porque el Congreso, si logra una mayoría de 176 escaños —la que se necesita para aprobar una ley orgánica como esta— tiene todo el derecho a sacar adelante algo que el presidente ha prometido varias veces y el PP no tiene derecho a vetarlo con sus 90 escaños, según le explicó.

El Gobierno está convencido de que la mayoría de los españoles, al igual que sucedió con los indultos, aceptarán que esta es una buena decisión para lograr una salida al conflicto del procés y normalizar la situación en Cataluña, pero sin llegar a eliminar por completo como delito los comportamientos de octubre de 2017. Sánchez ha reivindicado varias veces que gracias a su política en Cataluña, la situación en 2022 está muchísimo mejor que en 2017, cuando se produjo la declaración unilateral de independencia mientras en La Moncloa estaba Mariano Rajoy. Aún así, el Ejecutivo asume que las críticas de la oposición serán muy fuertes, pero está convencido de que esta reforma era necesaria para cerrar el proceso de normalización iniciado con los indultos. Sánchez recordó que gracias a la nueva política que ha promovido en Cataluña no solo ha bajado el número de catalanes que quieren la independencia, sino sobre todo se ha reducido de forma drástica la preocupación de los españoles por el problema catalán. En el CIS, de hecho, este último ha pasado de ser el segundo problema más acuciante para los ciudadanos ―en los momentos más críticos de hace cinco años― al número 41 en el que se posiciona ahora.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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