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Aragonès pide al Gobierno más cambios legales para conseguir “los efectos de una amnistía”

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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, comparece este viernes tras el anuncio de la reforma del delito de sedición.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, comparece este viernes tras el anuncio de la reforma del delito de sedición.David Zorrakino (Europa Press)

La derogación del delito de sedición y los retoques en el de desórdenes públicos que ha anunciado el presidente Pedro Sánchez son solo un paso y habrá que dar otros más para cumplir con el objetivo de “desjudicializar” el conflicto político catalán. Así lo ha asegurado este viernes el jefe del Govern, Pere Aragonès, en una comparecencia en la galería gótica del Palau de la Generalitat, la más noble del edificio, justo antes de que los grupos del PSOE y Podemos registrasen la proposición de ley que modifica el Código Penal y que cuenta con el visto bueno de los republicanos. “Con la derogación de la sedición es más difícil perseguir arbitrariamente al independentismo”, ha asegurado Aragonès. Así como Sánchez negó en la noche del jueves que la reforma sea moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, el líder del Ejecutivo catalán ha dejado entender que lo mismo pasará con las cuentas catalanas y se ha negado a especificar si la entente cambia la relación hostil con el PSC.

“Seguiremos trabajando para construir nuevos acuerdos que contribuyan a alcanzar la completa desjudicialización del conflicto”, ha asegurado el president, que ha querido sacar pecho de la vía del diálogo con el Gobierno central, que ha defendido ERC y es motivo de discordia con una parte del independentismo, que siempre la ha considerado estéril. Es un camino, eso sí, que está lejos de estar finalizado, ha añadido. “Seguimos comprometidos con conseguir los efectos de una amnistía, de la amnistía”, ha dicho sin ocultar, eso sí, que considera un éxito el anuncio de derogar la sedición.

Ese juego de palabras entre amnistía y los “efectos de” es la manera con que los republicanos se enfrentan al muro de La Moncloa de descartar ese perdón generalizado. “Habrá que dar más pasos” tras el “paso importante” que implica “derogar” el delito de sedición, ha dicho el presidente. Preguntado específicamente sobre si pretenden también que se modifiquen otros tipos como el de malversación o rebelión, Aragonès no ha querido especificar qué tiene en mente. “Ahora hay un acuerdo sobre eliminar el delito de la sedición, otras cosas que queden abiertas y durante el trámite parlamentario se pueden terminar de acabar”, ha dicho.

El president ha querido dejar claro que no se trata de un “acuerdo entre partidos” y por eso ha eludido de puntualizar si el cambio legal le acerca al PSC, por ejemplo, de cara a aprobar los Presupuestos de la Generalitat. Los republicanos, tras la salida de Junts, gobiernan en minoría y necesitan que los socialistas o sus exsocios le apoyen las cuentas para que salgan adelante. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, había descartado inicialmente a los socialistas catalanes como socios, al considerar que no era suficiente su compromiso contra “la represión”.

Los efectos prácticos de la reforma están pendiente de la letra pequeña. Entre los beneficiarios de la medida estarían la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ambos están en el extranjero, huidos de la justicia. Rovira había asegurado en la noche del jueves, tras el anuncio de Sánchez, que si bien aplaudía el cambio legal “no tenía garantías” para regresar a España. El president no ha querido valorar el caso particular, pero ha insistido en que se ha de ir “paso a paso” en la desjudicialización. “Conocemos cómo es la cúpula judicial española, donde la aplicación de las leyes no es una lectura neutral y objetiva”, se ha quejado y cree que con los cambios no se podrá perseguir “de manera arbitraria” a los defensores de la secesión.

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Aragonès, que el pasado jueves se había puesto en el Parlament el límite del 31 de diciembre para que la mesa de diálogo diera frutos. El líder catalán se ha anotado un tanto que sus socios de Junts ven como un mero disfraz de un tipo legal, una crítica que este jueves ha lanzado el propio Puigdemont. Para el jefe del Govern, que se había puesto este año como la meta de avanzar la “desjudicialización” ha recordado que la celebración del referéndum sigue siendo la propuesta del Govern y que no renunciará a ello. El acuerdo sobre el Código Civil, ha dicho, demuestra “que perseverar en tus objetivos da frutos”.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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