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El PP acusa de “traición” a Sánchez por la reforma del delito de sedición

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El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, imparte una conferencia en la Universidad de las Américas (UDLA), en Quito (Ecuador), este jueves.
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, imparte una conferencia en la Universidad de las Américas (UDLA), en Quito (Ecuador), este jueves.José Jácome (EFE)

La ofensiva de Génova por la reforma del delito de sedición ha llegado a su punto álgido. Tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en La Sexta, en la que ha anunciado que los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos ―que componen la coalición de Gobierno― presentarán en el Congreso una proposición de ley este viernes para cambiar este delito por uno de desórdenes públicos agravados, el PP ha acusado al Ejecutivo de “tración a los valores que un día decidieron representar”. Fuentes del Partido Popular tachan la reforma del Código Penal de “moneda de cambio con el independentismo para facilitar su permanencia en el Palacio de la Moncloa un año más”. El anuncio del jefe del Ejecutivo se ha producido mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, culminaba su gira latinoamericana. El equipo del líder popular ha informado a Feijóo poco antes de tomar el avión de vuelta a España desde Ecuador, su última parada. “España no tiene el Gobierno que merece”, ha respondido.

Hace ahora justo dos semanas el Partido Popular rompió de cuajo el pacto, en ese momento inminente, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva caducado cuatro años. Feijóo excusó su volantazo bajo el pretexto de que “no podía seguir” si Sánchez rebajaba el delito de sedición. Desde entonces, la estrategia de Génova es atacar desde todos los frentes al Gobierno con la sedición, pese a que el presidente del Gobierno había reiterado con anterioridad su intención de acometer la reforma. “Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político, y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra nación. En ningún país europeo se tocaría el delito de sedición de la mano de los sediciosos”, han denunciado desde Génova en la noche de este jueves.

Precisamente, en la mañana de este jueves, en las Cortes de Aragón se ha sometido a votación una resolución propuesta por el PP regional para que el Parlamento autonómico se pronunciase sobre la posible reforma. La moción ha sido rechazada. Una iniciativa que también llevaron la semana pasada al Parlamento de Castilla La-Mancha y que pretenden replicar en cada comunidad autónoma, incluso en cada Ayuntamiento, explican desde su equipo. La formación que lidera Feijóo exigió a Sánchez que pusiera por escrito que “no reformaría” el delito de sedición como condición expresa para reanudar las conversaciones sobre el Poder Judicial. Unas negociaciones que, después de que el Gobierno haya acelerado la modificación del Código Penal, ahora resultan imposibles.

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, se ha pronunciado en Twitter: “Se acaban los calificativos para catalogar el servilismo del Gobierno con quienes quieren acabar con España”. Para el Partido Popular, “ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de sus mandos intermedios es una traición a los valores que un día decidieron representar”. También Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP: “España no puede rendirse a las necesidades de nadie, y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra nación”.

Se acaban los calificativos para catalogar el servilismo del Gobierno con quienes quieren acabar con España.

Como diría Iglesias, el insomnio ha cambiado de bando: ahora a los que les cuesta conciliar el sueño es a los españoles por culpa de la irresponsabilidad de su presidente

— Miguel Tellado (@Mtelladof) November 10, 2022

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Las críticas al anuncio de Sánchez han llegado también desde otras fuerzas de la derecha. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha lamentado en Twitter: “En contra del Supremo, del consenso constitucional y de la dignidad de nuestra democracia: Sánchez desguaza el Código Penal a medida de los condenados por sedición. Un antecedente muy peligroso y una cesión arbitraria al separatismo sólo para seguir en Moncloa. No tiene límites”. En la misma línea que el PP y también a través de la misma red social se ha pronunciado el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha sentenciado: “Traición”.

Por contra, ERC, socio del Gobierno en el Congreso, ha celebrado que Sánchez acelere la reforma. Fuentes de Esquerra Republicana han valorado “muy positivamente” el anuncio. Varios cargos de su formación fueron procesados durante el juicio del procés tras el referéndum ilegal de 2017. “La eliminación de la sedición es un gran paso adelante, un paso imprescindible en la dirección de acabar con la represión política por el conflicto entre el estado español y Catalunya”, manifiestan desde ERC. Para el partido que lidera Gabriel Rufrián en la Cámara baja, la medida “no hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos” ni sin “la apuesta de Esquerra Republicana por la vía negociada para acabar con la represión”. “Militar en la unidad”, ha subrayado Rufián en Twiter.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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